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BOC-A-2022-237-3634.
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Anuncio relativo a la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público y social de la actuación denominada “Parque Solar Fotovoltaico Los Herreros de 4,08 KW”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Kamiyacho International Advisors, S.L.U., por medio de la Resolución CAB/2022/7899, de 30 de octubre de 2022, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo de Canarias (esto es, la motivación de la declaración de interés público y social).
ANTECEDENTES
“(…)”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Visto el informe de la técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 25 de octubre 2022, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:
“(…)
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:
2.1.- Contrastada la localización de la Planta fotovoltaica Los Herreros con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta así como la línea de evacuación se localizan en zona
ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, según el texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la Disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (publicado en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo al artículo 102.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
Con carácter particular, para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C, Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“ZC-SRC Zona C.
Condiciones Generales:
Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:
• Equipamientos y dotaciones de uso público.
• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.
• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad. Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.
Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.
Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial.(…)”
Ver anexo en la página 47613 del documento Descargar
Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento.
2.2.- En el Plan Insular se menciona la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: “Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diésel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general.(…)”.
(…)
2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:
- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común, por lo tanto no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.
- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia nominal de 4,08 MW.
- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.
- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende que ocupa una superficie de 4,08 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie sobre la que se instalan los paneles es de escasa pendiente, lo que permite su mimetización e integración en el paisaje estando ubicadas en suelo. Así mismo la línea de evacuación será subterránea a 0,6 km de la planta, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.
- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.
(…)
2.9.- Con respecto a la documentación necesaria para tramitar recogida en el artículo 78
de la Ley 4/2017 y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:
a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite el proyecto técnico de la instalación fotovoltaica (denominado MS 11/19), con varios anexos, tal y como se expone al principio del presente informe.
b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar. Se incluye el presupuesto en el proyecto que asciende a un total de 1.518.843,93 euros.
c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. No se prevén necesarias las conexiones al abastecimiento de agua ni a saneamiento según se expone en el anexo al proyecto presentado. En cuanto al acceso, el área de la parcela donde se pretende ubicar la planta linda con camino público. En el proyecto se recogen las coordenadas del punto de conexión propuesto por la compañía, que está en el tramo de MT entre los apoyos A201864 y A201876 de la línea Norte SE Salinas 66 kV.
d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. Junto con la documentación remitida por el Ayuntamiento el 1 de septiembre de 2021, se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa donde se expone que el interesado se compromete a asumir aquellos deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento y en general, el pago del correspondiente canon (llegó del Ayuntamiento sin firmar, pero consta en el certificado municipal como documentación aportada y luego el interesado aporta ese documento firmado, por lo que parece un error en el envío de documentación desde el Ayuntamiento).
e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. Junto con la documentación remitida por el Ayuntamiento el 1 de septiembre de 2021, se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa donde se expone que el interesado se compromete a asumir esta garantía (llegó del Ayuntamiento sin firmar, pero consta en el certificado municipal como documentación aportada y luego el interesado aporta ese documento firmado, por lo que parece un error en el envío de documentación desde el Ayuntamiento).
f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento.
El interesado aporta contrato de arrendamiento de terreno para instalación fotovoltaica de fecha 1 de julio de 2020, entre la propiedad y el promotor del proyecto donde se hace constar que la finca registral está compuesta una finca registral número 3204 que la conforman dos parcelas catastrales que son la 35018A003000730000UU y la 35018A003000070000UH, estando ubicada el área a arrendar de 53.303 m2 dentro de la primera parcela (parcela 73 del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario) y se aporta documento denominado parte del proyecto II donde consta plano de situación y emplazamiento de dicha área objeto de actuación y de arrendamiento, reconociéndose en la página 11 del proyecto que está en proceso de segregación.
Además, el promotor aporta derecho subjetivo suficiente para la realización de la canalización de la LE subterránea hasta el punto de conexión indicado por la compañía entre los apoyos A201864 y A201876 de la línea Norte SE Salinas 66 kV.
2.10.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017 y del Plan Insular:
(…)
Dichas recomendaciones se incluyen en el resuelvo de la presente.
RESULTADO DEL INFORME: FAVORABLE a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 4,08 MW, denominada “Los Herreros”, ocupando una superficie total de terreno de 5,43 Ha, en el término municipal de Puerto del Rosario, CONDICIONADO a lo dispuesto en el informe de Patrimonio Cultural y en el presente informe y a lo que se establezca desde la Autorización Administrativa y en la Declaración de Impacto Ambiental, en su caso.
Por otro lado, el Ayuntamiento en el procedimiento de licencia deberá dejar acreditada la obtención en su caso de la licencia de segregación necesaria, pues conforme a lo recogido en el contrato de arrendamiento, la finca registral 3204 está compuesta por dos parcelas catastrales que son la 35018A003000730000UU y la 35018A003000070000UH, estando ubicada el área a arrendar de 53.303 m2 dentro de la primera parcela (parcela 73 del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario) y se aporta documento denominado parte del proyecto II donde consta plano de situación y emplazamiento de dicha área objeto de actuación y de arrendamiento, reconociéndose en la página 11 del proyecto que está en proceso de segregación.
(...)”
Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LS), señala:
“Artículo 62 Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
(…)
3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.
(…)
6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”
De la lectura del apartado primero, del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LS, al indicar en su apartado segundo:
“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”
Tercera.- El artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:
“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”
El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.
De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:
“Artículo 77.- No previstos en el planeamiento.
1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79
de esta ley.”
De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo, se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta certificado de informe jurídico municipal de 29 de junio de 2021, en cuyo apartado de CONCLUSIONES recoge lo siguiente:
“(…)- Que la parcela catastral a la que hace referencia la solicitud planteada se encuentra afectada por dos categorías de Suelo Rústico: de Protección Territorial (equiparado por la LS’17 con el SR Común) y Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, subyaciendo a este la categoría de SRPT. Discurre por SRPIE la línea de evacuación que conecta la instalación con el punto de conexión a la red, siendo conforme con el planeamiento municipal, sin perjuicio de que tratándose de una canalización vinculada a una instalación de energía renovable, el PGO remite a lo que disponga el planeamiento insular respecto a la misma.
- Que en este caso la instalación fotovoltaica se ubica en suelo categorizado como Rústico de Protección Territorial y según el PGO’17 (categoría esta que subyace, además, a la del SRPIE), este documento remite al planeamiento insular, que ha de ser el que fije las condiciones de implantación de este tipo de infraestructuras energéticas, no contando el instrumento de ordenación urbanística municipal con el grado suficiente de precisión para legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones. No obstante, según lo previsto en los artículos 62 y 72 de la LS’17, las plantas de generación de energía fotovoltaica se pueden autorizar, como uso de interés público y social, en este tipo de suelo (equipado por la LS’17 al Suelo Rústico Común), siendo el procedimiento aplicable a los efectos de habilitar la instalación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 77, el que contiene el artículo 79 (procedimiento sin cobertura en el planeamiento)(…)”
En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LS.
Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).
No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el propio artículo 72 de la LS el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:
“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. (…)”
De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LS, pues establece:
“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.
(…)
Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”
Pero, además pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; En este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5 de junio de 2009, número L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:
“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”
Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante) con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:
“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diésel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.
Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente que el “Parque Solar Fotovoltaico Los Herreros de 4,08 KW”, puede considerarse vinculado a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto una instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LS) siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.
Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LS, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes (BOP de Las Palmas nº 64, el 30.5.2022), en el que no se han recibido alegaciones.
Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:
- Del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo se ha recibido informe técnico el 14 de octubre de 2021, que concluye en el siguiente sentido:
“(...)Tercero.- Que visto el “plano ortofoto” donde aparecen representados gráficamente el área que ocupará el parque solar, así como la línea de evacuación que discurre al margen del camino que va a la herradura y revisados los inventarios de patrimonio cultural de los que dispone este Servicio así como la cartografía digital, no se han identificado por parte de la técnico que suscribe, elementos culturales registrados que pudieran verse afectados por el proyecto objeto de este informe técnico.
Cuarto.- Que el Inventario de Bienes Arqueológicos de Fuerteventura se realizó mediante la prospección superficial del territorio, sin sondeos arqueológicos, por lo que escapa de la metodología aplicada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, por lo que en el caso de que aparecieran restos o vestigios arqueológicos a causa de la instalación del Parque Solar o de su línea de evacuación, o cualquier otra acción que se pudiera contemplar dentro del proyecto objeto de este informe, se deberá de paralizar de inmediato las obras y comunicarlo al Servicio de Patrimonio Cultural según establece el artículo 94 para Hallazgos Casuales de La Ley 11/2019, de 25 de abril, para el Patrimonio Cultural de Canarias. (...)”
- De la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, recibido el 5 de agosto de 2022 con registro de entrada nº 28.319, donde se concluye lo siguiente:
“(…)6. Conclusiones:
Primera.- La instalación de parques fotovoltaicos careciendo de planificación sectorial o territorial impide evaluar las consecuencias de manera global y los impactos acumulados sobre la biodiversidad. Ante esta situación, se ha de optar por el principio de prudencia que establece nuestro marco legal. Ello nos obliga a utilizar el principio precautorio y de incertidumbre que establece la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación al desarrollo sostenible.
Segunda.- En el ámbito de afección de las instalaciones previstas, consistente en la instalación del Parque fotovoltaico Los Herreros (Fuerteventura), se ha detectado la presencia de al menos 7 especies protegidas de fauna según la normativa vigente. Dentro de ese listado y según el Banco de Datos de Biodiversidad Canaria (Biota), deben incluirse especies que afectan al ámbito del proyecto, tales como:
• En el caso concreto de especies de avifauna se encuentran especies como el guirre (Neophron percnopterus majorensis), hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) y el cuervo canario (Corvus corax canariensis), que actualmente presentan la categoría de en peligro de extinción dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y el Catálogo Canario de Especies Protegidas (a excepción del cuervo que solo se encuentra en el catálogo canario). Por otro lado, destacar a la lechuza majorera (Tyto alba gracilirostris) con la categoría vulnerable dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
En relación a estas especies destacar:
- En el caso concreto de la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), la parcela catastral 35018A003000700000UH delimita con un hábitat potencial de esta especie. Por otro lado, dista a 2,7 km del polígono P33 Time-Guisguey-Las Llanadas. Entre otros aspectos, durante el trabajo de seguimiento de machos de las poblaciones de hubara en esta zona de Fuerteventura, fueron detectados varios territorios de cortejo, el ámbito de estudio del proyecto dista aproximadamente a menos de 1,6 km de un territorio ocupado por macho de avutarda hubara. Hay que tener en cuenta que la densidad de la hubara canaria en Fuerteventura ha disminuido significativamente un 55.9% de 2005-2006 a 2020, considerando los censos de verano.
Es muy importante destacar para esta especie que el Mapa de Riesgo para la avutarda Hubara9 analiza las zonas de la isla en relación a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en Fuerteventura, Lanzarote y la Graciosa, usando algunas instalaciones para las que se tenían datos de tramitación en el momento de su elaboración. En el caso que nos ocupa, para la ISF Los Herreros, se establece un riesgo de impacto moderado (Figura 5).
- Respecto al guirre (Neophron percnopterus majorensis), el ámbito del proyecto (tanto la planta fotovoltaica como sus parcelas catastrales) se encuentran a menos de 30 metros de varios dormideros de guirre conocidos como Las Monjas, también encontramos un territorio de esta especie situado a 1,3 km en el Barranco de la Herradura y la pareja denominada como Guisguey II.
- Para la lechuza majorera (Tyto alba gracilirostris), aproximadamente a 1,3 kilómetros del área de estudio, en el censo realizado de las poblaciones de lechuza majorera (Tyto alba gracilirostris) en 2016 en la isla de Fuerteventura, se encontró un nido activo, concretamente en el punto llamado Barranco de la Herradura.
- En el caso concreto de la ganga ortega (Pterocles orientalis) y corredor sahariano (Cursorius cursor), se obtienen índices de adecuación del territorio para ambas especie. En el caso de la zona de estudio, en el entorno se observa índices de adecuación elevados sobre todo para la ganga ortega.
Por todo ello y teniendo en cuenta la riqueza ornítica de la zona con especies catalogadas en peligro de extinción y vulnerables tanto en el Catálogo Nacional como en el Catálogo Canario, echamos en falta un estudio previo que evalúe la afección a las especies protegidas por parte de las infraestructuras y acciones llevadas a cabo en el proyecto, siguiendo alguna de la diversa metodología publicada al respecto, y con una amplitud temporal adecuada que abarque todas las fases reproductoras, prereproductoras y postreproductoras de la avifauna de la zona.
La pérdida de territorio para especies relevantes debería analizarse no únicamente por el efecto del proyecto en concreto sino en el marco de los diferentes usos presentes y futuros del entorno. Sobre todo hay que destacar la necesidad de tener en cuenta, en relación a la fauna, el efecto sinérgico con otras instalaciones fotovoltaicas, en este caso. La zona circundante se ha convertido en un ámbito donde se pretende instalar numerosas plantas fotovoltaicas (Figura 4) y parques eólicos (Figura 5).
Toda nueva infraestructura debe contener un estudio de campo que analice las repercusiones de dicho proyecto sobre las especies y los hábitats protegidos. En el caso de la Planta Solar Fotovoltaica Los Herreros, como se comentó anteriormente, consideramos necesaria la realización de un estudio previo que evalúe la afección a las especies protegidas por parte de las infraestructuras y acciones llevadas a cabo en el proyecto. Ese estudio básico y preliminar serviría para poner en manifiesto la necesidad o no de la realización de un estudio más profundo, ya siguiendo alguna de la diversa metodología publicada al respecto, y con una amplitud temporal adecuada que abarque todas las fases reproductoras, prereproductoras y postreproductoras de la avifauna de la zona, así como la sinergia producida entre las nuevas instalaciones y las múltiples existentes en el entorno. En todo caso dicho estudio debe ser conjunto para todos los proyectos que se enmarcan dentro del mismo ámbito, especialmente los parques fotovoltaicos mencionados en el Apartado 1 Figura 2, y su relación con los parques eólicos de la Figura 3. Igualmente debe analizar el posible efecto de obras auxiliares, viales temporales, movimiento de tierra, polvo, etc fuera del ámbito estricto del proyecto y su afección a especies que pueden no encontrarse en el entorno inmediato.
Hay que tener en cuenta que, según la normativa vigente, las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, llevan asociado un régimen de prohibiciones según el artículo 57 del texto consolidado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, subespecies o poblaciones.
Además, cabe destacar que la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación, está tipificado en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como infracción administrativa.
Tercera.- El ámbito afectado no se localiza dentro de ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 designados en función de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (DOCE nº 103, de 25.4.1979, derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2010) o la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, de 22 de julio de 1992).
Cuarta.- Sobre los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el ámbito de desarrollo del proyecto, su afección y su marco legal de protección, dentro de los límites de la zona de instalación de la Planta Fotovoltaica Los Herreros y su línea de evacuación no se ha inventariado la presencia de Hábitats de Interés Comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Quinta.- Es importante realizar un seguimiento y, en su caso, la erradicación de las especies exóticas que hayan podido proliferar como consecuencia de la ejecución de las obras, incorporando la limpieza de vegetación de especies invasoras en los bordes del viario y que puedan propagarse una vez se ejecuten los movimientos de tierras pertinentes. En este sentido se tendrán en cuenta las especificaciones de la normativa específica de aplicación10
Sexta.- El presente proyecto no cuenta con medidas que contribuyan a optimizar la eficiencia del uso del suelo y por tanto, a compatibilizar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la industria energética en Canarias, principio que rige la normativa regional vigente.
Mientras haya disponibilidad de infraestructuras ya existentes en el territorio, especialmente en un entorno con instalaciones próximas industriales, como base para la instalación de parques solares, no es admisible agotar un recurso tan limitado y valioso en las islas como es el suelo, que a su vez se corresponde con el hábitat de muchas especies protegidas.
(…)”
El promotor del proyecto, a la vista de este informe presenta el 29 de agosto de 2022, con registro de entrada número 30.378, documento ambiental denominado Informe Avifauna, el cual ha sido remitido a remite a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente el 1 de septiembre de 2022, con registro de salida número 19.436, sin que hasta la fecha se haya recibido pronunciamiento alguno al respecto.
Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.
En este sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.
Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.
De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.
En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2021, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular conferidas en su día al Área Insular de Ordenación del Territorio y gestión de bienes por acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 15 de marzo de 2021 y 5 de abril 2021.
RESUELVO:
Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Parque Solar Fotovoltaico Los Herreros de 4,08 KW”, que ocupa una superficie de 5,43 Ha de los de 567.303 m2, de la parcela 73 del polígono 3, del término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Kamiyacho International Advisors, S.L.U., por lo que deberá contar en su caso, con la oportuna licencia de segregación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y todo ello CONDICIONADO en su caso, a la Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental según proceda, además de a los condicionantes específicos siguientes:
• Se deberá de paralizar de inmediato las obras y comunicarlo al Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo, en el caso de que aparecieran restos o vestigios arqueológicos a causa de la instalación del Parque Solar o de su línea de evacuación, o cualquier otra acción que se pudiera contemplar dentro del proyecto.
• No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
• Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.
• Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
• Deberá respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.
• Deberá asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.
• Deberá garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.
• Deberá asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.
• En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes generales, las viviendas y granjas, incluso las situadas en asentamientos, deberán disponer de depuradoras o fosas sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros.
• Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.
• Deberán mantenerse los caños y cauces de las barranqueras próximas en buenas condiciones de limpieza, evitando el vertido de piedras, matos o cualquier otro tipo de material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías.
Segundo.- Se deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y al interesado, a los efectos oportunos.
Contra la resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.
Puerto del Rosario, a 6 de noviembre de 2022.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.
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