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BOC-A-2022-150-2541.
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Examinado el correspondiente expediente administrativo tramitado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas relativo a la concesión de una subvención directa nominada al Ayuntamiento de Santa María de Guía para la ejecución de la obra “Sistema de Telegestión de contadores Santa María de Guía”.
Vista la propuesta del Director General de Ordenación del Territorio y Aguas, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Cada vez son más los factores que agrandan la necesidad de hacer frente a la escasez del recurso agua y al cambio climático; entre otros y sin ser exhaustivos se encuentran la limitación del recurso frente a la demanda, una población y una urbanización creciente, el crecimiento en la contaminación atmosférica y episodios climáticos cada vez más intensos y frecuentes.
La Telelectura representa parte de la respuesta a todo ello gracias al impulso que ofrece hacia la digitalización y la transformación digital a partir de la gran cantidad de información útil y relevante que pone en disposición.
La Telelectura se revela como requerimiento cada vez más frecuente en el ámbito urbano, diversos factores han impulsado su implantación en los últimos años, entre los que podemos destacar:
a) Concepto de Smart City y un uso eficiencia de los recursos en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible.
b) Mejor servicio al cliente, evitando molestias en los ciclos de lectura y la realización de lecturas estimadas.
c) Valor añadido hacia el consumidor final: transparencia hacia él, así como la prestación de servicios tales como visualización de consumos, control de fugas en instalaciones o detección consumo anómalos.
La Telelectura no es simplemente una manera de leer y facturar, sino una herramienta que transforma los datos en información relevante para los gestores de servicios públicos y para el usuario.
En atención a lo expuesto, el Ayuntamiento de Santa María de Guía plantea una solución basada en la tecnología de información y conocimiento aplicada al ciclo integral del agua mediante la implantación de un sistema Smart Metering para los contadores individuales de agua del servicio municipal, al estar calificado de servicio público esencial, así como de servicio reservado de prestación obligatoria por lo municipios según la Ley de Bases de Régimen Local.
Además, esta actuación es coherente con los objetivos perseguidos por el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transportación Económica (PERTE) Digitalización del ciclo del agua, aprobado por el Gobierno de España, que aborda un desafío país: emprender una completa modernización del ciclo del agua en el país con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua.
En este sentido, el Ayuntamiento de Santa María de Guía dispone de un Proyecto denominado; “Sistema de Telegestión de contadores en el municipio de Santa María de Guía”, el cual es remitido a esta Dirección General y en cuya memoria se describen las obras objeto de ejecución.
El Presupuesto del citado proyecto asciende a la cantidad total de seiscientos siete mil noventa (607.090,00) euros, incluido IGIC.
II.- La subvención al Ayuntamiento de Santa María de Guía está contemplada en la
Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, por importe de seiscientos siete mil noventa (607.090,00) euros.
III.- Existe crédito adecuado y suficiente para la concesión de esta subvención, obrando en el expediente documento contable de Retención de Crédito, en la aplicación presupuestaria 1206 452A 7500401, proyecto de inversión 227G0024 “Subv. Sistema Telegest contad Sta. Mª de Guía”, por importe de seiscientos siete mil noventa (607.090,00) euros.
IV.- Mediante Orden nº 244/2022, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de 7 de julio, se aprobó la memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 2, letra a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
V.- Constan en el expediente certificados del Ayuntamiento de Santa María de Guía de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
VI.- Con fecha 14 de julio de 2022, la Dirección General de Asuntos Europeos emite informe de compatibilidad con la normativa europea de la competencia de acuerdo con el artículo 21.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 4 del Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas europeas que limitan la concesión de ayudas de Estado.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las obras públicas de interés general en su artículo 149.1. 24ª, y de esta manera el artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, confiere a la Administración General del Estado la competencia para la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la política de agua como bien público esencial.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, establece en su artículo 152 que “A la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponde, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal, la competencia exclusiva en materia de aguas, que incluye, en todo caso:
a) La regulación, planificación y gestión del agua, en todas sus manifestaciones, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, régimen de protección, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general.
b) La organización de la administración hidráulica, incluida la participación de los usuarios.
c) La potestad de policía del dominio público hidráulico”.
Segundo.- El artículo 7 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria de desarrollo de la legislación territorial o estatal de aguas, la elaboración del Plan Hidráulico de Canarias y la aprobación definitiva de los Planes Hidrológicos Insulares, Parciales y Especiales, la elaboración de los programas de obras de interés regional y la elevación al Gobierno de la nación de propuestas de obras de interés general, la coordinación de las Administraciones hidráulicas entre sí y con la Administración estatal, la coordinación de la planificación hidrológica con la de ordenación territorial, económica y demás que puedan repercutir sobre los recursos hidráulicos, la asistencia técnica y la alta inspección de la actividad de los Consejos insulares, el impulso y fomento de las mejoras hidrológicas, así como la investigación y desarrollo tecnológico en esta materia, garantizar la unidad de gestión de las aguas, la cooperación en el ejercicio de las competencias que en relación con su protección ostenten las distintas Administraciones Públicas en Canarias, así como proporcionar a la Unión Europea, a través del Ministerio competente en materia de medio ambiente, la información relativa a la Demarcación Hidrográfica que se requiera, y cualquier otra competencia que le confíen las leyes, así como las que no sean atribuidas a otras entidades u órganos de la Administración hidráulica.
Tercero.- La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, establece, asimismo, un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
La citada Directiva establece como objetivos fundamentales: i) Garantizar el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico de las masas de agua y de los ecosistemas asociados. ii) Garantizar la satisfacción de las demandas racionales de agua, incluida la medioambiental. iii) Garantizar el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando los recursos, a la vez que protegiendo su calidad y economizando su uso en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Por otra parte, y a los efectos de una adecuada protección medioambiental, la Directiva considera necesario mejorar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los elementos funcionales (infraestructuras de drenaje territorial, captación de aguas subterráneas, transporte y almacenamiento en alta, abastecimiento, riego, saneamiento de aguas residuales, producción industrial de agua, etc.), que forman parte del ciclo hidrológico.
Pues bien, a los efectos de asegurar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en esta Comunidad Autónoma, el legislador mediante la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas del Estado, dispuso en su segundo punto que “Las actuaciones en obras de interés general en Canarias comprenderán la desalación, reutilización o cualquier otro tipo de obra hidráulica, que por su dimensión o interés público o social, suponga una iniciativa esencial para el mantenimiento de adecuados niveles de disponibilidad del agua en las diferentes islas”, siendo especialmente estratégicas para las Islas Canarias las infraestructuras de tratamiento (terciario y desalinización), regulación y transporte en alta de aguas regeneradas, íntimamente conectadas con las actuaciones en materia de saneamiento de aguas residuales, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la demarcación hidrográfica [artículo 46.1.a) de la Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio].
Además, tal y como estipula el artículo 118.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, “Las iniciativas públicas o privadas consistentes en la construcción, ampliación, mejora, reparación o mantenimiento de obras hidráulicas, podrán ser auxiliadas económicamente por la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos de la presente Ley”.
De acuerdo con el artículo 118.2 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, “El auxilio se otorgará, en cuanto lo permitan las disponibilidades presupuestarias, a las obras que tengan por objeto la captación, alumbramiento, canalización, almacenamiento, evacuación, eliminación, depuración o tratamiento de aguas de cualquier tipo, la desalación, la corrección de cauces y protección contra avenidas, o la minimización del consumo hidráulico por actuación sobre cualquiera de los factores que lo determinen”.
Cuarto.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en las materias de medio ambiente, energía, planificación territorial y aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias, de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo.
Por tanto, resulta competente para conceder la presente subvención el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que son órganos competentes para conceder subvenciones los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, el artículo 5.19 del Decreto 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, dispone que son competencias del titular de la Consejería cualquier otra que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Quinto.- El artículo 22.2, letra a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario”.
Por su parte, el artículo 21.1, letra a), del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que son subvenciones directas nominadas “las previstas nominativamente en el estado de gastos del presupuesto donde aparecen determinados expresamente su objeto, dotación presupuestaria y beneficiario”.
La entidad beneficiaria de la subvención es el Ilustre Ayuntamiento de Santa María de Guía.
Sexto.- Existen razones de reconocido interés público y medioambiental para conceder esta subvención, que a continuación se señalan:
- La previsión nominativa en el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022.
- La necesidad de la ejecución de las obras por razones de interés público, toda vez que de acuerdo con el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- La disponibilidad y el aprovechamiento del agua en la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con la disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas del Estado, la cual dispone en su segundo punto que, “Las actuaciones en obras de interés general en Canarias comprenderán la desalación, reutilización o cualquier otro tipo de obra hidráulica, que por su dimensión o interés público o social, suponga una iniciativa esencial para el mantenimiento de adecuados niveles de disponibilidad del agua en las diferentes islas”, siendo especialmente estratégicas para las Islas Canarias las infraestructuras de tratamiento (terciario y desalinización), regulación y transporte en alta de aguas regeneradas, íntimamente conectadas con las actuaciones en materia de saneamiento de aguas residuales, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la demarcación hidrográfica [artículo 46.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio].
Séptimo.- En la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales de aplicación, habiéndose acreditado que se cumple, por parte de la entidad solicitante, con los requisitos previos exigidos en el artículo 4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación directa con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de esta subvención.
Octavo.- Conforme a lo establecido en el artículo 21.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo y el artículo 4 del Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas europeas que limitan la concesión de ayudas de Estado, procede recabar el informe de la Dirección General competente en materia de asuntos con la Unión Europea acerca de su compatibilidad con las normas comunitarias europeas de la competencia.
Noveno.- No resulta preceptiva la solicitud de informe a la Intervención en virtud de lo establecido en el acuerdo de Gobierno de 20 de enero de 2022, por el que se suspenden durante el ejercicio 2022, para determinadas actuaciones, los acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente y se prorrogan en dicho ejercicio las medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.- Que se conceda una subvención directa, por razones de interés público, al Ayuntamiento de Santa María de Guía, provisto de CIF P3501000H, por importe de seiscientos siete mil con noventa (607.090,00) euros, destinado a la ejecución de la obra denominada; “Sistema de Telegestión de contadores en el municipio de Santa María de Guía” para lo que se aprueba el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 1206 452A 7500401, proyecto de inversión 227G0024 “Sistema Telegest contad Sta. Mª Guía”, de conformidad con la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.
De acuerdo con lo establecido en la Memoria Explicativa, el importe de la actuación asciende a la cantidad de seiscientos siete mil noventa (607.090,00) euros, conforme a lo definido en el proyecto constructivo y el importe asignado para la subvención es de seiscientos siete mil noventa (607.090,00) euros.
Segundo.- La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, autoriza la concesión de la subvención directa de referencia y aporta la financiación del coste de las actividades a desarrollar descritas por importe total de seiscientos siete mil noventa euros (607.090,00 euros) lo que supone el 100,00% del coste total de las actuaciones.
Las cantidades que excedan de la cuantía de la subvención destinada para la actuación del “Sistema de Telegestión de contadores en el municipio de Santa María de Guía”, deberán ser asumidas expresamente por el Ayuntamiento de Santa María de Guía.
En ninguna circunstancia el importe total pagado podrá exceder del importe máximo de la subvención previsto, incluso si los costes reales totales excedieran del coste total previsto señalado en la presente resolución. De igual forma, el importe máximo de la subvención se reducirá proporcionalmente si tras el examen de la documentación justificativa de los gastos realizados se pone de manifiesto que los gastos subvencionables finalmente realizados han sido menores que la contribución de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias; en este caso, se procederá a formular una petición de devolución del pago excesivo realizado a la entidad, exigiéndose el interés de demora correspondiente.
Se realizará el abono anticipado del importe total de la subvención directa (607.090,00 euros), antes del 31 de diciembre de 2022, mediante transferencia bancaria, cumplimentándose, al efecto, con lo estipulado en el artículo 1.1 del anexo del texto refundido, incorporando la modificaciones aprobadas, de la Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.
1. Los plazos de ejecución y justificación de las obras son los siguientes:
a) El plazo total de ejecución de las obras deberá finalizar el día 31 de diciembre de 2023.
b) El plazo total de justificación de la ejecución de las obras deberá finalizar el 30 de abril de 2024.
A estos efectos, el plazo total de ejecución y justificación de las obras deberá finalizar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articula la aportación.
Al tratarse de inversiones que tienen naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse hasta cuatro meses después de la finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo podrá superar el ejercicio presupuestario de finalización de dicha obra, con el límite de los meses señalados.
2. La justificación se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, de conformidad con el artículo 25.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades en los términos del artículo 25.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
3. El Ayuntamiento de Santa María de Guía, como beneficiario de la aportación, deberá certificar la insuficiencia de recursos para la realización del objeto de esta.
4. Certificación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, acreditativa de que el Ayuntamiento de Santa María de Guía no ha resultado beneficiario de otras subvenciones destinadas a inversiones con abono anticipado pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que ahora se concede.
La acreditación de la existencia de un Plan de Acción aprobado por el Departamento y comprensivo de las actuaciones y plazos para llevar a cabo la justificación de la subvención podrá sustituir a la certificación acreditativa señalada en el párrafo anterior.
Con carácter previo al abono, se comprobará que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y que no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.
Tal como se dispone en el artículo 38.8 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, la Administración Pública Local queda exonerada de la constitución de garantías.
Tercero.- El procedimiento de reintegro de la presente subvención se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En lo relativo al trámite de audiencia del procedimiento de reintegro se actuará de acuerdo con lo dispuesto tanto en el artículo 42.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el artículo 41.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el criterio utilizado para determinar el importe a reintegrar deberá ser la proporcionalidad al grado de incumplimiento de realización de las acciones que fundamentan la concesión de la subvención.
Atendiendo a ese principio de proporcionalidad, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas en la presente resolución son los siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse, a posteriori, por el órgano competente:
• Reintegro total cuando se produzca un incumplimiento superior al 60% de la realización de las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención.
• Reintegro total cuando se produzca un incumplimiento en la obligación de justificar.
• Reintegro total cuando hay modificación total de las actuaciones, no autorizada previamente.
• Reintegro parcial en el caso de incumplimiento igual o inferior al 60% de la realización de las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención: la parte proporcional no ejecutada.
• Incumplimiento del plazo de ejecución de las actuaciones: reintegro del 20%.
• Modificación parcial de las actuaciones, no autorizada previamente: reintegro del coste de las acciones que han sido modificadas sin previa autorización.
En todos los supuestos de reintegro previstos, además de la devolución total o parcial de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos, calculado sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.
De conformidad con lo establecido en los artículos 19.5 y 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de que se produzcan rendimientos financieros, derivados del abono anticipado de los fondos, estos incrementarán el importe de la subvención y serán tenidos en cuenta en el correspondiente procedimiento de reintegro.
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a reconocer o liquidar el reintegro.
Este plazo se computará, en cada caso, desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del Ayuntamiento.
El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
1. Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del Ayuntamiento, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro.
2. Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del Ayuntamiento en el curso de dichos recursos.
3. Por cualquier actuación fehaciente del Ayuntamiento conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro.
Cuarto.- La entidad beneficiaria queda sujeta a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y demás disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión.
3. Comunicar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante 4 años.
5. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad subvencionada programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención insertando el logotipo de la Administración financiadora que se encontrará a disposición de los beneficiarios en la dirección de Internet: https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/
6. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. Comunicar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, las alteraciones que, en su caso, se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
8. Facilitar toda la información que le sea requerida por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y, en su caso, por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
9. Asimismo, está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación que en relación con la subvención concedida se practiquen por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que le sea requerida por los mismos o por otros órganos de control financiero, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Un representante de la Administración realizará el seguimiento de la obra financiada con cargo a esta subvención, pudiendo solicitar toda aquella documentación que sea necesaria para ello y asistiendo a los actos que considere oportunos para lograr el correcto cumplimiento de la misma.
Quinto.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
Sexto.- Se aplicará, con carácter supletorio, lo dispuesto en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como, en todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico de tal Ley, según lo señalado en su disposición final primera, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Notifíquese la presente Orden al Ayuntamiento de Santa María de Guía
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación; haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
José Antonio Valbuena Alonso.
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