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BOC-A-2022-146-2470.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 30 de diciembre de 2021 se dictó por parte de la Dirección del Servicio Canario de Empleo Resolución nº 11386, corregida por Resolución nº 11387, de 31 de diciembre de 2021, y nº 2580, de 23 de marzo de 2022, por la que se resuelve la convocatoria del ejercicio 2021 para la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Segundo.- Con posterioridad a dicha fecha se han apreciado de oficio varias omisiones involuntarias por parte de la Administración en relación a solicitudes debidamente presentadas que no fueron tenidas en cuenta así como cantidades erróneamente calculadas.
Tercero.- Constan los siguientes escritos por parte de las entidades beneficiarias solicitando la modificación de la Resolución:
• Escrito de fecha 3 de enero de 2022 (registro entrada en el SCE nº 553) e la entidad “Isonorte Empleo, S.L.”.
• Escritos de fecha 4 de enero de 2022 (registro entrada en el SCE nº 966), de fecha 28 de enero de 2022 (registro entrada en el SCE nº 12673) y fecha 6 de mayo de 2022 (registro entrada en el SCE nº 65936) de la entidad “Empresa de inserción Trampolín solidario, S.L.U.”.
• Escrito de fecha 28 de enero de 2022 (registro entrada en el SCE nº 12464) de la entidad “Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Servicio Canario de Empleo es competente para conocer del presente expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE.
Segundo.- El artículo 103.1 de la Constitución Española señala que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
La eficacia, consistente en la consecución de fines de interés general, actúa como principio esencial para la actuación administrativa buscando la calidad de los servicios y la buena gestión económica. El principio de eficacia buscará, mediante su inspiración, que la Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios prestados a los ciudadanos. Pero debe ir más allá del mero cumplimiento, tendiendo hacia unos índices de calidad óptimos.
En el mismo sentido, el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”, debiendo respetar en su actuación una serie de principios, en el caso que nos ocupa podemos resaltar los siguientes:
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
Por su parte, el principio de celeridad impone a la Administración el impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa encargada, que debe adoptar las medidas necesarias para evitar toda anormalidad o retraso.
Tercero.- El apartado primero del artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que “una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3.l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero” añadiendo el apartado segundo que “la solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad”.
Cuarto.- El órgano concedente podrá acordar la modificación de la resolución de concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Sexto.- Según reiterada jurisprudencia, los principios antiformalista y pro actione deben presidir la actuación de la Administración, evitando ocasionar perjuicios innecesarios al administrado (STS 4564/2018 ECLI:ES:TS:2018:4564, entre otras).
Séptimo.- Los artículos 20 y 21 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y el 21 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establecen el principio jurídico del cumplimiento de las obligaciones de la Administración cuando estas están válidamente constituidas.
Octavo.- El artículo 49.2 de la Ley General Presupuestaria y el artículo 52 de la Ley de Hacienda Pública Canaria establecen que en el caso de que el procedimiento de ejecución del gasto no hubiera llegado a la fase de reconocimiento de la obligación antes del cierre del ejercicio, las correspondientes obligaciones habrán de satisfacerse con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.
Que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales de aplicación.
Visto lo cual y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE,
RESUELVO:
Primero.- Modificar la Resolución nº 11386 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, de 31 de diciembre de 2021, corregida por Resolución nº 11387, de 31 de diciembre de 2021, nº 2580, de 23 de marzo de 2022, y nº 5708 de 14 de junio de 2022, por la que se resuelve la convocatoria del ejercicio 2021 para la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para corregir errores materiales detectados en los Anexo III y IV
de la referida Resolución en el siguiente sentido:
- En el Anexo III:
• En el expediente nº 19/01/21 de la entidad “Empresa de inserción Trampolín solidario, S.L.U.”:
Se debe añadir la siguiente aclaración:
En esta anualidad Manuel Sacramento Morales con DNI ***0655**, ocupa la plaza de inserción del 4 de octubre de 2021 al 3 de noviembre de 2021 y es sustituido por Miriam Rodríguez Pérez, con DNI ***1286**, con fecha 10 de diciembre de 2021.
• En el expediente nº 09/01/21 de la entidad “Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.”, se indican:
Ver anexo en la página 27784 del documento Descargar
Sin embargo en la Resolución de modificación nº 5708, de 14 de junio de 2022, se aclara que “En esta anualidad Julija Laniauskiene ocupa la plaza del 25 de mayo de 2021 al 24 de noviembre de 2021 y luego la ocupa Máximo Flores Miranda”, es por lo que debemos suprimir los datos de la tabla correspondientes a Julija Laniauskiene y modificar el dato de “Importe concedido” Máximo Flores Miranda que es 9.000,00 euros, no 4.500,00 euros.
• En el expediente nº 03/01/21 de la entidad “Empresa de inserción solidaria Aila dependencia”:
Se debe modificar:
El dato de “Importe concedido” para la contratación de Beatriz Martín Castro es 694,52 euros, no 1.354,17 euros y el dato “Inicio contrato” es 5 de agosto de 2021, no 3 de mayo de 2021.
Y se debe añadir la siguiente aclaración:
La plaza de inserción ocupada por Beatriz Martín Castro es la que ocupaba en la segunda anualidad primero María Remedios Rodríguez Montelongo y luego Ana Isabel Bautista, con DNI ***1580**.
- En el Anexo IV:
• En el expediente nº 01/01/21 de la entidad “Empresa de inserción solidaria Aila dependencia”:
Se debe modificar:
El dato de “Importe concedido” para la contratación de Verónica Castro González es 19.239,68 euros, no 19.989,68 euros.
Como consecuencia de estas dos últimas modificaciones no corresponde a abonar importe alguno a la entidad “Empresa de inserción solidaria Aila dependencia”, sino que la entidad debe proceder a devolver la cantidad de cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos (55,48 euros).
Segundo.- Mantener vigente en todos los demás términos la Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo nº 11386/2021, de 30 de diciembre de 2021, corregida por Resolución nº 11387, de 31 de diciembre de 2021, nº 2580, de 23 de marzo de 2022 y nº 5708, de 14 de junio de 2022.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias así como en el tablón de anuncios del Servicio Canario de Empleo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento, conforme a lo previsto en los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 2022.- La Directora, Dunnia Rosa Rodríguez Viera.
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