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BOC Nº 081. Miércoles 27 de abril de 2022 - 1398

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V. Anuncios - Otros anuncios - Cabildo Insular de Fuerteventura

1398 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2021, relativo al expediente de declaración de interés público y social de la actuación denominada “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe de 4,5 MW”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Narita International Advisor, S.L.U.

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Anuncio relativo a la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público y social de la actuación denominada “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe de 4,5 MW”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Narita International Advisors, S.L.U, por medio de la Resolución CAB/2021/6314, de fecha 11 de noviembre de 2021, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo de Canarias (esto es, la motivación de la declaración del interés público y social)

ANTECEDENTES

“(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Visto el informe de la Técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 22 de octubre de 2021, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:

“(…)

2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:

2.1.- Contrastada la localización de la Planta fotovoltaica con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta se localiza en zona ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, mientras que la línea de evacuación discurre en parte por esta misma zona y en parte por la zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizable, según el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo (publicado en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo a los artículos 102.a) y 103.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C y D del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN).

Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C. Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:

“ZC-SRC Zona C.

Condiciones Generales:

Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:

• Equipamientos y dotaciones de uso público.

• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.

• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.

Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.

Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.

Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial. (…)”

Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento.

En concreto para la zona identificada como Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 103.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:

“(…) Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.

Se exceptúan aquellos suelos urbanizables y asimilables, que excepcionalmente hayan sido reclasificados por el Plan Insular como Rústicos, o los que estuviesen afectados por la redacción de planes especiales con carácter vinculante. (…)”

2.2.- En el Plan Insular se menciona la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: “Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.

(…)

2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:

- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común, por lo tanto no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.

- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia nominal de 4,5 MW.

- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.

- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende que ocupa una superficie de 4,5 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie sobre la que se instalan los paneles es prácticamente plana, lo que permite su mimetización e integración en el paisaje estando ubicadas en suelo. Así mismo la línea de evacuación será subterránea a 0,9 km de la planta, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.

- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.

(…)

2.9.- Con respecto a la documentación necesaria para tramitar recogida en el artículo 78 de la Ley 4/2017 y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:

a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite el proyecto técnico de la instalación fotovoltaica, con varios anexos, tal y como se expone al principio del presente informe.

b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar. Se incluye el presupuesto en el proyecto que asciende a un total de 1.826.613,16 euros.

c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. No se prevén necesarias las conexiones al abastecimiento de agua ni a saneamiento. En cuanto al acceso, el interesado aporta autorización de los colindantes para acceder a la planta desde la margen izquierda de la carretera FV-10 PK aproximado 2+520 (acceso actual a la estación de servicio).

d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. Junto con la documentación remitida por el Ayuntamiento el 18 de enero de 2021, se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa donde se expone que el interesado se compromete a asumir aquellos deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento y en general, el pago del correspondiente canon.

e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. Junto con la documentación remitida por el Ayuntamiento el 18 de enero de 2021, se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa donde se expone que el interesado se compromete a asumir esta garantía.

f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento. Se adjunta contrato de arrendamiento de finca rústica de fecha 11 de marzo de 2019, en el que se hace referencia tanto a la finca registral número 2646 como a la parcela catastral 610 del polígono 5 y haciendo además referencia a la suerte de D. Felipe con 22,29 hectáreas y aclarando que la superficie total de la finca que se prevé utilizar para la instalación de la planta solar fotovoltaica “Rosa de Candelaria” es de 81.921 m2.

2.10.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017 y del Plan Insular:

- Artículo 58.1.d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.

- Artículo 58.1.f) de La Ley 4/2017: las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.

- Artículo 58.1.g) de La Ley 4/2017: las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

- Artículo 58.2.c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.

- Artículo 37.3.a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

- Artículo 37.3.b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.

- Artículo 37.3.c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes generales, las viviendas y granjas, incluso las situadas en asentamientos, deberán disponer de depuradoras o fosas sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros.

- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.

- Deberán mantenerse los caños y cauces de las barranqueras próximas en buenas condiciones de limpieza, evitando el vertido de piedras, matos o cualquier otro tipo de material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías.

RESULTADO DEL INFORME: favorable a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 4,5MW, denominada “Llanos de Muchichafe”, ocupando una superficie total de terreno de 4,5 Ha, en el término municipal de Puerto del Rosario, condicionado a lo dispuesto en el informe de Carreteras, en el informe de Patrimonio Cultural, el informe de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, en el presente informe y en su caso a la supervisión por el Órgano Sustantivo si fuera necesario someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental.

Por otro lado, el Ayuntamiento en el procedimiento de licencia deberá dejar acreditada la obtención en su caso de la licencia de segregación necesaria, pues entre la documentación remitida por el Ayuntamiento se incluye un plano denominado “plano parcelario PGO”, donde señala la subdivisión de la parcela en 3 partes, siendo la parte objeto de esta planta la parte señalada como parcela 2 con una superficie de 81.815 m2, reconociéndose en la página 11 del proyecto que fue segregada hace tiempo en varias fincas, sin que conste catastralmente dicha segregación. (...)”

Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LS), señala:

“Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social.

1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.

(…)

3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.

(…)

6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”

De la lectura del apartado primero del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LS, al indicar en su apartado segundo:

“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”

Tercera.- El artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:

“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.

1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.

2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.

3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”

El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.

De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:

“Artículo 77. No previstos en el planeamiento.

1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.

2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.”

De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo, se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta informe técnico-jurídico municipal recibido certificado de 13 de noviembre de 2020, que reconoce en síntesis que el suelo afectado por las instalaciones del proyecto afectan a Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN) y a Suelo Rústico de Protección Territorial (SRPT Costa de Puerto) y en cuanto a la línea se recoge que discurre por varias categorías de suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SRPIE) y Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU), en cuyo apartado de conclusiones y propuesta recoge lo siguiente:

“- La solicitud se enmarca en los actos sujetos a previa licencia urbanística municipal previstos en el artículo 330.1 de la L4/17 “o) La realización de usos y construcciones de interés público o social en suelo rústico”, en concordancia con el artículo 29 del D182/18 relativo a los actos o usos no ordinario en suelo rústico.

- Que la planta solar planteada se ubica en la parte de la parcela categorizada por la L4/17 como Suelo Rústico Común, remitiendo el PGO en cuanto a este tipo de infraestructuras al planeamiento insular, que ha de ser el que fije sus condiciones de implantación, no contando el instrumento de ordenación urbanística municipal con el grado suficiente de precisión para legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones, y sin que la actuación planteada se encuentre expresamente prohibida por el planeamiento municipal.

- Que según la L4/17, las plantas de generación de energía fotovoltaica se pueden autorizar, como uso de interés público y social, en este tipo de suelo, siendo el procedimiento aplicable a los efectos de habilitar la instalación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 77, el que se contiene en el artículo 79 (procedimiento sin cobertura en el planeamiento), debiéndose remitir el expediente al Cabildo insular, a los efectos de la declaración de interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular.

- Que en relación con la línea subterránea de evacuación que conecta la instalación planteada con el punto de conexión, y de acuerdo con los tramos diferenciados por su localización se precisa lo siguiente:

• Respecto al tramo categorizado como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SRPIE) resulta conforme con planeamiento municipal, sin perjuicio de que tratándose de una canalización vinculada a una instalación de energía renovable, el PGO remite a lo que disponga el planeamiento insular respecto a la misma.

• Respecto al tramo categorizado como Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU) al discurrir por vía pública, es autorizable conforme con el planeamiento municipal, debiéndose tramitar la autorización/concesión para ocupar el subsuelo público.

- Respecto al acceso a la instalación según la documentación presentada se realizará de acuerdo con la solución propuesta en el informe del Servicio de Carreteras del Cabildo (a través del existente en la margen izquierda de la carretera FV-10 en el p.k. aproximado 2+610), debiendo reflejar la solución adoptada desde el punto de conexión hasta la planta en el proyecto de ejecución, así como adaptar la zona (señalización) conforme a las limitaciones de uso y condicionantes que se consideren oportunos por el titular de la vía.

- En relación con los informes y/o autorizaciones sectoriales legalmente exigibles (Servicio de Carreteras del Cabildo Insular, tanto respecto a la línea de evacuación como al acceso a la instalación), se deberá acreditar su emisión/resolución con carácter previo a la autorización de la instalación, reflejándose en la Resolución final los condicionantes que los mismos pudieran establecer, ello sin perjuicio de que el Cabildo Insular determine la necesidad de contar con los mismos con carácter previo a la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.

En virtud de lo anterior, las que suscriben proponen que, dado que la solicitud reúne los requisitos para su tramitación, recogidos en el artículo 78 de la LS’17, se admita a trámite la misma y se remita copia del expediente, así como certificación de los informes emitidos, al Cabildo insular, a los efectos de la declaración de interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 y 79 de la LS’17.”

En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LS.

Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.

La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).

No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.

En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el propio artículo 72 de la LS el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:

“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. (…)”

De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LS, pues establece:

“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.

(…)

Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”

Pero además, pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; En este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23  de  abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5 de junio de 2009, número L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:

“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”

Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante) con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:

“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”

Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente que el “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe DE 4,5 MW” puede considerarse vinculado a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto una instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LS) siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.

Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LS, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes, (BOP Las Palmas nº 31, de 12.3.2021).

Se ha recibido una única alegación del propietario de la parcela 611, colindante a la parcela objeto de esta actuación, el 24 de junio de 2021 con registro de entrada nº 17.226, que en síntesis dice que parte del proyecto pretende ejecutarse en el interior de su parcela, por lo que pone de manifiesto que su pretensión y deseo es que la instalación se ejecute con fiel y escrupuloso cumplimiento de las normas básicas en materia de servidumbres y expropiación de terrenos, ya que no quedan claras las afecciones ni las pretensiones. Que el menor perjuicio a la parcela implicaría la conducción soterrada de cualquier línea a instalar y la ubicación en el lindero de la misma de conformidad al artículo 565 del Código Civil. Y que cualquiera que sea el recorrido de las conducciones soterradas se deberá proceder de acuerdo con lo fijado en el artículo 564 del Código Civil, debiendo proceder a la indemnización conforme a los términos que acuerden.

De conformidad con lo anterior el alegante no presta oposición sino que recuerda o apela a las normas básicas respecto de las servidumbres y expropiación de terrenos, respecto de lo cual claramente deberá tenerse en cuenta en el procedimiento oportuno para ello, no siendo este (el que ahora nos ocupa) el pertinente para ello, pues cabe tener en cuenta que:

El procedimiento actual es el referido a “la declaración de interés público o social del proyecto”, en concreto para la instalación de una planta solar, que conforme a la Doctrina aplicable, para las licencias urbanísticas y autorizaciones, es de aplicación el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955), que establece que:

“1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero” (además de en nuestra Ley del Suelo de Canarias, artículo 339.3 de la misma).

En este sentido, jurídicamente se viene interpretando el que esté vedado en los procedimientos administrativos sobre licencias urbanísticas que la Resolución administrativa de otorgamiento o denegación se fundamente en cuestiones de propiedad civil, excluyendo el supuesto de que se encuentren afectados bienes de dominio público, y así la doctrina, que con especial claridad expone, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (de fecha 26.10.2005), en el sentido de: “(...) Que las licencias se concedan “dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero”. Y esta jurisprudencia ha sido mantenida hasta la actualidad, sin variaciones, tanto por nuestro Tribunal Supremo como por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, de forma que son innumerables las Sentencias que se asientan en la doctrina anteriormente referenciada, que se ha elevado ya a la categoría de aforismo jurídico (Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de Castilla La Mancha, de 09.05.2011, Resolución nº 129/2011, recurso nº 143/2010; Sentencia de la Sección Tercera del T.S.J. de Cataluña, de 10.2.2012, Resolución nº 102/2012, recurso nº 28/2011; Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, de 7.3.2012, Resolución nº 271/2012, recurso nº 632/2009; Sentencias de la Sección Segunda del T.S.J. de Madrid, de 10.3.2011, resolución
nº 430/2011, recurso nº 801/2010, y de 17.05.2012, Resolución nº 784/2012, recurso nº 97/2011, etc.).

Como conclusión por tanto, conforme a la jurisprudencia y doctrina aplicable a tal cuestión los procedimientos para dirimir la propiedad y afección a la misma, son cuestiones que deberán resolverse en el procedimiento o procedimientos específicos para ello.

Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:

- Del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo se ha recibido informe de la técnico de Patrimonio Cultural el 12 de marzo de 2021, que literalmente dice:

“(…) Visto el proyecto: “Proyecto de instalación de planta fotovoltaica de 4,5 MWn “Llanos de Muchichafe” y la línea de evacuación, en la localidad Puerto del Rosario, con fecha del mes de junio del 2020, del Ingeniero Técnico Industrial D. Hector Avero Chinesta, colegiado nº 2003. Así como planos de situación y ortofotos de la planta fotovoltaica y la línea de evacuación. Se informa lo siguiente:

1. Que la planta fotovoltaica “Llanos de Muchichafe” estará compuesta por 11760 módulos de 450 Wp por unidad, cuya situación es en Puerto del Rosario en el término municipal de Puerto del Rosario en una finca matriz que fue parcelada hace tiempo en varias fincas, las referencias catastrales según proyecto son: parcela 610, polígono 5, 35018A005006100000UQ.

2. Que según proyecto, la línea de evacuación desde la planta fotovoltaica conectará con el tramo de línea ROTONDAS en el tramo 37-2878/ROTONDAS de la S.E.SALINAS
66 Kv.

3. Que revisados los Inventarios de Patrimonio Cultural de los que dispone este Servicio no se han identifican elementos culturales que puedan verse afectados por el proyecto objeto de este informe.

4. Que el Inventario de Bienes Arqueológicos de Fuerteventura se realizó mediante la prospección superficial del territorio, sin sondeos arqueológicos, por lo que escapa de la metodología aplicada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, por lo que en el caso de que aparecieran restos o vestigios arqueológicos en alguno de los trabajos previstos en el proyecto presentado, se deberá de paralizar de inmediato las obras y comunicarlo al Servicio de Patrimonio Cultural según establece el artículo 94 para Hallazgos Casuales de La Ley 11/2019, de 25 de abril, para el patrimonio cultural de Canarias. (…)”

- De la Dirección General de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, remitido por el interesado el 20 de agosto de 2021 con registro de entrada 23.187, que literalmente dice:

“(…) Por lo expresado en el apartado anterior, el carácter del presente informe sobre la “Remisión de Informes y Alegaciones recibidos en el Trámite de Información Pública referente a la Instalación Planta Solar Fotovoltaica de 4,5 MW conectada a Red Llano de Muchichafe, en el término municipal de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura” (ER19/0053), resulta ser condicionado, a que:

1. Tal y como se indica en el “Anexo a Proyecto Exp. ER19/0053”, las conducciones eléctricas se situarán en la zona de afección de la carretera (Plano nº 1).

2. La profundidad considerada para las conducciones de 1,55 m es correcta, pero se recomienda, por el interés general, que el punto de referencia a partir del cual se considere dicha profundidad no sea la capa superior de la rodadura de la vía sino la de la cota superior de la explanación para evitar que se produzcan desperfectos en el pavimento asfáltico.

3. Se solicite al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura la autorización de las obras, en virtud de lo establecido en el artículo 2 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional. (…)”

- Del Servicio de Carreteras de este Cabildo se ha recibido informe de la técnico de Patrimonio Cultural el 8 de octubre de 2021, que literalmente dice:

“(…) En conclusión de todo lo expuesto, y en relación al proyecto presentado con la solicitud “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe”, se informa lo siguiente:

I. Respecto a la afección producida a la carretera FV-3 (incluido el enlace con la FV-10) recogida en el documento técnico aportado, “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe”, deberá ser el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria la que se pronuncie sobre la autorización a otorgar para la ejecución de las obras planteadas por estar actualmente dicho tramo afectado por las obras de construcción del proyecto “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306.”

II. Respecto al tramo de la carretera FV-10 (Avenida Juan de Betancourt) afectado por la línea de evacuación, se deberá recabar, a tenor de lo recogido en el artículo 86 del Reglamento de Carreteras de Canarias (RCC), la autorización por parte Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

A este respecto se informa que el artículo 63.1.d) del RCC permite en los tramos urbanos y travesías llevar las canalizaciones por debajo de las aceras si no hubiese otra solución, y nunca afectando a la parte asfaltada de la avenida ni a la mediana de la misma. No obstante será el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el que fije los condicionantes en función de su Plan General de Ordenación teniendo en cuenta lo anterior.

III. Que el presente informe servirá como preceptivo de cara a la autorización que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario debe otorgar en función del artículo 86 del Reglamento de Carreteras de Canarias.

“Artículo 86. El otorgamiento de licencias para usos y obras en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de los tramos de una carretera que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía, compete al Ayuntamiento correspondiente previo informe preceptivo del titular de la misma (artículo 48 L.C.C.)…/…”

IV. Deberá ser el contratista adjudicatario de las obras el que solicite la preceptiva autorización para la ejecución del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe” en los organismos competentes con carácter previo al inicio de las mismas, por desarrollarse en las zonas de protección de las carreteras FV-3 (Competencia actualmente del Gobierno de Canarias) y FV-10 (Competencia del Ayuntamiento de Puerto del Rosario). (…)”

Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.

En este sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.

Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.

De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.

En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.

Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2021, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular conferidas en su día al Área Insular de Ordenación del Territorio y gestión de bienes por acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 15 de marzo de 2021 y 5 de abril de 2021.

Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado: “Parque Solar Fotovoltaico Llanos de Muchichafe de 4,5 MW”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Narita International Advisors, S.L.U., y condicionado a lo dispuesto en el informe de Carreteras, en el informe de Patrimonio Cultural, el informe de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, en el informe técnico de ordenación, y en su caso, a la supervisión por el Órgano Sustantivo si fuera necesario someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, así como a la oportuna licencia de segregación de 45.000 m2 de la parcela catastral 35018A005006100000UQ en su caso, por el Ayuntamiento de referencia, según los siguientes condicionantes:

1. En el caso de que aparecieran restos o vestigios arqueológicos en alguno de los trabajos previstos en el proyecto presentado, se deberá de paralizar de inmediato las obras y comunicarlo al Servicio de Patrimonio Cultural según establece el artículo 94 para Hallazgos Casuales de la Ley 11/2019, de 25 de abril, para el patrimonio cultural de Canarias.

2. Las conducciones eléctricas se situarán en la zona de afección de la carretera (Plano nº 1 “Anexo a Proyecto Exp. ER19/0053”).

3. La profundidad considerada para las conducciones de 1,55 m es correcta, pero se recomienda, por el interés general, que el punto de referencia a partir del cual se considere dicha profundidad no sea la capa superior de la rodadura de la vía sino la de la cota superior de la explanación para evitar que se produzcan desperfectos en el pavimento asfáltico.

4. Se deberá solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura al Servicio de Carreteras, la autorización de las obras.

5. Respecto a la afección producida a la carretera FV-3 (incluido el enlace con la
FV-10) deberá ser el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria la que se pronuncie sobre la autorización a otorgar para la ejecución de las obras planteadas por estar actualmente dicho tramo afectado por las obras de construcción del proyecto “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306”.

6. Respecto al tramo de la carretera FV-10 (Avenida Juan de Betancourt) afectado por la línea de evacuación, se deberá recabar la autorización por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. A este respecto se permite en los tramos urbanos y travesías llevar las canalizaciones por debajo de las aceras si no hubiese otra solución, y nunca afectando a la parte asfaltada de la avenida ni a la mediana de la misma. No obstante será el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el que fije los condicionantes en función de su Plan General de Ordenación teniendo en cuenta lo anterior.

7. No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.

8. Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.

9. Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

10. Se respetará un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de caminos.

11. Se deberá asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

12. Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.

13. Se deberá asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes generales, las viviendas y granjas, incluso las situadas en asentamientos, deberán disponer de depuradoras o fosas sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros.

14. Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.

15. Deberán mantenerse los caños y cauces de las barranqueras próximas en buenas condiciones de limpieza, evitando el vertido de piedras, matos o cualquier otro tipo de material que pueda causar conflictos en la evacuación de escorrentías.

Segundo.- Se deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y conforme a la Ley de protección de datos personales.

Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y al interesado, a los efectos oportunos.

Contra la Resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.

Puerto del Rosario, a 26 de noviembre de 2021.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.

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