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BOC Nº 037. Martes 22 de febrero de 2022 - 583

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

583 Secretaría General Técnica.- Resolución de 10 de febrero de 2022, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Audiencia de Cuentas de Canarias para la Auditoría de Cuentas Anuales de las Universidades Públicas Canarias.

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BOC-A-2022-037-583. Firma electrónica - Descargar

Suscrito con fecha 8 de febrero de 2022, Convenio de Cooperación entre la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Audiencia de Cuentas de Canarias para la Auditoría de Cuentas Anuales de las Universidades Públicas Canarias.

Visto el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,

RESUELVO:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de 2022.- La Secretaria General Técnica, María del Carmen Gonzálvez Casanova.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS PARA LA AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Pacheco González, Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto 74/2018, de 26 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 123, de 27.6.2018), en representación de la Institución conforme a los artículos 27 y 43.5 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, respectivamente, en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 32 de la Ley 4/1989, y de conformidad con lo estipulado en la Disposición adicional vigésima segunda de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la Disposición final primera de la Ley 4/1989 y Disposición adicional primera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con domicilio a efectos de este Convenio en la calle Luis Suárez Guerra, 18, 38003, en Santa Cruz de Tenerife.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Román Rodríguez Rodríguez, Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, cargo para el que fue nombrado mediante
Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente del Gobierno (BOC nº 137, de 18.7.2019), en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, facultado para la firma del presente Convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, con domicilio a efectos del mismo en la calle Tomás Miller, 38, 4ª planta, 35007, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos intervinientes, en el nombre y la representación que ostentan, libre y espontáneamente,

EXPONEN

Primero.- Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, a dicho órgano le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución, debiendo realizar un examen periódico y comprobación de las cuentas de las universidades públicas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Que, según establece el apartado d) del artículo 149 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita orgánicamente a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las universidades públicas canarias.

Tercero.- Que, en virtud del artículo 2.11 del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, la Intervención General podrá promover la suscripción de convenios de colaboración con otros órganos de control externo, a efectos de desarrollar sistemas y criterios de control normalizados, actuaciones conjuntas que eviten solapamientos y mejoren la eficacia y eficiencia de sus resultados.

Cuarto.- Que al amparo del artículo 38 de la Ley territorial 4/1989, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha contratado la realización de las auditorías para las fiscalizaciones de las cuentas anuales de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.

Quinto.- Que, de igual modo, la Intervención General tiene contratada la realización de la auditoría de cuentas anuales de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, así como de las subvenciones, ayudas, aportaciones dinerarias y avales concedidos por la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente, con referencia a los
ejercicios 2018 y 2019.

Sexto.- Que ambas partes desean cooperar con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el control de las cuentas anuales de las universidades públicas canarias así como evitar duplicidades de los trabajos, en el contexto del control interno y externo que ejercen de forma autónoma e independiente tanto la Audiencia de Cuentas, como la Intervención General de la Comunidad Autónoma, adscrita orgánicamente a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, pero funcionalmente independiente, de conformidad con su normativa específica, sin que suponga una merma en la independencia del ejercicio de sus respectivas competencias ni en el cumplimiento de los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público.

Séptimo.- Que dicha cooperación procede llevarla a efecto mediante la firma del presente Convenio, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como lo dispuesto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Por todo cuanto antecede, y de acuerdo con el principio de cooperación en la actuación de las Administraciones Públicas, ambas partes resuelven suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones a las que se ajustará la cooperación entre la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia así como evitar las duplicidades no necesarias en el control de las cuentas anuales de las universidades públicas canarias de los ejercicios 2018 y 2020 que corresponde realizar a cada una de las partes.

Segunda.- Actuaciones y compromisos a asumir por ambas partes.

1.- Con respecto a las auditorías de cuentas anuales de las universidades contratadas por la Intervención General para el ejercicio 2018, esta se compromete a proporcionar a la Audiencia de Cuentas de Canarias, para su análisis propio, el archivo de auditoría con los papeles de trabajo y documentos que los acompañan, junto con el índice, así como los programas de trabajo e informe definitivo de auditoría correspondiente, una vez concluidos por parte del contratista a satisfacción de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

2.- Con respecto a las auditorías de cuentas anuales de las universidades contratadas por la Audiencia de Cuentas para el ejercicio 2020, esta se compromete a proporcionar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, para su análisis propio, el archivo de auditoría con los papeles de trabajo y documentos que los acompañan, junto con el índice, así como los programas de trabajo e informe definitivo de auditoría correspondiente, una vez concluidos por parte del contratista a satisfacción de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Tercera.- Financiación.

1.- La financiación de las auditorías de las cuentas anuales de las universidades públicas canarias del ejercicio 2018, que han sido contratadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a esta misma.

2.- La financiación de las auditorías de las cuentas anuales de las universidades públicas canarias del ejercicio 2020, que han sido contratadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, corresponde a esta misma.

Cuarta.- Vigencia, modificación y extinción del Convenio.

El presente Convenio surtirá efectos a partir de la última fecha de la firma electrónica de sus suscriptores y el plazo de vigencia será de dos años. No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto de vigencia se podrá acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales o su extinción.

La modificación del contenido del Convenio requerirá en todo caso acuerdo unánime de los firmantes y, para su formalización, se seguirán los trámites previos establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y no podrá afectar en modo alguno a la cláusula tercera del mismo.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, fijadas en la cláusula segunda, previo acuerdo unánime de las partes, o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 de la
Ley 40/2015.

En caso de que cualquiera de las partes quisiera hacer efectiva la causa de resolución basada en el mutuo acuerdo, deberá de comunicarlo a la otra parte con seis meses de antelación, a efectos de recabar su conformidad extintiva.

El ejercicio de la causa de resolución establecida en el apartado c) del artículo 51.2 de la precitada Ley debe ir precedida por una comunicación fehaciente que inste a la parte incumplidora a modificar su actuación. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio. Pasado un mes tras la fecha de notificación del incumplimiento, y persistiendo la actuación denunciada, la resolución del Convenio podrá hacerse efectiva de pleno derecho sin más dilación ni aviso.

En todo caso, las partes convienen en garantizar la correcta finalización de las actividades o programas que estén desarrollándose al amparo de este. A tal efecto, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Quinta.- Naturaleza y régimen jurídico.

Este Convenio ostenta naturaleza jurídica administrativa y se rige por la normativa específica indicada en el expositivo séptimo, resultando aplicables los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del mismo.

Sexta.- Orden y órgano jurisdiccional competente.

Las controversias que puedan surgir en el cumplimiento del presente Convenio que no puedan ser resueltas por acuerdo entre las partes, serán de conocimiento y competencia del órgano jurisdiccional del Orden Contencioso-Administrativo, a quien corresponda de acuerdo con sus normas competenciales.

Séptima.- Seguimiento, vigilancia y control.

Se crea una Comisión encargada de vigilar y controlar el correcto cumplimiento del Convenio así como informar a las partes de las incidencias que pudieran generarse durante la ejecución del Convenio o, en su caso, la propuesta razonada de su modificación.

La Comisión estará integrada por un representante de la Audiencia de Cuentas de Canarias y otro de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de que los equipos técnicos y responsables de cada una de ellas estén en estrecho contacto, comunicándose o reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las acciones y el óptimo desarrollo de las mismas, así como para resolver en primer término las cuestiones que pudieran surgir en la aplicación del Convenio.

A este órgano le corresponderá la supervisión, control y seguimiento del correcto desarrollo de este Convenio, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento así como las controversias que puedan plantearse respecto del mismo.

La Comisión, que se reunirá previa petición de cualquiera de las partes, también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Octava.- Comunicaciones y notificaciones.

Las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el Convenio se efectuarán por escrito a la sede electrónica de cada una de las partes o por cualquier medio que permita acreditar fehacientemente su recepción.

Novena.- Confidencialidad.

Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá carácter confidencial y será tratado como tal durante toda la vigencia del mismo e indefinida desde su terminación, a excepción del informe de auditoría o, en su caso, cuando la información proporcionada tenga relación con las funciones de control que compete a las partes del Convenio.

Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud del cumplimiento del presente Convenio o esté relacionada con la auditoría que corresponde realizar a cada una de las partes, así como por cualquier otra causa que esté justificada en las funciones de control que les compete. En otro caso será necesaria la autorización por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial.

Décima.- Propiedad intelectual.

Cada una de las partes conservará la propiedad del archivo de auditoría con los papeles de trabajo y documentos que los acompañan, junto con el índice, programas de trabajo e informe definitivo de auditoría producto de sus respectivos encargos, así como de la información, documentación y material proporcionado para la realización de las auditorías contratadas, quedando prohibido su uso para cualquier fin distinto que no sea la auditoría o, en su caso, cuando la información proporcionada tenga relación con las funciones de control que compete a las partes del Convenio.

No obstante, el resultado del análisis que cada una de las partes realice sobre el informe de auditoría que le entregue la otra, será considerado como propio, se efectúen o no modificaciones en el mismo, pudiendo ser difundidos conforme a sus respectivas normas de funcionamiento.

Undécima.- Protección de datos.

Los datos de carácter personal que puedan ser facilitados entre las partes signatarias por cuenta de la otra, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo.

Duodécima.- Orden y órgano jurisdiccional competente.

Las controversias que puedan surgir en el cumplimiento del presente Convenio que no puedan ser resueltas (por acuerdo) entre las partes, serán de conocimiento y competencia del órgano jurisdiccional del Orden Contencioso-Administrativo, a quien corresponda de acuerdo con sus normas competenciales.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento por duplicado ejemplar en el respectivo lugar de sus sedes y fecha de las firmas, 8 de febrero de 2022.- El Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco González.- El Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.

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