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BOC-A-2022-013-219.
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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias, los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del Convenio.
En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Específico de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Los Realejos por el que se establecen las condiciones para llevar a cabo la ejecución de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, por adhesión al Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Federación Canaria de Municipios y la expresada Consejería para el fomento del desarrollo de actuaciones conjuntas con los ayuntamientos de Canarias dirigidas a mejorar la infraestructura educativa en los centros docentes públicos no universitarios.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de enero de 2022.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.
ANEXO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED”, POR ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y LA EXPRESADA CONSEJERÍA PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS CON LOS AYUNTAMIENTOS DE CANARIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.
En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (en adelante, La Consejería), en su nombre y representación, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, previamente autorizada para la suscripción del presente Convenio de Cooperación por Orden departamental nº 755/2021, de 14 de diciembre, dictada en virtud de la delegación conferida a través del Decreto 123/2021, de 2 de diciembre.
De otra parte, el Sr. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos actuando en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
INTERVIENEN
Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación y a tal efecto,
EXPONEN
I. Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para el fomento del desarrollo de actuaciones conjuntas con los Ayuntamientos de Canarias dirigidas a mejorar la infraestructura educativa en los centros docentes públicos no universitarios.
II. Las necesidades que motivan la suscripción del presente Convenio se enmarcan en las disposiciones normativas de aplicación al ámbito educativo. Así, debe partirse de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, que establece el derecho fundamental a la educación y encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho, entre otras actuaciones, mediante la creación de centros docentes y el deber de prestar ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su artículo 2 bis, apartado 2 que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia educativa. Asimismo, su artículo 8.1 preceptúa que las Administraciones Educativas y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la Ley.
Así mismo, en el apartado 1 de su Disposición adicional decimoquinta, se dispone que las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la cooperación entre centros educativos y Administraciones Públicas. En su apartado 2, se establece que la conservación, mantenimiento y la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial corresponderán al municipio respectivo. Esta atribución competencial se recoge igualmente en el artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), si bien limitada a los centros de titularidad municipal, y en el apartado 5 del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (LCENU).
III. El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, la creación de los centros públicos y la adecuación de las infraestructuras educativas a las necesidades de las enseñanzas a las que están destinados y a las derivadas de la escolarización.
IV. El artículo 4.4 de la Ley 6/2014, de la LCENU, refiere que el sistema educativo canario se configurará como un sistema descentralizado en el que las distintas administraciones públicas canarias asumirán las competencias que les sean propias de una forma coordinada. Estableciéndose entre los objetivos que debe alcanzar el sistema educativo canario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2.ñ) de la citada Ley, la revisión de la situación actual de las infraestructuras educativas y el diseño de un plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que imparten.
V. El artículo 15 de la citada LCENU señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones en el marco de sus competencias para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la citada Ley. Este precepto establece, a su vez, la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o acuerdos de cooperación, entre las administraciones locales y la consejería competente en materia de educación.
VI. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en el apartado 7 de su artículo 48 dispone que cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
VII. De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la LGS, - de carácter básico-, podrán concederse, como excepción al principio de concurrencia competitiva, subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Esta excepción es igualmente recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez, el precitado artículo 21, en su
apartado 2, dispone que el procedimiento de concesión de subvenciones directas terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio, en consonancia con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 28 de la LGS.
El presente Convenio tiene carácter de bases reguladoras de la concesión, conforme a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del repetido artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación con su artículo 10.
VIII. Así mismo, el mencionado apartado 6 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, preceptúa que “En la resolución de concesión de las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, se harán constar las razones de reconocido interés público que concurren, que deberán quedar acreditadas en el expediente y en todo caso, se deberá motivar la imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia.” A este respecto, el interés general en garantizar la disponibilidad de infraestructuras educativas de calidad es incuestionable y la necesidad de afrontar el reto de alcanzar unos estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales, es imperativa. Las necesidades existentes y el marco temporal en el que deben desarrollarse las actuaciones, requieren la cooperación de todas las administraciones implicadas, especialmente las que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor medida las demandas reales existentes en los centros educativos públicos de su ámbito territorial. Así, el presente Convenio obedece a la necesidad de abordar las obras que se describen a continuación y que, por su clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se consideran de conservación y mantenimiento, resultando por tanto de competencia municipal conforme a lo dispuesto en la normativa señalada en el expositivo segundo; no obstante, es preciso subrayar que compete a La Consejería velar de forma permanente por la calidad de la enseñanza en la escuela pública, mediante la dotación de instalaciones y equipamientos apropiados para sus fines y la adopción de cuantas medidas puedan contribuir a la satisfacción de las necesidades educativas.
Las obras previstas en el presente Convenio son consecuencia de la necesidad solucionar los problemas estructurales en forjados sanitarios del módulo sur del centro debido a problemas de humedades, con el fin de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente dando cumplimiento al Código Técnico de Edificación (CTE), así como a las condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Preventivamente se ejecutó un apeo de dichos forjados mediante apuntalamiento, así como reparaciones en el saneamiento existente y apertura de huecos de ventilación, siendo necesario proceder a la reparación de los forjados dañados.
Tratándose de necesidades puntuales en un concreto centro educativo, no resulta conveniente promover concurrencia, toda vez que únicamente corresponde al Ayuntamiento la realización de las actuaciones descritas conforme a su marco competencial. Por otra parte, debe hacerse notar que este Convenio específico se adecúa a las previsiones contenidas en el Convenio marco suscrito entre La Consejería y la FECAM, al que también pueden adherirse los restantes municipios de Canarias atendiendo a la situación y necesidades de las infraestructuras educativas existentes en sus respectivos ámbitos territoriales en relación con el objeto del citado Convenio marco.
A mayor abundamiento, estas obras no solo permitirán disponer de instalaciones que cumplirán las condiciones de seguridad necesarias para que el alumnado pueda recibir sus enseñanzas disponiendo de espacios adecuados, que redunden en la mejora la calidad de la actividad docente, sino que, además, permitirán disponer de espacios más saludables y más seguros en cuanto al cumplimiento de las medidas actuales frente al COVID-19.
De la memoria del centro directivo se desprende claramente el carácter no contractual de la actividad a desarrollar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la LRJSP y en la normativa reguladora de subvenciones.
Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes nº 681/2021, de 10 de noviembre de 2021, se aprobó la modificación parcial del Plan Estratégico de Educación y Universidades incluyendo en el mismo una línea de ayudas destinadas a la realización de obras en centros educativos de titularidad pública, con cargo a la partida presupuestaria 18.05.322B 7500300 Línea de Actuación 207G0173 “Obras con ayuntamientos”.
IX. Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS, así como en el artículo 15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, para ser beneficiario de la citada subvención.
X. La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, y en virtud de lo previsto en el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está capacitada para suscribir acuerdos de cooperación con las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma para la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes cuyo funcionamiento depende del Departamento, así como para la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la colaboración en enseñanzas de régimen especial, escuelas de música y danza, así como en todas aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar la idoneidad del sistema educativo, aumentar el éxito escolar y favorecer el desarrollo socioeducativo.
XI. El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (LRJAPC), dispone en su apartado 1: “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y estos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público”. Y, en su apartado 2, añade: “2. A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector, (…), ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, (...) y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”
De esta forma, el régimen jurídico señalado permite acudir a mecanismos de cooperación cuya finalidad es mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos públicos, y en el caso que nos ocupa, disponer de infraestructuras educativas de calidad, resultando evidente el interés común de ambas partes. Precisamente por ello, la expresada normativa permite la suscripción de Convenios de Cooperación dado que los municipios participan de forma activa en la comunidad educativa.
XII. El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la repetida Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común y los denomina convenios interadministrativos cuando se celebran entre administraciones públicas, como en el presente caso.
Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En consecuencia, el presente Convenio se ha adecuado al expresado régimen jurídico contenido que regula la actividad convencional, así como a las disposiciones de aplicación en materia de subvenciones, señaladas en los expositivos anteriores.
En virtud de lo expuesto, y reconociéndose las comparecientes capacidad legal para otorgar el presente Convenio específico de cooperación, establecen las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones generales de cooperación económica entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de La Consejería, y el Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la ejecución de la obra “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared.”
Segunda.- Obligaciones de La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
La Consejería se compromete, para el correcto desarrollo de este Convenio, a lo siguiente:
1. Transferir al Ayuntamiento de una sola vez, a partir de la suscripción del presente Convenio y con cargo a la aplicación presupuestaria 1805 322B 7500400 207G0173, el importe de la financiación que le corresponde, reservándose las facultades de comprobación por cualquiera de los medios que estime oportuno, entre los que se encuentra la posibilidad de solicitar en cualquier momento, la remisión de las certificaciones y facturas emitidas.
El importe de la subvención asciende a la cantidad de 214.889,86 euros incluido IGIC equivalente al 100% del coste total estimado para la realización de las actuaciones señaladas en la cláusula primera.
El coste total estimado asciende a 214.889,86 euros que resulta de la suma del 100% del presupuesto de ejecución por la obra prevista en el proyecto, del coste estimado correspondiente a la Dirección Facultativa y de Ejecución de Obras, y la Coordinación de Seguridad y Salud de la obra, conforme al siguiente desglose:
Ver anexo en la página 3403 del documento Descargar
2. Poner a disposición del Ayuntamiento el proyecto de la obra denominado “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, cuyo documento original fue redactado por el Arquitecto D. Pedro J. Darias Hernández, colegiado número 3396 del COAC (CTF‑013/17).
El citado documento cuenta con informe de supervisión favorable emitido por la Unidad Técnica de Santa Cruz de Tenerife, integrada en la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, de fecha 4 de enero de 2018 y actualización de precios de fecha 9 de junio de 2021.
3. Designar como personal Técnico Gestor-Supervisor de la ejecución de las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento al Jefe/a de Servicio de la Unidad Técnica de Construcción de Santa Cruz de Tenerife, adscrita a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, quien podrá delegar la referidas funciones en el personal técnico de dicha Unidad Técnica, según necesidades del servicio. Dicho personal tendrá entre sus funciones:
‑ Asistir a la recepción de las obras, previa convocatoria al efecto por el Ayuntamiento.
‑ Evacuar consultas que puedan efectuarse por el Ayuntamiento.
‑ Ejercer cuantas acciones de supervisión estime precisas para verificar que las actuaciones se desarrollan garantizando la seguridad de las instalaciones u otros elementos.
‑ Participar en las reuniones que tengan lugar, como consecuencia de las obras, con otras Administraciones públicas o entidades privadas.
‑ Cometidos mínimos relativos a la ejecución y modificación de las obras: emisión, con carácter preceptivo, de los informes que se identifican a continuación:
a) Informar los Proyectos Modificados de Obra.
b) Ratificar precios contradictorios una vez supervisados e informados por la oficina técnica municipal.
c) Informar sobre ampliación de plazos de las obras.
Tercera.- Obligaciones del Ayuntamiento y consecuencias derivadas de su incumplimiento.
El Ayuntamiento, para el correcto desarrollo de este Convenio, asume las siguientes obligaciones:
1. Tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las obras contempladas en el proyecto y de conformidad con lo dispuesto en la LCSP, su normativa de desarrollo y la normativa sectorial que resulte de aplicación. El procedimiento de licitación deberá iniciarse en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la transferencia efectiva de la subvención -mediante abono anticiapado- por parte de
La Consejería. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, previo acuerdo de ambas partes, si las causas del retraso se considerasen justificadas. Todo ello sin perjuicio de que la Corporación Local pueda efectuar encargos a medios propios.
El plazo estimado de ejecución de las obras establecido en el informe de supervisión del proyecto es de tres (3) meses. El plazo de inicio de la ejecución de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de comprobación de replanteo.
2. Considerando las obras a ejecutar, se procederá a su clasificación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 232 de la LCSP y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, apartado j), de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, determinado el tipo de gravamen aplicable, con carácter previo a la licitación del expediente de contratación de la obra de referencia, se deberá realizar ante la Administración Tributaria Canaria las gestiones oportunas con respecto a la aplicación del IGIC.
3. Realizar, en su caso, los demás trámites administrativos necesarios para la ejecución del proyecto, y como mínimo:
a) Contratar la Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva, Coordinación de Seguridad y Salud e Ingeniero/a Industrial en el caso que proceda de las actuaciones objeto de licitación. O ejercer dichas tareas con recursos propios del Ayuntamiento si disponen de los mismos.
b) Sufragar el coste de los excesos que se originen como consecuencia de posibles modificaciones contractuales o cualesquiera otras que durante la ejecución de las obras pudieran producirse.
c) En la difusión de todas las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio se hará mención expresa de las instituciones firmantes y se indicará la fuente de financiación conforme al Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias.
d) Facilitar a La Consejería la siguiente información, en un plazo máximo de tres (3) meses desde la fecha en que se dicten los correspondientes actos administrativos, relativa a la adjudicación y ejecución de las actuaciones objeto de financiación:
• Certificación del acuerdo de adjudicación de los contratos, así como los referentes a la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud, haciendo constar el plazo de ejecución y el importe de adjudicación de los mismos.
• Certificación, en su caso, de las modificaciones o prórrogas del contrato o del encargo de ejecución de la obra.
• Certificaciones expedidas por la Intervención de la Corporación Local, del pago de todas las actuaciones objeto del presente acuerdo que están sujetas a financiación, a efectos de acreditar el coste definitivo de las mismas. Asimismo, en lo que respecta a las obras derivadas del proyecto se incluyen entre las actuaciones objeto de certificación, las referentes al acondicionamiento de la parcela, el acopio de materiales necesarios para su ejecución, así como la certificación final.
• Acta de recepción de las obras.
e) El Ayuntamiento vendrá obligado al cumplimiento de las restantes obligaciones de información y publicidad previstas en la normativa de aplicación.
4. Desarrollar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y conforme a lo establecido en el Proyecto técnico citado, así como con las instrucciones de los Técnicos gestores-supervisores de La Consejería que se designen a tal efecto. En caso de que resultara necesario introducir modificaciones en el Proyecto técnico en base a informes sectoriales o por necesidades nuevas o imprevistas (circunstancias imprevisibles) estas modificaciones deberán ser autorizadas por los Técnicos gestores-supervisores de La Consejería y llevadas a cabo según lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
5. Responder de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución, siempre que no se trate de vicios ocultos.
Cuarta.- Abono de la subvención.
1. La ejecución de las obras objeto del presente Convenio cuenta con un presupuesto estimado por importe de 214.889,86 euros incluido IGIC, cuya financiación se distribuye entre las administraciones intervinientes según el siguiente detalle, de forma que
La Consejería asume el 100% del coste de los trabajos, mientras que el Ayuntamiento asume el coste de las modificaciones o excesos señalados en la letra b) del apartado 3 de la cláusula tercera.
2. La Consejería transferirá al Ayuntamiento la cantidad de 214.889,86 euros incluido IGIC. La expresada aportación tiene carácter de máxima, por lo que cualquier exceso que se origine en los trabajos objeto del presente Convenio, será asumido íntegramente por el Ayuntamiento. Por el contrario, si el importe de la ejecución de las obras, fuera inferior al inicialmente previsto, el Ayuntamiento reintegrará a La Consejería el importe de la subvención no invertido.
La materialización de la financiación prevista se concreta en una subvención que se abonará por La Consejería de forma anticipada, en un único pago.
Dado que en el presente Convenio se establece el abono anticipado del 100% del coste total estimado que se señala en el apartado 1 de la cláusula segunda, le resulta de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 2020, modificado por Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero de 2021 por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, que establece: “(…) Los plazos de ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la aportación dineraria, incluidas las prórrogas de dichos plazos que se tramiten. En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse hasta cuatro meses después de la finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo podrá superar el ejercicio presupuestario de finalización de obra, con el límite de los meses señalados (...)”.
Por tanto, las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico deberán finalizarse, como plazo máximo, a 31 de diciembre de 2022 atendiendo a la estimación de plazos anteriormente señalada y sin perjuicio de lo señalado en la cláusula octava en relación a la prórroga. Si en esas fechas no se hubiesen finalizado, el Ayuntamiento devolverá a La Consejería la cantidad recibida y no ejecutada, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de vencimiento correspondiente referida anteriormente, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán intereses de demora.
Asimismo, en lo que respecta a la documentación que acreditará la situación expuesta en el párrafo anterior, la Comisión de Seguimiento emitirá la instrucción pertinente.
3. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo de Gobierno, para proceder al abono anticipado de la subvención será preciso que, con carácter previo, el Ayuntamiento aporte certificación de insuficiencia de recursos para la realización de las actuaciones objeto del Convenio, en el plazo de diez días hábiles desde la formalización del Convenio, así como no tener otros abonos anticipados pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que se conceda. A su vez, el abono anticipado queda sujeto al cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en el artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
4. En el caso de que, tras la finalización de la ejecución de las actuaciones que son objeto de financiación en el presente Convenio, el importe resultante de la ejecución global de las mismas fuese menor que la aportación de La Consejería a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, el Ayuntamiento deberá devolver a la misma la diferencia entre ambas cantidades en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán intereses de demora.
Quinta.- Vigencia.
El presente Convenio, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor el día de su firma y su duración se extenderá hasta el 30 de abril de 2023, fecha prevista para justificación de las actuaciones comprendidas en el mismo, salvo prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones en cuyo caso el plazo máximo de duración se deberá ajustar al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que aquellas concluyan. El plazo de justificación se podrá extender hasta un máximo de cuatro meses después de dicha fecha atendiendo a lo indicado en la cláusula tercera del presente Convenio; o se formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por cualquiera de las partes.
Las prórrogas que se acuerden deberán ajustarse al límite establecido en el artículo 49.h)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, la prórroga estará supeditada a la previa prórroga del Acuerdo Marco del que trae causa.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexta.- Tipo de subvención y destino de los fondos.
La aportación económica de La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se realizará a través de subvención directa y estará destinada a financiar los gastos de relativos a las actuaciones que constituyen el objeto del presente Convenio. El abono de la subvención se realizará en las condiciones que se señalan en la cláusula cuarta.
Séptima.- Justificación de la subvención.
1. Para los Ayuntamientos, la justificación de las subvenciones concedidas se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, mediante la presentación de una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad, titular del centro correspondiente, en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de un informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas. Dicho informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
a) Cumplimiento del proyecto objeto de la subvención, así como del coste definitivo de las actuaciones realizadas al amparo de este Convenio.
b) Detalle de las obligaciones reconocidas y gastos efectuados (con indicación de las fechas correspondientes).
c) Detalle de otras ayudas o subvenciones obtenidas para la misma finalidad.
2. El plazo máximo para la justificación de las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico a que se refiere el objeto del presente Convenio, finalizará el 30 de abril
de 2023, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta respecto de su prórroga.
3. Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 5 días para efectuar dicha subsanación.
4. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, dentro de los 3 días siguientes, requerirá al beneficiario, para que lo realice en el plazo improrrogable de 8 días siguientes a la notificación de dicho requerimiento. La falta de presentación de la misma llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla. La presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.
Octava.- Reintegro.
Constituirán causas de reintegro, las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en la normativa que la desarrolla.
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Novena.- Comisión de seguimiento e interpretación del Convenio.
Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.
El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de la mayoría de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.
La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos que aseguren la identidad de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la Comisión deberá comunicarse, mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su Presidencia con una antelación mínima de
3 días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada documentación.
• Composición:
La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:
‑ Dos (2) vocales, en representación de La Consejería.
‑ Dos (2) vocales, en representación del Ayuntamiento.
La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de La Consejería.
A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar.
• Competencias: corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Convenio, de las circunstancias que concurran en la ejecución de los compromisos adoptados.
Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su ejecución y la propuesta razonada de su modificación.
• Secretaría y Actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración General, Rama Jurídica, perteneciente a La Consejería, que no será considerado como vocal de la Comisión de Seguimiento.
• Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el lugar que en cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a distancia por medios electrónicos.
• Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por convocatoria de quien ostente la Presidencia, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.
Asimismo, se reunirá como mínimo anualmente, y cuantas veces sea necesario para evaluar el desarrollo de los objetivos del presente Convenio.
La asistencia de estas sesiones, por parte de los vocales en representación de La Consejería, se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.
• Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su funcionamiento, régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en la normativa administrativa común para el funcionamiento de los órganos colegiados.
Décima.- Modificación.
El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo acuerdo unánime de estas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al presente o para corregir aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones convenidas, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos.
Undécima.- Causas de extinción.
El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La resolución dará lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en curso.
b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de cualquiera de los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a juicio de la Comisión de Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o indispensables para la correcta y completa ejecución del convenio. Asimismo para las actuaciones en curso, se suscribirá acuerdo específico entre las partes en el que se detalle el modo de terminación.
Duodécima.- Responsabilidad patrimonial.
Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y perjuicios producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras señalas en la cláusula tercera.
Decimotercera.- Titularidad de las actuaciones.
La titularidad de las actuaciones contenidas en el Proyecto de la obra denominada “Proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO
La Pared” una vez ejecutadas, corresponderá al Ayuntamiento de Los Realejos, quedando asimismo vinculada a su afectación al servicio público educativo.
A la recepción de las obras deberá asistir el personal Técnico Gestor-Supervisor a que se refiere el apartado 3 de la cláusula segunda, previa convocatoria a tal fin efectuada con antelación suficiente.
Decimocuarta.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los principios de Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada norma, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta Ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.
El presente Convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo así como por lo establecido en el Decreto Territorial 36/2009, de 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no resulte incompatible con la normativa básica relacionada en la Disposición final primera de la citada Ley General.
De forma complementaria, se estará a lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; en el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan determinadas competencias en los titulares de los departamentos y en cualquier otra normativa que, siendo de aplicación, no contravenga la normativa básica en materia de subvenciones.
Decimoquinta.- Jurisdicción.
Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como consecuencia de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo el órgano jurisdiccional competente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como dispone el artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se extiende por duplicado ejemplar y a un solo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha indicados en el encabezado.- La Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas Rodríguez.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos, Manuel Domínguez González.
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