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BOC Nº 009. Jueves 13 de enero de 2022 - 154

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

154 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Directora, por la que se ordena la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, la Unión General de los Trabajadores Canarias y Comisiones Obreras Canarias para el fomento de actuaciones de difusión, información y detección de necesidades en el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida de mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario.

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BOC-A-2022-009-154. Firma electrónica - Descargar

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 apartado 2 y 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y en el artículo 20
apartado 1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de los referidos preceptos y con la finalidad de facilitarel público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, la Unión General de los Trabajadores Canarias, y Comisiones Obreras Canarias para el fomento de actuaciones de difusión, información y detección de necesidades en el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida de mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario, suscrito el 5 de noviembre de 2021, cuyo texto se acompaña como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 2021.- La Directora, Dunnia Rosa Rodríguez Viera.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, LA CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS, LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, LA UNIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES CANARIAS Y COMISIONES OBRERAS CANARIAS PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN COMO MEDIDA DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL CANARIO.

En Canarias, a 5 de noviembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez, Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, en virtud del Decreto 7/2020, de 21 de enero, del Presidente del Gobierno de Canarias, actuando como Presidenta del Servicio Canario de Empleo, según lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE con la facultad para suscribir convenios, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.e) de la citada Ley 12/2003.

De otra parte, la Excma. Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en virtud del Decreto 52/2020, de 19 de junio, actuando en nombre de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en ejercicio de la competencia para la suscripción de convenios atribuida en el artículo 5.2 g) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

De otra parte, D. José Cristóbal García García, actuando como Secretario General y en representación de la Confederación Canaria de Empresarios, en adelante CCE, con CIF G-35057595, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, número 54, 2ª planta, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura pública por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria D. Francisco Barrios Fernández, de fecha 26 de febrero de 2002 con nº de protocolo 744.

De otra parte, D. José Carlos Francisco Díaz, actuando como Presidente y en representación de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, en adelante CEOE-Tenerife, con CIF G-38025151, con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rambla de Santa Cruz, número 147, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada en virtud de su nombramiento plazo estatutario de cuatro años por la Asamblea General electoral en su reunión de fecha 5 de noviembre de 2018 y que además se encuentra especialmente facultado para el presente otorgamiento en virtud de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de la Confederación con fecha 15 de marzo de 2021.

De otra parte, D. Manuel Isidro Navarro Ramos actuando como Secretario de la Unión General de Trabajadores Canarias, en adelante UGT Canarias, con CIF G-35408681, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Primero de Mayo, 21, 1ª planta, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura pública por la Notaria Elsa Cruz Villalba del Ilustre colegio notarial de Las Palmas de Gran Canaria, bajo su protocolo nº 74 de fecha 22 de enero de 2021.

De otra parte, D. Inocencio González Tosco actuando como Secretario General y en representación de Comisiones Obreras Canarias, en adelante CCOO Canarias, con CIF G35244532, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Primero de Mayo, 21 5, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura publica por el Notario de Santa Cruz de Tenerife, José Javier Soto Ruiz de fecha 15 de junio de 2017 con nº de protocolo 788.

Las partes, que constituyen las más representativas en su correspondiente ámbito de actuación y sector, se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- El Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE, es el organismo autónomo de carácter administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, creado en virtud de la Ley 12/2003, de 4 de abril, que ejerce las funciones concretas en relación con la intermediación en el mercado de trabajo, fomento de la ocupación, información, orientación y formación profesional ocupacional y continua. Además, ejerce actuaciones de apoyo a la economía social y acciones de estímulo a la emprendeduría, en coordinación con otros Departamentos del Gobierno de Canarias.

Segundo.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, en adelante DGFPEA, ejerce en su ámbito funcional las competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias y en el artículo 18 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, correspondiéndole entre otras la dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de formación profesional y educación de adultos.

Tercero.- Tal y como establece en el artículo 10 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el objeto del presente Convenio guarda relación con el objeto y la actividad de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo, lo que queda acreditado a través de sus estatutos sociales o de las correspondientes escrituras públicas de constitución.

Cuarto.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, aprueba el 20 de noviembre de 2019 el acuerdo sobre el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022. La misión de este documento estratégico es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, garantizando una formación y cualificación profesional a toda la población, incluyendo no solo a los estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, sino a toda la población activa. Asimismo define una serie de actuaciones de carácter estratégico en cuyo primer lugar figura la evaluación y acreditación de las competencias básicas y profesionales. En este contexto, se publica el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en adelante Real Decreto 1224/2009.

Quinto.- El artículo 2.h) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo establece como uno de los objetivos de la política de empleo el de proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas para contribuir a la mejora de su competitividad. Asimismo, la Disposición adicional tercera, apartado c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en su Disposición adicional tercera establece que las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas que resulten necesarias para, entre otros aspectos, impulsar los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral, con mejoras que favorezcan su continuidad, agilidad y eficiencia para garantizar la calidad y las oportunidades de cualificación, en igualdad de condiciones, para todos los trabajadores.

Sexto.- El subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a estas necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus principios, fines y objetivos.

La oferta de acciones de formación profesional para el empleo referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones permite el reconocimiento y capitalización de aprendizajes con la acreditación de la experiencia profesional y la formación profesional del sistema educativo, vinculada con el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Así, las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo permiten la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Séptimo.- El artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, establece que el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formado por varios instrumentos y acciones, siendo uno de ellos “un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales”.

Esta Ley Orgánica define en su artículo 7.4 los términos de cualificación profesional y de competencia profesional. En su artículo 8.1 determina que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad son los que acreditan las cualificaciones profesionales. En su artículo 8.2 establece que la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, contemplando además en su artículo 8.3 la posibilidad de realizar acreditaciones parciales acumulables.

Octavo.- El Real Decreto 1224/2009 establece en su artículo 10.5 el establecimiento de convocatorias específicas a solicitud de las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas en cada ámbito territorial para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades de inserción y/o integración laboral.

Noveno.- El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por el que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en su artículo 22.1, establece que a través de los programas de cualificación y reconocimiento profesional, las Administraciones Públicas competentes favorecerán que los trabajadores ocupados y desempleados avancen y completen la cualificación profesional mediante procedimientos que evalúen y acrediten las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y que combinen el reconocimiento de dichas competencias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, con una oferta de formación modular para la obtención de certificados de profesionalidad. Por otro lado el artículo 22.2 de dicho Real Decreto establece que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente ámbito de actuación y sector, a través de las Estructuras Paritarias Sectoriales, realizarán la detección de necesidades, la programación y difusión de los programas de cualificación y reconocimiento profesional de carácter sectorial. Asimismo, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente ámbito de actuación realizarán la detección de necesidades, la programación y difusión de los programas de cualificación y reconocimiento profesional de carácter transversal.

Décimo.- En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, en adelante ICCP, crea el citado Instituto como unidad administrativa dependiente orgánicamente del SCE y con dependencia funcional de este y de la Consejería competente en materia de educación, y le atribuye, entre sus fines, el de gestionar los procedimientos de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias profesionales.

Undécimo.- A través del presente Convenio se establecen los términos y condiciones en los que las entidades firmantes van a participar en el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de experiencia profesional, para la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral de Canarias, fijando un marco general de derechos y obligaciones. Así, con la suscripción de este Convenio, las partes persiguen el interés público, mejorando la eficiencia en la gestión pública garantizando que los servicios públicos que les incumben se presten de modo que se logren los objetivos que tienen en común, a través de una financiación pública suficiente.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones en que las entidades firmantes van a participar en el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de experiencia profesional, para la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral de Canarias, fijando un marco general de derechos y obligaciones. Así, las partes persiguen el interés público, mejorando la eficiencia en la gestión pública garantizando que los servicios públicos que les incumben se presten de modo que se logren los objetivos que tienen en común, a través de una financiación pública suficiente.

Segunda.- Obligaciones y compromisos asumidos por las partes.

Para el logro del objeto expresado en el apartado primero, las partes intervinientes, en el ámbitos de sus competencias y la representación en la que actúan, se comprometen, en el ejercicio de las mismas, a establecer y mantener un sistema de coordinación e información que facilite un modelo integrado de ordenación y gestión del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales y de manera específica a desarrollar el siguiente Plan de acciones,

Por parte del SCE, a través del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales:

a) Desarrollar el procedimiento de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales, coordinando y supervisando las distintas fases del mismo, según lo establecido en el Real Decreto 1224/2009.

b) Proponer, de entre las personas habilitadas que cumplan con los requisitos previstos en el citado Real Decreto aquellas que van a asumir las funciones de asesoramiento y evaluación, así como la constitución de las comisiones de evaluación y el nombramiento de las presidencias y las secretarías de las mismas.

c) Establecer las sedes en la que se desarrollarán los procedimientos, oída la propuesta de las empresas y entidades participantes. A dichos efectos, el procedimiento se desarrollará principalmente en los centros públicos que imparten enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, los centros integrados públicos de formación profesional y los Centros de Referencia Nacional, de Canarias. Teniendo en cuenta el número de personas candidatas seleccionadas y su lugar de residencia se determinará la realización del procedimiento en otros centros y sedes cuando se considere necesario. También podrán utilizarse otros centros que imparten formación profesional y otros espacios ubicados fuera de los centros docentes, de conformidad con el artículo 29 del Real Decreto 1224/2009.

d) Expedir las acreditaciones de reconocimiento de las unidades de competencia demostradas por las personas candidatas.

e) Facilitar la información y asesoramiento preciso sobre los procedimientos a desarrollar.

f) Formación del personal orientador con el fin de garantizar la homogeneidad y la calidad del procedimiento. Asimismo, facilitar los materiales de apoyo necesarios sobre el procedimiento y sobre las unidades de competencia que sean susceptibles de ser reconocidas en las convocatorias.

g) Crear y actualizar periódicamente el catálogo de puntos de información y orientación para el procedimiento de evaluación y acreditación que se divulgará a través de las páginas web de las Consejerías en materia de educación y empleo.

Por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de la DGFPEA:

a) Coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para la justificación técnica y económica de los créditos otorgados para la actuación de los programas de cooperación territorial, Acredita.

b) Seguimiento de las instrucciones de ejecución, así como recopilación de los indicadores de previsión, ejecución y de resultados.

c) Recopilación, chequeo y seguimiento de la documentación de justificación, elaboración de informes y memorias.

Por parte de los Organizaciones Empresariales y Sindicales firmantes:

a) Proporcionar un servicio de información y orientación a todas las personas que lo requieran, sobre la naturaleza y las fases del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y sus efectos, y facilitar la inscripción de las mismas a través de la sede electrónica del gobierno de Canarias.

b) En coordinación con el ICCP, el servicio de orientación participará en el estudio de expedientes y la orientación de la persona candidata, para establecer las competencias a evaluar según historial personal y formativo, así como la información a las mismas del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos, así como, en su caso, el acompañamiento necesario en el inicio y desarrollo del mismo.

c) Proporcionar orientación a la persona candidata sobre las posibilidades de formación, para completar la obtención de un Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad relacionado con las competencias demostradas en el procedimiento, así como para su tramitación.

d) Proporcionar servicios de información y asesoramiento a aquellas empresas, entidades o asociaciones de profesionales interesadas en el proceso de acreditación de su personal y a los representantes sindicales de estas. Difundir y facilitar la solicitud para la realización de convocatorias específicas que den respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades de inserción y/o integración social, a través de la adhesión al presente Convenio de colaboración.

e) Colaborar con el ICCP en la difusión del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales así como de los distintos procesos necesarios para llevar a cabo el mismo (Ej: cursos de capacitación/habilitación).

f) Colaborar con la cesión del uso de instalaciones para la realización de las fases presenciales del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.

g) Realizar cuantas otras acciones de colaboración en el procedimiento sean necesarias para el buen desarrollo del mismo.

Estas obligaciones se asumirán condicionadas a las posibilidades de cada una de las organizaciones, y siempre atendiendo a la disponibilidad y recursos que posean.

Por parte de las empresas y entidades que se adhieran al Convenio:

a) Haber consensuado con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, si los hubiera, la declaración de adhesión al citado Convenio en todos sus términos.

b) Facilitar información y orientación a su personal sobre la naturaleza y las fases de los procedimientos, el acceso a los mismos, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas.

c) Proponer al ICCP las cualificaciones profesionales que deben ofertarse para su reconocimiento y acreditación en su organización.

d) Comunicar a todo el personal que cumpla con los requisitos previstos en el Real Decreto 1224/2009, la información sobre el procedimiento de reconocimiento y acreditación de la competencia profesional.

e) Gestionar la presentación de la documentación perteneciente al Historial Profesional y Formativo aportado por las personas candidatas participantes para el inicio del procedimiento en el plazo establecido en la convocatoria del mismo.

f) Facilitar la relación de las personas candidatas con el personal habilitado durante la realización de las distintas fases del procedimiento. Para el eficaz acceso de las personas que están trabajando a los procesos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de otros aprendizajes no formales, se podrán utilizar los permisos individuales de formación, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Trabajo y Economía Social en desarrollo del artículo 29 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

g) Colaborar con la cesión del uso de instalaciones para la realización de las fases presenciales del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.

h) Incluir dentro de su Plan de Formación, al menos una acción de las necesarias para que se cubran las necesidades que surjan como consecuencia de los resultados del procedimiento propuesto y que permitan a las personas candidatas la obtención de la acreditación de la/s cualificación/es profesional/es solicitada/s.

i) Hacerse cargo de la financiación de los gastos que se deriven de los compromisos asumidos por su parte.

j) Realizar cuantas otras acciones de colaboración en el procedimiento sean necesarias para el buen desarrollo del mismo.

Tercera.- Procedimiento de adhesión de empresas y entidades al Convenio.

1. El SCE, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las organizaciones sindicales y empresariales firmantes, invitan a adherirse al presente Convenio a todas aquellas empresas y entidades cuyo personal cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 1224/2009 y deseen realizar el Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación y Certificación de las Competencias Profesionales.

2. Las empresas o entidades interesadas en la realización de un Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación y Certificación de las Competencias Profesionales específico para su personal deberán presentar solicitud de adhesión al presente Convenio indicando las cualificaciones profesionales objeto de dicho procedimiento, así como el número de personas candidatas propuestas para cada una de ellas. Dicha solicitud deberá presentarse debidamente cumplimentada de forma telemática a través de la sede electrónica del SCE https://sede.gobcan.es/empleo/procedimientos_servicios/tramites/5093, o en el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/5093 (Anexo I).

3. El SCE en el plazo de seis meses desde la entrada de la solicitud por el Registro del mismo, emitirá el visto bueno a la solicitud tras el estudio de la misma o denegará motivadamente la adhesión al Convenio si la solicitud no cumpliese con los requisitos establecidos en el mismo.

4. Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siempre que haya disponibilidad presupuestaria pudiéndose establecer un orden de prioridad de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Cualificaciones profesionales que estén sujetas para el ejercicio profesional de requisitos administrativos.

2) Contribución de recursos (humanos, materiales) de la empresa, entidad, grupos de empresas, etc., al desarrollo del dispositivo de acreditación de las competencias profesionales.

3) Que puedan beneficiarse el mayor número de personas con experiencia laboral pero sin reconocimiento de la misma.

4) Que las cualificaciones afecten a ocupaciones relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo, especialmente en aquellos sectores económicos que se prevé que va a demandar un número significativo de empleos en un futuro próximo, sobre todo como consecuencia de transformaciones económicas, sociales o tecnológicas.

5) Que se trate de empresas de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.

5. La adhesión al Convenio deberá formalizarse mediante la firma, por la persona representante de la empresa o entidad con facultades para tal efecto, de la declaración que se adjunta como Anexo II del presente Convenio. Además el documento debe de tener el visto bueno de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la entidad si los hubiera y de una de las organizaciones empresariales o sindicales firmantes del presente Convenio.

Cuarta.- Aportaciones económicas.

El presente Convenio no tiene contenido económico, sin perjuicio de las subvenciones que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda conceder para la consecución de sus fines, en función de las disponibilidades presupuestarias, para lo que se estará a la regulación contenida en sus repectivas bases reguladoras y órdenes de convocatoria y/o de concesión, de acuerdo al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinta.- Plazo de vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde su suscripción y el plazo de vigencia será de cuatro años contados a partir de la fecha de la firma de las partes. No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto de vigencia se podrá acordar unánimemente su prorroga o su extinción. Asimismo se podrá establecer una prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, conforme a lo previsto en el artículo 49.h), apartado 2º, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta.- Régimen de modificación del Convenio.

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión de alguno de los contenidos del Convenio, cuyas modificaciones deberán incorporarse mediante Adendas, que requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Séptima.- Causas de resolución.

Son causas de resolución del presente Convenio las siguientes:

- Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

- El acuerdo unánime de todos los firmantes.

- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

- Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, las partes signatarias resolverán acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso, a propuesta del órgano de coordinación y seguimiento, incluyendo la fijación del plazo improrrogable para su conclusión.

Octava.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de ejecución del Convenio.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la ejecución del presente Convenio, estando compuesta por 6 miembros, designados por el SCE, DGFPEA, CCE, CEOE-Tenerife, UGT-Canarias y CCOO Canarias respectivamente, y donde la Presidencia será ocupada por la persona designada por el SCE, y la Secretaría por la persona designada por la DGFPEA. Todas las decisiones se adoptaran mediante consenso.

El órgano de seguimiento, que se reunirá con periodicidad semestral, tiene como atribución la de supervisar, controlar y hacer el seguimiento del correcto desarrollo de este Convenio, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento así como las controversias que puedan plantearse respecto del mismo. Asimismo tendrá la función de dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actuaciones del convenio e informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del mismo o la propuesta razonada de su modificación.

Será este órgano al que deberán ir dirigidas las propuestas de revisión establecidas en la cláusula sexta del presente Convenio. En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, realizará las correspondientes propuestas a las partes signatarias acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso.

La comisión se reunirá, asimismo, cuando alguna de las partes lo solicite.

Novena.- Mecanismos de evaluación.

La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Décima.- Incumplimiento de los compromisos asumidos.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes, la parte cumplidora podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa no conlleva ninguna indemnización.

Undécima.- Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información.

En cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de protección de datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como, aquella otra normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que sea de aplicación durante la vigencia de este Convenio.

Duodécima.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico aplicable.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en su artículo 6, por ser un Convenio de carácter no contractual, su contenido no está comprendido en el de los contratos regulados en la referida ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado, se establece una cooperación con el fin de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y el desarrollo de la cooperación se guía únicamente por el interés público.

Decimotercera.- Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la comisión de seguimiento, vigilancia y control, serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.g) y m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decimocuarta.- Resolución de Convenio anterior.

En el momento de la suscripción del presente Convenio, se resuelve el Convenio Marco entre el SCE, CCE, CEOE-Tenerife, UGT-Canarias y CCOO Canarias para la realización de procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida de mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario, de 11 de noviembre de 2019, por acuerdo unánime de todos los firmantes, de conformidad con la cláusula séptima de dicho convenio.

Y para que así conste y, en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento con firma electrónica en el lugar señalado en el encabezamiento.

Por el Servicio Canario de Empleo, Elena Máñez Rodríguez.- Por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas Rodríguez.- Por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco Díaz.- Por la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García García.- Por Comisiones Obreras Canarias, Inocencio González Tosco.- Por Unión General de los Trabajadores, Manuel Isidro Navarro Ramos.

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