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BOC-A-2022-004-74.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso que se tramita como procedimiento ordinario nº 281/2021 interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 28 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases específicas y se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y contra los Decreto 68/2021, de 1 de julio, Decreto 69/2021, de 1 de julio, y Decreto 70/2021, de 1 de julio, por los que se aprueba la modificación puntual de relación de puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y dado que el acto objeto de la impugnación podría afectar a una pluralidad de personas por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
RESUELVE:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 281/2021, seguido a instancia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 281/2021 en el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer y personarse como demandados ante el mencionado Tribunal en el plazo de nueve días, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2021.- La Directora General de la Función Pública, Montserrat García Santana.
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