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BOC Nº 44. Viernes 3 de Marzo de 2017 - 1032

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V. ANUNCIOS - Consejería de Obras Públicas y Transportes

1032 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de febrero de 2017, por el que se pone en conocimiento de los interesados la Orden de 23 de febrero de 2017, que declara la lesividad parcial para el interés público de la Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resolvía la convocatoria de compensación al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el ejercicio 2013, acordada mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

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BOC-A-2017-044-1032. Firma electrónica - Descargar

Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, nº 23/2017, de 23 de febrero de 2017, se resuelve declarar la lesividad parcial para el interés público de la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes por la que se resuelve la convocatoria para el 2013, de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, en lo que a las subvenciones concedidas se refiera, no así a las denegadas y desistidas, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que aprobaron las bases reguladoras de la citada convocatoria (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

Esta Secretaría General Técnica, al amparo de lo establecido en el apartado 1, del artículo 60, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación de conformidad con la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha dispuesto proceder a la publicación por afectar a una pluralidad de interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 60 en relación con el punto 2 del artículo 58 de la citada Ley 30/1992, se procede a transcribir el texto de la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes nº 23, de 23 de febrero de 2017:

"ORDEN DEL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES POR LA QUE SE DECLARA LA LESIVIDAD PARCIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 172, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTES POR LA QUE SE RESOLVÍA LA CONVOCATORIA DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS NO INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2013, ACORDADA MEDIANTE ORDEN DE 9 DE AGOSTO DE 2013, DEL ENTONCES CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL.

Examinado el expediente tramitado por la Secretaría General Técnica.

Vista la propuesta de la Secretaría General Técnica.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011 (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

2º) Mediante Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se aprobaron las bases reguladoras de la citada convocatoria (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

3º) Mediante informe de actuación de 5 de marzo de 2015 de la Intervención General de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se insta a la Dirección General de Transportes para que se inicie la verificación de los expedientes de la convocatoria del año 2013.

4º) El 28 de diciembre de 2015, se emite informe de auditoría por la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., sobre la señalada convocatoria en la que se pone de manifiesto la existencia de incidencias con impacto en el importe asignado consistente en:

1. En el porcentaje a aplicar en concepto de subvención recibida por el Ministerio de Fomento, puesto que en los cálculos de la Dirección General de Transportes aparece un porcentaje del 27% si bien la documentación remitida aparece un porcentaje de aplicación del 26,63%.

2. En la fórmula de elección del coste mínimo del que parte el importe a subvencionar. Así, la base de la convocatoria estipula que el máximo subvencionable debe ser el coste mínimo entre:

a) La suma de los costes elegibles; y

b) El importe del coste tipo (en base a la unidad de medida aplicable).

Al importe mínimo obtenido de a) y b) se le aplica el porcentaje del producto canario de envío y se deduce el porcentaje de subvención recibido por el Ministerio de Fomento.

Sin embargo, en el cálculo realizado por la Dirección General de Transportes, se compararon las siguientes magnitudes:

a) La suma de los costes elegibles aplicando porcentaje del producto canario de envío y deduciéndole el porcentaje de subvención recibido por el Ministerio de Fomento; y

b) El importe del coste tipo (en base a la unidad de medida aplicable).

En este cálculo no se compararon magnitudes homogéneas dado que en el cálculo del coste tipo no se tuvo en cuenta el origen de la mercancía ni lo subvencionado por el Ministerio de Fomento.

5º) Con fecha 15 de septiembre de 2016, se dicta Orden por parte de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de inicio del expediente de declaración de lesividad parcial de la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resolvía la convocatoria de compensación al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el ejercicio 2013, acordada mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por entender que resulta lesiva la parte de la misma relativa a las subvenciones concedidas.

6º) Notificada la Orden de fecha 15 de septiembre de 2016, publicada mediante Anuncio de 10 de octubre de 2016, en el Boletín Oficial de Canarias nº 204, de 20 de octubre de 2016, se formulan las siguientes alegaciones:

a) Por parte de Dña. Idaira Suárez González, actuando en nombre y representación de la entidad Aguas de Guayadeque, S.L. alega mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2016 que está fuera de lugar el expediente de lesividad, dado que se trata de una subvención del año 2012, que se convocó tres años después, abonando tarde y por importe menor al que se promete, pese al incremento de costes para el interesado, que debe pagar auditorías.

b) Por parte de Embotelladora de Canarias, S.A. se formulan alegaciones con fecha 4 de octubre de 2016, señalando que no están de acuerdo con la Orden de referencia, básicamente porque no tiene motivación del error que dice la Administración haber cometido.

c) Por parte de D. José Cuñado Sandoval, actuando en nombre y representación de Cobega, S.A., se alega que desconocen el detalle de los cálculos efectuados por la Administración, al tiempo que solicitan que se compense la diferencia con subvenciones futuras.

d) Por parte de D. José Luis León Eugenio, actuando en nombre y representación de Aguas Minerales de Firgas, S.A., formulan sus discrepancias tanto con la cantidad concedida mediante Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 29 de noviembre de 2013, como en la atribuida mediante Orden de 15 de septiembre de 2016 la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de inicio de expediente de lesividad.

e) Por parte de D. José Luis Luengo Barreto, actuando como apoderado de la compañía mercantil "Compañía Cervecera de Canaria, S.A.", se solicita se dé trámite de audiencia del informe de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L." del que se ha valido la Administración para dictar la Orden de fecha 15 de septiembre de 2016.

f) Por parte de Dña. María Jesús Domínguez Cárdenes y D. Jorge Sánchez Álamo, actuando en nombre y representación de Ahemon, S.A. alegan que en la Orden de referencia no se detallan ni los cálculos realizados para determinar el nuevo importe que corresponde a la misma, ni los trayectos implicados en dicho cálculo.

g) Por parte de D. Carlos Delgado Llarena, actuando en nombre y representación de Editorial Prensa Canaria, S.A., alega que las bases recogen la compatibilidad de las subvenciones concedidas por el Estado y por el Gobierno de Canarias, y que no procede utilizar para el cálculo de la subvención el coste tipo reducido en el porcentaje de ayuda.

f) Por parte de D. Cristóbal Rodríguez Hernández, en nombre y representación de SCA Hygiene Canarias, S.L.U., autoriza a D. Yeray García Herrera a personarse en dependencias administrativas y a consultar el expediente, y solicita la ampliación del plazo para ello.

h) Por parte de D. Santiago Alfonso Guerra Medina, en representación de Bakery Canarias Arinaga, S.L.U., alega que no ha habido una infracción del ordenamiento jurídico, si no una mala praxis administrativa, y no se aclara en la Orden cual de los dos porcentajes es el correcto, ni se justifica la nueva cantidad asignada.

i) Por parte de Dña. María Beatriz Carrasco Martín y D. Nicolás Heriberto Martín Fernández, en representación de la entidad mercantil Pedro y Nicolás Martín Cabrera e Hijos, S.L., alegan que no procede la devolución de cantidad alguna, puesto que la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2013 ya les concedió una subvención menor a la que les correspondía.

7º) Conferido trámite de audiencia del informe de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de fecha 28 de diciembre de 2015, con expresa mención de que el expediente se encuentra en dependencias administrativas de la Secretaría General Técnica en Santa Cruz de Tenerife para cualquier consulta, así como en la sede de la Dirección General de Transportes en Las Palmas de Gran Canaria, se formulan las siguientes alegaciones:

a) Por parte de D. Carlos Delgado Llarena, actuando en representación de Editorial Prensa Canaria, S.A., alega básicamente que no son de aplicación las modificaciones de cambio en las bases, que la base a tener en cuenta debería ser el menor entre el coste compensable y el coste tipo, y que las subvenciones estatales y autonómicas son compatibles.

b) Por parte de D. Ricardo del Caño Alonso, actuando en nombre y representación de Cofares Canarias, S.A., se alega básicamente que se está pendiente de la resolución del recurso de reposición planteado; pero que, respecto a lo que se señala en informe trasladado, puntualiza que la mercancía es "productos farmacéuticos", que pese a no ser ni originarios ni transformados en las Islas Canarias, son subvencionables según la cláusula primera apartado B) del anexo de las Bases, y que en la documentación solicitada no se indica el mismo TARIC que el que aparece en la relación clasificada de gastos, pero ya fue solventado en vía de recurso.

c) Por parte de D. Eduardo Bezares Carretero, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Compañía Cervecera de Canarias, alega que no se ha remitido el CD adjunto al informe de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., el cual se remite el 2 de diciembre de 2016, sin que se formularan más alegaciones en consecuencia.

d) Por parte de D. José Luis León Eugenio, actuando en nombre y representación de Aguas Minerales de Firgas, S.A., se alega que en las bases no se recoge que haya que deducir el importe concedido por el Ministerio, por lo que se han efectuado mal los cálculos, estimando que la diferencia a su favor es de 32.035,11 euros.

e) Por parte de D. José Damián García Cabrera, actuando en nombre y representación de Distag Canarias, S.L. se presenta informe de auditor que concluye señalando que el coste total auditado según la documentación revisada asciende a 95.873,98 euros.

f) Por parte de Cartonaje Unión, S.L., se muestra su conformidad con los cálculos evacuados.

g) Por parte de Dña. Rebeca Sánchez Medina, actuando en nombre y representación de José Sánchez Peñate, S.A., alega que ya se contestó con fecha 15 de marzo de 2016 al requerimiento sobre los procedimientos llevados a cabo.

h) Por parte de D. José Cuñado Sandoval, actuando en nombre y representación de Cobega, S.A., formula escrito reafirmándose en lo alegado anteriormente y solicitando que la cantidad a devolver sea detraída de futuras subvenciones.

i) Por parte de D. Juan Carlos Morales Martín, actuando en nombre y representación de Recuperadora Canaria de Chatarra y Metales, S.L., se solicita una ampliación del plazo en cinco días para formular alegaciones, el cual es concedido.

j) Por parte de Embotelladora de Canarias, S.A. se alega que el informe de auditoría que se traslada está incompleto y que el contenido del cd proporcionado no aporta nada nuevo, por lo que dan por reproducidas las alegaciones presentadas con fecha 4 de octubre de 2016, solicitando el archivo del expediente de lesividad.

k) Por parte de Dña. Idaira Suárez González, actuando en nombre y representación de Aguas de Guayadeque, S.L. señala que en el informe trasladado hay un error pues el coste total es de 138.293,54 euros pues faltaba añadir el gasto en auditorías, y que se les ha pagado un 0,37% menos de lo que les correspondía.

l) Por parte de D. Enrique Sebastián Gutiérrez Suárez, actuando en representación de Cooperativa Farmacéutica Canaria-COFARCA alega que está pendiente de resolución un recurso administrativo sobre la subvención al transporte de mercancías del año 2013, y que solicita copia de todo el expediente, para lo que aporta un dispositivo USB, el cual es remitido, sin que se alegara nada nuevo.

ll) Por parte de D. Nicolás Heriberto Martín Fernández y D. Francisco Javier Martín Rodríguez, en nombre de Pedro y Nicolás Martín Cabrera e hijos, S.L., adjuntan escrito de fecha 11 de marzo de 2016, y se alega que la subvención ha sido concedida conforme a la legalidad y que están en contra del expediente de lesividad iniciado, al tiempo que señalan que han recibido mucho menos subvención de lo que les correspondía, el 26,63% por parte del Estado y el 31,79% por parte del Gobierno de Canarias, por lo que no procede devolución alguna.

m) Por parte de D. José Iván Padrón Febles, actuando en nombre y representación la Sociedad Transportes y Materiales de Construcción Lucho, S.L., que alega que en relación al escrito de fecha 26 de noviembre de 2016, por el que se daba trámite del informe de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., se da traslado del pago de la factura de la auditoría de 2011.

8º) Con fecha 6 de febrero de 2017 se emite informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, aportando unas observaciones que se han reflejado en esta Orden.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La competencia para la incoación y resolución de este procedimiento de revisión de actos anulables corresponde al Consejero de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Por otro lado, la instrucción y la formulación de la propuesta de resolución de los expedientes de revisión de oficio corresponde a la Secretaría General Técnica de conformidad con lo previsto en el artículo 18.7 del Decreto 45/2016, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Segunda.- El artículo 103. 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación en base a lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la misma Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Así, el artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recoge que "cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público", quedando abierta la posibilidad, una vez declarada la lesividad por la Administración de incoar el proceso administrativo en el plazo de dos meses, tal y como establece el artículo 46 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Igualmente, recoge el referido artículo 103.2 que la declaración de lesividad no podrá adoptarse si han transcurrido cuatro años de la adopción del acto que pretende revisarse. Por otro lado, el mismo precepto prevé, en relación con el 63, que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, debiendo declararlos lesivos para el interés público, para proceder luego a su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa. Este procedimiento tiene un plazo de tramitación de seis meses, a contar desde el momento en que se notifica la orden de inicio del mismo, tal y como se recoge en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en orden a lo dispuesto en el Dictamen 1420/1993, del Consejo de Estado, y ha de ser adoptado por la misma Administración autora del acto revisado.

En este caso, el acto que pretende anularse es la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, que tiene un contenido favorable para los interesados en el mismo y que ha sido adoptado con infracción al ordenamiento jurídico y en los cuatro años anteriores al inicio de este procedimiento.

Tercero.- En este supuesto concreto, se entiende que se ha incurrido en una infracción al ordenamiento jurídico, pues se ha producido un error en la interpretación de la norma que regula el modo de efectuar los cálculos determinantes para el otorgamiento de la subvención solicitada.

Así, la materia viene regulada en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, modificado por el Real Decreto 350/2011, de 11 de marzo, y la Orden de 9 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial por la que se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011 (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013). A este particular, la base primera de la referida Orden recoge que es objeto de la misma "compensar el coste del transporte, realizado durante el año 2011, según cuantía fijada en el coste-tipo establecido a que se refiere la base tercera correspondiente al transporte interinsular marítimo y aéreo de los productos no incluidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desde cada una de las islas del archipiélago con destino a las restantes que se indican a continuación:

a) Productos originarios o transformados en Canarias (...)".

La base segunda recoge los tráficos compensables y porcentaje máximo de la compensación, de acuerdo con lo previsto en la base tercera, y con un límite del 100%, compatibles con las otorgadas por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de referencia, y que puede llegar hasta un 70% de compensación de los costes regulados en el artículo 7 con las limitaciones de su apartado 4, por lo que a la Comunidad Autónoma de Canarias le correspondería el 30% restante, en caso de lograr una compensación plena. En este caso, según el informe de la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., de fecha 28 de diciembre de 2015, obrante en el expediente, el Ministerio concedió de forma prorrateada a los solicitantes con derecho, al no disponer de fondos para todas las solicitudes, tal y como se recoge en el artículo 8 del Real Decreto de aplicación, pues están sujetas a disponibilidad presupuestaria, un 26,63% de las compensaciones requeridas por cada empresa transportista, tal y como acredita el Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, para transporte de mercancías agrícolas, en escrito de fecha de registro de salida el 11 de diciembre de 2015. Sin embargo, a la hora de aplicar la fórmula necesaria para obtener la subvención a conceder por el Gobierno de Canarias, prevista en las bases, se entendió por parte de la Administración Autonómica que el Estado había concedido un 27%, por lo que se cometió un error de cálculo o aritmético que derivó en desfases en el cálculo de cada subvención concedida.

Por otro lado, como segundo error detectado, este de interpretación de las normas sobre el cálculo, según lo recogido en las bases segunda y tercera de la convocatoria, del que deviene la necesidad de declarar anulable el procedimiento, y en su consecuencia lesivo para el interés público, es el que se utilizó para determinar el coste subvencionable de la convocatoria. Así, el mismo es el mínimo entre el coste elegible, esto es el real acreditado por el transportista, y el coste tipo que se fija por el Ministerio de Fomento (en este caso para el año 2011 se estableció mediante Orden FOM/2223/2012, de 18 de octubre), tal y como se recoge en la base tercera de la convocatoria. A tal resultado habría que aplicar el porcentaje de producto canario transportado (originado o transformado en Canarias) que es objeto de transporte y la razón de las ayudas, para luego restarle al resultado la cantidad concedida por el Ministerio, de acuerdo con el porcentaje que corresponde aplicar, con el fin de no duplicar ayudas, lo que nos daría el importe a subvencionar, de acuerdo a lo que se extrae de las bases primera y segunda de la Orden de la convocatoria. Esta hubiera sido la operación correcta, sin embargo, se aplicó mal este cálculo, y lo que hizo el Gobierno de Canarias, con el resultado de las compensaciones concedidas mediante la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, que ahora se revisa, fue a partir del coste real declarado por cada interesado y aplicarle el porcentaje de producto canario transportado en cada caso, restando la ayuda otorgada el Estado, y el resultado lo compararon con el coste tipo y se quedaron con el menor de los dos, que fue la compensación concedida por la citada Resolución, de ahí la diferencia de cantidades que arroja el informe de la empresa auditoría y que obliga a revisar las cantidades otorgadas. Por supuesto, la resolución que se revisa concede unas subvenciones a cada interesado, cuyos porcentajes y resultados se incluyen en los anexos de las mismas, por lo que fueron conocidas en su momento por los solicitantes, a ellas hace referencia el informe de auditoría del que parte esta revisión, habiéndose, no obstante, puesto el expediente a disposición de todos los interesados para su consulta, con la expresa remisión de todos los documentos por ellos solicitados. Así, los reclamantes han podido tener conocimiento del momento en que se produce el error y de los cálculos realizados que dan origen a la lesividad que aquí se plantea, y que se refleja, para cada caso, en el anexo de esta Orden.

Por lo expuesto, las compensaciones otorgadas mediante la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, no son correctas y no obedecen a un error aritmético, sino a un error en la interpretación del modo de hacer el cálculo para obtener la cuantía a subvencionar, por lo que no resta si no declarar lesiva parcialmente tal Resolución para el interés público, en lo que a las subvenciones concedidas se refiere, no en lo que a las denegadas y desistidas, dado que en estas últimas los errores aritméticos no se produjeron.

A este particular, la facultad de declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados, parece necesario la determinación del interés público dañado en cada caso. En este caso se parte de una facultad administrativa consistente en conceder subvenciones a empresas y particulares en materia de transporte de mercancías, y el hecho de errar en los cálculos de la cantidad a conceder, bueno concretamente en la fórmula a aplicar para llegar a la cantidad a conceder, supone en sí mismo un perjuicio para el interés público, pues se está disponiendo de dinero público, que en la mayoría de los casos supone la concesión de una subvención de mayor entidad de la que debería haber sido otorgada, ello en sí mismo ya implica un evidente perjuicio para el interés público. En este sentido ha de traerse a colación una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de marzo de 1993 (RJ 1913), que recoge:

"La pretensión del Ayuntamiento de Deba, no es acorde a Derecho, toda vez que para que una pretensión vaya dirigida a dejar sin efecto un acto propio, resulta ineludible el que se fundamente, inicialmente, y se acredite después, en el curso del proceso, que el acto o actos cuya nulidad se predica y que han sido declarados previamente lesivos, no se acomoden al ordenamiento jurídico que los ampara, por cuya razón no se pueden dejar sin efecto en vía jurisdiccional, aun cuando fuesen perjudiciales para los intereses públicos, sin que los mismos contravengan la normativa que los sustentaron, y en base de la cual se adoptan, porque el éxito judicial del proceso de lesividad ha de quedar subordinado a la necesidad de que impliquen una lesión jurídica y otra económica, si bien la moderna doctrina ha matizado esta última exigencia, entendiendo suficiente el requisito de la lesión económica, como legitimadora de la lesividad, cuando se produzca la «lesión al interés público» más sin excluir el requisito de la lesión jurídica, pues en el carácter del proceso de lesividad no se acentúa la pretensión revocatoria de los actos acordados con fundamento en la normativa legal o reglamentaria aplicable, sino que la naturaleza del proceso especial de lesividad, es la de una pretensión de anulación ante el Juez, de tales actos, por lo que no habiendo en los que aquí se pretenden sean anulados, vulneración del ordenamiento jurídico -al menos la parte demandante no lo aduce y este Tribunal no lo aprecia-, la posible carga económica que la expropiación acordada, y en trámite de materialización total, pueda ocasionar al Ayuntamiento de Deba, no puede entenderse como causa suficiente para la anulación pretendida, sin la inexcusable concurrencia de un defecto, vicio o infracción legal o reglamentaria, que pueda amparar la nulidad postulada".

En su consecuencia, no resta en la presente instancia sino declarar anulable parcialmente la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, señalando que contra la misma no cabe interponer recurso contencioso-administrativo porque sus efectos son exclusivamente procesales, tal y como recoge el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de junio de 1984 (RJ 3650). Así, este acto no es más que un acto de trámite previo a un proceso jurisdiccional , una condición de legitimación que es presupuesto de procedibilidad, en base a lo que señala el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 10 de noviembre de 1999 (RJ 8425) y como tal resulta inimpugnable, según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en su virtud,

R E S U E L V O:

Declarar la lesividad parcial para el interés público de la Resolución nº 172, de 29 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, en lo que a las subvenciones concedidas se refiere, no así en las denegadas y desistidas, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se aprobaron las bases reguladoras de la citada convocatoria (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013)."

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 señalada, los anexos individuales de cada interesado podrán ser conocidos por los mismos en las dependencias del Servicio de Régimen Jurídico de esta Secretaría General Técnica, sito en la Avenida de Anaga, nº 35, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, planta 11, en Santa Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de Transportes de esta Consejería, en la Plaza de los Derechos Humanos, nº 22, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, planta 11, en Las Palmas de Gran Canaria hasta el trece (13) de marzo de 2017".

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosa Amalia Déniz Santana.

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