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BOC Nº 44. Viernes 3 de Marzo de 2017 - 1031

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V. ANUNCIOS - Consejería de Obras Públicas y Transportes

1031 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 24 de febrero de 2017, por el que se pone en conocimiento de los interesados la Orden de 23 de febrero de 2017, que declara la lesividad parcial para el interés público de la Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resolvía la convocatoria de compensación al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el ejercicio 2013, acordada mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

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BOC-A-2017-044-1031. Firma electrónica - Descargar

Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, nº 22/2017, de 23 de febrero de 2017, se resuelve declarar la lesividad parcial para el interés público de la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes por la que se resuelve la convocatoria para el 2013, de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, en lo que a las subvenciones concedidas se refiera, no así a las denegadas y desistidas, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que aprobaron las bases reguladoras de la citada convocatoria (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

Esta Secretaría General Técnica, al amparo de lo establecido en el apartado 1, del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación de conformidad con la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha dispuesto proceder a la publicación de la Orden por afectar a una pluralidad de interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 60 en relación con el punto 2 del artículo 58 de la citada Ley 30/1992, se procede a transcribir el texto de la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes nº 22, de 23 de febrero de 2017.

"ORDEN DEL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES POR LA QUE SE DECLARA LA LESIVIDAD PARCIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 169, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTES POR LA QUE SE RESOLVÍA LA CONVOCATORIA DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL EJERCICIO 2013, ACORDADA MEDIANTE ORDEN DE 9 DE AGOSTO DE 2013, DEL ENTONCES CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL.

Examinado el expediente tramitado por la Secretaría General Técnica.

Vista la propuesta de la Secretaría General Técnica, de fecha 21 de febrero de 2017.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011 (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

2º) Mediante Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes de este Departamento, se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013 del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por la que se aprobaron las bases reguladoras de la citada convocatoria (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013).

3º) Mediante informe de actuación de 5 de marzo de 2015 de la Intervención General, de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se insta a la Dirección General de Transportes para que se inicie la verificación de los expedientes de la convocatoria del año 2013.

4º) El 28 de diciembre de 2015, se emite informe de auditoría por la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre la señalada convocatoria en la que se pone de manifiesto la existencia de incidencias con impacto en el importe asignado consistente en:

1. En el porcentaje a aplicar en concepto de subvención recibida por el Ministerio de Fomento, puesto que en los cálculos de la Dirección General de Transportes aparece un porcentaje del 27% si bien la documentación remitida aparece un porcentaje de aplicación del 26,63%.

2. En la fórmula de elección del coste mínimo del que parte el importe a subvencionar. Así, la base de la convocatoria estipula que el máximo subvencionable debe ser el coste mínimo entre:

a) La suma de los costes elegibles; y

b) El importe del coste tipo (en base a la unidad de medida aplicable).

Al importe mínimo obtenido de a) y b) se le aplica el porcentaje del producto canario de envío y se deduce el porcentaje de subvención recibido por el Ministerio de Fomento.

Sin embargo, en el cálculo realizado por la Dirección General de Transportes, se compararon las siguientes magnitudes:

a) La suma de los costes elegibles aplicando porcentaje del producto canario de envío y deduciéndole el porcentaje de subvención recibido por el Ministerio de Fomento; y

b) El importe del coste tipo (en base a la unidad de medida aplicable).

En este cálculo no se compararon magnitudes homogéneas dado que en el cálculo del coste tipo no se tuvo en cuenta el origen de la mercancía ni lo subvencionado por el Ministerio de Fomento.

5º) Con fecha 15 de septiembre de 2016, se dicta Orden por parte de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de inicio del expediente de declaración de lesividad parcial de la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resolvía la convocatoria de compensación al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el ejercicio 2013, acordada mediante Orden de 9 de agosto de 2013, del entonces Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por entender que resulta lesiva la parte de la misma relativa a las subvenciones concedidas.

6º) Notificada la Orden de fecha 15 de septiembre de 2016, publicada mediante Anuncio de 10 de octubre de 2016, en el Boletín Oficial de Canarias nº 204, de 20 de octubre de 2016, y conferido a los interesados trámite de audiencia del informe de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (en adelante PWC) de fecha 28 de diciembre de 2015, con expresa mención de que el expediente se encuentra en dependencias administrativas de la Secretaría General Técnica en Santa Cruz de Tenerife para cualquier consulta, así como en la sede de la Dirección General de Transportes en Las Palmas de Gran Canaria, se formulan las siguientes alegaciones:

a) Por parte de Fran y Chemi, S.L. se alega, mediante escritos de fechas 5 de octubre y 28 de noviembre de 2016, que la empresa está pendiente de que se resuelva el recurso potestativo de reposición planteado, solicitando la contestación de su expediente.

b) Por parte de don José Ramón del Río Mora, actuando en nombre y representación de la empresa Grupo Ganaderos de Fuerteventura, S.L., muestra mediante un escrito de fecha 13 de octubre de 2016 su total desacuerdo con el cálculo del porcentaje aplicado y con la cantidad asignada, reiterado mediante otro de fecha 1 de diciembre siguiente.

c) Por parte de don Juan Cerdeña Martín, actuando en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Agrícola Gran Tarajal, se presenta escrito de fecha 9 de octubre de 2016, en el que se alega que en su caso el coste real supera al coste tipo, debiendo haberse utilizado este último con un aumento de la cantidad atribuida.

d) Por parte de Frutas y Verduras Gutiérrez, se presenta escrito de fecha 27 de octubre de 2016, señalando que no tiene alegación alguna el efecto.

e) Por parte de don Román Altuna Igartua, actuando en nombre y representación de Aguacana, S.A., alega mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 2016 que ya se habían subsanado las incidencias a las que se hace referencia en el informe de PWC.

f) Por parte de don Carlos León Lloret, actuando en nombre y representación de Panrico Donuts Canarias, S.A.U., señalan mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2016, que ya se habían subsanado las incidencias a las que se hace referencia en el informe de PWC.

g) Por parte de doña Rebeca Sánchez Medina, actuando en nombre y representación de José Sánchez Peñate, S.A., alega que ya se contestó con fecha 15 de marzo de 2016 al requerimiento sobre los procedimientos llevados a cabo.

h) Por parte de don Federico Toledo Guadalupe, actuando en nombre de la Industria Avícola Agraria de Lanzarote, S.L. se muestran su conformidad con el procedimiento.

i) Por parte de Granja Avícola Morales, S.L. se aporta documentación que solventa los reparos planteados en el informe de auditoría notificado y que le corresponde una subvención de 39.800,16 euros.

j) Por parte de Frutas y Verduras Gutiérrez, S.L. se alega la falta de obligación de los interesados de aportar documentación que se halle en poder de la Administración, pese a ello la aporta, señalando que el informe de PWC no debió recoger la falta de documento alguno, pues había sido todo subsanado en tiempo.

k) Por parte de Sociedad Cooperativa Agrícola Gran Tarajal se alega que en sus envíos el coste real supera el coste tipo, por lo que debió ser utilizado este último como base de la subvención, a la que aplicado el 60,29%, por lo que la sobre compensación sería de 11.040 euros y no de 15.480,41 euros.

7º) Con fecha 6 de febrero de 2017 se emite informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, formulando observaciones que se han reflejado en esta Orden.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La competencia para la incoación y resolución de este procedimiento de revisión de actos anulables corresponde al Consejero de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Por otro lado, la instrucción y la formulación de la propuesta de resolución de los expedientes de revisión de oficio corresponde a la Secretaría General Técnica de conformidad con lo previsto en el artículo 18.7 del Decreto 45/2016, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Segunda.- El artículo 103.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la misma Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Así, el artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recoge que "cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público", quedando abierta la posibilidad, una vez declarada la lesividad por la Administración de incoar el proceso administrativo en el plazo de dos meses, tal y como establece el artículo 46 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Igualmente, recoge el referido artículo 103.2 que la declaración de lesividad no podrá adoptarse si han transcurrido cuatro años de la adopción del acto que pretende revisarse. Por otro lado, el mismo precepto prevé, en relación con el 63, que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, debiendo declararlos lesivos para el interés público, para proceder luego a su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa. Este procedimiento tiene un plazo de tramitación de seis meses, a contar desde el momento en que se notifica la orden de inicio del mismo, tal y como se recoge en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en orden a lo dispuesto en el Dictamen 1420/1993, del Consejo de Estado, y ha de ser adoptado por la misma Administración autora del acto revisado.

En este caso, el acto que pretende anularse es la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011, que tiene un contenido favorable para los interesados en el mismo y que ha sido adoptado en los cuatro años anteriores al inicio de este procedimiento.

Tercero.- En este supuesto concreto, se entiende que se ha incurrido en una infracción al ordenamiento jurídico, pues se ha producido un error en la interpretación de la norma que regula el modo de efectuar los cálculos determinantes para el otorgamiento de la subvención solicitada.

Así, la materia viene regulada en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias y en la Orden de 9 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial por la que se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para el ejercicio 2013 de las compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea realizado en el año 2011 (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013). A este particular, la base primera de la referida Orden recoge que es objeto de la misma "compensar el coste del transporte, realizado durante el año 2011, según cuantía fijada en el coste-tipo establecido a que se refiere la base tercera correspondiente al transporte interinsular marítimo y aéreo de los productos incluidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desde cada una de las islas del archipiélago con destino a las restantes que se indican a continuación:

a) Productos originarios o transformados en Canarias (...)".

La base segunda recoge los tráficos compensables y porcentaje máximo de la compensación, de acuerdo con lo previsto en la base tercera, y con un límite del 100%, compatibles con las otorgadas por la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de referencia, y que puede llegar hasta un 70% de compensación de los costes regulados en el artículo 7 con las limitaciones de su apartado 4, por lo que a la Comunidad Autónoma de Canarias le correspondería el 30% restante, en caso de lograr una compensación plena. En este caso, según el informe de la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., de fecha 28 de diciembre de 2015, obrante en el expediente, el Ministerio concedió de forma prorrateada a los solicitantes con derecho, al no disponer de fondos para todas las solicitudes, tal y como se recoge en el artículo 8 del Real Decreto de aplicación, así como la base segunda, pues están sujetas a disponibilidad presupuestaria, un 26,89% de las compensaciones requeridas por cada empresa transportista, tal y como acredita el Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, para transporte de mercancías agrícolas, en escrito de fecha de registro de salida el 11 de diciembre de 2015. Sin embargo, a la hora de aplicar la fórmula necesaria para obtener la subvención a conceder por el Gobierno de Canarias, prevista en las bases, se entendió por parte de la Administración Autonómica que el Estado había concedido un 27%, por lo que se cometió un error de cálculo o aritmético que derivó en desfases en el cálculo de cada subvención concedida.

Por otro lado, como segundo error detectado, este de interpretación de las normas sobre el cálculo, según lo recogido en las bases segunda y tercera de la convocatoria, del que deviene la necesidad de declarar anulable el procedimiento, y en su consecuencia lesivo para el interés público, es el que se utilizó para determinar el coste subvencionable de la convocatoria. Así, el mismo es el mínimo entre el coste elegible, esto es el real acreditado por el transportista, y el coste tipo que se fija por el Ministerio de Fomento (en este caso para el año 2011 se estableció mediante Orden FOM/2222/2012, de 18 de octubre), tal y como se recoge en la base tercera de la convocatoria. A tal resultado habría que aplicar el porcentaje de producto canario transportado (originado o transformado en Canarias) que es objeto de transporte y la razón de las ayudas, para luego restarle al resultado la cantidad concedida por el Ministerio, de acuerdo con el porcentaje que corresponde aplicar, con el fin de no duplicar ayudas, lo que nos daría el importe a subvencionar, de acuerdo a lo que se extrae de las bases primera y segunda de la Orden de la convocatoria. Esta hubiera sido la operación correcta, sin embargo, se aplicó mal este cálculo, y lo que hizo el Gobierno de Canarias, con el resultado de las compensaciones concedidas mediante la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, que ahora se revisa, fue a partir del coste real declarado por cada interesado y aplicarle el porcentaje de producto canario transportado en cada caso, restando la ayuda otorgada por el Estado, y el resultado lo compararon con el coste tipo y se quedaron con el menor de los dos, que fue la compensación concedida por la citada Resolución, de ahí la diferencia de cantidades que arroja el informe de la empresa auditoría y que obliga a revisar las cantidades otorgadas. Por supuesto, la resolución que se revisa concede unas subvenciones a cada interesado, cuyos porcentajes y resultados se incluyen en los anexos de las mismas, por lo que fueron conocidas en su momento por los solicitantes, a ellas hace referencia el informe de auditoría del que parte esta revisión, habiéndose, no obstante, puesto el expediente a disposición de todos los interesados para su consulta, con la expresa remisión de todos los documentos por ellos solicitados. Así, los reclamantes han podido tener conocimiento del momento en que se produce el error y de los cálculos realizados y del momento en que se produce el error que dan origen a la lesividad que aquí se plantea, y que se reflejan, para cada caso, en el anexo de esta Orden.

Por lo expuesto, las compensaciones otorgadas mediante la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, no son correctas y no obedecen a un error aritmético, sino a un error en la interpretación del modo de hacer el cálculo para obtener la cuantía a subvencionar, por lo que no resta si no declarar lesiva parcialmente tal Resolución para el interés público, en lo que a las subvenciones concedidas se refiere, no en lo que a las denegadas y desistidas, dado que en estas últimas los errores aritméticos no se produjeron.

A este particular, la facultad de declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados, parece necesario la determinación del interés público dañado en cada caso. En este caso se parte de una facultad administrativa consistente en conceder subvenciones a empresas y particulares en materia de transporte de mercancías, y el hecho de errar en los cálculos de la cantidad a conceder, bueno concretamente en la fórmula a aplicar para llegar a la cantidad a conceder, supone en sí mismo un perjuicio para el interés público, pues se está disponiendo de dinero público, que en la mayoría de los casos supone la concesión de una subvención de mayor entidad de la que debería haber sido otorgada, ello en sí mismo ya implica un daño al interés público. En este sentido ha de traerse a colación una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de marzo de 1993 (RJ 1913), que recoge:

"La pretensión del Ayuntamiento de Deba, no es acorde a Derecho, toda vez que para que una pretensión vaya dirigida a dejar sin efecto un acto propio, resulta ineludible el que se fundamente, inicialmente, y se acredite después, en el curso del proceso, que el acto o actos cuya nulidad se predica y que han sido declarados previamente lesivos, no se acomoden al ordenamiento jurídico que los ampara, por cuya razón no se pueden dejar sin efecto en vía jurisdiccional, aun cuando fuesen perjudiciales para los intereses públicos, sin que los mismos contravengan la normativa que los sustentaron, y en base de la cual se adoptan, porque el éxito judicial del proceso de lesividad ha de quedar subordinado a la necesidad de que impliquen una lesión jurídica y otra económica, si bien la moderna doctrina ha matizado esta última exigencia, entendiendo suficiente el requisito de la lesión económica, como legitimadora de la lesividad, cuando se produzca la «lesión al interés público» más sin excluir el requisito de la lesión jurídica, pues en el carácter del proceso de lesividad no se acentúa la pretensión revocatoria de los actos acordados con fundamento en la normativa legal o reglamentaria aplicable, sino que la naturaleza del proceso especial de lesividad, es la de una pretensión de anulación ante el Juez, de tales actos, por lo que no habiendo en los que aquí se pretenden sean anulados, vulneración del ordenamiento jurídico -al menos la parte demandante no lo aduce y este Tribunal no lo aprecia-, la posible carga económica que la expropiación acordada, y en trámite de materialización total, pueda ocasionar al Ayuntamiento de Deba, no puede entenderse como causa suficiente para la anulación pretendida, sin la inexcusable concurrencia de un defecto, vicio o infracción legal o reglamentaria, que pueda amparar la nulidad postulada."

En su consecuencia, no resta en la presente instancia sino declarar anulable parcialmente la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, señalando que contra la misma no cabe interponer recurso contencioso-administrativo porque sus efectos son exclusivamente procesales, tal y como recoge el Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de junio de 1984 (RJ 3650). Así, este acto no es más que un acto de trámite previo a un proceso jurisdiccional, una condición de legitimación que es presupuesto de procedibilidad, en base a lo que señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 10 de noviembre de 1999 (RJ 8425) y como tal resulta inimpugnable, según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar lesiva parcial para el interés público la Resolución nº 169, de 28 de noviembre de 2013, de la Directora General de Transportes, por la que se resuelve la convocatoria de compensación al transporte interinsular de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para el ejercicio 2013, en lo que a las subvenciones concedidas se refiere, no así en las desistidas y a las denegadas, de acuerdo con la Orden de 9 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (BOC nº 162, de 23 de agosto de 2013)".

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 señalada, los anexos individuales de cada interesado podrán ser conocidos por los mismos en las dependencias del Servicio de Régimen Jurídico de esta Secretaría General Técnica, sito en la Avenida de Anaga, nº 35, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, planta 11, en Santa Cruz de Tenerife, y en la Dirección General de Transportes de esta Consejería, en la Plaza de los Derechos Humanos, nº 22, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, planta 11, en Las Palmas de Gran Canaria hasta el trece (13) de marzo de 2017".

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosa Amalia Déniz Santana.

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