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BOC Nº 95. Miércoles 20 de Mayo de 2015 - 2342

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno

2342 Secretaría General.- Resolución de 6 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el impulso de la mediación familiar.

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BOC-A-2015-095-2342. Firma electrónica - Descargar

El artículo 11 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscribe a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiéndole su organización, dirección y gestión.

El artículo 13 de la misma norma establece que, cumplidos todos los trámites establecidos y suscrito un convenio, los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus respectivas secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deben remitirlo a la Secretaría General de la Presidencia para su inscripción registral en formato imagen, según dispone el artº. 14.1.g).

Una vez inscrito el convenio, según el artículo 18 del Decreto 74/2014, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en plazo no superior a quince días, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico.

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el impulso de la mediación familiar, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2015.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL IMPULSO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2015.

REUNIDOS

De una parte, don Pedro Joaquín Herrera Puentes, en calidad de Viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 213/2011, de 12 de julio, del Presidente de la Comunicad Autónoma de Canarias, facultado para este acto en virtud de la Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias nº 10, de fecha 20 de enero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Y, de otra parte, doña Rosa Faustina Viera Fernández, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2014, y asistida por don Felipe Mba Ebebele, Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente documento y en ese sentido

EXPONEN

Primero.- La Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar, modificada por la Ley 3/2005, de 23 de junio, en su artículo 2, dispone que la mediación familiar es un procedimiento extrajudicial y voluntario en el cual un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador familiar, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a los familiares en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, poner fin a los ya iniciados o reducir el alcance de los mismos.

La mediación está especialmente indicada en aquellos casos en los que las partes que mantienen el conflicto han de seguir relacionándose en el futuro, por cuanto tienen intereses comunes, como son, por tanto, los asuntos familiares. Así, la citada ley dispone, en su artículo 3, que podrá ser objeto de mediación familiar cualquier conflicto familiar siempre que verse sobre materias respecto de las cuales el ordenamiento jurídico vigente reconozca a los interesados la libre disponibilidad o, en su caso, la posibilidad de ser homologado judicialmente: entendiendo por conflicto familiar aquel que surja entre cónyuges, parejas de hecho (estables o no), entre padres e hijos, abuelos con nietos, entre hijos o los que surjan entre los adoptados o acogidos y sus familias biológicas, adoptivas o de acogida; preferentemente los relativos al ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pensiones, uso del domicilio familiar, disolución de bienes gananciales o en copropiedad, cargas y ajuar familiar, así como, en general, aquellos otros que se deriven o sean consecuencia de las relaciones paternofiliales y familiares.

Segundo.- La competencia en materia de mediación familiar corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar, y al artículo 1.15 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Tercero.- La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 13, entre las competencias de los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales, el fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio. Asimismo, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de la Atención Integral a los Menores, que tiene por objeto, entre otros, establecer la distribución de funciones y competencias de atención a los menores de las administraciones públicas canarias, dispone en su artículo 12.2, como propias de los ayuntamientos, el establecimiento y gestión de servicios de atención, información y asesoramiento a los menores y a las familias.

Cuarto.- La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, establece, en su disposición adicional segunda, que las administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.

Quinto.- La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conscientes de los innumerables beneficios de orden social que promueve y genera la mediación familiar, entienden que la colaboración entre ambas administraciones es un importante punto de partida para impulsar la cultura del diálogo y el acuerdo.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.

El objeto del presente convenio es la participación conjunta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el impulso de la Mediación Familiar.

Segunda.- Actuaciones de las partes.

1.- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se compromete a las siguientes actuaciones:

1. Crear un Punto de Mediación Municipal adscrito a la Concejalía Delegada de Asuntos Sociales, que asumirá la función de divulgar la mediación, atender y orientar a los ciudadanos, realizar sesiones informativas personalizadas, auxiliar en la solicitud de mediación, contactar con las partes interesadas y remitir el expediente a la Sección de Mediación y Asuntos Generales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

2. Comunicar anualmente los datos sobre la actividad desarrollada por el Punto de Mediación Municipal con el detalle estadístico que convenga a las partes.

3. Participar en las actividades formativas y acciones establecidas para el intercambio de información en materia de mediación.

2.- La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de los órganos superiores competentes en materia de Justicia, se compromete a las siguientes actuaciones:

1. Realizar actividades formativas en materias de mediación familiar destinadas a los profesionales de los equipos de la Unidad Técnica de Familia e Infancia.

2. Establecer un mecanismo de información constante entre profesionales de las dos administraciones para el intercambio de experiencias, metodología y prácticas en materia de mediación.

3. Proporcionar la documentación divulgativa de la mediación, formularios y modelos estandarizados, estadísticas, memorias de actividad y seguimiento de las acciones y procedimientos de mediación.

4. Informar al Punto Municipal de Mediación del resultado de los expedientes en los que haya intervenido.

5. Cualquier otra acción que permita mejorar la colaboración entre instituciones y, por tanto, redunde en la mejora del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Tercera.- Procedimiento y comunicaciones entre las partes.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad designa a la Sección de Mediación y Asuntos Generales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, sita en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio Múltiples II, de Las Palmas de Gran Canaria, como responsable técnico para el desarrollo del presente convenio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dispondrá del personal técnico competente para la gestión y desarrollo del Punto de Mediación Municipal, adscrito a la Unidad Técnica de Familia e Infancia, dependiente de la Concejalía Delegada de Asuntos Sociales.

Las partes elaborarán un protocolo de actuación de carácter obligatorio de procedimiento y comunicación de las partes.

Cuarta.- Régimen económico.

La firma del presente convenio no supone coste económico para las partes que lo suscriben, pues se utilizan recursos propios ya existentes en ambas administraciones.

Quinta.- Duración.

El presente convenio tiene una duración anual, prorrogable tácitamente por acuerdo de las partes, si bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo a lo largo de la vigencia del mismo, poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con dos meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto. No obstante, las partes se comprometen a promover, en cualquier momento, las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Los expedientes que estén en trámite en el momento de la extinción del convenio serán remitidos a la Sección de Mediación y Asuntos Generales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.

Sexta.- Causas de extinción.

Son causas de resolución del presente convenio:

- El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas en el presente convenio.

- El mutuo acuerdo de las partes o por la voluntad de una de ellas, notificándola a la otra con una antelación mínima de dos meses.

Séptima.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión de Seguimiento del convenio con la función de velar por la coordinación entre las dos administraciones en las actuaciones en materia de mediación, y la valoración y estudio con carácter permanente de aquellos asuntos relacionados con el objeto del convenio y las posibles controversias que pudieran surgir.

La Comisión de Seguimiento estará formada por dos representantes de cada una de las administraciones firmantes y se reunirá semestralmente, sin perjuicio de las reuniones técnicas y demás mecanismos de comunicación que se establezcan para la gestión ordinaria del convenio.

Por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, sus representantes serán designados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sus representantes serán designados por la Jefatura de la Unidad Técnica de Familia e Infancia.

Octava.- Naturaleza del presente convenio.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con el artº. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Novena.- Resolución de conflictos.

Las partes se comprometen a resolver las posibles controversias que pudieran originarse en relación con la interpretación del presente convenio, de forma amistosa, a través de la Comisión de Seguimiento.

Agotada dicha vía y para el supuesto de que dichas controversias no hayan podido ser solucionadas de forma amistosa, ambas partes se someten al conocimiento y competencia de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- El Viceconcejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera Puentes.- La Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Rosa F. Viera Fernández.- El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Felipe Mba Ebebele.

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