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BOC-A-2012-190-4765.
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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez, la Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias de 14 de agosto de 2012 (libro nº 1, folio 1400-1408, número 430), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 120/12, interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 185, de fecha 22 de febrero de 2012.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (La Palma), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de septiembre de 2012.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
A N E X O
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DE GOBIERNO POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 120/12 INTERPUESTO POR D. MARCOS ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN SU PROPIO NOMBRE.
Visto el recurso de alzada nº 120/12 interpuesto por D. Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez, en su propio nombre, con N.I.F. 42163687H, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Palsui", sito en Huerta Mansito, nº 55, Cabrejas, término municipal de Tazacorte, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 185, de fecha 22 de febrero de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 103/11 y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de tres infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"Primero.- Explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui", sin disponer del libro de inspección de turismo.
Segundo.- Explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui" sin disponer del cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes".
Tercero.- Explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui" sin disponer del cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes".
Segundo.- La Resolución nº 185, de fecha 22 de febrero de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 130/11, de conformidad con lo consignado en la consideración jurídica quinta, "acuerda sobreseer el tercer hecho infractor consistente en explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui" careciendo del cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones", dado que la carencia de las mismas le impide la exhibición del citado cartel.
En consecuencia, la citada Resolución nº 185, de 22 de febrero de 2012, vendrá a sancionar al titular expedientado con multas en cuantías de seis mil novecientos (6.900) euros, por el primer hecho infractor y, seis mil novecientos (6.900) euros, por el segundo hecho infractor.
Tercero.- Contra la Resolución sancionadora recaída en el expediente nº 103/11 se promueve recurso de alzada solicitando "el archivo del expediente al no ser el titular de la explotación y, en su caso, que la sanción se aplique en su grado mínimo".
Del cuerpo del escrito presentado resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:
1º) Falta de legitimación pasiva del exponente. La titularidad en la explotación de los apartamentos denominados "Palsiu" es llevada a cabo por la entidad mercantil, titular y propietario del mismo, Palsiu, S.L., como hemos acreditado en la nota simple informativa expedida por el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma.
2º) El Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, por el que se establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, es un paso más pero insuficiente para que pueda llevarse a cabo la legalización de los alojamientos turísticos en suelo rústico de La Palma, La Gomera y El Hierro, toda vez que su legalización precisa o depende de la aprobación definitiva de los planes generales de cada municipio. La inexistencia del Plan General de Ordenación de la Villa y Puerto de Tazacorte, como en el resto de los municipios de La Palma, no puede paralizar el principal motor de la economía, ni mucho menos sancionarse, cuando la situación planteada afecta a miles de establecimientos turísticos que se encuentran a la espera de que sus municipios aprueben su Plan General de Ordenación y, por ende, dicha inactividad administrativa provoca la situación planteada.
3º) Importe desproporcionado de las sanciones de multas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es competente para la resolución del presente recurso de alzada de conformidad con lo establecido en el Decreto 227/2010, de 18 de noviembre, del Presidente, por el que se delegan determinadas competencias en materia de turismo (BOC nº 231, de 23 de noviembre de 2010).
Segundo.- El recurso de alzada reúne los requisitos formales para su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (BOC nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Lo aducido por el titular expedientado no vendrá a modificar los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 103/11.
Obra en el expediente comunicación interna del Servicio de Infraestructura Turística al Servicio de Inspección y Sanciones, de fecha 29 de abril de 2009, remitiendo informe emitido por Técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural sobre la construcción de cinco apartamentos en Huerto Mansito, nº 55, Camino Cabreras, en Tazacorte, del que se desprende el ejercicio clandestino de actividad turística, a los efectos de su inspección.
Personado inspector de turismo actuante en el complejo "Apartamentos Palsui", sito en Huerta Mansito, nº 55, Cabrejas, término municipal de Tazacorte, el día 1 de marzo de 2011, en presencia del titular de la explotación turística del citado inmueble, D. Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez, se extiende el acta de inspección nº 18146. Acta en la que se consiga por el indicado inspector de turismo actuante lo siguiente: "El complejo se compone de cinco unidades alojativas, todas ellas apartamentos de un dormitorio. En el momento de la inspección se encuentran ocupados cuatro de ellos. Se nos manifiesta que dos están alquilados a turistas y los otros dos por un año. Solicitada la documentación de la Administración Turística, no la presentan".
Con motivo de la citada acta de inspección se incoa expediente sancionador a D. Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez por los hechos infractores "explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui", sin disponer del libro de inspección de turismo" y "explotar turísticamente apartamentos en el complejo denominado "Palsui" sin disponer del cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes", consignándose como normativa sustantiva infringida, respecto del primer hecho infractor, el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, "A efectos de permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un libro de inspección de las características que reglamentariamente se determinen, que tendrán a disposición de los inspectores en todo momento", en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, "Las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, actividad o establecimiento turístico, dispondrán obligatoriamente de un libro de inspección que tendrán a disposición de los inspectores de turismo en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad". En cuanto al segundo hecho infractor se refiere, se consignará como norma sustantiva infringida el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, "Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes", en relación con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, en cuyo apartado 1 se dispone lo siguiente: "Las hojas de reclamaciones son entregadas a las empresas turísticas en el momento en que se autoricen los establecimientos o el ejercicio de la actividad, vendrán referidas exclusivamente a los mismos y serán transferibles". Por los hechos infractores imputados, las infracciones que figuran en el expediente son las calificadas como graves, respectivamente, en los artículos 76.9 y 76.4 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, "Carecer o no facilitar el libro de inspección cuando una norma prevea el deber de disponer del mismo" y "Carecer de las hojas de reclamación obligatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitarlas en tiempo y forma".
Los elementos probatorios que figuran en el mentado expediente sancionador a fin de acreditar la existencia de estas infracciones imputadas al titular expedientado y que son el soporte de hecho que sustenta su responsabilidad administrativa por la comisión de las referidas infracciones a la disciplina turística lo constituye, directamente, la referida acta de inspección que vendrá a recoger la conclusión a la que llega el inspector de turismo en la fecha en que se gira la visita al establecimiento turístico, basándose no en meras conjeturas sino en hechos apreciados directamente por este. Contiene, por tanto, sin ningún tipo de valoración subjetiva del inspector actuante, el resultado de la investigación realizada por dicha Inspección Turística fundada en una comprobación objetiva de los hechos que responden a una realidad constatada por el funcionario que desarrolla la labor inspectora. Acta de Inspección que tiene un valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que poner, también, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que determina el valor probatorio de las Actas de Inspección que extienden los Inspectores de Turismo en cumplimiento de sus funciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fecha 4 y 25 de febrero de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum", y en consecuencia, admite prueba en contrario.
Los hechos constatados por el inspector actuante constituyen, por tanto, prueba de cargo suficiente para acreditar los hechos constitutivos de la infracción. La mera negación de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración, y, consecuentemente, su prueba de descargo ha de ser "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente", tal y como ha señalado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio de 2006.
En el expediente sancionador tramitado hay elementos probatorios suficientes que constituyen apoyo fáctico para fundamentar un juicio razonable y fehaciente de culpabilidad imputable al titular expedientado por la comisión de estos ilícitos administrativos que suponen una conculcación de la disciplina turística, habiendo, por tanto, desplegado la Administración actuante la necesaria actividad probatoria de cargo, imprescindible pero suficiente, para destruir la presunción de inocencia del expedientado.
De lo expuesto resulta acreditada la explotación turística del complejo de apartamentos "Palsiu", sin autorización administrativa, régimen establecido en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, para la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento, motivo por el cual el explotador carece de hojas de reclamaciones y libro de inspección, documentación que se entrega por las Administraciones turísticas competentes una vez autorizada la explotación del establecimiento.
Aduce en su defensa la parte recurrente "falta de legitimación pasiva del exponente. La titularidad en la explotación de los apartamentos denominados "Palsiu" es llevada a cabo por la entidad mercantil, titular y propietario del mismo, Palsiu, S.L., como hemos acreditado en la nota simple informativa expedida por el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma". Alegación que no puede prosperar toda vez que si bien la referida nota simple informativa, aportada por el expedientado durante la sustanciación del expediente sancionador, en fase de alegaciones, pone de manifiesto que la finca rústica "trozo de terreno situado en el término municipal de Tazacorte, pago de Cabrejas, conocido por Huerto Mansito", es titularidad de Palsiu, S.L., el inspector de turismo actuante probó, de forma fehaciente, haciéndolo constar en el acta de inspección nº 18146, levantada el día 1 de marzo de 2011, y sin que la parte recurrente lo haya desvirtuado mediante prueba en contrario, que la titularidad de la explotación turística corresponde al expedientado, ahora recurrente. Quiere con ello decir que nada impide que el título de propiedad del inmueble recaiga en persona física o jurídica distinta de quien explota, de forma turística, la propiedad, siendo el explotador, entendido como tal, la persona física o jurídica titular de la autorización correspondiente o que ejerza la actividad turística y, en consecuencia, responsable de las infracciones turísticas cuando se realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.
Se alega por otra parte que "el Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, por el que se establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, es un paso más pero insuficiente para que pueda llevarse a cabo la legalización de los alojamientos turísticos en suelo rústico de La Palma, La Gomera y El Hierro, toda vez que su legalización precisa o depende de la aprobación definitiva de los planes generales de cada municipio. La inexistencia del Plan General de Ordenación de la Villa y Puerto de Tazacorte, como en el resto de los municipios de La Palma, no puede paralizar el principal motor de la economía, ni mucho menos sancionarse, cuando la situación planteada afecta a miles de establecimientos turísticos que se encuentran a la espera de que sus municipios aprueben su Plan General de Ordenación y, por ende, dicha inactividad administrativa provoca la situación planteada". Esta argumentación no hace sino poner de manifiesto la situación de clandestinidad e ilegalidad en la explotación del complejo de apartamentos llevada a cabo por el titular expedientado, que se está realizando sin regularizarse la situación de establecimientos turísticos alojativos en el medio rural, de ahí la responsabilidad por ejercer una actividad que al no estar autorizada se carece de la preceptiva documentación turística.
Los usuarios turísticos, entendidos como tales, según prevé el artículo 15.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, "las persona que usa los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y disfruta" por su condición de usuarios turísticos y, con independencia de los derechos que le asisten en cuanto consumidor conforme a la normativa general, a tenor de lo previsto en el artículo 152.d) del citado texto legal, entre otros derechos se les reconoce el de "formular quejas y reclamaciones". Mecanismo de la formulación de quejas y reclamaciones que la normativa turística pone a disposición de los usuarios turísticos que deseen manifestar su disconformidad con los servicios y bienes ofrecidos por las empresas del sector turístico y, todo ello, según se indica en el preámbulo del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones porque "es preciso proteger al usuario turístico ante las deficiencias en las prestación de las actividades o servicios turísticos o en el disfrute y utilización de establecimientos o bienes de esta naturaleza, proporcionando los cauces e instrumentos precisos para hacer llegar al conocimiento de la Administración las anomalías indicadas a los efectos de promover las medidas oportunas para su corrección y, en su caso, represión y sanción". En este sentido, el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias establece la obligación de que las empresas turística tengan en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.
En cuanto al hecho infractor de carecer de libro de inspección, existe ilícito administrativo en cuanto la titular expedientada debe obligatoriamente disponer del mismo. Libro que tiene que estar a disposición de los inspectores de turismo, en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad turística según prevé el artículo 84 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias que dispone que "A efectos de permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un Libro de Inspección de las características que reglamentariamente se determinen, que tendrán a disposición de los Inspectores en todo momento", en conexión con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que establece que "Las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, actividad o establecimiento turístico, dispondrán obligatoriamente de un Libro de Inspección que tendrán a disposición de los Inspectores de Turismo en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad turística".
En la actuación del titular hay un elemento de culpabilidad. En el expediente tramitado el elemento de culpabilidad en la conducta de dicho titular se aprecia con claridad dada al no disponer de libro de inspección que poner a disposición de los inspectores de turismo con los datos de la entidad y del establecimiento turístico que explota, ni tampoco de hojas de reclamaciones que facilitar a los usuarios a los efectos de poder formalizar sus quejas y reclamaciones y de ellas poder dar conocimiento a la Administración. Tal como ha señalado el Tribunal Supremo en materia de derecho administrativo sancionador y en su sentencia de fecha 10 de febrero de 1986, "el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera de las manifestaciones, debe acomodarse a los principios y preceptos constitucionales que presiden el ordenamiento jurídico penal en su conjunto y, sea cual sea, el ámbito en que se mueva la potestad punitiva del Estado, la Jurisdicción, o el campo en que se produzca, viene sujeta a unos mismos principios cuyo respeto legitima la imposición de las penas y sanciones, por lo que, las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción o pena, deben ser típicas, es decir, previstas como tales por una norma jurídica anterior, antijurídicas, esto es lesivas de un bien jurídico protegido por el Ordenamiento, y culpable, atribuible a un autor a título de dolo o culpa, para asegurar en su valoración el equilibrio entre el interés público y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del Estado de Derecho".
Por su parte, la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo (del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en STS de 17 de octubre de 1989, unificando contradictorias posiciones mantenidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional emanada de su STC 18/1981, de 8 de junio, en el sentido de que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al Derecho Administrativo sancionador, señala que "uno de los principales componentes de la infracción administrativa es el elemento de culpabilidad junto a los de tipicidad y antijuridicidad, que supone que la acción u omisión enjuiciadas han de ser en todo caso imputables a su autor, por dolo, imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable". Con posterioridad, se ha señalado que "con respecto a la culpabilidad, no hay duda que en el ámbito de lo punible, ya administrativo, ya jurídico-penal, el principio de la culpabilidad opera como un elemento esencial del reproche sancionatorio" (STSTS de 20 de febrero de 1967, 11 de junio de 1976) concretándose en el aforismo latino "nulla poena sine culpa" (STS de 14 de septiembre de 1990).
En ningún momento, ni durante la sustanciación del expediente, ni ahora en vía de recurso, se ha aportado prueba fehaciente que acredite, y desvirtúe, los hechos imputados, limitándose el expedientado a negarlos lo cual no es suficiente para contradecir lo que ha sido probado mediante acta de inspección.
De todo cuanto se ha expuesto, el titular expedientado es responsable administrativo de los dos hechos infractores imputados, en base lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, al establecer que la Ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realice; con el artículo 73 del citado texto legal, según el cual, "son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley", en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, "Son responsables de las infracciones turísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de la autorización correspondiente o quienes ejerzan la actividad turística, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1995, de 6 de abril".
A la hora de fijar las cuantías de las sanciones de multa, ninguna vulneración del principio de proporcionalidad se ha cometido. Este es un principio de indudable arraigo penal en el seno del procedimiento sancionador que debe presidir el derecho administrativo sancionador. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce al ámbito de sus potestades sancionadoras.
Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.
De los criterios que se regulan en el indicado artículo 79.2 "in fine", de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuantía de las sanciones de multa, la Resolución sancionadora, al fijar dichas cuantías, vendrá a citar los relativos a "posición del infractor en el mercado, al estar ubicado dicho apartamento en una zona rural del municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma, la repercusión para el resto del sector al estar desarrollando una actividad que supone una violación de las normas relativas a la competencia desleal, además de tenerse en cuenta las características de la actividad de que se trata, la cual requiere, aunque sea una actividad empresarial libre, el cumplir con las limitaciones establecidas en la Ley". En consecuencia, lo que ha hecho la Administración ha sido explicar y razonar, de forma motivada, la imposición de la sanción de multa en una determinada cuantía dentro del amplio recorrido penológico que establece la ley, estableciendo los criterios a tener en cuenta a efectos de individualizar la sanción, lo que constituye una traslación particularizada al caso de la obligación de adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción a que se refiere el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, que incluye el principio de proporcionalidad como una de las garantías en el ejercicio de la potestad sancionadora. Las sanciones han sido impuestas, dentro de los tres tramos previstos en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, para sancionar con multas la comisión de infracciones graves, en el inferior de los tres existentes dentro del amplio recorrido penológico (entre 1.501 y 30.000 euros), por lo que se ha graduado la imposición de la multa en relación con la gravedad de los hechos sin que se haya producido vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de cuantificar las multas.
En consecuencia, procederá desestimar el recurso de alzada promovido contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 185, de fecha 22 de febrero de 2012, recaída en el en el expediente sancionador nº 103/11.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 113/12-C, emitido con fecha 9 de agosto de 2012 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 10 de agosto de 2012 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 120/12 interpuesto por D. Marcos Antonio Rodríguez Rodríguez, en su propio nombre, con N.I.F. 42163687H, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Palsui", sito en Huerta Mansito, nº 55, Cabrejas, término municipal de Tazacorte y, confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 185, de fecha 22 de febrero de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 103/11, que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de seis mil novecientos (6.900) euros, por el primer hecho infractor y seis mil novecientos (6.900) euros, por el segundo hecho infractor, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos por ser conformes a Derecho.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Santa Cruz de Tenerife), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de las mencionadas sanciones, cuyos instrumentos cobratorios (Cartas de Pago) se adjuntan a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en lo que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio:
https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
Recursos que pueden ser ejercitados contra los actos de recaudación. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- La Secretaria General, p.s. (Decreto Pte. 80/2012, de 30 de julio), Puesto Singularizado, María Luisa Risueño Díaz.
Ver anexo en las páginas 18500-18503 del documento Descargar
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