Estás en:
ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.
4 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 38 Kb.
BOC-A-2012-190-4764.
Firma electrónica-Descargar
Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 105/12 instruido a Carlos Fernández Caamaño, titular de la explotación Turística del establecimiento denominado "Bar-Cafetería Carlos".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 27 de marzo de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 27389 de fecha 31 de agosto de 2011 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y seguido contra la empresa expedientada Carlos Fernández Caamaño titular del establecimiento Carlos.
2º) El 27 de marzo de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 105/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
La entidad mercantil no ha aportado alegaciones ni prueba alguna que venga a desvirtuar las infracciones a la normativa turística que se le imputan.
Por lo que se refiere al primer hecho infractor, consta acreditado por el valor probatorio del Acta de Inspección nº 027389 de fecha 31 de agosto de 2011, que no presenta el Libro de Inspección hecho constatado y acreditado al haberlo verificado los inspectores actuantes. Este hecho infractor no ha sido desvirtuado por la entidad mercantil expedientada, por lo que no le exoneran de la responsabilidad administrativa que le es imputable por contravenir lo establecido en el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto) por el que se establece que las personas, físicas o jurídicas titulares de una empresa, actividad o establecimiento turístico, dispondrán obligatoriamente de un libro de inspección que tendrán a disposición de los inspectores de turismo en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad turística, obligación que no ha sido cumplida por la entidad expedientada por lo que no procede desvirtuar el hecho infractor.
En relación al segundo hecho infractor imputado, carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias, conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, es preceptivo que las empresas turísticas tengan en cada establecimiento las hojas de reclamaciones y que se faciliten las hojas de reclamación al usuario turístico que lo solicite, toda vez que debe tenerse en cuenta, que la función de las hojas de reclamaciones consiste en proporcionar a la Administración información acerca de las anomalías detectadas en los servicios de actividades turísticas y en el disfrute y utilización de los establecimientos de esta naturaleza, a efectos de promover las medidas oportunas para su corrección, al mismo tiempo que dichas hojas suponen una garantía de defensa del usuario turístico ante la prestación de un servicio que, a su juicio, no haya sido la adecuada, reconociendo la citada ley, el derecho que asiste al usuario turístico a formular quejas y reclamaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 15.2.d) de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, obligación que ha sido vulnerada por el titular del establecimiento.
El tercer hecho infractor destacado, el no anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y precios aplicados, se considera como incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio. El artículo 11.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, establece que en los establecimientos de restauración se deberá dar la máxima publicidad a los precios de los servicios que se ofrezcan y deberán exhibirlos de manera que permita su lectura sin dificultad. Constatada en consecuencia esta circunstancia por el inspector actuante, sin que se haya desvirtuado la misma por la mercantil expedientada, es por lo que este hecho supone infracción a lo establecido en el ya referido Decreto 90/2010, de 22 de julio.
Como cuarto hecho infractor, por el inspector actuante se hizo constar en el acta de referencia, que en el establecimiento no se dispone del cartel anunciador de la existencia de las hojas de reclamaciones, incumpliendo en consecuencia lo preceptuado en el articulo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que determina en su literalidad que en el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano, inglés, alemán y otro idioma a elegir, la existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes.
Como quinto hecho infractor, se ha constatado que no se dispone en el establecimiento del cartel del aforo para el mismo, lo cual supone infracción a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, en el que se establece que en el interior del local se expondrá de forma visible y perfectamente legible, el aforo máximo autorizado.
A la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, ha de tenerse en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad, que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, de las distintas circunstancias: en relación con la posición del infractor en el mercado al tratarse de un establecimiento, Bar Cafetería Carlos situado en Corralero, término municipal de La Oliva, zona considerada eminentemente turística, la naturaleza de las infracciones que tienen reconocida una tipificación de leves, no encuadrándose dentro de las que causan un gran riesgo para el usuario turístico, los perjuicios causados a los usuarios al verse afectados en sus derechos, la escasa trascendencia social de los hechos, así como la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y la no existencia de antecedentes de los titulares expedientados, constatado mediante consulta a los archivos correspondientes, procede disminuir las sanciones inicialmente impuestas.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 26 de junio de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía cuatrocientos cincuenta (450,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: noventa (90,00) euros.
Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Hecho cuarto: noventa (90,00) euros.
Hecho quinto: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguiente hechos
Primero: carecer en el establecimiento del libro de inspección.
Segundo: carecer en el establecimiento de las hojas de reclamaciones obligatorias.
Tercero: no anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.
Cuarto: no anunciar la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes.
Quinto: carecer en el interior del local del cartel del aforo máximo autorizado.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Toda vez que no se han aportado documentos nuevos, ni se han realizado nuevas alegaciones en el Trámite de Audiencia que puedan desvirtuar los hechos infractores, se confirma la Propuesta de Resolución evacuada por el instructor.
Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), en relación con el artículo 18.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio de 2010). Hecho tercero: artículo 11.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio de 2010). Hecho cuarto: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 18.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio de 2010). Hecho quinto: artículo 6.2 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio de 2010).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 14/2009 de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho tercero: artículo 77.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho cuarto: artículo 77.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho quinto: artículo 77.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 18.2.C).f) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Carlos Fernández Caamaño", con N.I.F. 34944324X, titular del establecimiento denominado Bar-Cafetería "Carlos" sanción de multa por cuantía total de 450,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: noventa (90,00) euros, hecho segundo: noventa (90,00) euros, hecho tercero: noventa (90,00) euros, hecho cuarto: noventa (90,00) euros, hecho quinto: noventa (90,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
© Gobierno de Canarias