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BOC-A-2011-021-413.
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Providencia de 20 de enero de 2011, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 13 de septiembre de 2010, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41722-O-2009.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 13 de septiembre de 2010, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41722-O-2009.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. José Félix Cruz, en nombre y representación de la entidad mercantil: Construcciones Cruz Cabeza, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 31 de marzo de 2010, recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 12 de noviembre de 2009, 10,03, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: Z-6753-BC, del que es titular: Construcciones Cruz Cabeza, S.L. por: circular transportando una minipala, una caseta de obra (según carta de porte nº 013453, fecha de hoy), desde Empresa Alquiler Maquinaria Hune en Polígono Güímar hasta Santa Cruz de Tenerife para empresa Fonpeca, realizando un transporte discrecional de mercancías en vehículo ligero careciendo de autorización administrativa de transportes. Según Sitrans no existe autorización en alta.
Resultando: que el día 2 de marzo de 2010 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-41722-O-2009.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que la dirección de la empresa siempre la llevó D. Félix Cruz Cabeza, su padre, que falleció en circunstancias excepcionales el día 13 de octubre de 2009, tal como acreditan mediante copia del certificado de defunción que adjuntan en anexo, tras llevar su padre varios meses con depresión. Que su padre siempre fue una persona responsable, que llevó la empresa de forma correcta, pero debido a esta enfermedad (depresión) a la que se unió también la situación de esa crisis, se originaron una serie de problemas básicamente con la Seguridad Social y, menos, con Hacienda. Que cuando su padre fallece él toma las riendas de la sociedad y se encuentra con todos esos problemas, la mayoría de los que desconocía y a los que está tratando de poner solución intentando arreglar lo de Hacienda, que al parecer no es mucho, y negociando con la Seguridad Social para conseguir alguna solución, aparte de solicitar el pago aplazado de una multa de transportes que ya está firme. Solicita una rebaja de la cuantía de la sanción económica, o bien sea retirada en su totalidad, ya que están haciendo un gran esfuerzo para ponerse al día, pero necesitan se les preste alguna ayuda. Aportando como fundamento a sus argumentaciones copia simple de certificación del Registro Civil de Fasnia de 26 de octubre de 2009, acreditando el fallecimiento de D. Félix Cruz Cabeza el 13 de octubre de 2009.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 31 de marzo de 2010, que venía a sancionar a: Construcciones Cruz Cabeza, S.L. con multa que ascendía a: 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 12.a), 60.1 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002 y en base al artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha: 21 de abril de 2010.
Resultando: que con fecha: 14 de mayo de 2010, D. José Félix Cruz, en nombre y representación de: Construcciones Cruz Cabeza, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el artículo 60.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias establece que "los transportes públicos discrecionales de viajeros, mercancías o mixtos sólo podrán realizarse por las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos sobre capacitación profesional, económica y honorabilidad y demás condiciones señaladas en el artículo 13, y estén en posesión de la correspondiente autorización administrativa. En este sentido, el artículo 107.1.o) de la citada Ley, considera condición esencial de la autorización administrativa de transportes, la obligación del titular de la autorización de asumir la posición de porteador en todos los contratos de transporte que realice al amparo de dicha autorización y, por otro lado, la letra ñ) del mismo apartado, considera como otra condición esencial, la autonomía económica y de dirección en la explotación de los servicios por parte del titular de la autorización, gestionando el transporte a su riesgo y ventura, con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial.
Estableciendo el artículo 12.a) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias como deber profesional del transportista el obtener de la Administración que sea competente según esta Ley y su normativa de desarrollo, las autorizaciones y demás títulos administrativos que les habilite para el desarrollo en Canarias de la actividad de que se trate.
Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: "1. Las empresas prestadoras de los servicios de transporte público o de actividades auxiliares o complementarias de éste, llevarán a cabo su explotación con plena autonomía económica, gestionándolos, de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura. 2. A los efectos señalados en el apartado anterior, los servicios de transporte público se llevarán a cabo bajo la dirección y responsabilidad del transportista, intermediario de transportes, cooperativa o sociedad de comercialización que los haya contratado como porteador con el cargador o usuario, al cual le deberán ser facturados por aquél en nombre propio. 3. En todo caso, el transportista que haya contratado la realización de un servicio de transporte público, sea con el usuario efectivo o con un intermediario de transporte, deberá llevarlo a cabo con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial, utilizando vehículos con capacidad de tracción propia de los que disponga, bien en propiedad, arrendamiento financiero, arrendamiento ordinario, o a través de otra forma jurídica autorizada por el Ministerio de Fomento, los cuales deberán estar amparados por títulos habilitantes expedidos a nombre del propio transportista, y ser conducidos, salvo en los casos expresamente exceptuados, por trabajadores de su empresa en régimen laboral".
En idéntico sentido se pronuncia el artículo 54 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte público discrecional de mercancías en vehículo pesado, obligación que viene confirmada por los artículos ya vistos de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y también por los artículos 41 y 109 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos para la novación subjetiva de las autorizaciones de transporte público de mercancías en vehículos ligeros de ámbito autonómico en el artículo 24 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; constituyendo el supuesto de realizar un transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículos: 105.30, en relación con el 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.31, en relación con el 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción económica que asciende a mil quinientos un (1.501) euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.k), en relación con el 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 201.1.k), en relación con el 201.1.f) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo Z-6753-BC, que pertenecía en el momento de la denuncia a la entidad mercantil interesada, transportaba una minipala y una caseta de obra desde empresa alquiler maquinaria Hune en Polígono Güímar hasta Santa Cruz de Tenerife para empresa Fonpeca, sin estar amparado dicho servicio en autorización administrativa de transporte público de mercancías en vehículo ligero alguna; habiendo incurrido la expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la misma constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y los artículos 15 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 100 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones.
Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 105.30, en relación con el 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.31, en relación con el 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción económica que asciende a 1.501 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.k), en relación con el 108.f) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1.k), en relación con el 201.1.f) del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por los citados artículos 108.f) de la Ley de los Transportes por Carretera de Canarias; y 201.1.f) del citado Reglamento; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor; así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido. Dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte público de mercancías en vehículo ligero, sin contar con la autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo ligero; al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector público del transporte de mercancías, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia sin cobertura del título habilitante oportuno.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. José Félix Cruz, en nombre y representación de la entidad mercantil: Construcciones Cruz Cabeza, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 31 de marzo de 2010, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos un (1.501,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2011.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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