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BOC-A-2011-021-412.
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Providencia de 20 de enero de 2011, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 13 de septiembre de 2010, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40960-M-2009.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 13 de septiembre de 2010, estimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40960-M-2009.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. José Manuel Cruz Almeida, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha: 22 de febrero de 2010, recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora: 11 de junio de 2009, 7,51, por agente de Fiscalización del Tranvía se formuló denuncia contra D. José Manuel Cruz Almeida por: no valida el título de transporte, valida en presencia del revisor.
Resultando: que el día: 9 de diciembre de 2009 se publicó la resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40960-M-2009 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2009/240.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 22 de febrero de 2010 que venía a sancionar a: D. José Manuel Cruz Almeida con multa que ascendía a: 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviembre; artº. 293.1.11 ROTT y en base al artº. 295.1 ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha: 30 de marzo de 2010.
Resultando: que con fecha 3 de abril de 2010, D. José Manuel Cruz Almeida interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: venía en la guagua de Granadilla, cargado con muchos bultos. Al subir en el tranvía, colocó dichos bultos. En la siguiente parada observó al inspector y recuerda el no haber validado, que por lógica, hacía transbordo, que no tenía intención de validar. El día 21 de junio reclamó el inspector fotocopia del bono y dicha reclamación. Solicita que por favor se contemple la veracidad de que no había intención de viajar gratis. Que observen la reclamación del bono que transbordaba. Que fue un despiste humano, sin ningún interés. Aportando como fundamento a sus argumentaciones copia simple de reclamación presentada por el interesado en las oficinas del metropolitano de Tenerife el 21 de junio de 2009, argumentando lo ya expuesto en el pliego de alegaciones en descarga, aportando igualmente copia del bono utilizado por el mismo el día del control.
Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 25 de junio de 2010, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: que el revisor, en sus funciones de fiscalización, solicita del Sr. D. José Manuel Cruz Almeida su bono/abono para comprobar que está correctamente validado. Una vez revisado por el agente que el billete no ha sido validado, de acuerdo a sus procedimientos de actuación, procede a emitir la sanción nº 16207914, claramente tipificada en el artículo 27.1 del Reglamento del Servicio del Metro Ligero de Tenerife. Remiten copia de la carta enviada a D. José Manuel Cruz Almeida, en contestación a su reclamación INT/1520, el motivo de la reclamación es por "no validar el bono nada más acceder al tranvía", siendo no conforme por parte del cliente. Le informamos que existe la obligación de validar el billete nada más acceder al tranvía, incluso si se hace uso del transbordo (en estos casos el descuento será cero, pero se ha registrado que viaja en ese tranvía y que el usuario viaja con seguro).
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: una vez analizado el expediente sancionador de transportes de referencia, se constata la existencia de un defecto en la notificación de la resolución de incoación del citado expediente; dado que, en el presente caso, el intento de notificación se llevó a cabo, por primera vez, el día 24 de septiembre de 2009 a las 10,30 horas, y, por segunda vez, el día 25 de septiembre de 2009, a las 10,00 horas. Está claro que la segunda notificación no se efectuó en "hora distinta" a la primera, pues se realizó casi a la misma hora de la mañana, en clara oposición a lo determinado en el artículo 59.2, segundo párrafo de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes". En este mismo sentido, se pronuncia el artículo 42 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
A mayor abundamiento, la sentencia de la Sala 3ª, Sección 5ª del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004 (RJ 2004/6594) fija como doctrina legal que, "a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación".
Teniendo en cuenta que dicha vulneración de las previsiones legales ha motivado la ausencia de notificación efectiva de la resolución de incoación del expediente sancionador de referencia; transgrediendo, así, los principios del Derecho Administrativo sancionador (artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); en consecuencia, en aras a subsanar la indefensión causada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los artículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución recaída, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente.
Habida cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos infractores, la retroacción del expediente sancionador al inicio, a los efectos de subsanar el error aludido, provocaría la prescripción de la infracción denunciada y la caducidad del mismo expediente sancionador.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por: D. José Manuel Cruz Almeida dejando sin efecto la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 22 de febrero de 2010.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2011.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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