Estás en:
Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 232/08 instruido a Doralcan, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamento Caserío Azul.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 9 de diciembre de 2008.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 22454, de fecha 17 de diciembre de 2007, acta nº 23073, de fecha 6 de agosto de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por D. Daniel Cotano Bassi, D. Rubén Provencio Garrido y seguido contra la empresa expedientada Doralcan, S.L. titular del establecimiento Caserío Azul.
2º) El 9 de diciembre de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 232/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda vez que, en el momento de realización del mismo el establecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo Insular competente del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la obtención del informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dictamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.
Añadir que la calificación jurídica de la infracción en sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendiendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada como grave, imponiendo multa en cuantía de 10.517 euros al tener en cuenta la modalidad del establecimiento, su capacidad, categoría, así como en atención al carácter turístico de la zona en que se realiza la actividad.
De acuerdo con las actas de inspección números 22454/2007, de 17 de diciembre de 2007 y 23073/08, de 6 de agosto de 2008, se ha comprobado por los inspectores actuantes que el establecimiento no cumple en materia de Seguridad y Protección contra incendios, careciendo del preceptivo Dictamen Técnico de Conformidad exigido de acuerdo con el Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo, y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra incendios.
Como actuación de instrucción, se solicita de oficio por esta instructora el 16 de marzo de 2009 Informe al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria sobre la situación del establecimiento en materia de Seguridad y Protección contra incendios, emitiéndose el Informe con fecha 17 de marzo de 2009 el cual dispone literalmente lo siguiente:
En relación con su escrito recibido vía fax, por el que solicita información referente a la situación actual del establecimiento extrahotelero denominado Caserío Azul (E-35/1/0375), sito en la Avenida de Italia, 5, de Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en materia de Seguridad y Protección contra incendios, le participamos que, examinado el expediente del citado establecimiento, se ha podido constatar que el ICASEL informó con pronunciamiento favorable con fecha 28 de diciembre de 2001, el proyecto de medidas contra incendios, lo cual se puso en conocimiento del titular del establecimiento en nuestro escrito de fecha 21 de enero de 2002 y reiterado con fecha 22 de febrero de 2005, en los que también se le requería a fin de que una vez finalizadas las obras, de acuerdo con el proyecto aprobado, presentara lo exigido en el modelo de instancia recogido en el anexo IV del Decreto 305/1996, a fin de emitir el Dictamen Técnico de Conformidad, sin que hasta el día de la fecha se haya presentado dicha documentación. Al propio tiempo le comunicamos que no se han acogido a lo establecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.
El segundo hecho infractor consiste en que los servicios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor que ofrece el establecimiento mediante una caja fuerte general no son gratuitos, al constatarse por el inspector en el momento de la visita del 17 de diciembre de 2007. Así, en el acta de inspección nº 22454/2007 se indica textualmente:
Se comprueba que el establecimiento dispone de caja fuerte en la recepción, percibiendo por su alquiler semanal 15 euros, sin que se acredite haber notificado dicho precio a la Administración turística competente. También el acta de inspección nº 23073/2008 hace referencia al alquiler de la caja fuerte semanal por 15 euros, más un depósito de 10 euros.
El cobro por el establecimiento de la cantidad de 15 euros por el uso de la caja fuerte vulnera el artº. 37.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, que dispone que los servicios de custodia de dinero, alhajas y objetos de valor mediante una caja fuerte general son gratuitos.
El tercer hecho infractor consiste en no exhibir en el exterior del establecimiento la placa-distintivo en la que figure la categoría otorgada por la Administración turística competente, como así fue comprobado por el inspector el 6 de agosto de 2008, y dicha constatación tiene valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, toda vez que se ha acreditado que el citado establecimiento dispone de Informe Favorable al Proyecto, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, la posición del infractor en el mercado y la ausencia de reincidencia, así como la no concreción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, se propone atenuar las sanciones iniciales.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 17 de marzo de 2009, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía dos mil cuatrocientos noventa y cuatro (2.494,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: novecientos un (901,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero.- No estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.
Segundo.- Los servicios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor mediante una caja fuerte general con los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.
Tercero.- No exhibir, en el exterior del mencionado establecimiento la placa-distintivo, en la que figure la categoría otorgada por la Administración turística competente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada . Toda vez que no se han aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas alegaciones en el trámite de audiencia que pueda desvirtuar el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución evacuada por la instructora.
En este expediente se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, al no haber recaído resolución sancionadora con multa de sanción contra la entidad Doralcan, S.L. durante los últimos tres años, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, toda vez que no ha tenido ningún impacto en los medios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la no concreción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, en materia de seguridad y protección contra incendios, y la posición del infractor en el mercado turístico de la entidad Doralcan S.L., no imponiéndose el segundo hecho infractor en el grado mínimo debido al lucro ilícito obtenido por el servicio de custodia mediante una caja fuerte general.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril), y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
Hecho segundo: artículo 37.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
Hecho tercero: artículo 19.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a Doralcan, S.L., con C.I.F. B35831346, titular del establecimiento denominado Apartamento Caserío Azul, sanción de multa por cuantía total de 2.494,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: novecientos un (901,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
© Gobierno de Canarias