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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 166/08, instruido a Antonio Elvira Estar, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Ecuador.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 9 de diciembre de 2008.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 22226, de fecha 28 de septiembre de 2007, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por D. William Valencia Rosero y seguido contra la empresa expedientada Antonio Elvira Estar, titular del establecimiento Agencia de Viajes Ecuador.
2º) El 9 de diciembre de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 166/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa por el hecho infractor imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen, ya que el artículo 6 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes, determina que el uso del título-licencia queda limitado a la sede u oficina principal de la empresa, sus sucursales autorizadas y puntos de venta.
De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto el título-licencia es requisito imprescindible para el ejercicio de la actividad de agencia de viajes, amparando las actividades de la oficina principal, sus sucursales y puntos de venta autorizados aun cuando los mismos radiquen en otra Comunidad Autónoma.
De conformidad con lo expuesto, para que la franquicia pueda operar respecto de las agencias de viajes se precisa cumplir dos requisitos: a) que cada una de las empresas, franquiciadora y franquiciada, dispongan de título-licencia propio; b) que en los carteles anunciadores se haga constar el nombre de la agencia, el título-licencia y los símbolos o imagen corporativa del franquiciador, debiendo quedar acreditado el uso comercial de una marca distinta de la propia, en los términos del artículo 9 del Decreto 135/2000, de 10 de julio.
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 2.485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el registro de franquiciadores, respecto a las agencias de viajes, nos encontramos ante un supuesto de comercialización de servicios en el que se ha de producir, como mínimo, el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales, la comunicación del franquiciador al franquiciado de un saber hacer, y la prestación continua del franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica mientras dure el acuerdo.
Es decir, que franquiciador y franquiciado ejercerán su actividad en constante colaboración, bajo un régimen jurídico distinto y financiera o económicamente independientes, respondiendo cada uno frente a terceros por el desempeño de su actividad, siendo de aplicación al franquiciado el resto de requisitos exigidos a las agencias de viajes que pretendan desarrollar su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Examinada el acta de inspección 22226/2007, de 28 de septiembre de 2007, se constata por el inspector actuante que se ejerce la actividad de agencia de viajes en régimen de franquicia en la que el franquiciado es D. Antonio Elvira Estar, como confirmó Dña. Xenia Dejenaute Molero en calidad de empleada de la Agencia de Viajes, y el franquiciador es Viajes Ecuador, S.A.
Con fecha 3 de febrero de 2009 se solicitó por esta instructora documentación relativa a la actividad desempeñada en la Agencia de Viajes Ecuador situada en la Avenida de Canarias, 150, Vecindario. La carta de notificación no se pudo notificar, lo que se intentó de nuevo a través de un inspector de turismo, que también vio fallido el intento toda vez que se encontraba el local vacío con un cartel indicando -se alquila-.
Sin embargo, a pesar de no disponer de la documentación requerida, no impide que esta parte pueda demostrar la existencia de responsabilidad administrativa al existir documentos en el expediente sancionador que puedan demostrarlo.
En primer lugar, la constatación objetiva del inspector en el acta de inspección nº 22226/2007, ya que dicha constatación tiene valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En segundo lugar, se comprueba que, en el documento nº 3 adjunto al escrito de alegaciones de 9 de enero de 2009 a la Resolución de iniciación, las facturas son emitidas con el D.N.I. 15248897-N, que corresponde a D. Antonio Elvira Estar, por lo que se constata que la facturación se hace a nombre de D. Antonio Elvira Estar, y no por Viajes Ecuador, S.A., como alega el propio interesado en su escrito de alegaciones de 9 de enero de 2009.
Añadir que la calificación jurídica de la infracción en sí misma viene regulada en el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendiendo al carácter de la zona de ejercicio de la actividad y a la categoría del establecimiento, se impuso sanción por importe de 66.111 euros.
De conformidad con lo expuesto, en atención al principio de proporcionalidad en relación al grado de comisión de la infracción, dada la inexistencia de antecedentes verificada mediante la consulta a los archivos correspondientes, la falta de intencionalidad, existencia de buena fe, la apariencia de buen derecho generada en el interesado en virtud del contrato suscrito entre las partes, la ausencia de perjuicios o daños a terceras personas, así como la posición social del infractor en el mercado, se propone disminuir la sanción inicialmente impuesta estableciéndola en cuantía de 30.051 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 19 de marzo de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía treinta mil cincuenta y un (30.051,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho: estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Agencia de Viajes.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Toda vez que no se han aportado documentos nuevos ni se han realizado nuevas alegaciones en el trámite de audiencia que pueda desvirtuar el hecho infractor, se confirma la Propuesta de Resolución evacuada por la instructora.
Revisada la documentación obrante en el expediente es preciso hacer constar que el interesado manifiesta la existencia de un posible error toda vez que el establecimiento posee licencia de apertura como sucursal de Agencia de Viajes, con fecha 20 de noviembre de 2003.
Que es reiterada y consolidada la jurisprudencia que ha excluido del ámbito de aplicación del Derecho Administrativo sancionador el sistema de responsabilidad objetiva.
Es preciso hacer constar que las comprobaciones efectuadas y recogidas en el acta 22226/2007, de 28 de septiembre de 2007, tienen valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino de una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artículo 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de los contratos de franquicia, la prohibición no es evidente, sino que se deduce del análisis de varios preceptos del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, y a sensu contrario, razón por la que el conocimiento exigible de la norma quiebra al ponerse en relación con el principio de seguridad jurídica.
De hecho, antes de que se dictase la Resolución de iniciación nº 894, de fecha 7 de junio de 2007, se adoptó, a la vista de otros supuestos de hecho similares, e incorporado como actuación previa, la decisión de solicitar dictamen del Servicio de Régimen Jurídico de esta Consejería, ante las dudas sobre la posible antijuricidad de la conducta realizada y su tipificación, emitiéndose el citado Dictamen con fecha 19 de enero de 2005 y registro de salida de 21 de enero.
De conformidad con la práctica jurisprudencial, para la apreciación del error, independientemente de que el mismo verse sobre el tipo o el hecho, habrá de atenderse a las posibilidades que tenía el infractor de recibir, haber recibido, o acudir a medios que faciliten el conocimiento y trascendencia de la acción (SSTS de 20 de noviembre de 1990, y 12 de diciembre de 1991, entre otras).
A su vez es importante poner de manifiesto en relación a la aplicación de la circunstancia de la diligencia debida, que el error invencible únicamente podrá concurrir cuando haya existido una actuación diligente por parte del autor a fin de conocer la situación antijurídica. En este sentido, el interesado, tras la formalización del acta nº 22226/2007, de fecha 28 de septiembre de 2007, tuvo conocimiento, o al menos, se pudo crear la duda razonable de la posible comisión de una infracción, pudiendo recabar del inspector actuante la información precisa, o del organismo correspondiente, a posteriori, de conformidad con lo estipulado en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no adoptando en ese momento ni con posterioridad al mismo una conducta o diligencia debidas, en virtud de su condición profesional.
Es preciso hacer constar, de forma expresa, que durante la instrucción del presente procedimiento sancionador, así como durante las visitas de inspección realizadas, no se han apreciado indicios reveladores de una conducta de mala fe por parte del interesado.
De conformidad con lo expuesto, hemos de concluir que el interesado ha actuado bajo la creencia de estar respaldado por una autorización válida que le habilitaba para el ejercicio de la actividad de Agencia de Viajes, en el marco de una normativa en la que no existe una prohibición clara y manifiesta del ejercicio de la actividad en régimen de franquicia, introduciendo el franquiciador, Viajes Ecuador, S.A., al franquiciado en una suerte de círculo vicioso del que le resulta difícil abstraerse, pues es el franquiciador quien ha generado una expectativa aparente de legalidad en el orden administrativo. Pese a lo expuesto, el interesado dispuso de medios y oportunidades para recabar la información y el asesoramiento precisos sobre la conducta debida y modificar la misma, sin que esta situación se hubiera producido.
De estos argumentos, deducimos la existencia del elemento culpable en la comisión de la infracción probada, bajo la forma de negligencia y por aplicación de la figura del error vencible. Al tratarse de una acción antijurídica y culpable, pero en la que las circunstancias apreciadas modifican el nivel de responsabilidad exigible, procede la aplicación del artículo 76.19 de la Ley 7/1995, de 26 de abril, tipificando el hecho como grave e imponiendo sanción en el mínimo de las estipuladas para las infracciones graves.
En este expediente se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, al no haber recaído resolución sancionadora con multa de sanción contra la persona física D. Antonio Elvira Estar durante los últimos tres años, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la ausencia de daños a terceros, la posición del infractor en el mercado turístico, se procede a calificar los hechos como graves e imponiéndose en su grado mínimo, y la ausencia de intencionalidad especulativa, ya que no ha existido mala fe en la comisión del hecho.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículos 2, 4 y 10 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
Tipificación: artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a Antonio Elvira Esta, con N.I.F. 15248897N, titular del establecimiento denominado Agencia de Viajes Ecuador sanción de multa por cuantía total de 1.503,00 euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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