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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Atlantic Dolphin Travel, S.L. la Resolución de 19 de diciembre de 2008 (Libro nº 1, folio 2486/2490, nº 961), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 235/08 (expediente nº 110/08), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 327, de fecha 16 de septiembre de 2008.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 235/08 interpuesto por D. Frank Renelio Segura Arias y D. Antonio González Díaz, en representación de la entidad mercantil Atlantic Dolphin Travel, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 235/08 promovido por D. Frank Renelio Segura Arias y D. Antonio González Díaz, en representación de la entidad mercantil Atlantic Dolphin Travel, S.L., con C.I.F. B 38587580, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Atlantic Dolphin Travel", sito en Centro Comercial Terranova, local 208, Playa de Las Américas, término municipal de Adeje, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 327, de 16 de septiembre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 110/08, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "No haber contestado al requerimiento efectuado por los inspectores de turismo en las actas de inspección números 12668 y 13008 de fechas 11 de septiembre de 2007 y 10 de octubre de 2007, respectivamente".
Hecho infractor que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora nº 327, de fecha 16 de septiembre de 2008, se interpone recurso de alzada solicitando la anulación del acto administrativo impugnado o, subsidiariamente, la infracción sea calificada como leve, imponiéndose la sanción en su grado mínimo.
En defensa de sus derechos la titular expedientada aduce, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º) A fecha 25 de junio de 2007, mediante Acta de Inspección nº 13119, ya se había solicitado por la Inspección de Turismo documentación relativa a unas excursiones en las que habían participado D. Petrus Van-Dorp y D. Juan Romero Gaspar, por lo que al coincidir los nombres de las personas por las que se volvía a solicitar documentación y como quiera que hubo una confusión, no se aportó la documentación requerida por la Inspección de Turismo por considerar que dicha documentación ya había sido mostrada el 25 de junio, entendiendo esta parte que la Inspección de Turismo había incurrido en error al reiterar la petición de la citada documentación.
2º) Vulneración del principio de presunción de inocencia.
3º) Calificación de la infracción como leve, a tenor lo establecido en el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, e imposición de la sanción de multa, en la cuantía mínima prevista en el artículo 79.2.a) del citado texto normativo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados", en consecuencia, hay que manifestar que, de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado, no queda probada del todo la comisión del hecho infractor que, a través del expediente sancionador nº 110/08, se imputa a la titular expedientada.
Con motivo de denuncia formulada por la Guardia Civil, con fecha 25 de mayo de 2007, relativa a la realización, por parte de D. Petrus Van-Dorp, de la actividad de guía turístico para la empresa ahora expedientada, aun careciendo de autorización para el ejercicio de la indicada actividad, en la excursión del día 24 de mayo de 2007, lo que pudiera ser constitutivo de una supuesta infracción del artículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con los artículos 3 y 5 del Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las actividades turístico-informativas, a los efectos de comprobar el hecho denunciado se persona funcionario de la Inspección de Turismo en el establecimiento denominado "Agencia de Viajes Atlantic Dolphin Travel", extendiendo el Acta de Inspección nº 12668, de fecha 11 de septiembre de 2007. Acta a través de la cual se requiere a la empresa titular de la explotación turística del indicado establecimiento para que en un plazo de diez días se presente en la Inspección de Turismo comunicación de la Asociación Provincial de Guías de Turismo. Documentación que se solicita a los efectos de conocer las causas que llevaron a la entidad a la contratación de D. Petrus Van-Dorp para ejercer la actividad de guía turístico, aun careciendo de autorización, en la excursión celebrada el día 24 de mayo de 2007.
Con motivo de posterior denuncia de la Guardia Civil, de fecha 18 de junio de 2007, igualmente relativa a la realización, por parte de D. Juan Romero Gaspar, de la actividad de guía turístico para la titular expedientada, aun careciendo de autorización para ello, de excursión en la isla de La Gomera, lo que pudiera ser constitutivo de una supuesta infracción del artículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con los artículos 3 y 5 del Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las actividades turístico-informativas, se persona en la ya citada agencia de viajes, para comprobar el hecho denunciado, funcionario de la Inspección de Turismo que extiende el Acta de Inspección nº 13008, de fecha 10 de octubre de 2007. Acta por la que el funcionario actuante solicita que la documentación requerida sobre el guía que realizó la excursión, y que en el momento de la visita de inspección no se puede aportar, sea remitida a la Consejería de Turismo antes del 19 de octubre de 2007.
Obra en el expediente sancionador informe del mismo funcionario de la Inspección de Turismo que levantó el Acta de Inspección nº 13008/07, emitido con fecha 24 de octubre de 2007, en el que se pone de manifiesto que transcurrido el plazo de diez días concedido a la entidad expedientada para la remisión de la documentación que le fue requerida a través de la indicada Acta de Inspección nº 13008, la misma no ha sido presentada.
Incoado expediente sancionador nº 110/08, mediante Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística nº 743, de fecha 19 de mayo de 2008, el hecho infractor imputado a la parte recurrente será el consistente en "no haber contestado al requerimiento efectuado por los inspectores de turismo en las actas de inspección números 12668 y 13008 de fechas 11 de septiembre de 2007 y 10 de octubre de 2007, respectivamente", por el que finalmente será sancionada por Resolución de la Viceconsejería de Turismo nº 327, de fecha 16 de septiembre de 2008.
Establecidos los anteriores presupuestos de hecho y derecho, procede analizar si el acto administrativo sancionador es o no conforme a Derecho. En este sentido debemos pronunciarnos afirmando que la Resolución sancionadora no se ajusta al ordenamiento jurídico, pues del examen exhaustivo de la documentación que da soporte al expediente sancionador del que trae causa la referida Resolución no existen elementos que prueben la comisión, por parte de la titular expedientada, del hecho infractor que se le imputa, toda vez que el único hecho probado es la que la entidad no aportó, en plazo, la documentación que le fue requerida a través del Acta de Inspección nº 13008, de fecha 10 de octubre de 2007. La Administración no llega a probar que la entidad no aportara la documentación que le fue requerida mediante el Acta de Inspección nº 12668, de 11 de septiembre de 2007, pese a lo cual, la sanciona por entender que con su actuación obstaculizaba la actuación de la Inspección de Turismo. Sin embargo, no hay elementos probatorios suficientes que acrediten esta resistencia a la actuación inspectora tan sólo un requerimiento efectuado mediante Acta de Inspección nº 12668, de 11 de septiembre de 2007, sin que exista constancia documental relativa a si dicho requerimiento fue o no atendido.
El Acta de Inspección nº 12668, de 11 de septiembre de 2007, documento de valor probatorio en el que se apoya la Administración sancionadora, junto con el Acta de Inspección nº 13008, de 10 de octubre de 2007 e informe de funcionario de la Inspección de Turismo de fecha 24 de octubre de 2007, para imputar el hecho infractor a la expedientada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, no demuestra que la entidad no remitiera a la Consejería de Turismo la documentación que le fue requerida por el inspector de turismo actuante a través del referido documento público.
No existe prueba de cargo que demuestre plenamente la responsabilidad de la expedientada por el hecho infractor imputado, prevaleciendo la presunción de inocencia de la titular expedientada. Presunción de inocencia establecida en el artículo 24.2 de la Constitución española. La doctrina general de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre la referida presunción, establece que el derecho fundamental a la presunción de inocencia es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular. La parte acusadora ha de tener la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado, y así se declara en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 31/1981, 107/1983, 17/1984, 138/1992, 303/1993, 102/1994, 3471996, entre otras), lo que es consecuencia de la norma contenida en el artículo 1251 del Código Civil, al tener la presunción de inocencia la naturaleza "iuris tantum". Es necesario, para que no prevalezca la presunción de inocencia, la existencia real de ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo este término como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal. Este principio, en los términos expuestos, rige, sin excepciones, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, en el ordenamiento administrativo sancionador garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad (STC, entre otras, números 76/90, 138/90 y 212/90). Actividad probatoria que no se ha llevado a cabo por parte de la Administración.
En razón de lo expuesto, procederá declarar la nulidad de la Resolución sancionadora a tenor de lo establecido en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, al haberse imputado a la titular expedientada, sin prueba de cargo directa, precisa, eficaz y plenamente convincente y, en consecuencia, exigido responsabilidad administrativa, por un hecho que no resulta del todo probado. Lo que determina que se haya cometido en el expediente sancionador tramitado vicio que viene a determinar la nulidad al dictarse un acto que lesiona un derecho susceptible de amparo constitucional, cual es, el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 196/08-C, emitido con fecha 15 de diciembre de 2008, por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 18 de diciembre de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 235/08 promovido por D. Frank Renelio Segura Arias y D. Antonio González Díaz, en representación de la entidad mercantil Atlantic Dolphin Travel, S.L., con C.I.F. B 38587580, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Atlantic Dolphin Travel", sito en Centro Comercial Terranova, local 208, Playa de Las Américas, término municipal de Adeje, declarando la nulidad de la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 327, de fecha 16 de septiembre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 110/08, todo ello de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
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