Estás en:
Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Bodega La Geria, S.L., la Resolución de 24 de noviembre de 2008 (Libro nº 1, Folio 2195//2205, nº 838), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 201/08 (expediente nº 67/08), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 290, de fecha 29 de julio de 2008.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Tías (Lanzarote), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 201/08 interpuesto por D. Silvano Ramón Melián Reyes, en representación de la entidad mercantil Bodega La Geria, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 201/08 interpuesto por D. Silvano Ramón Melián Reyes, en representación de la entidad mercantil Bodega La Geria, S.L., con C.I.F. B-35354786, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Los Arcos, sito en Avenida de Las Playas, nº 49, Puerto del Carmen, término municipal de Tías, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 290, de fecha 29 de julio de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 67/08, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"Primero.- Haber sobrecontratado plazas originando exceso de reserva no pudiendo ser atendida Dña. Virginia Najar Arranz.
Segundo.- Anunciarse en Internet en la página Lanzarote.com, en categoría superior, dos llaves".
Hechos que determinaron la imposición de sanciones de multas en cuantías de mil quinientos tres (1.503) euros, por el primer hecho infractor y, mil quinientos tres (1.503) euros, por el segundo hecho infractor.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora interpone la representación de la entidad mercantil expedientada recurso de alzada solicitando la anulación del acto impugnado, así como el sobreseimiento de la causa y archivo del expediente sancionador. Subsidiariamente, que los hechos sean calificados como de infracciones leves.
En defensa de sus derechos e intereses la titular expedientada aduce, en síntesis, los siguientes argumentos, aducidos ya durante la tramitación del expediente sancionador:
1º) Se ha denegado de forma improcedente la práctica de las pruebas propuestas consistentes en librar oficio consistente en la certificación o declaración de la entidad titular de la página web https://www.lanzarote.com (NET RSERVAS, S.L.) a efectos de acreditar la contratación de la publicidad realizada por esta parte y del contenido de la información que se debía publicitar en Internet; que se tenga por presentada la prueba documental que se aportó en el expediente nº 209/2007, consistente en la reserva de una habitación para dos personas, entre los días 9 y 10 de agosto de 2006, a nombre de Mario Fernández Ávila y Virginia Najar, en los Apartamentos Playa Club (categoría de 2 llaves) y de la factura abonada por el servicio de alojamiento prestado, y la prueba consistente en tomar declaración a Dña. Virginia Najar. Asimismo, no se practicó de forma correcta la prueba consistente en evidenciar que se cumplieron con todas y cada una de las exigencias establecidas en la Ley tras producirse la situación de sobrecontratación.
2º) En relación con el hecho infractor primero, cabe señalar que dicha situación se produjo de forma circunstancial, aislada, excepcional y ocasional. Dicha infracción debió calificarse como leve.
3º) Respecto del segundo hecho infractor, se rechaza de forma improcedente la prueba propuesta para demostrar que la publicidad incorrecta en Internet de los Apartamentos Arcos nunca se debió a la voluntad o decisión de la representación legal de la mercantil. Dicha infracción debió calificarse como leve.
4º) Vulneración de los principios de tipicidad, legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y garantías del procedimiento sancionador. Se ha dictado Propuesta de Resolución sin ofrecer a esta parte la posibilidad de presentar alegaciones en la fase de prueba y tras la remisión de la copia del expediente sancionador.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
No obstante, se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
En la Resolución de inicio, como en la Propuesta de Resolución y Orden sancionadora, se consigna "... anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", en el apartado de denominación del establecimiento "Apartamento Arcos", dirección del establecimiento "Avenida Las Playas, 35", y como fecha de infracción, respecto del primer hecho infractor "12 de abril de 2007", en lugar de "... Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", "Apartamentos Los Arcos ...", "Avenida Las Playas, 49", según se consigna en el Acta de Inspección nº 21591, de 12 de abril de 2007 y, "9 de agosto de 2006", fecha en que la reclamante es hospedada en establecimiento diferente al reservado.
En la Propuesta de Resolución y Resolución sancionadora figura "... titular del establecimiento ...", en lugar de "... titular de la explotación turística del establecimiento ...".
Finalmente, en la Resolución sancionadora, antecedente 1º), donde se consigna el nombre del establecimiento como "Arcos", debe figurar "Apartamentos Los Arcos".
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora nº 290, de fecha 29 de julio de 2008.
El expediente sancionador nº 67/08 trae causa del Acta de Inspección nº 21591, extendida el 12 de abril de 2007 por inspector de turismo actuante en el establecimiento que se consigna en el citado expediente, que ostenta la categoría de una llave, en presencia del Director Comercial, en la que se hace constar lo siguiente: "Reconoce el interviniente que en los días 9 y 10 de agosto de 2006, se produjo en el complejo una situación de sobrecontratación debido a un exceso de reservas no pudiendo, en consecuencia, atender a los reclamantes en los días referidos, pero si fue alojada en Los Arcos entre los días 11 y 18. Se anuncia en Internet, en la página "Lanzarote.com" en categoría superior, en 2 llaves".
La referenciada Acta de Inspección constituye documento público que acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refiere. En consecuencia, tienen un valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que poner, también, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de turismo y de la inspección de turismo, que determina el valor probatorio de las Actas de Inspección que extienden los inspectores de turismo en cumplimiento de sus funciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea caben destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fechas 4 y 25 de febrero de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum", y en consecuencia, admite prueba en contrario.
Los hechos constatados por la Inspección de Turismo constituyen prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la sanción impuesta "sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados", en relación con el citado artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dado que el mencionado precepto legal no impide la prueba de otros hechos o la contradicción o discusión sobre su exactitud y fuerza probatoria por el actor pero la mera negación de hechos no es suficiente frente a la prueba cumplida del hecho constitutivo de la infracción sancionada que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario o se contradiga el alcance y significado de los hechos percibidos por la Inspección de Turismo. En definitiva no es prueba tasada con valor probatorio absoluto pero es bastante para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos mediante alegaciones y pruebas que pongan en entredicho o contradigan las afirmaciones de la Administración demandada de modo que el interesado tiene la necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración desvirtuando la realidad de los hechos descritos por la Inspección. Tal prueba de descargo ha de ser directa, precisa, eficaz y plenamente convincente (sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 20 de junio de 2006). Prueba de descargo de tales características que como luego se verá no es aportada por la titular expedientada.
En relación con el primer hecho infractor la entidad vendrá a reconocer la situación de sobrecontratación, determinante de que la usuaria turística, Dña. Virginia Najar Arranz, no fuera alojada en el establecimiento de cuya explotación turística es titular la expedientada, durante los días 9 y 10 de agosto de 2006, pese a la reserva efectuada en el mes de mayo, siendo alojada, en consecuencia, en los Apartamentos Playa Club, lo que resulta de la documental obrante en el expediente sancionador nº 67/08, así como del Acta de Inspección nº 21591, de fecha 12 de abril de 2007. De la actuación de la entidad mercantil sancionada resulta, a tenor de lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, su responsabilidad frente a la citada usuaria turística y ante la Administración por la situación de sobrecontratación, creadas por el exceso de reservas que no pudieron ser atendidas.
No exime de responsabilidad a la mercantil expedientada lo aducido en vía de recurso, sobre que se le ha causado indefensión al haberse denegado, de forma improcedente, la práctica de las pruebas propuestas consistentes en que se tenga por presentada la prueba documental que se aportó en el expediente nº 209/2007, relacionados con la reserva de una habitación para dos personas, entre los días 9 y 10 de agosto de 2006, a nombre de Mario Fernández Ávila y Virginia Najar, en los Apartamentos Playa Club (categoría de 2 llaves) y de la factura abonada por el servicio de alojamiento prestado; tomar declaración a Dña. Virginia Najar, así como, que no se practicó de forma correcta la prueba consistente en evidenciar que se cumplieron con todas y cada una de las exigencias establecidas en la Ley tras producirse la situación de sobrecontratación. Hay que señalar que el derecho a la prueba no es un derecho absoluto, en el sentido de que deba de practicarse toda la prueba propuesta, sino que es un derecho relativo y referido a la pertinencia y relevancia de la prueba propuesta. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 1990, afirma que: "En cuanto al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, es doctrina reiterada de este Tribunal que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Y en concreto, en los que a medios de pruebas se refiere, este Tribunal ha reconocido que, pese a no ser enteramente aplicable el artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos administrativos sancionadores, el derecho del expedientado a utilizar pruebas para su defensa tiene relevancia constitucional (STC 2/87, 190/87 y 192/87) si bien, ha declarado también que ni siquiera en el proceso penal, donde sería plenamente aplicable el precepto citado, existe un derecho absoluto e incondicional al uso de todos los medios de pruebas (STC 2/87 y 22/90). Lo que del artículo 24.2 nace para el administrado, sujeto a un expediente sancionador, no es el derecho a que se practiquen toda aquellas pruebas que tengan a bien proponer, sino tan sólo aquellas que sean pertinentes o necesarias (STC 192/87) ya que, como también ha declarado este Tribunal sólo tiene relevancia constitucional por provocar indefensión la denegación de pruebas que, siendo solicitadas en el momento y la forma oportunas, no resultase razonable y privase al solicitante de hechos decisivos para su pretensión".
En el presente caso, las pruebas propuestas por el interesado, rechazadas por la instructora del expediente sancionador nº 67/08, mediante resolución motivada, conforme determina el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, en relación con el artículo 13.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, también citado, eran improcedentes e innecesarias a efectos de clarificar el hecho de la situación de sobrecontratación producida respecto de la usuaria turística. Hecho de la sobrecontratación que ha sido reconocido por la recurrente. Prueba propuesta que de practicarse no hubiera venido a desvirtuar el hecho infractor, toda vez que la incorporación al presente expediente sancionador de la documental aportada en el expediente nº 209/2007 (respecto del cual la entidad afirma que se declaró su caducidad), consistente en la reserva de una habitación para dos personas, entre los días 9 y 10 de agosto de 2006, a nombre de Mario Fernández Ávila y Virginia Najar, en los Apartamentos Playa Club (categoría de 2 llaves) y de la factura abonada por el servicio de alojamiento prestado, lo que viene a confirmar es la situación de sobrecontratación originada por un exceso de reserva que no pudo ser atendida, determinando el alojamiento de los usuarios turísticos, durante dos días, en establecimiento turístico alojativo distinto del reservado. La prueba consistente en tomar declaración a Dña. Virginia Najar, a efectos de demostrar que se cumplió con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, tampoco desvirtúa el hecho infractor de la sobrecontratación, habida cuenta que conforme al citado artículo, en los casos de sobrecontratación la empresa está obligada al alojamiento del usuario que la sufre en otro establecimiento de la misma zona y de categoría como mínimo igual a la ofertada, sufragando los gastos de traslado hasta el establecimiento que definitivamente lo aloje.
La entidad es pues responsable de la comisión del hecho infractor que se subsume en el artículo 76.12 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que tipifica de infracción grave "La sobrecontratación de plazas que origine exceso de reservas que no pueda ser atendido". Responsabilidad administrativa que le es imputable a la entidad mercantil con base en lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que prevé que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con los artículos 73 y 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado.
La entidad es sancionada en segundo lugar por la comisión del hecho infractor consistente en "anunciarse en Internet en la página Lanzarote.com, en categoría superior, dos llaves". Anuncio que obra en el expediente sancionador, adjunto al Acta de Inspección nº 21591, de 12 de abril de 2007, en la que se constata por el Inspector de Turismo actuante que el establecimiento tiene la categoría de una llave. Publicidad turística que resulta engañosa y que infiere a los clientes una mayor calidad en el servicio del que es real, habida cuenta que en la publicidad se consigna que el establecimiento tiene la categoría de 2 llaves cuando lo real es que es de una sola llave. Frente a ello lo único que hace la parte actora es negarlo, derivando la responsabilidad a la empresa titular de la página web en la que se anunció la publicidad del establecimiento y solicitando como prueba de ello, certificación o declaración de dicha empresa, a efectos de acreditar la contratación de la publicidad realizada por esta parte y del contenido de la información que se debía publicitar en Internet. Es necesario establecer lo siguiente: la publicidad quien la da es la parte recurrente, lo que supone el asumir los datos que se anuncian como ciertos y veraces. Si no lo hace así, está induciendo al engaño máxime cuando debió cerciorarse de que respondían a esa realidad. En todo caso, esa responsabilidad no se le podría exigir si en la publicidad se consignara que esos datos no habían sido comprobados, o bien que no se asumía responsabilidad por lo anunciado. Como ninguna de esas circunstancias se dan, la entidad es responsable de la publicidad turística engañosa, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de los Apartamentos Turísticos "Toda la publicidad de la empresa deberá expresar el tipo, modalidad, categoría y signatura de autorización del establecimiento, y se realizará sin que, en ningún caso, induzca a confusión". Resulta cuanto menos curioso que la entidad, titular de la explotación turística de un establecimiento alojativo de una llave, cuando se produce la situación de sobrecontratación, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, aloja a los usuarios turísticos afectados por esta situación de sobrecontratación en apartamentos de dos llaves, es decir, de igual categoría a la que se publicita. La entidad es por ello responsable de la infracción grave del artículo 76.10 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, citada "la publicidad turística engañosa, ofertas equívocas o cualquier forma de sugestión que haga inferir una mayor calidad en el servicio de la que es real", al amparo de lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 73 y 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado.
Aduce la entidad mercantil, a los efectos de enervar la eficacia del acto administrativo impugnado, la vulneración de los principios de tipicidad, legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y garantías del procedimiento sancionador, dictándose Propuesta de Resolución sin ofrecer a esta parte la posibilidad de presentar alegaciones en la fase de prueba y tras la remisión de la copia del expediente sancionador.
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. Principio de tipicidad que no se vulnera en el presente procedimiento sancionador, habida cuenta que las infracciones que se imputan a la entidad se encuentran previstas como tales infracciones por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en los artículos 76.10 y 76.12, anteriormente referenciados. Como tampoco se vulnera el principio de legalidad regulado en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, toda vez que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de turismo, atribuida por el artículo 148.118ª de la Constitución Española, en relación con el artículo 30.21 del Estatuto de Autonomía de Canarias, correspondiendo el ejercicio de la potestad sancionadora a la Consejería de Turismo de la Administración autonómica, según Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, teniendo atribuida la potestad para sancionar en los casos de infracciones graves a la normativa turística canaria, como ha ocurrido en el presente caso (Resolución nº 290, de 29.7.08), la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias a tenor de la facultad que le viene atribuida por el artículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
En relación con el principio de presunción de inocencia, cabe señalar que el derecho fundamental a dicha presunción viene establecido en el artículo 24 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sobre la referida presunción de inocencia, establece que este derecho fundamental es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular, pues toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley. Es la parte acusadora quien tiene la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado, teniendo dicha presunción de inocencia naturaleza "iuris tantum". En el presente caso, la Administración, parte acusadora, ha probado, a través del Acta de Inspección que da inicio al expediente sancionador nº 67/08, y documental obrante en el mismo, la comisión, por parte de la entidad recurrente, de los hechos infractores que se le imputan, sin que ésta haya aportado prueba de descargo directa, precisa y eficaz dirigida a desvirtuar tales hechos, pues parte de las pruebas propuestas fueron rechazadas, motivadamente, por improcedentes, ya que su práctica hubiera resultado irrelevante, por cuanto ya se expuso anteriormente, para desvirtuar los hechos infractores. Por todo ello, la parte acusadora ha venido a destruir la presunción de inocencia de la entidad mercantil que, en relación con el primero de los hechos infractores, reconoce de forma expresa su comisión y, respecto del segundo, no lo llega a desvirtuar, siendo culpable de su comisión.
A la hora de imponer la sanción de multa se ha respetado el principio de proporcionalidad, pese a la afirmación de la entidad de que no ha sido así. Principio de indudable arraigo penal en el seno del procedimiento sancionador que debe presidir el derecho administrativo sancionador. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce al ámbito de sus potestades sancionadoras.
Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.
De los criterios que se regulan en el indicado artículo 79.2 "in fine", de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuantía de las sanciones de multa, a saber "la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el sector", la Resolución sancionadora, que ratifica la Propuesta de Resolución que emite la Instructora del expediente sancionador, tiene en cuenta los criterios de "posición del infractor en el mercado, trascendencia social, repercusiones para el sector turístico y resto del sector, modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y, la carencia de antecedentes". De lo que resulta que al indicarse qué criterios han concurrido o han sido tenidos en consideración, explicitando por tanto qué circunstancias modificativas de la responsabilidad resultan de aplicación, no queda otro remedio que concluir que concurre alguna de las circunstancias legalmente previstas, por lo que no ha sido vulnerado el principio de proporcionalidad, imponiéndose las sanciones de multas en las cuantías mínimas de las legalmente previstas para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, y sin que las infracciones puedan ser calificadas como leves, al amparo del artículo 77.7 del citado legal, como así lo pretende la parte actora, toda vez no se dan las circunstancias que permitan calificar a la infracción grave de leve, como son la falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.
Por último la entidad aduce vulneración de las garantías del procedimiento sancionador, dictándose Propuesta de Resolución sin ofrecer a esta parte la posibilidad de presentar alegaciones en la fase de prueba y tras la remisión de la copia del expediente sancionador. Pretensión que no se puede admitir, porque como ya se indicó en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución, la instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De la verificación de los actos administrativos que conforman el expediente sancionador, resulta que cuando se notificó la Resolución de inicio del expediente sancionador, se concedió a la parte recurrente plazo para formular cuantas alegaciones estimase oportunas en defensa de sus derechos y proponer o presentar pruebas. La mercantil, que no formula alegaciones, se limita a proponer pruebas, parte de las cuales son practicadas y otras rechazadas, mediante acuerdo motivado de la instructora, por resultar improcedentes. Dictada la Propuesta de Resolución, se notifica la misma, con indicación de la puesta de manifiesto del expediente concediéndose plazo como trámite de audiencia. Formuladas alegaciones a la Propuesta de Resolución se dicta la Resolución sancionadora que, de forma motivada, decide todas las cuestiones planteadas en el procedimiento por la parte recurrente. De lo que resulta que ninguna de las garantías del procedimiento sancionador han sido vulneradas.
Por todo lo señalado, procederá desestimar el recurso de alzada y confirmar la Resolución sancionadora nº 290, de fecha 29 de julio de 2008.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 167/08-C emitido con fecha 11 de noviembre de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 18 de noviembre de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 201/08 interpuesto por D. Silvano Ramón Melián Reyes, en representación de la entidad mercantil Bodega La Geria, S.L., con C.I.F. B-35354786, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Los Arcos, sito en Avenida de Las Playas, 49, Puerto del Carmen, término municipal de Tías, y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 290, de fecha 29 de julio de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 67/08, que determinó la imposición de sanciones de multas en cuantías de mil quinientos tres (1.503) euros, por el primer hecho infractor, y mil quinientos tres (1.503) euros, por el segundo hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjuntará a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto.
RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA ante la Junta Económico-Administrativa competente: (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
© Gobierno de Canarias