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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la convocatoria de subvenciones del programa de incentivos para el impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones Locales de Canarias.
Vistas las propuestas formulada por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- El Gobierno de Canarias, en sesión de 22 de abril de 2008 , aprobó el acuerdo por el que se aprueban las "Acciones para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias". De esta manera el Gobierno de Canarias ha apostado de forma decidida por la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pasa básicamente por erigirse en un instrumento que está al servicio de la sociedad, que merezca la confianza de los ciudadanos, que incremente la participación de éstos y que asegure la prestación de servicios de calidad.
Los objetivos que el Gobierno de Canarias persigue con estas acciones no son otros que caminar hacia una administración:
a) Más cercana al ciudadano, poniendo a su disposición todos los recursos y canales posibles.
b) Que favorezca la administración electrónica.
c) Que fomente la cultura de la calidad y la excelencia en la prestación de servicios públicos.
d) Centrada en las personas y que promueva la participación ciudadana.
e) En la que los empleados públicos sean los valedores e impulsores del cambio hacia una administración moderna y orientada al ciudadano.
f) Con equipos formados y capacitados para ejercer su labor.
g) Que incorpore, de manera permanente, elementos que mejoren la organización y gestión.
h) Que tome la iniciativa en la cooperación con el resto de las administraciones públicas.
i) En definitiva, una administración más competitiva, más eficiente y más eficaz.
Para ello se definen cinco ejes de actuación, con sus correspondientes programas y acciones que promueven la responsabilidad, la participación y la implicación de toda la organización en la consecución del objetivo final de modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para prestar unos servicios de calidad y orientados al ciudadano.
En concreto, el eje 5 corresponde a la cooperación y coordinación con las Administraciones Públicas y promoción exterior: se pretende, simultáneamente, establecer mecanismos internos y externos adecuados para la coordinación de todas las iniciativas y acciones a llevar a cabo, fomentar el espíritu de cooperación entre las diversas administraciones públicas y, en particular, con las administraciones públicas canarias así como potenciar y canalizar la promoción externa del Gobierno de Canarias (actividades de difusión, imagen única del Gobierno, ...). De esta forma resultará más sencillo establecer objetivos comunes y consensuados, buscar la homogeneidad de los desarrollos tecnológicos, compartir sistemas de información, reaprovechar desarrollos y experiencias ya realizados por otros órganos así como compartir conocimiento y metodologías.
Segundo.- La Ley Estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, constituye un hito incuestionable para la modernización administrativa en cuanto que reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Derecho que, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, debe ser ejercido en relación a la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009. De las posibles aproximaciones que existen hacia la modernización muchos organismos e instituciones públicas están desarrollando nuevas acciones bajo el impulso que supone el cumplimiento y adaptación a la nueva ley.
Tercero.- En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 se contempla la aplicación Presupuestarias: 08.24.521A.750.00, P.I.L.A. 08708902 denominada "Fomento de la Innovación de las Administraciones Locales Canarias", por un importe de tres millones (3.000.000,00) de euros.
Cuarto.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, la Intervención General emite informe favorable de fiscalización.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, le corresponde a la Consejería, entre otras funciones, proponer medidas para el impulso de la modernización de las Administraciones Locales Canarias mediante la utilización de las nuevas tecnologías. En el seno de ésta, la Inspección General de Servicios y la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tienen atribuidas, cada una dentro de su ámbito material de competencias, la planificación, coordinación y ejecución de los planes y programas en estas materias.
Segunda.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas.
Tercera.- En aplicación del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, en los siguientes ejercicios se publicará anualmente en el Boletín Oficial de Canarias la correspondiente resolución fijando el plazo de presentación de solicitudes, el importe correspondiente al ejercicio de que se trate y su aplicación presupuestaria, haciendo mención expresa a las bases de la convocatoria a que se refiere y al Boletín Oficial de Canarias en que fueron publicadas.
Cuarta.- La convocatoria anticipada, se efectúa al amparo de lo previsto en el Decreto 165/2001, de 30 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gastos, vinculando la resolución de la misma a la condición suspensiva de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para financiar las obligaciones en el ejercicio presupuestario siguiente.
Quinta.- El artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, establece que corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría General Técnica.
Sexta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, referido a delegación de competencias, dispone que los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.
Séptima.- Por Orden nº 367, de 11 de septiembre de 2008, del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad se amplía el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el año 2008, conforme a lo previsto en el artº. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contemplado el Programa de incentivos para el impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las administraciones locales canarias.
Vistos los preceptos citados, concordantes, y demás de general y pertinente aplicación, en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran en el anexo I de la presente Orden para el período 2009-2013, que han de regir en la concesión de subvenciones del Programa de incentivos para el impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las administraciones locales de Canarias, bajo las condiciones que se establecen en el anexo I citado.
Segundo.- Convocar anticipadamente para el ejercicio 2009 la concesión de las citadas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.- El importe de los créditos presupuestarios que se destinan a la financiación de la presente convocatoria asciende a tres millones (3.000.000,00) de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 08.24.521A.750.00, proyecto de inversión 08708902 denominado "Fomento de la Innovación de las Administraciones Locales Canarias".
A dicho importe, con anterioridad a la Resolución de la convocatoria, se les podrán añadir los créditos que como consecuencia de la propia gestión del Programa se precisen, vía modificación de crédito o por incremento de la dotación inicialmente asignada al Programa en función del presupuesto consignado en el proyecto.
Para la presente convocatoria, el desglose del importe total asignado para cubrir los proyectos a incentivar correspondientes a cada uno de los epígrafes 1, 2, 4 y 5 de la base específica cuarta de esta Orden y cuya intensidad se definen en la base específica sexta de esta misma Orden, se fijan en:
a) Implantación de servicios electrónicos 1.300.000 euros.
b) Construcción de nuevos servicios electrónicos: 500.000 euros.
c) Servicios de formación y mejora de la calidad de procesos: 550.000 euros.
d) Infraestructuras y Equipamientos TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) para el soporte de servicios centralizados: 650.000 euros.
En la presente convocatoria no será objeto de subvención la clase incentivos definido en el epígrafe 3 de la base específica cuarta de esta Orden destinados a Producción de contenidos digitales y modernización de portales Web.
Cuarto.- La convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2009.
Quinto.- Para el ejercicio de 2009 el plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria, y el plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen será como máximo de 4 meses contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Este último plazo podrá ampliarse a la vista del volumen de proyectos presentados.
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de subvención, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Resolución de concesión será notificada a los beneficiarios por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para su aceptación expresa por los mismos, que deberán otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de no otorgarla en dicho plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Sexto.- Para la presente convocatoria los proyectos cumplirán de forma general las siguientes condiciones
a) Solamente serán considerados como proyectos subvencionables, aquellos en los que el comienzo de la realización de la actividad se inicie a partir de la publicación de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. Serán excepción a esta regla general, aquellos proyectos en cooperación que acrediten un acuerdo entre los participantes de colaboración para desarrollar el proyecto, previo a la presente convocatoria, en este caso y constatada por la comisión de valoración, que dicho acuerdo y la memoria del proyecto se adecuan a los objetivos de la presente Orden, serán subvencionables inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2008.
b) Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la utilización de los fondos públicos en la realización de la actividad subvencionada. La fecha límite para dicha justificación será el 30 de noviembre de 2009.
c) Se podrán conceder prórrogas para la ejecución y justificación de la actividad objeto de subvención, no pudiendo sobrepasar los nuevos plazos que se concedan, la fecha de 31 de octubre de 2010.
d) Las solicitudes de prórrogas se deberán presentar siempre, como mínimo, treinta (30) días antes de la finalización del plazo de justificación concedido.
Séptimo.- Se delega en el Director General de Telecomunicaciones y nuevas Tecnologías, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La modificación de la presente Orden y la ampliación de los plazos establecidos en la misma.
b) Resolver la presente convocatoria.
c) Modificar, cuando proceda, la Resolución de concesión.
d) El inicio y resolución de los procedimientos de reintegro.
e) El inicio y resolución de los procedimientos sancionadores.
f) El acuerdo de abono anticipado, total o parcial, del importe de las subvenciones.
Octavo.- La presente Resolución producirá sus efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, significando que en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2008.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.
A N E X O I
BASES ESPECÍFICAS
Primera.- Objeto, duración y alcance.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones Locales de Canarias.
2. La presente Orden será de aplicación para aquellos proyectos que tengan por finalidad el impulso del acceso electrónico de los ciudadanos a dichos servicios, a través de actuaciones innovadoras que hagan uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de prácticas de administración electrónica.
3. El período máximo de ejecución de dichos proyectos será de 22 meses. Dicho período se entenderá como el tiempo máximo establecido para la contratación, desarrollo e implantación de todas las actuaciones que se incluyan en el proyecto, en todo el ámbito de actuación que se especifique en la solicitud.
4. El período de ejecución de los proyectos se iniciará a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente, con excepción de lo establecido en el apartado a) del resuelvo sexto, finalizando en la fecha indicada en la Resolución como fecha máxima de ejecución. En la Resolución de convocatoria que se publique cada año este período podrá ser modificado.
5. A petición de la entidad beneficiaria y cuando existan razones justificadas, el período de ejecución de un proyecto podrá prorrogarse una única vez y por un período máximo de 9 meses adicionales al plazo de ejecución inicial establecido en la Resolución. Dicha ampliación de plazo será ordenada por el titular del órgano competente para resolver este procedimiento de concesión y se notificará al beneficiario en los términos establecidos en las bases de esta Orden.
6. Sólo podrá imputarse gastos subvencionables a un proyecto durante su período de ejecución.
Segunda.- Financiación, compatibilidad y gestión de las subvenciones.
1. La financiación de las subvenciones reguladas en la presente Orden se realizará con cargo a los créditos consignados a tal efecto en el presupuesto de gastos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
2. La concesión de la subvención estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
3. Las entidades beneficiarias aportarán fondos propios al proyecto o actividad incentivada, siendo este importe como mínimo de un 15%.
4. En el caso de ser la entidad solicitante un Ayuntamiento de menos de 6.000 habitantes, el porcentaje anterior se fija 10%. En el caso de ser la entidad solicitante un Ayuntamiento de menos de 4.200 habitantes, el porcentaje se fija 5%.
5. La subvención otorgada será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, otorgadas por otras Administraciones Públicas o por Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
6. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del proyecto objeto de subvención, sin perjuicio de los requisitos de fondos propios establecidos en el apartado tercero del artículo anterior.
Tercera.- Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención los destinatarios de los fondos públicos que hayan de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento, o que se encuentren en la situación que legitime su concesión, en los términos que en cada caso se establezcan en las presentes bases específicas. A tal efecto, podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en la presente Orden, los Ayuntamientos, las Mancomunidades de Municipios de Canarias y los Cabildos.
2. Podrán además ser solicitada por agrupaciones sin personalidad jurídica compuestas exclusivamente por Entidades Locales Canarias.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarias de esta subvención, las entidades que se encuentren incursas en alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La entidad beneficiaria, podrá concertar con terceros la ejecución parcial o total de hasta el 100% de la actuación que constituye el objeto de la subvención, ateniéndose a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En particular en ningún caso podrán subcontratarse:
a) Las actividades que aumentando el coste de la actividad incentivada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
b) Actividades con intermediarios o asesores en los que el pago consista en un porcentaje del coste total de la operación, a menos que la entidad beneficiaria final justifique dicho pago por referencia al valor real del trabajo realizado o los servicios prestados.
Cuarta.- Condiciones generales de los proyectos o actuaciones.
Según el objeto del proyecto, se establecen las siguientes clases de subvenciones destinadas a:
1) Implantación de servicios de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones Locales de Canarias a través de plataformas de e-Administración que cumplan las funcionalidades requeridas por la ley 11/2007 detalladas en el anexo III.
Según el tipo de Plataforma sobre la que se base la implantación existirán a su vez 2 tipos de implantaciones:
1.1) Implantación de servicios electrónicos basados en la Plataforma de e-Administración del Modelo Canario de Administración Local (e-MOCAN) o Implantaciones basadas en otras plataformas de e-Administración desarrolladas en software libre adaptadas a la Ley 11/2007 y que se pongan a disposición del repositorio de software libre del Gobierno de Canarias y que cumplan los requisitos exigidos en el anexo III.
1.2) Implantación de servicios electrónicos basadas en plataformas de e-Administración desarrolladas sobre productos propietarios adaptadas a la ley 11/2007 y que cumplan los requisitos exigidos en el anexo III.
2) Construcción de nuevos servicios electrónicos que se pongan a disposición del repositorio de software libre del Gobierno de Canarias.
3) Producción de contenidos digitales y modernización de portales Web.
4) Servicios de formación y mejora de la calidad de procesos.
5) Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) para el soporte de implantaciones centralizadas de servicios electrónicos.
Las especificaciones y detalle de cada clase de incentivo se recogen en el anexo III.
Quinta.- Conceptos de inversión o gastos objeto de subvención.
Según la clase de subvención a que se acoja cada proyecto, podrán ser objeto de subvención los siguientes conceptos de inversión o gasto:
A) Conceptos objeto de subvención.
1) Proyectos de implantación de servicios electrónicos.
1.1) Proyectos de implantación de servicios electrónicos a través del e-MOCAN, o de otras plataformas de e-Administración desarrolladas como software libre que se pongan a disposición del repositorio de de Software libre del Gobierno de Canarias y adaptadas a la Ley 11/2007.
a) Gastos de consultoría para el despliegue e implantación de servicios electrónicos a través de los componentes existentes en el e-MOCANAL, o en otras plataformas de e-Administración adaptadas a la Ley 11/2007 y puestas a disposición del repositorio de software del Gobierno de Canarias, así como su integración con otros sistemas y aplicaciones informáticas existentes en las entidades.
b) Otros gastos de implantación de componentes de software libre adicionales que se requieran para el funcionamiento o uso de los servicios implantados.
c) En el caso de implantaciones locales, excepcionalmente se incentivarán infraestructuras TICs (hardware y software de base) necesarias para el proyecto. Para ello será preciso que en la memoria técnica del proyecto se motive la necesidad de proceder a una instalación local frente a una instalación centralizada y se justifique como imprescindible para el desarrollo del proyecto la infraestructura que se solicita.
1.2) Proyectos de implantación de servicios electrónicos basadas en plataformas de e-Administración desarrolladas sobre productos propietarios adaptadas a la Ley 11/2007.
a) Gastos de consultoría para el despliegue e implantación de servicios electrónicos a través de los componentes existentes, plataformas de e-Administración, desarrolladas sobre productos propietarios adaptadas a la ley 11/2007.
b) En el caso de implantaciones locales, excepcionalmente se incentivarán infraestructuras TICs (hardware y software de base) necesarias para el proyecto. Para ello será preciso que en la memoria técnica del proyecto se motive la necesidad de proceder a una instalación local frente a una instalación centralizada y se justifique como imprescindible para el desarrollo del proyecto la infraestructura que se solicita.
c) Para los proyectos basados en este tipo de implantación, sobre productos propietarios, no se subvencionará el coste de las licencias de los productos propietarios que forman la plataforma, con excepción de aquellos casos en los cuales los productos se pongan a disposición del repositorio de software del Gobierno de Canarias mediante los oportunos convenios o acuerdos. Igualmente no se incentivara la integración de componentes puesto que se entienden que forman parte de la solución en código propietario.
2) Proyectos de construcción de nuevos servicios electrónicos que se pongan a disposición del repositorio de software libre del Gobierno de Canarias:
a) Gastos de consultoría para la elaboración de estudios previos de viabilidad, de análisis de requisitos, y otros.
b) Gastos de diseño, análisis, construcción e implantación de sistemas de información y aplicaciones informáticas.
c) Infraestructuras TICs necesarias para la prestación centralizada del servicio desarrollado.
3) Proyectos de producción de contenidos digitales y modernización de portales web:
a) Gastos de consultoría y asistencia técnica para la producción de contenidos digitales de portales webs o para la reorganización y mejora estructural de portales webs, así como para la implantación o adopción de estándares de accesibilidad.
b) Infraestructuras TICs necesarias para la explotación y producción del portal.
4) Proyectos de servicios de formación y mejora de la calidad de procesos:
a) Gastos de consultoría y/o servicios destinados al desarrollo de planes de formación, su impartición y otras acciones de apoyo a usuarios finales de los sistemas de información que se implanten en las entidades, especialmente sobre los componentes que integran e-MOCAN.
b) Gastos de consultorías y/o servicios destinados al desarrollo de planes de formación y su impartición a empleados internos de las entidades, especialmente dentro del grupo de las catalogadas como software libre.
c) Gastos de consultorías y/o servicios destinados al desarrollo de planes y políticas de calidad aplicadas a la mejora de la procedimientos administrativos (aplicación de modelos EFQM de Excelencia en sistemas de gestión municipales, elaboración de Cartas de Servicio, catalogación y rediseño de procedimientos, etc.) y otras acciones en general, orientadas a la mejora de la eficacia y de la calidad de los procesos de la organización.
5) Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) para el soporte de implantaciones de servicios centralizadas:
a) Suministro e instalación del hardware y software de base necesarios para la instalación y explotación de servicios de forma centralizada.
b) Suministro e instalación de infraestructura de comunicaciones.
c) Elementos de la instalación Física que alberga los equipos anteriores y asegura su adecuado funcionamiento (instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, sistemas de seguridad y supervisión, sistemas contra incendio, instalaciones técnicas, etc.)
B) Con carácter general no serán objeto de subvención los siguientes conceptos:
a) El impuesto sobre el valor añadido recuperable y el impuesto general indirecto canario recuperable, así como los impuestos de naturaleza similar que sean recuperables.
b) Los gastos financieros producidos como consecuencia de la inversión.
c) Toda clase de tasas y aranceles.
d) Todos los referidos a gastos corrientes que tengan carácter continuo o periódico que se destinen al funcionamiento habitual del proyecto.
e) Los gastos correspondientes al uso de software privativo. A excepción de aquellos que no formen parte del objeto principal del proyecto incentivado, pero sean imprescindibles para el funcionamiento del mismo.
f) Los pagos periódicos en concepto de alquiler de infraestructuras y/o servicios.
g) Los gastos de desplazamientos o dietas.
h) Cualquier otro gasto no recogido dentro de los conceptos subvencionables para cada clase de subvención.
Sexta. Importe de las subvenciones.
Con carácter general, el importe de la subvenciones no superarán los máximos que se fijan a continuación: hasta el 85% del presupuesto aceptado. En caso de ser la entidad solicitante un Ayuntamiento de menos de 6.000 habitantes, el porcentaje anterior se fija en un 90%. En el caso de ser la entidad solicitante un Ayuntamiento de menos de 4.200 habitantes, el porcentaje se fija en un 95%.
El importe para cada clase de subvención así como los importes por participante y tipo de proyecto se detallan en los epígrafes siguientes:
1) Implantación de servicios electrónicos.
Para este epígrafe se fijan unos incentivos máximos por proyecto de:
1.1) Proyectos de implantación de servicios electrónicos a través del e-MOCAN, o de otras plataformas de e-Administración desarrolladas como software libre que se pongan a disposición del repositorio de de software libre del Gobierno de Canarias y adaptadas a la Ley 11/2007.
1.1.1) Implantaciones Centralizadas.
Hasta 30.000 euros por Entidad participante para implantaciones de complejidad sencilla de forma centralizada y hasta un máximo 420.000 euros para el total de participantes para integraciones si hubiera que desarrollar los conectores entre la plataforma y los back-offices.
1.1.2) Implantaciones locales de complejidad media:
Hasta 60.000 euros por Entidad participante para implantaciones de complejidad media y hasta un máximo 120.000 euros para integraciones si hubiera que desarrollar los conectores.
1.1.3) Implantaciones Locales de complejidad Alta.
Hasta 250.000 euros por Entidad participante para implantaciones de complejidad alta.
1.2) Proyectos de implantación de servicios electrónicos basadas en plataformas de e-Administración desarrolladas sobre productos propietarios adaptadas a la ley 11/2007.
1.2.1) Implantaciones Centralizadas:
Hasta 30.000 euros por Entidad participante para implementaciones sencillas mediante plataforma de software propietario de forma centralizada. No se incentivará la integración de componentes puesto que se entienden que forman parte de la solución en código propietario.
1.2.2) Implantaciones locales de complejidad media:
Hasta 60.000 euros por Entidad participante para implantaciones de complejidad media. No se incentivará la integración de componentes puesto que se entienden que forman parte de la solución en código propietario.
1.2.3) Implantaciones Locales de complejidad Alta.
Hasta 250.000 euros por Entidad participante para implantaciones de complejidad alta.
2) Construcción de nuevos servicios electrónicos:
Hasta el 70% del presupuesto aceptado, con un incentivo máximo de 250.000 euros por proyecto.
3) Producción de contenidos digitales y modernización de portales web:
Hasta el 85% del presupuesto aceptado, con un incentivo máximo de 40.000 euros por proyecto.
4) Servicios de formación y mejora de la calidad de procesos:
Hasta el 80% del presupuesto aceptado, con un incentivo máximo de 60.000 euros por proyecto.
5) Infraestructuras de equipamiento de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para el soporte de implantaciones de servicios centralizadas.
Hasta el 75% del presupuesto aceptado, con un incentivo máximo de 200.000 euros por proyecto.
Séptima.- Modalidades de participación.
Proyecto o acción individual realizada por una sola entidad.
Proyecto o acción en cooperación, en el que participa más de una entidad, una de éstas ejercerá de representante de la agrupación y gozará de poderes bastantes para firmar la solicitud en nombre de todas las entidades que la componen, aportándose el correspondiente contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintas entidades participantes. El anterior documento se podrá sustituir a la hora de la presentación de las correspondientes solicitudes de subvención por una declaración de todas las entidades participantes en el proyecto en el sentido de que si el proyecto fuera seleccionado finalmente como subvencionable, las entidades participantes se comprometen en un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la concesión, a formalizar documentalmente el contrato, convenio o acuerdo, que establezca los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes y la delegación para que el representante presente y firme la propuesta final.
La Entidad que ejerce de representante será la perceptora del total de la subvención, y será por tanto la responsable ante el Gobierno de Canarias, realizando los repartos y asignaciones internas, tanto del dinero como de las tareas de acuerdo a lo establecido en los documentos que soportan la relación entre ellos y establece las características del proyecto. La entidad representante será igualmente la responsable de la justificación del proyecto.
El Proyecto o acción en cooperación permitirá igualmente que el representante no participe directamente como sujeto pasivo de las acciones del proyecto realizando solamente labores de coordinación, gestión y dirección del proyecto, realizando las contrataciones necesarias de los bienes y servicios que luego pondrá a disposición de las entidades participantes a tenor de lo establecido en el oportuno documento que establece la relación entre los participantes y las características del proyecto.
Octava.- Criterios de valoración.
La Comisión de Valoración definida en la base general quinta valorará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios para cada tipo de incentivo:
1. Implantación de servicios electrónicos.
1.1. Definición técnica y arquitectura de producción del servicio a implantar (30%). Se valorará la adecuada definición de las especificaciones técnicas para el despliegue y puesta en producción del servicio telemático, considerando factores como la idoneidad de la arquitectura informática para la producción del servicio (explotación en modo local, explotación en modo distribuido a través de Mancomunidades, Cabildos o del Centros de Servicios de Agrupaciones de Entidades Locales), los factores de integración e interoperabilidad del servicio, o el tipo de cliente a utilizar en el puesto de trabajo para su uso.
1.2. Alcance funcional del servicio a implantar (20%). Se valorará la funcionalidad en sí del servicio a implantar y el grado de beneficio tecnológico para el ciudadano y/o para la gestión interna de la entidad local. En este apartado se considerará como elemento clave para la valoración, el factor de interés público y la mejora de gestión administrativa que supondrá para la ciudadanía la implantación de dicho servicio telemático y el nivel de administración electrónica que éste alcance.
1.3. Factor poblacional (15%).
Se valorará de forma inversamente proporcional al dato de censo de población adscrita al municipio o la entidad, en beneficio de las de menores recursos económicos, en el caso de proyectos en cooperación lo anterior se establecerá en base a la media de población resultante de la agrupación.
1.4. Proyecto en cooperación (10%).
Se valorará de forma directamente proporcional al número de entidades que forman la agrupación.
1.5. Adecuación del presupuesto (10%).
Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto del proyecto a los costes medios de mercado que tienen los diferentes elementos que lo componen y de las asistencias técnicas necesarias para el despliegue e implantación del servicio telemático.
1.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad del servicio a implantar (10%).
Se valorará la adopción de soluciones globales para la continuidad del servicio, como la implantación de servicios auxiliares de atención a usuarios, servicios de continuidad y disponibilidad 24x7, servicios de respaldo de datos y servicios, así como la inclusión de servicios de soporte y mantenimiento del software.
1.7. Descripción del plan de trabajo y planificación del proyecto (5%).
Se valorará la presentación de un plan de trabajo que describa la definición y planificación de todas las tareas a acometer para el despliegue e implantación del servicio telemático, con detalle de los plazos, recursos humanos, costes u otros recursos necesarios.
2. Construcción de nuevos servicios telemáticos.
2.1. Alcance funcional del servicio telemático (20%).
Se valorará la funcionalidad en sí del servicio a construir y el grado de beneficio tecnológico para el ciudadano y/o para la gestión interna de la entidad local. En este apartado se considerará como elemento clave para la valoración, el factor de interés público y la mejora de gestión administrativa que supondrá para la ciudadanía la construcción de este nuevo servicio telemático y el nivel de administración electrónica que éste alcance.
2.2. Grado de madurez electrónica (20%).
Se valorará el grado de interacción que ofrezca el servicio, siguiendo los cuatro niveles establecidos por e-Europe:
· Nivel-1: Información estática del servicio a través de Internet.
· Nivel-2: Servicio electrónico: servicios con cierta interacción con el ciudadano, información personalizada con identificación, o descargas de formularios.
· Nivel-3: Procedimiento electrónico: servicios con transacción con el ciudadano en los dos sentidos y algún grado de tramitación electrónica en el procedimiento administrativo.
· Nivel-4: Procedimiento electrónico completo, incluyendo pago telemático, si lo hubiere.
2.3. Factor poblacional (15%).
Se valorará de forma proporcional al dato de censo de población adscrita al municipio o la entidad, en beneficio de un mayor alcance del proyecto, en el caso de proyectos en cooperación lo anterior se establecerá en base a la media de población resultante de la agrupación.
2.4. Definición técnica de la plataforma de desarrollo y arquitectura de producción del servicio telemático (15%).
Se valorará la definición técnica de la plataforma de desarrollo que se empleará para la construcción del servicio: arquitectura del servicio y entorno tecnológico, lenguaje de programación, factores de modularidad de los componentes del servicio, Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) que utilizará, y otros factores de integración e interoperabilidad del servicio. Así mismo se valorará dentro de este apartado la adecuada definición de las especificaciones técnicas para el despliegue e implantación final previstos para el servicio telemático.
2.5. Adecuación del presupuesto (10%).
Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto del proyecto a los costes medios de mercado que tienen los diferentes elementos que lo componen y de las asistencias técnicas necesarias para abordar todas las fases de su construcción.
2.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad del servicio telemático (10%).
Se valorará la adopción de soluciones globales para la continuidad del servicio, como la previsión de implantación o disponibilidad actual de servicios auxiliares de atención a usuarios en la entidad, adopción de servicios de continuidad y disponiblidad 24x7 del servicio, así como la contratación prevista de períodos de garantía y soporte del servicio a construir.
2.7. Nivel de accesibilidad (5%).
Se valorará el grado o nivel de accesibilidad del servicio telemático.
2.8. Descripción del plan de trabajo y planificación del proyecto (5%).
Se valorará la presentación de un plan de trabajo que describa la definición y planificación de todas las fases y tareas estándares a acometer en un proyecto de desarrollo de software, con detalle de los plazos, recursos humanos, costes u otros recursos necesarios.
3. Producción de contenidos digitales y modernización de portales web.
3.1. Alcance funcional del portal web (30%).
Se valorará la funcionalidad que se incorpora o crea dentro del portal, considerando cuestiones como el interés público y la mejora de gestión administrativa que supondrá para la ciudadanía la puesta en marcha de los servicios del portal, de sus contenidos digitales, de los factores de innovación tecnológica que emplea, o del nivel de administración electrónica que se alcance.
3.2. Definición técnica y arquitectura de producción del portal web (20%).
Se valorará la definición técnica de la plataforma de desarrollo que se empleará para la construcción del portal: arquitectura y entorno tecnológico, estructura del portal, lenguaje de programación, utilización de gestores de contenido y herramientas horizontales para la prestación de servicios electrónicos (como escritorios de tramitación, firma electrónica, notificaciones electrónicas, etc.), SGBD que utilizará, y otros factores de integración e interoperabilidad. Así mismo se valorará dentro de este apartado la adecuada definición de las especificaciones técnicas para la explotación final del portal web.
3.3. Factor poblacional (15%).
Se valorará de forma inversamente proporcional al dato de censo de población adscrita al municipio o la entidad, en beneficio de las de menores recursos económicos, en el caso de proyectos en cooperación lo anterior se establecerá en base a la media de población resultante de la agrupación.
3.4. Nivel de accesibilidad (10%).
Se valorará el grado o nivel de accesibilidad del servicio web y/o de los contenidos digitales.
3.5. Adecuación del presupuesto (10%).
Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto del proyecto a los costes medios de mercado que tienen los diferentes elementos que lo componen y de las asistencias técnicas necesarias para abordar todas las fases de la construcción del portal web y/o contenidos digitales.
3.6. Garantía, soporte y soluciones de continuidad del portal web (10%).
Se valorará la adopción de soluciones globales para la continuidad del servicio del portal web, como la previsión de implantación o disponibilidad actual de servicios auxiliares de atención a usuarios en la entidad, adopción de servicios de continuidad y disponibilidad 24x7 del servicio, así como la contratación prevista de períodos de garantía y soporte de los elementos que componen el portal web.
3.7. Descripción del plan de trabajo y planificación del proyecto (5%).
Se valorará la presentación de un plan de trabajo que describa la definición y planificación de todas las tareas a acometer para la construcción del portal web, con detalle de los plazos, recursos humanos, costes u otros recursos necesarios.
4. Servicios de formación y mejora de la calidad de procesos.
4.1. Promoción del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital y reusabilidad del software (40%).
Se valorará la formación y las medidas de mejora aplicada a procesos que estén más relacionadas con los sistemas y servicios disponibles a través del Repositorio de software libre para las administraciones locales, así como sobre los que forman parte del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital.
4.2. Beneficios para la ciudadanía (35%).
Se valorará la formación y las medidas de mejora aplicada a procesos que repercutan más directamente en beneficios hacia la ciudadanía.
4.3. Factor poblacional (15%).
Se valorará de forma inversamente proporcional al dato de censo de población adscrita al municipio o la entidad, en beneficio de las de menores recursos económicos, en el caso de proyectos en cooperación lo anterior se establecerá en base a la media de población resultante de la agrupación.
4.4. Adecuación del presupuesto (10%).
Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto del proyecto a los costes medios de mercado que tienen los diferentes elementos que lo componen.
5. Infraestructuras e equipamiento de TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) para el soporte de implantaciones de servicios centralizadas.
5.1. Proyecto en cooperación (40%).
Se valorará de forma directamente proporcional al número de entidades que forman la agrupación.
5.2. Garantía, soporte y soluciones de continuidad del servicio a implantar (35%).
Se valorará la adopción de soluciones globales para la continuidad del servicio, servicios de continuidad y disponibilidad 24x7, servicios de respaldo de datos y servicios, así como la inclusión de servicios de soporte y mantenimiento del software. Estrategias de sostenibilidad del servicio.
5.3. Factor poblacional (15%).
Se valorará de forma inversamente proporcional al dato de censo de población adscrita al municipio o la entidad, en beneficio de las de menores recursos económicos, en el caso de proyectos en cooperación lo anterior se establecerá en base a la media de población resultante de la agrupación.
5.4. Adecuación del presupuesto (10%).
Se valorará el nivel de adecuación del presupuesto del proyecto a los costes medios de mercado que tienen los diferentes elementos que lo componen.
Una vez valorados los proyectos, se confeccionará un listado de los mismos, ordenado por puntuación decreciente. Se otorgará la subvención según la prioridad establecida según la base general quinta por la puntuación hasta agotar la dotación presupuestaria.
BASES GENERALES
Primera.- Solicitudes.
1. Las entidades que deseen participar en esta convocatoria presentarán la correspondiente solicitud firmada y dirigida al Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, utilizando los impresos normalizados que se insertan como anexo II a la presente Orden. Estos impresos se encuentran disponibles en la página Web https://www.gobcan.es/ayudas, y como centro gestor en la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, e irá acompañada de la documentación que se especifica en el epígrafe 4 de esta base. La documentación aportada por las entidades concurrentes será tratada confidencialmente.
Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las dependencias o formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la citada Ley. No obstante, preferentemente, se presentarán en alguno de los siguientes lugares:
a) Registros de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías:
Registro general: Horario: - lunes a viernes: de 9 a 14 horas - julio, agosto y septiembre: de 9 a 13 horas - cerrado: festivos, sábados y 24 y 31 de diciembre. Localización: calle Rubén Marichal López, 12. La Ninfa-Ifara, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
Registro auxiliar: horario: -lunes a viernes: de 9 a 14 horas -julio, agosto y septiembre: de 9 a 13 horas. -cerrado: festivos, sábados y 24 y 31 de diciembre. Localización: calle León y Castillo, 200, Edificio Servicios Múltiples III, 3ª planta, 35071-Las Palmas de Gran Canaria.
b) Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad:
Registro general: Horario: - lunes a sábado: de 9 a 14 horas - julio, agosto y septiembre; de 9 a 13 horas. - cerrado: festivos. Localización: Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, planta baja, 38071-Santa Cruz de Tenerife.
2. Las solicitudes que se presenten presumen la aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.ñ) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Asimismo, la presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la inclusión del solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se publicará electrónicamente, o por otros medios, con el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignados a ellos.
4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a.- Solicitud formulada según modelo que figura en el anexo II de la presente Orden por la que se establecen estas bases, firmada por la persona a la que corresponda la representación legal de la entidad o que cuente con poder suficiente para ello.
b.- D.N.I. de la persona que ostente la representación legal (dos copias compulsadas).
c.- Certificación del/de la Secretario/a de la entidad local, acreditativa de la identidad y facultades de la persona que actúa en representación legal de la misma.
d.- Documento de identificación fiscal de la entidad (dos copias compulsadas).
e.- Declaración responsable firmada por el/la representante legal de la entidad, formalizada según modelo obrante en el anexo II, relativa a que la entidad no está incursa en las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f.- Memoria de cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención, cumplimentada según modelo obrante en el anexo II.
g.- Previsión de ingresos y gastos destinados al desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención, desglosada por conceptos presupuestarios y cumplimentada según modelo que figura en el anexo II de la Resolución por la que se aprueban estas bases.
h.- Copia del alta de terceros de la entidad en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias (P.I.C.C.A.C.).
i) Memoria explicativa del proyecto según modelo normalizado del anexo II de acuerdo con las especificaciones al respecto contenidas en el anexo III.
j) Acuerdo y/o Convenio o borrador del mismo para proyectos en cooperación, si se presenta borrador incluir cartas de intención de los participantes.
k) D.N.I. del representante o de los representantes mancomunados.
l) Certificados de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social. No obstante, en relación a los certificados tributarios, el órgano gestor podrá obtenerlos por vía telemática, si la persona interesada otorga su consentimiento.
5. Las entidades solicitantes tendrán que estar dadas de alta en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias (PICCAC) en el momento previo a la concesión de la subvención.
Segunda.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la Orden de convocatoria.
Tercera.- Inicio del período subvencionable.
El período subvencionable se iniciará a partir de la publicación de la Resolución de concesión de la subvención y nunca antes de la fecha de publicación de la convocatoria. La convocatoria correspondiente a cada anualidad podrá contemplar excepciones a esta base general.
Cuarta.- Instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías la cual, recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse según se indica en la anterior base, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. La documentación que falte para completar la solicitud será requerida por el órgano gestor, empleando como medio de notificación el señalado como preferente en la instancia de solicitud.
3. El órgano gestor elevará a la Comisión de valoración un listado con las solicitudes que cumplen los requisitos para ser subvencionables, acompañadas de un informe resumen de la valoración necesaria para su valoración. Asimismo, elevará otro listado con las solicitudes que no reúnen los requisitos para ser aprobadas.
Quinta.- Terminación.
1. Comisión de valoración.
Los proyectos serán definitivamente seleccionados y tipificados de acuerdo a la base específica séptima por una Comisión, nombrada por el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías que designará al Presidente, figurando un funcionario como secretario. El número de miembros que integrarán el citado órgano no será superior a 5. La Comisión de selección podrá asesorarse de expertos externos cuando lo considere necesario.
La Comisión elaborará la Propuesta de Resolución, según los criterios establecidos en la base específica séptima, para el otorgamiento de la subvención a los solicitantes, y serán aprobados aquellos expedientes que hayan obtenido mayor puntuación, hasta agotar la dotación presupuestaria. A igualdad de puntuación se discriminará en orden descendente por número de habitantes que corresponden a la entidad o conjunto de entidades solicitantes que se agrupan dentro del proyecto presentado (primando el mayor número de habitantes).
Si el importe total asignado a una clase de subvención no se cubriera porque el número de proyectos presentados o seleccionados para esa clase no fuera suficiente para ello, el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías establecerá las reasignaciones de este dinero no utilizado en esa clase al importe asignado a otras clases de incentivos donde en número de proyectos seleccionados sobrepasara el total del importe asignado a esa clase.
La Comisión podrá recabar de la entidad o entidades solicitantes, las aclaraciones que estime necesarias para una mejor comprensión y valoración.
La Propuesta de Resolución indicará el nombre de la o las entidades solicitantes y especificará la evaluación de la solicitud, de acuerdo con los criterios de valoración previstos en la base específica séptima. En la propuesta estimatoria se especificará, además, la cuantía de la subvención, el coste mínimo subvencionable a justificar y la duración en años aceptada para el proyecto.
2. Lista de Reserva.
Con aquellas solicitudes de proyectos que queden sin subvencionar por falta de dotación presupuestaria, se creará una lista de reserva para que en los casos de renuncia de alguna subvención que hubiese sido concedida, su no aceptación o incumplimiento de condiciones, se pueda proceder a destinar el dinero disponible a los proyectos que figuren en dicha lista y según la prelación y el orden de puntuación obtenidos.
El figurar en dichas listas de reserva no implicará, en ningún caso, la existencia de derechos preexistentes a efectos de lo establecido en el artículo 14.1.a) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, sobre efectos estimatorios a falta de resolución expresa.
3. Plazo para resolver.
La fecha límite para resolver el concurso será de 4 meses a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
A la vista de las solicitudes presentadas, y siempre que exista autorización de excepcionalidad, por el órgano competente se ampliará el plazo de resolución hasta la fecha máxima autorizada.
Si venciera el plazo de resolución sin que ésta se hubiera dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Resolución.
4.1. La resolución que ponga fin al procedimiento de concesión ha de ser única y tendrá que contener, además de las solicitudes desistidas por falta de subsanación, las estimadas y desestimadas en función de los criterios objetivos de valoración y baremo de la convocatoria.
4.2. Se notificará a cada una de las entidades beneficiarias la subvención concedida, así como las condiciones específicas y generales que deberán cumplir. Asimismo, se notificarán aquellas solicitudes que resulten desestimadas o desistidas.
Sexta.- Aceptación.
La efectividad de la resolución de concesión está supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Séptima.- Abono de la subvenciones.
1. El abono de la subvención podrá ser por anticipado, y se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Quedan exentas de presentar la garantía los beneficiarios que a tal efecto contempla el artículo 29 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el artículo 42 de Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Para solicitar el abono anticipado, cuyo plazo expira el 30 de noviembre de cada año, se presentará, por duplicado, instancia solicitando el mismo, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Octava.- Medios y plazo de justificación.
1. Para proceder a la justificación del expediente, se deberá aportar por duplicado la siguiente documentación, fotocopiada y compulsada:
a) Instancia dirigida al Director de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías solicitando la justificación de la subvención.
b) A los efectos de justificar la subvención, se deberá aportar los justificantes del pago de las contrataciones y demás gastos que figuran el la propuesta presentada para su subvención, acompañadas de un cuadro resumen sellado y firmado por el responsable de contabilidad, donde expresamente se haga constar el total devengado o incurrido.
c) Memoria final, según anexo II. En esta memoria deberá explicarse las realizaciones y logros del proyecto y las tareas e hitos a alcanzar en el futuro. Asimismo, deberá contener un capítulo donde se declare el coste total incurrido en la realización del proyecto y se realice una comparativa con el presupuesto presentado en la solicitud de subvención, explicando las desviaciones producidas.
2. El plazo que se concede para justificar el proyecto o actuación será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de realización de la actividad subvencionada.
Una vez aportada la documentación señalada, se emitirá informe del funcionario del órgano gestor, en los términos del artículo 31.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado por el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), para su fiscalización por el órgano competente de la Intervención General.
Emitido el informe de fiscalización favorable, o en su caso, una vez resueltas las discrepancias que hubiere, el Órgano Gestor dictará la Resolución correspondiente en aplicación del artículo 31.6 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Novena.- Obligaciones del beneficiario.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y al artº. 27 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga o contradiga al citado precepto básico, el beneficiario de la subvención queda sometido a las siguientes:
1. Obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y que, por diferencia, permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos percibidos en concepto de subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, durante los períodos establecidos en el artº. 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de julio de 2006 (hasta el 31 de diciembre de 2016).
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de esta base.
3. La obligación de dar cumplimiento a las normas de información y publicidad según pone de relieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales (DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15 de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda tenga financiación comunitaria. Específicamente, el artículo 8 del citado Reglamento establece las responsabilidades de los beneficiarios relativas a medidas de información y publicidad. En aplicación del artículo citado, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen han sido informadas de la financiación comunitaria. Cualquier documento relativo al proyecto objeto de subvención incluirá una declaración en la que se informe de que el programa operativo, si procediera, ha sido cofinanciado con el Fondo Estructural que corresponda.
4. La aceptación de la subvención por parte de la entidad beneficiaria implica su aceptación de ser incluido en una lista de beneficiarios publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del indicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.
Décima.- Reintegro.
No será exigible el abono de la subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03) y los del artículo 35.3 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. El procedimiento se regirá según lo previsto en dicho Decreto.
Undécima.- Modificaciones.
Podrá acordarse por el órgano competente, previa solicitud del beneficiario, la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, debiéndose cumplir los requisitos del artículo 26 del Decreto 337/1997 y los requisitos de las presentes bases.
Duodécima.- Justificación de las subvenciones concedidas: medios.
La acreditación de la obligación a la que se refiere el apartado b) de la base general novena se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:
1. Memoria justificativa de la aplicación de la subvención concedida y explicativa de la realización del proyecto subvencionado.
Certificación expedida por el órgano de la entidad local que tenga atribuida las funciones de fiscalización o control de los fondos acreditativa de los siguientes extremos:
· Que se han empleado los fondos públicos recibidos en la ejecución del proyecto subvencionado.
· Del coste total del proyecto subvencionado.
· De su efectiva realización.
Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control interno y externo de la actividad financiera de las Administraciones Públicas y por cualquier organismo de la Comisión Europea.
3. Los registros contables cuya llevanza venga impuesta por la normativa aplicable y que proporcionen información detallada sobre los gastos y los pagos específicos efectuados con motivo de los proyectos o acciones correspondientes a las intervenciones comunitarias.
Dicha información contendrá, inexcusablemente, los siguientes extremos adecuados al beneficiario de que se trate y a la normativa contable aplicable a cada caso:
- Importe del gasto.
- Partida correspondiente o cuenta de aplicación del gasto.
- Breve descripción del gasto.
- Fecha de contabilización.
- Identificación y localización de los justificantes.
- Fecha y método de pago.
4. Facturas o documentos originales acreditativos del empleo de los fondos públicos recibidos en concepto de subvención que se han de ajustar a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones de facturación.
Los justificantes que habrán de aportarse serán los correspondientes a los gastos realmente pagados por la entidad beneficiaria con arreglo a las Normas sobre gastos subvencionables.
Los documentos justificativos de gastos deberán llevar inserta la declaración de "pagado" o, en su caso, "recibí". En el supuesto de que el abono se haya hecho a través de transferencia bancaria se aportará el correspondiente extracto bancario.
La documentación original correspondiente quedará localizada en el servicio o unidad responsable de su custodia, a disposición de las personas y organismos que están facultados para inspeccionar este tipo de documentos con arreglo a la normativa de aplicación.
Al objeto de acreditar el coste total del proyecto subvencionado y, en concreto, los gastos imputados a otras entidades cofinanciadoras incluidos los financiados por la propia entidad beneficiaria, la entidad presentará facturas o documentos originales expedidos en los términos establecidos en el punto 4 anterior.
La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías diligenciará las facturas que sirvan de justificantes de la subvención concedida mediante el estampillado de las mismas, que contendrá los siguientes datos: importe, destino de la subvención, PILA, Programa Operativo, porcentaje de cofinanciación, Eje y Medida.
Decimotercera.- Normativa de aplicación.
En lo no regulado por estas bases se estará a lo establecido en las siguientes normas:
1. En relación a la normativa de ayudas de Estado:
- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).
2. En el ámbito de la legislación española (normativa reguladora de procedimiento):
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo referente a sus preceptos básicos.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
3. En el ámbito de la normativa autonómica:
- Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77, de 23.6.00), en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones;
- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de julio de 2001, modificado por el de 22 de abril de 2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo subvencionable no podrá ser inferior al 20% de los gastos subvencionables, limitándose la cuantía mínima de la subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros.
4. En el caso de que alguna de las convocatorias anuales contenga cofinanciación de fondos estructurales:
- Decreto Territorial 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea (B.O.C. nº 79, de 18.6.99);
- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06);
- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo (según redacción publicada en el DO L 45, de 15.2.07);
5. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayudas públicas.
Decimocuarta.- Final.
Se faculta al Director de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para interpretar el contenido de las presentes bases.
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