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BOC Nº 258. Viernes 26 de Diciembre de 2008 - 2053

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

2053 - Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.- Resolución de 25 de noviembre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones genéricas para la restauración y conservación de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).

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Examinado el expediente de convocatoria de subvenciones genéricas para la restauración y conservación de inmuebles declarados bienes de interés cultural, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el día 12 de septiembre de 2008, nº 183, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de abril de 2008, se recibió en este centro directivo la Orden Departamental aprobando el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2008, acto que tiene carácter previo y preceptivo a la tramitación de convocatorias públicas de subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo.- Interesada de la Secretaría General Técnica la formulación de la correspondiente propuesta de convocatoria de subvenciones genéricas se recibió la misma el 14 de mayo. En esa misma fecha se solicitó el pronunciamiento de la Intervención General, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.c) del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Órgano (B.O.C. nº 35, de 17.3.97), emitiéndose el mismo con fecha 30 de junio de 2008.

Tercero.- Una vez llevado el expediente por todos sus trámites, y disponiendo de todos los informes, incluido el previsto en el artículo 11.5 del Decreto 337/1997, se elevó, junto con el proyecto de Orden para su firma, el 1 de julio.

Cuarto.- Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de fecha 16 de julio de 2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias del día 12 de septiembre, se convocaron subvenciones genéricas para la restauración y conservación de inmuebles declarados bienes de interés cultural (BIC), aprobándose las bases reguladoras de las mismas.

Quinto.- Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de octubre, se modificó la fecha señalada en la base 16 de la convocatoria, fijándose ésta en el 15 de noviembre, si bien en el anuncio publicado se consignó por error el 15 de diciembre, extremo que fue subsanado por Resolución de 31 de octubre.

Sexto.- Examinadas las solicitudes, así como la documentación presentada con las mismas, se procedió a requerir a los interesados cuyas solicitudes no reunían los requisitos establecidos en la convocatoria, para que en el plazo de 10 días, subsanaran las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre y nº 12, de 14 de enero, respectivamente).

Séptimo.- Evaluadas las solicitudes, conforme a los criterios objetivos de valoración establecidos en la base 15 de la convocatoria, y en lo no previsto en la misma conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y visto el informe del Servicio de Cooperación y Patrimonio Cultural, se adopta el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En el dispositivo tercero de la Orden de la Consejería de Educación Universidades, Cultura y Deportes de fecha 16 de julio de 2008 (B.O.C. nº 183, de 12 de septiembre), de la que este acto trae causa, se delega en la titular de este centro directivo el ejercicio de determinadas competencias, entre ellas, a) Resolver el concurso de la presente convocatoria.

Segundo.- El presente acto se produce fuera del tiempo marcado para ello, ante la imposibilidad material de armonizar el plazo marcado y modificado para resolver y la recepción de las respuestas a los preceptivos requerimientos efectuados a los interesados de conformidad con los preceptos de carácter básico recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre y nº 12, de 14 de enero). Igualmente, con fundamento en el artículo 42.1 de la citada Ley, se dicta el presente acto, entendiendo como obligación ineludible dictar resolución expresa.

Tercero.- La concesión se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 170, de 31.12.97).

Vistos los hechos y fundamentos relacionados, y en uso de la competencia atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Beneficiarios y cuantías.

Conceder subvenciones a las personas y entidades que se relacionan en el anexo I de la presente, en la cuantía que en el mismo se señala, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.455A.780.00- Proyecto de Inversión 07718A00 "Plan de Revitalización en Conjuntos Históricos y Zonas Históricas de Canarias". Dichas subvenciones representan, en todos los casos, el 50% del coste de la actividad a realizar por cada uno de los beneficiarios.

Segundo.- Desestimación y aceptación de desistimiento.

Desestimar las solicitudes presentadas por los interesados que se relacionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos que se consignan en el mismo.

Aceptar el desistimiento formulado por D. Domingo Acosta Armas.

Tercero.- Prohibición de emplear los fondos recibidos en adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con los beneficiarios, sus administradores o apoderados.

Que de conformidad con el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), los beneficiarios no podrán emplear los fondos recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con ellos, sus administradores o apoderados. Asimismo, y dado que el importe de las subvenciones concedidas son inferiores al coste global de las actuaciones que se subvencionan, siendo la realización completa de las mismas el requisito para la obtención de aquéllas, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas, entendiéndose por entidades vinculadas las establecidas en el apartado 2 del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 175, de 25.7.06). Dichos extremos se acreditarán mediante declaraciones juradas de los beneficiarios que se presentarán junto con la documentación justificativa que se establece en la presente Resolución.

Cuarto.- Aceptación expresa de las subvenciones.

La efectividad de la presente Resolución de concesión de las subvenciones que nos ocupan, estará condicionada a la aceptación expresa de las mismas por parte de los beneficiarios, que se deberán otorgar dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación (artículo 25.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre).

Quinto.- Abono y justificación de las subvenciones.

El abono será en firme, conforme disponen el artículo 34.3 de la Ley 38/20003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre), y el artículo 28.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), una vez acreditada la realización de la actividad para la que han sido concedidas las subvenciones, mediante la presentación de facturas o recibos originales, siendo el plazo para ello desde el momento de la aceptación de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2008. Dichas facturas o recibos originales presentados por los beneficiarios, en el plazo señalado anteriormente, operarán como justificación documental de la subvención, de conformidad con los artículos 31.2 y 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre), y los artículos 28.1, 31 y 33 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97). Al propio tiempo, de conformidad con la base 18.1, de la convocatoria, las mencionadas facturas o recibos deberán presentarse debidamente ordenadas por epígrafes y acompañadas de una relación en la que figuren el número de orden de las mismas, fecha de emisión, importe, concepto, proveedor, así como fecha de pago (fecha valor extracto bancario), en su caso.

Sexto.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad.

Séptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Asimismo los beneficiarios quedarán sujetos a las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de las subvenciones.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.

Octavo.- Modificación de la Resolución de concesión de las subvenciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del repetido Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de las subvenciones, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos para la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

Noveno.- Régimen aplicable a los procedimientos de reintegros.

1. Las causas de reintegro son las contempladas en los artículos 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 35.3, del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

El régimen aplicable a los procedimientos de reintegro se concreta en lo siguiente:

1.- Los beneficiarios estarán obligados al reintegro de las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, en los casos siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 337/1997, de 19 de diciembre, y, en su caso, en las normas establecidas en la presente Resolución. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adoptar en cuanto a la difusión del carácter público de la financiación de la actividad de acuerdo a lo establecido en el apartado sexto de esta Resolución. En caso de incumplimiento total deberá devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrables o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumida con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de realizar la/s actividad/es. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumida con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículo 87 al 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

2.- Cuando el cumplimiento por los beneficiarios o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta Ley, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

3.- Igualmente en caso de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la/s actividad/es subvencionada/s, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la/s actividad/es subvencionada/s, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Décimo.- Régimen jurídico aplicable a las subvenciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en todos aquellos aspectos no previstos en esta Resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 (B.O.E. nº 176, de 25.7.06), la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), así como en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97).

En cuanto a infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécimo.- Notificación: notificar la presente Resolución a los interesados, en cumplimiento de los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.199).

La presente Resolución adoptada por delegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se considerará dictada por el órgano delegante, por lo que pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Resolución, significándole que en el caso de interponer recurso potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2008.- La Directora General de Cooperación y Patrimonio Cultural, María Aránzazu Gutiérrez Ávila.

Ver anexos - páginas 26282-26284

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