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La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictó sentencia de 17 de octubre de 2003, recaída en el recurso nº 1244/01, interpuesto por la entidad "Club Beach, Inmobiliaria, S.L. y otros", contra el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación que no fue admitido a trámite, resultando confirmada la sentencia de referencia.
En su virtud, vistas las disposiciones legales de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 103 y 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
R E S U E L V O:
Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento y cumplimiento, el fallo de la sentencia de fecha 17 de octubre de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el recurso nº 1244/01, del siguiente tenor: "Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Dolores Moreno Santana, en nombre y representación de las mercantiles Club Beach Inmobiliaria, S.L., Inmobiliaria Furelos, S.A. y Somotur, S.A., así como de D. Servando López Pelaez, Dña. Micaela Rodríguez Rodríguez, Dña. María Rosalie Szameit, D. Orlando López Martín, D. Antonio Navarro González, Dña. Rosario Jiménez Espinosa, D. Erhad Sigfrid Dreiman, D. Ceferino Mateo Duque, Dña. Eivor Alice Blomquist y D. José Jiménez Trujillo, contra el Decreto 126/2001, del Gobierno de Canarias, por el que se suspende la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, el cual anulamos por no ser conforme a derecho, si bien con desestimación de la pretensión de reconocimiento, como situación jurídica individualizada, de la indemnización de daños y perjuicios.
Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.-".
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 2008.-El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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