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No habiéndose podido notificar a D. Lorenzo Delgado Roque en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1246/03-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Lorenzo Delgado Roque la Propuesta de Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, recaída en el expediente con referencia 1246/03-U, y que dice textualmente:
"COMUNICANDO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia frente a D. Lorenzo Delgado Roque por realizar obras consistentes en "construcción de una edificación de tres plantas con una superficie total de unos 220 m2", careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Túnez", en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Organismo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "Túnez", en suelo Rústico, no categorizado como asentamiento rural ni agrícola, en el término municipal de Arona se realizaron obras consistentes en "construcción de una edificación de tres plantas con una superficie total de unos 220 m2" promovidas por D. Lorenzo Delgado Roque, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en ese tipo de suelo (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 2 de febrero de 2004, por resolución nº 244 del Director Ejecutivo de la Agencia se suspendieron las obras, requiriendo al interesado para que instara la legalización.
Tercero.- No habiéndose podido notificar la citada resolución en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con fecha 21 de junio de 2005 se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarto.- Con fecha 8 de julio de 2005, se efectúa el precinto de las obras. Girada visita de inspección por Agentes de Medio Ambiente a las obras con fecha 13 de marzo de 2006 se constata el incumplimiento del referido precinto con la "colocación de carpintería de aluminio, enfoscado de la primera planta y revestimiento exterior".
Quinto.- Consta en el expediente escrito presentado por el interesado con fecha 7 de abril de 2006 en el que manifiesta que la continuación de las obras se produjo por el desconocimiento de la orden de suspensión de obras, y aporta prescripción urbanística declarada por el Ayuntamiento de Arona.
Sexto.- Mediante escrito de fecha 19 de abril de 2006 se pone en conocimiento del interesado, en relación con el documento de prescripción urbanística, que ésta no ampara las obras objeto de suspensión ya que, tal y como consta en las fotografías que acompañan a la denuncia, dichas obras se encuentran en ejecución. Asimismo se le recuerda que hasta que no disponga de la preceptiva cobertura legal no puede ejecutar obra alguna.
Séptimo.- Personados Agentes de Medio Ambiente en el lugar de las obras el 28 de febrero y el 24 de julio de 2007, en orden a efectuar el seguimiento del precinto, se comprueba que las mismas se encuentran paralizadas.
Octavo.- Conforme a la valoración emitida por el Servicio Técnico de la Agencia con fecha 26 de septiembre de 2007, dichas obras ascienden a la cantidad de setenta y dos mil seiscientos noventa y seis (72.696,00) euros.
Noveno.- Con fecha 11 de agosto de 2008, se dictó la Resolución nº 2509 por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador frente a D. Lorenzo Delgado Roque, como promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción al Texto Refundido, calificada de grave en el artículo 202.3.b), y sancionada en el artículo 203.1.b), con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
Décimo.- No habiéndose podido notificar la citada resolución en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con fecha 16 de septiembre de 2008 se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Undécimo.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución, el interesado presenta escrito de alegaciones en el que sucintamente expone que:
- Las obras llevadas a cabo se realizaron sin tener el más mínimo conocimiento sobre la orden de suspensión aprobada de 2004.
- Desde el momento en el que se tuvo conocimiento de un procedimiento inspector procedí a la paralización de toda actividad constructiva en el inmueble que es objeto del presente procedimiento.
- Las obras se han hecho con el conocimiento de que en la próxima planificación urbanística dejará dentro de la legalidad dichas obras.
- Se ha producido la prescripción urbanística de las obras que son objeto del presente procedimiento, no pudiéndose diferenciar entre las obras que en su día fueron legalizadas por medio del instituto jurídico de la prescripción y las ejecutadas posteriormente, complementarias y accesorias de las primeras.
- No ha habido intención de causar daño al medio natural ni de obtener beneficio económico derivado de la construcción de la vivienda.
- Se acompaña al escrito de alegaciones resolución nº 2509 por la que se acuerda incoar el expediente sancionador y documento de prescripción urbanística emitido por el Ayuntamiento de Arona.
- Suplica se proceda al sobreseimiento del expediente sancionador.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
En cuanto a las alegaciones del interesado cabe señalar:
Manifiesta el interesado la prescripción urbanística de las obras, no pudiéndose diferenciar entre las obras que en su día fueron legalizadas por medio del instituto jurídico de la prescripción y las ejecutadas posteriormente, complementarias y accesorias de las primeras.
Es preciso destacar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Texto Refundido, el cómputo del plazo de prescripción se inicia con las obras totalmente terminadas "cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras (...), el plazo de prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación (...)".
La edificación objeto del presente procedimiento consta de tres plantas de alturas. Del estudio de la documentación obrante en el expediente, en concreto, del material fotográfico anexo al informe emitido por la Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Arona tras visita de inspección realizada el 1 de agosto de 2003, y a la diligencia de precinto efectuada por Agentes de Medio Ambiente adscritos a esta Agencia, con fecha 8 de julio de 2005, se desprende, sin ningún género de duda, que en tales fechas las tres plantas se encontraban en fase de ejecución, por lo que el argumento esgrimido acerca de la posible prescripción de la infracción decae por su propio peso.
En relación con el documento de prescripción urbanística emitido por el Ayuntamiento de Arona, por el que se resuelve "declarar la prescripción de las acciones para exigir responsabilidad y la restauración del orden infringido por la infracción urbanística consistente en la construcción de una edificación, sin la preceptiva licencia municipal, sita en La Montaña, nº 36, en Túnez, en este término municipal, estando compuesto por una planta (É)". Ya se expuso en el antecedente sexto de la presente Propuesta de Resolución que, mediante acuse de recibo de fecha 19 de abril de 2006, se puso en conocimiento del interesado que: "dicho documento puede referirse a una posible edificación antigua existente en el lugar, pero no a la nueva edificación objeto de la resolución de suspensión, que tal y como consta en las fotografías que se acompañan a la denuncia está en plena ejecución, consta de varias plantas y claramente sustituye a la anterior construcción (É)".
En otro orden de cosas, en lo referente a que las obras fueron ejecutadas con el conocimiento de que la próxima planificación urbanística dejará dentro de la legalidad lo edificado, cabe señalar, que la ejecución de obras sin títulos habilitantes constituye infracción grave, así lo establece el artículo 202.3.b) del Texto Refundido al señalar que tendrá tal consideración "la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas (...)".
La Administración viene obligada por imperativo legal, artículo 177.2 del referido Texto Refundido, a iniciar, instruir y resolver el correspondiente procedimiento sancionador con independencia de que las obras sean o no legalizables. Es más, conforme a la normativa en vigor, las obras no sólo son ilegales sino que resulta jurídicamente inviable su legalización, no siendo conforme a derecho vincular la legalización de las obras a un futuro cambio de planeamiento, admitir tal argumento implicaría tratar con mayor benevolencia a quién construye al margen de la legalidad.
Finalmente, al objeto de graduar la correspondiente sanción, el artículo 196.1 del Texto Refundido establece que la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción.
En el presente caso, se ha de tener en cuenta que tras el escrito presentado por el interesado con fecha 7 de abril de 2006 manifestando su desconocimiento de la resolución nº 244 del Director Ejecutivo de esta Agencia por la que se ordenaba de suspensión de las obras, éstas han permanecido suspendidas, constatado en diversas visitas de inspección realizadas por Agentes de Medio Ambiente con fecha 28 de febrero de 2007 y 17 de julio de 2007.
Asimismo, dado que es criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el atender al valor de las obras al tiempo de graduar la sanción, en el presente caso, se ha de tener en cuenta el informe emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia con fecha 26 de septiembre de 2007 que valora las obras en setenta y dos mil seiscientos noventa y seis (72.696,00) euros.
Por consiguiente, examinadas las circunstancias concurrentes y ello en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la imposición de una multa de cincuenta mil ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho céntimos de (50.131,58) euros.
III
Los hechos denunciados, que han sido probados y no desvirtuados por prueba alguna en contrario, son constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de los preceptivos títulos legitimantes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
IV
En virtud del artículo 179.1 las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V
En virtud del artículo 182 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 90% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VI
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de cincuenta mil ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho céntimos (50.131,58 euros) a D. Lorenzo Delgado Roque, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la infracción al Texto Refundido.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la restauración será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado."
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
OBRANTES EN EL EXPTE. Nº 1246/03-U
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007.
- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de entrada de 26 de noviembre de 2003.
- Resolución nº 244 de 2 de febrero de 2004, por la que se acuerda suspender obra y A.R.
- Carta devuelta dirigida al interesado.
- Oficio al Ayuntamiento de Arona, registro de salida de 23 de marzo de 2004 y A.R.
- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de entrada de 26 de octubre de 2004.
- Nota de régimen interior de 8 de noviembre de 2004.
- Acta de notificación de 26 de noviembre de 2004.
- Resolución nº 2037, de 8 de junio de 2005, por la que se acuerda publicar resolución por la que se acuerda suspender obra y A.R.
- Remisión a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, registro de salida de 9 de junio de 2005.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 21 de junio de 2005.
- Nota de régimen interior de 21 de junio de 2005.
- Nota de régimen interior de 27 de junio de 2005.
- Diligencia de precinto de 8 de julio de 2005.
- Nota de régimen interior de 21 de julio de 2005.
- Diligencia de incumplimiento de precinto de 9 de marzo de 2006.
- Instancia del interesado, registro de entrada de 7 de abril de 2006.
- Instancia del interesado, registro de entrada de 24 de abril de 2006.
- Oficio dirigido al interesado, registro de salida de 25 de abril de 2006.
- Carta devuelta dirigida al interesado.
- Oficio al Ayuntamiento de Arona, registro de salida de 29 de mayo de 2006 y A.R.
- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de entrada de 15 de junio de 2006.
- Nota de régimen interior de 21 de febrero de 2007.
- Nota de régimen interior de 22 de febrero de 2007.
- Diligencia de 2º seguimiento de precinto de 28 de febrero de 2007.
- Nota de régimen interior de 15 de marzo de 2007.
- Informe técnico de 13 de abril de 2007.
- Nota de régimen interior de 22 de mayo de 2007.
- Informe técnico de 19 de junio de 2007.
- Nota de régimen interior de 3 de julio de 2007.
- Informe del tercer seguimiento de suspensión de 17 de julio de 2007.
- Nota de régimen interior de 1 de agosto de 2007.
- Informe técnico y valoración de 26 de julio de 2007.
- Resolución nº 2509, de 11 de agosto de 2008, por la que se incoa expediente sancionador.
- Notificación al Ayuntamiento de Arona de la resolución por la que se incoa expediente sancionador, registro de salida de 13 de agosto de 2008 y A.R.
- Notificación al interesado de la resolución por la que se incoa expediente sancionador, registro de salida de 13 de agosto de 2008.
- Carta devuelta dirigida al interesado.
- Resolución nº 2609, de 1 de septiembre de 2008, por la que se acuerda publicar resolución.
- Notificación de la resolución de publicación al Ayuntamiento de Arona, registro de salida de 8 de septiembre de 2008 y A.R.
- Remisión de la resolución de publicación a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, registro de salida de 8 de septiembre de 2008.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 16 de septiembre de 2008.
- Oficio del Ayuntamiento de Arona, registro de entrada de 7 de octubre de 2008, adjuntando escrito de alegaciones del interesado."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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