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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, de la Resolución nº 2907, de fecha 6 de octubre de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda, la Resolución, nº 2907, de fecha 6 de octubre de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia I.U. 509/02, y cuyo texto es el siguiente:
Vistas las actuaciones administrativas realizadas e informes emitidos y atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Resolución nº 2165, de 8 de julio de 2004, del Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se resolvió imponer a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda una multa sancionadora por importe de setenta y nueve mil quinientos euros y se ordenó el restablecimiento del orden jurídico perturbado, dejando en suspenso la medida procedente para ello, en cuanto a las obras de construcción de dos edificaciones y aljibe, así como amurallamiento de terreno hasta que se culminara el procedimiento de legalización. Frente a la citada resolución se interpuso recurso de alzada que se resolvió mediante Orden nº 286, de 17 de junio de 2005, del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial desestimando el mismo.
Segundo.- El Cabildo Insular de Lanzarote, competente para resolver la solicitud de calificación territorial, acordó el 3 de noviembre de 2006 dar por desistido, poner fin al procedimiento en la solicitud de legalización formulada por D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda.
Tercero.- Mediante sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de julio de 2007 se resolvió desestimar el recurso interpuesto por D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda contra las resoluciones indicadas por entenderse adecuadas a derecho.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con el artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
El artículo 179 del TRLOTCENC establece que procederá la reposición de la realidad física alterada cuando siendo necesaria la calificación territorial, no cuente con la misma.
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
R E S U E L V O:
Primero.- Adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada mediante la retirada y demolición de las actuaciones consistentes en construcción de dos edificaciones y aljibe, así como amurallamiento de terreno, localizadas en el lugar denominado Peña Alta-Mala en el término municipal de Haría llevadas a cabo por D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda.
A tal efecto se requiere a D. Francisco Javier Fuentes Sepúlveda para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de retirada y demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar lo mencionado se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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