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Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo, por la que se regula el contenido y alcance del informe de auditoría a realizar en el seno de la justificación económica de los programas experimentales en materia de empleo.
La Orden TAS2643/2003, de 18 de septiembre (B.O.E. de 27.9.03), establece las bases que han de regular la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de Programas Experimentales en materia de Empleo.
A su vez, y en concordancia con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03), el procedimiento de concesión de dichas subvenciones se inicia a través de la oportuna convocatoria anual, publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
En materia de justificación de subvenciones públicas, el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.7.06), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, establece, como fórmula de justificación, la cuenta justificativa con informe de auditor.
En efecto, tal y como establece el citado artículo, la normativa reguladora de la subvención, podrá prever una reducción de la información a presentar en la justificación económica, siempre que se den los requisitos contemplados en la norma.
Desde la anualidad 2008, tanto la convocatoria anual de subvenciones de Experimentales, como los posteriores Convenios de Colaboración a suscribir con las distintas entidades beneficiarias, incorporan la previsión expresa de que la justificación económica de los gastos ocasionados con motivo del desarrollo de los Programas Experimentales, se efectuará a través de la aportación de cuenta justificativa con informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Por otra parte, el artículo 74.1.b) del Real Decreto 887/2006 establece, como uno de los requisitos a cumplir en esta modalidad de justificación, el que el auditor lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determine en la normativa reguladora de la subvención de que se trate. En esta sintonía, conviene señalar lo regulado en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (B.O.E. de 25.5.07), por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que también incide en la necesidad de que la cuenta justificativa revista la forma determinada en las bases reguladoras.
Resulta pues necesario, determinar, de forma clara, el contenido y alcance del informe de auditoría a realizar por la entidad Auditora, de forma que conozca los términos exactos en que ésta debe producirse. Tal previsión expresa aparece en las convocatorias anuales de los Programas Experimentales, donde específicamente se hace mención a que "El contenido y alcance del informe de auditoría se determinarán a través de resolución del Servicio Canario de Empleo", así como en el respectivo Convenio de Colaboración.
De conformidad con lo expuesto, vengo a aprobar la presente Resolución, en base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Al amparo de los Programas Experimentales en materia de Empleo, las entidades beneficiarias de subvención asumen dos obligaciones esenciales:
1) Ejecutar un proyecto, según memoria aportada por la propia entidad en el momento de la solicitud, lo que conlleva el deber de acreditar los gastos ocasionados en su desarrollo.
2) Atender, en el seno de dicho proyecto, a un número mínimo de desempleados en riesgo de exclusión social, así como lograr la inserción laboral por cuenta ajena de un porcentaje mínimo de dichos atendidos.
Todo ello, de conformidad con el proyecto y presupuesto presentado por la Entidad, y según las especificaciones que contempla el Convenio de Colaboración por el que se instrumentaliza la subvención otorgada, y demás normativa aplicable.
Segundo.- Como consecuencia directa de ello, la justificación de las subvenciones públicas otorgadas al amparo de los Programas Experimentales, se disgrega en dos vertientes esenciales:
1) La "Justificación de los gastos realizados (liquidación de gastos), con ocasión del programa ejecutado", donde la entidad debe proceder a la justificación de todos y cada uno de los gastos ocasionados como consecuencia de la ejecución del programa subvencionado.
2) La "Justificación de inserciones y liquidación final de la subvención", donde la entidad debe justificar el número total de atenciones e inserciones conseguidas, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito.
Tercero.- Hasta la convocatoria anual de 2008, la justificación económica de los Experimentales venía respondiendo al modelo de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, establecido en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, citado. Ello conllevaba la obligación por parte de las Entidades beneficiarias, salvo las excepciones establecidas legalmente, de aportar todas las facturas y acreditaciones de pago que hicieran prueba y fe de cada uno de los gastos ocasionados durante el desarrollo del proyecto.
Tal actuación conllevaba una enorme acumulación de documentación, lo que implicaba a su vez el nacimiento de considerables problemas a la hora de su clasificación, estudio, archivo, custodia y conservación. Por otro lado, la necesidad de efectuar requerimientos de documentación, y las especiales condiciones y requisitos que ésta debe cumplir, originaba un enorme trasiego de información entre las entidades y la administración, añadiéndose a las dificultades vistas, el riesgo de pérdida de originales.
Cuarto.- A la vista de la problemática existente, en la convocatoria de la anualidad 2008, se decide apostar por una fórmula de justificación más sencilla, pero no por ello más carente de rigor, contemplada y admitida en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, y que consiste en la aportación de cuenta justificativa con informe de auditor, y en la que la aportación de las facturas, se sustituye por un informe de auditoría emitido por un Auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Quinto.- No obstante, la clave para poder aplicar este procedimiento consiste en la determinación, con carácter previo, del contenido y alcance que debe tener el informe a emitir por el auditor, estableciéndose los elementos a tener en cuenta, la documentación a aportar, así como la prolija normativa de aplicación al caso.
Es precisamente el deseo de cumplir con este compromiso, la razón esencial de la presente norma, que tiene por objeto determinar el régimen, de vigencia indefinida, que habrá de regular el citado informe de auditoría.
A dichos antecedentes, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La presente Resolución se dicta al amparo de la posibilidad expresamente establecida en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, regulador del procedimiento de justificación con aportación de informe de auditor, sistema establecido igualmente en la respectiva convocatoria, y en los Convenios de Colaboración suscritos con cada una de las Entidades beneficiarias.
Segundo.- El órgano competente para dictar la presente Resolución es el Director del Servicio Canario de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1, apartados a) y c), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28.4.03).
Vistos los antecedentes y fundamentos descritos, y en ejercicio de las competencias y atribuciones que me confiere la legalidad vigente,
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar el régimen que regulará el contenido y alcance del Informe de Auditoría a realizar en el seno de la justificación económica de las subvenciones públicas concedidas al amparo de los Programas Experimentales en materia de Empleo.
El citado régimen consta desglosado en anexo I a la presente Resolución.
Segundo.- El sistema de justificación económica por medio de informe de auditor que se regula por medio de la presente, tendrá una vigencia indefinida, y será aplicable a todas las subvenciones que se concedan con cargo a las convocatorias anuales de subvenciones para la ejecución de Programas Experimentales en materia de empleo, a partir de la convocatoria de la anualidad 2008.
No obstante, a través de Resolución del Director del SCE, y previa publicación en el Boletín Oficial de Canarias, se podrán aprobar modificaciones en el régimen establecido, o incluso resolver su derogación o sustitución por otros sistemas, siempre de conformidad con la legislación aplicable.
Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5, apartado a), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de la presente Resolución se efectuará a través de su inserción en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente, en aplicación de la normativa legal vigente.- El Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Galván.
El presente acto ha sido propuesto en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de noviembre de 2008, por el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.
A N E X O I
RÉGIMEN REGULADOR DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL INFORME DE AUDITORÍA A REALIZAR EN EL SENO DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO.
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
Primero.- Contenido de auditoría.
1. La auditoría que se regula por medio de la presente, extenderá su contendido exclusivamente a la justificación económica del Programa Experimental, esto es, sobre la elegibilidad, subvencionabilidad y legalidad material y formal de los diferentes pagos realizados con ocasión de la ejecución del proyecto.
A tales efectos, deberá partirse siempre del presupuesto del proyecto aprobado y vigente en el momento de la justificación, teniendo en cuenta, por tanto, las posibles modificaciones que se hubieran podido producir, de conformidad con el procedimiento regulado en el Convenio de Colaboración.
2. Las entidades beneficiarias podrán elegir libremente al auditor, de entre los registrados y reconocidos oficialmente, sin necesidad de comunicarlo al SCE. El coste máximo subvencionable por este concepto será el establecido en el presupuesto aportado por la Entidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y previa acreditación de la realización de los trabajos, aportación de factura y acreditación de su pago efectivo.
Segundo.- Normativa de aplicación.
1. Como normativa de aplicación y debida observancia por parte de la Entidad Auditora, se establece principalmente la siguiente:
1) La Resolución de concesión de la subvención.
2) El Convenio de Colaboración, firmado entre la entidad beneficiaria y el SCE, por el que se instrumentaliza la subvención concedida.
3) La Orden TAS 2643/2003, de 18 de septiembre, reguladora de las bases para la puesta en práctica de los programas experimentales en materia de empleo (B.O.E. de 27.9.03).
4) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).
5) La Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, de adecuación al régimen jurídico de establecido en la Ley 38/2003, de las diferentes normas reguladoras de subvenciones públicas (B.O.E. de 1.4.05).
6) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 (B.O.E. 25.7.06).
2. En lo que respecta a las normas de actuación de las entidades Auditoras, será de aplicación lo previsto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. de 25.5.07).
3. Así como, con carácter general, toda aquella otra normativa que complemente o desarrolle cualquiera de las anteriormente citadas.
Tercero.- Con independencia de lo expuesto a lo largo de la presente Resolución, el informe de Auditoría deberá contener los siguientes extremos:
1º) Identificación de la Entidad subvencionada:
A) Nombre comercial de la Entidad subvencionada, e identificación fiscal.
B) Nombre completo del representante titular de la Entidad.
C) En su caso, nombre comercial, N.I.F. e identificación del representante titular de la Entidad subcontratada.
2º) Identificación de la subvención objeto del informe:
A) Número y fecha de la Resolución de concesión.
B) Fecha del Convenio de Colaboración.
C) Objeto de la subvención.
D) Importe subvencionado
E) Coste total del proyecto, y porcentaje que, sobre el mismo, representa el importe de la subvención.
F) Programa de Inversión-Línea de Actuación presupuestaria.
G) Referencia a la normativa general y específica utilizada en la realización del informe de Auditoría (estatal y autonómica).
3º) Información Contable:
A) Descripción del sistema contable, incluyendo detalle de los registros mantenidos del soporte existente (libros, fecha, registros, listados, etc.).
B) Indicar la base jurídica que obliga a la entidad a la llevanza de registros contables.
4º) Normas técnicas aplicables:
A) Referencia a las normas técnicas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, aplicadas en el desarrollo del trabajo realizado y emisión del informe, así como los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
B) En caso de utilización de cualquier tipo de procedimiento de muestreo, deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia, especificando volumen de la muestra y población, nivel de confianza y criterios de selección de la muestra.
5º) Alcance y resultado del trabajo realizado:
A) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los gastos corresponden a los fines para los que se concedió la subvención, de acuerdo con lo estipulado en la resolución de concesión y el Convenio de Colaboración.
El alcance de las verificaciones deberá contemplar:
a) Que los gastos salariales y externos, tanto de personal propio como independiente, son gastos efectivamente producidos y abonados.
b) Que los gastos por formación se corresponden razonablemente con la especialidad formativa, y con el contenido de la Memoria del Proyecto.
c) Que los gastos de energía eléctrica y generales se corresponden a costes reales de ejecución de la operación, y se asignan a prorrata a la operación con arreglo a un método justo y equitativo debidamente justificado.
(resultados)
B) Comprobación de que los gastos son admisibles, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa aplicable.
(resultados)
C) Comprobación de que los justificantes de gastos o los documentos que en cada caso resulten procedentes de acuerdo con el destino de la subvención concedida, se ajusten a la legislación correspondiente en cada caso (Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, regulador del régimen de facturación).
(resultados)
D) Comprobación de que las facturas originales utilizadas para la justificación del proyecto, incluidas nóminas y Tc de la Seguridad Social, han sido estampadas con un sello que acredite el origen de la subvención y el destino que se ha dado al importe de la factura, de conformidad con lo establecido en el Convenio y el modelo existente en el anexo correspondiente de la Guía de Justificación entregada a la Entidad.
(resultados)
E) Verificación de que en los registros contables del beneficiario y, en su caso, de la entidad subcontratante, hay constancia de la contabilización de los gastos correspondientes a la actividad subvencionada y del pago de los mismos.
(resultados)
F) Verificar que se ha contratado la póliza de seguro de los desempleados atendidos en el proyecto, según lo estipulado en el Convenio de Colaboración.
(resultados)
G) Circularización, en su caso y a criterio del auditor, de un número razonable de desempleados atendidos/insertados, trabajadores del proyecto, docentes y proveedores/acreedores.
(resultados)
H) Verificación de que la Entidad no ha recibido ayudas/subvenciones con el mismo objeto, de cualquier otra Administración o Ente público o privado. En otro caso, hará constar el destino e importe de las mismas.
(resultados)
I) Verificar que la contabilidad de los gastos inherentes al proyecto se ha llevado a cabo de un modo independiente al resto de gastos de la entidad.
(resultados)
J) Verificación de que los costes derivados de publicidad reúnen los requisitos establecidos en la normativa aplicable y, en particular, en el Convenio de Colaboración suscrito.
(resultados)
6º) Opinión de Auditor:
A) En concordancia con el trabajo realizado, el auditor debe mostrar clara y expresamente la opinión sobre si el coste total del proyecto ha sido o no aplicado a la finalidad prevista. En caso contrario, deberá especificar:
a) Importe del coste total pendiente de aplicar.
b) Si se ajusta o no a la Resolución de concesión y el Convenio de Colaboración, o se incumple cualquier otro requisito establecido en el marco jurídico de la misma, concretando el motivo.
c) Deberá ponerse de manifiesto el alcance de las posibles limitaciones con que se puedan encontrar, los procedimientos aplicados y las conclusiones obtenidas.
d) Asimismo, en el informe se harán constar todos aquellos incumplimientos por parte del beneficiario de la normativa que le sea de aplicación.
Cuarto.- Obligación de recabar la documentación justificativa.
1. La justificación realizada a través de auditoría no implica, bajo ningún concepto, la exoneración, respecto de las Entidades beneficiarias, del cumplimiento de la obligación de conservar toda la documentación contable que haga fe de cada uno de los pagos realizados, obligación de carácter genérico, que incluye las siguientes:
a) Obligación de recabar toda la documentación contable (facturas, nóminas, Tc de la Seguridad Social, acreditaciones de pago y demás documentación que resulte exigible de conformidad con la normativa aplicable), que hagan fe de cada uno de los pagos realizados.
b) Obligación de mantener y custodiar la citada documentación, debidamente ordenada, clasificada y accesible, a la entera disponibilidad de cualquiera de las Administraciones públicas con competencias en materia de seguimiento, control y justificación de subvenciones públicas.
c) La obligación de conservación vista en el punto anterior deberá mantenerse durante un plazo mínimo de 6 años, a contar desde el último asiento contable practicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del vigente Código de Comercio.
2. Las citadas obligaciones deberán cumplirse de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración.
3. En su informe, el Auditor dará fe del cumplimiento de las citadas obligaciones, y en particular, de las recogidas en los puntos a) y b).
4. A los efectos de facilitar la citada declaración de conformidad, así como todas aquellas otras que se citan a lo largo de la presente norma, se pone a disposición de la entidad Auditora el Modelo II adjunto.
Quinto.- Formalidades que debe cumplir la documentación justificativa.
1. La documentación justificativa de los gastos realizados deberá cumplir con los requisitos formales y materiales contemplados en la normativa general de aplicación en materia de subvenciones públicas y, en particular, con lo establecido en esta materia en el propio Convenio de Colaboración.
Junto al informe de Auditoría, la Entidad deberá aportar los anexos justificativos oportunos, debidamente cumplimentados y firmados, según la "Guía de Justificación" que les fue entregada en el momento de inicio del programa.
2. En su informe, el Auditor dará fe del cumplimiento de las citadas obligaciones formales.
Sexto.- En su informe, el Auditor dará fe del cumplimiento, por parte de la Entidad, de la normativa aplicable en materia de justificación económica y, en particular, del cumplimiento de las estipulaciones que, al respecto, contempla la presente Resolución, el Convenio de Colaboración, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Séptimo.- Conceptos presupuestarios.
A la hora de justificar el presupuesto del proyecto, habrá de partirse de los siguientes conceptos esenciales:
1) Coste total del proyecto: suma de todos los gastos del proyecto, incluyéndose tanto el importe de la subvención otorgada, como el posible importe de cofinanciación a aportar por la Entidad.
2) Importe de subvención: importe de la subvención otorgada a la Entidad por el SCE.
3) Importe de cofinanciación: importe que se compromete a aportar la Entidad, en la financiación del proyecto.
Octavo.- Reglas generales sobre la justificación económica. Prohibición de compensación.
1. La justificación económica tomará como base el contenido exacto del presupuesto del proyecto vigente en el momento de finalizar el mismo, según lo consignado en la cláusula del Convenio relativa a la duración del proyecto. Se tendrán en cuenta, por tanto, las posibles modificaciones del presupuesto que se hayan producido, siempre que éstas se hayan aprobado de conformidad con el procedimiento establecido en el Convenio de Colaboración.
2. Se deberán justificar las partidas y subpartidas económicas en sus exactos términos cuantitativos, no permitiéndose la compensación entre ellas, de tal forma que el defecto de gasto en una partida o subpartida económica, no podrá compensarse con el exceso de gasto en otra u otras.
3. A la hora de la justificación de los gastos producidos, la entidad beneficiaria deberá justificar el coste total del proyecto. De no justificarse el coste total, se devengará un deber de reintegro parcial, según los cálculos que constan en el Convenio de Colaboración para el supuesto de "no acreditación del coste total del proyecto", cálculos que serán realizados por la Administración, partiendo de la Certificación presentada por la Entidad Auditora.
4. Todos los gastos deberán estar acompañados de la correspondiente acreditación de su pago efectivo, de conformidad con lo establecido más adelante.
5. Las conclusiones que alcance la entidad Auditora se desglosarán en el documento que consta como Modelo I de la presente, y que viene a ser un fiel reflejo del modelo de presupuesto que consta presentado por la Entidad, en su memoria inicial y, en su caso, modificaciones ulteriores.
Noveno.- Criterio temporal de elegibilidad de los gastos.
1. A la hora de admitir un gasto como justificable, se utilizará el criterio de devengo, de tal forma que serán admisibles los gastos que, habiéndose generado inexcusablemente durante el período de duración del proyecto, se hubiesen pagado de forma efectiva no más allá del mes inmediatamente posterior a la fecha de terminación del mismo.
Ejemplo: en un proyecto que finalizara, según el Convenio, el 25 de diciembre de 2008, será admisible un gasto que se haya generado antes de dicha fecha, y siempre que su pago efectivo se hubiese realizado no más allá del 25 de enero de 2009.
No obstante lo anterior, y exclusivamente respecto de los gastos de Seguridad Social, como quiera que el plazo de un mes puede resultar insuficiente para presentar la acreditación del pago de los seguros sociales del último mes del programa, se permite que dichos gastos puedan ser justificados dentro de los dos meses siguientes a la finalización del programa.
Ejemplo: en un programa que finalice, por ejemplo, el 20 de diciembre de 2008, los seguros sociales del mes de diciembre (último mes del programa), no se pueden pagar sino hasta finales de enero, por lo que quedarían fuera del mes inmediatamente posterior a la finalización del programa (20 de enero de 2009). En este caso, se admitirían dichos gastos, siempre que se pagaran antes del 20 de febrero de 2009.
2. A la hora de imputar gastos, cualquiera que sea su naturaleza, se acudirá al criterio de proporcionalidad temporal, siendo subvencionables sólo aquellos tramos o partes del gasto que se correspondan con períodos de tiempo que se encuentren dentro de los márgenes de duración del proyecto.
Ejemplo: en un proyecto que finalizara, según el Convenio, el 25 de diciembre de 2008, sólo se admitirían los gastos de luz, salarios, agua, etc., correspondientes a los 25 primeros días del mes de diciembre de 2008.
Décimo.- Subcontratación.
1. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta el cien por cien de la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos establecidos en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por el que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las normas reguladoras de subvenciones que se conceden por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos del empleo y de formación profesional ocupacional (B.O.E. de 1.4.05). Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito.
Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se obtenga la previa autorización del órgano concedente, ya sea de forma expresa en la propia resolución concesoria de la subvención o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.
En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. En el supuesto de que la actividad subcontratada sea la de suministros de bienes de equipo, o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, deberán cumplirse, además de las examinadas, las obligaciones y requisitos exigidos en el artículo 31 de la Ley 38/2003. Cuando la Entidad beneficiaria subcontrate tareas de administración o gestión del programa, este contrato se incluirá dentro del concepto de "asistencia o consultoría", siéndole aplicable, por tanto, los requisitos descritos.
3. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de estos requisitos.
4. En el supuesto de que haya existido subcontratación a la que, por su cuantía y objeto, le sean de aplicación las exigencias examinadas ut supra, el Auditor, en su informe, dará fe de la existencia, objeto y cuantía de la misma, y del cumplimiento, por parte de la Entidad, de los requisitos legales descritos.
Décimo primero.- Justificación gastos.
1. Todos los gastos ocasionados deberán acreditarse con la correspondiente factura, a la que habrá de añadirse acreditación de su pago. En el supuesto de pagos en efectivo, la acreditación deberá realizarse a través de copia del "Libro diario de Caja" de la Entidad, o similar. En el supuesto de transferencias bancarias, copia del extracto bancario donde aparezca reflejado el pago.
2. En general, todos los gastos deberán ser proporcionales al número de desempleados partícipes en el proyecto y a la duración, ámbito territorial de actuación y características del mismo. De esta forma, no será admisible presentar gastos por la compra de, por ejemplo, 1.000 carpetas, bolígrafos, etcÉ, cuando los desempleados partícipes y atendidos en el programa han sido 100.
3. Los gastos deberán cumplir con las exigencias jurídicas y formales contenidas en el Convenio de Colaboración, en la Ley 38/2003 y en su Reglamento de desarrollo, a las que habrá de añadirse las siguientes consideraciones:
Gastos de personal.
1) Sólo podrán admitirse gastos de salarios y seguridad social del personal que se corresponda, en número y categoría profesional, con lo consignado por la propia Entidad beneficiaria en su memoria de acciones, o posteriores modificaciones.
2) En el supuesto de que la Entidad desee imputarse gastos correspondientes a personal directivo o de representación de la misma (tales como Presidentes, Directores Generales, Gerentes o similares), sólo podrá imputarse, con carácter general, un máximo del 15% de sus gastos salariales y de seguridad social. Tal límite viene motivado en la certeza de que es difícilmente aceptable que este tipo de personal dedique más tiempo de su jornada laboral total, al programa experimental desarrollado en Canarias, sobre todo en aquellas entidades con gran implantación territorial, o con un volumen de actividades diverso.
3) En el supuesto de personal externo, contratado ex profeso para el desarrollo del programa experimental, la Entidad podrá imputarse el finiquito, siempre que, en el correspondiente contrato laboral, conste fehacientemente que la causa del mismo ha sido el desarrollo del correspondiente Programa Experimental de Empleo.
4) En el supuesto de personal propio de la Entidad, distinto del expuesto en el punto 2 anterior, la entidad podrá imputarse hasta el 100% de sus costes. Deberá constar, en todo caso, un certificado suscrito por el representante de la Entidad, acreditativo del porcentaje de jornada laboral dedicado al programa experimental por cada uno de estos trabajadores. En ningún caso el porcentaje de costes imputado al programa podrá ser superior al porcentaje de tiempo dedicado al mismo.
5) Sólo serán subvencionables los costes salariales, y nunca los extrasalariales. Como regla general, el tope máximo imputable por nómina, será el que se corresponde con los importes que hayan servido de base de cotización a la Seguridad Social.
6) En los Tc-2 deberán marcarse o identificarse los trabajadores afectados al programa.
Gastos de dietas y desplazamientos.
1) Deberían responder a desplazamientos ciertos, que se correspondan con acciones o tareas vinculadas directamente con la ejecución del programa.
2) Cuando la entidad se impute coste por kilómetro recorrido, deberá estar en disposición de acreditar la veracidad de la distancia declarada, a través de cualquier medio admisible (tales como certificación del Ayuntamiento, página web de entidades como "Guía Michelín", "Google maps" o similares, donde conste la distancia existente entre los dos puntos del recorrido).
3) Deberá constar una memoria explicativa comprensiva de las fechas, causa, lugares y resultado de cada uno de los desplazamientos, firmada por el representante de la Entidad.
4) Cuando, por causa del desplazamiento, se abonen cantidades en metálico al beneficiario, deberá constar el recibí de las mismas, acompañándose de la correspondiente acreditación de pagos.
Gastos de amortización.
En ningún caso serán subvencionables los gastos de adquisición de bienes inventariables (tales como ordenadores, impresoras, mobiliario, etc.). En estos supuestos, si así lo hubiese previsto la entidad en su presupuesto, sólo serán admisibles los gastos de amortización de bienes y equipos relacionados directamente con la formación de los desempleados, siempre que se acompañe una memoria explicativa de la fórmula de amortización utilizada, firmada por el representante de la Entidad.
Seguros.
Será requisito imprescindible contar con un seguro que cubra los daños personales y a terceros de los desempleados atendidos en el programa, durante toda la duración del mismo.
Gastos generales.
Los gastos generales tales como de luz, agua, teléfono, limpieza, etc. deberán estar directamente vinculados al desarrollo del programa. De esta forma, si el local donde se desarrolla el mismo, no se dedica en exclusividad al programa experimental, la Entidad deberá acudir a un criterio de proporcionalidad, debiendo aportarse memoria explicativa del criterio de proporcionalidad utilizado para determinar el gasto final subvencionable.
En lo que respecta a los gastos en "Comunicaciones", sólo serán subvencionables aquellos que sean proporcionales con el proyecto, y que tengan una relación directa y justificada con el desarrollo del mismo.
Décimo segundo.- Especial referencia a las obligaciones en materia de publicidad.
1. La Entidad deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que en materia de publicidad establece el Convenio. A tales efectos deberá contar con la acreditación documental, material y/o gráfica del cumplimiento de las mismas, a través de la aportación de fotos, ejemplares y/o pruebas documentales, gráficas o sonoras, del cumplimiento de las mismas.
2. En su informe, el Auditor dará fe del cumplimiento de las citadas obligaciones formales.
Décimo tercero.- Interpretación y resolución de consultas.
1. La Entidad auditora estará obligada a cumplir fielmente las estipulaciones contendidas en la presente Resolución, y en el resto de la normativa aplicable, debiendo mostrar la más absoluta colaboración con las Unidades Administrativas con competencias en materia de seguimiento y justificación de subvenciones públicas.
2. Para la resolución de cualquier duda o la aclaración de cualquier extremo relativo al contenido y alcance de la Auditoría, a la elegibilidad de los gastos o a la aplicación de la presente norma, la entidad auditora podrá dirigirse, debidamente autorizada por la Entidad beneficiaria, a la siguiente dirección:
Servicio Canario de Empleo, Subdirección de Empleo-Sección Fomento Empleo Público, calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, 35014-Las Palmas de Gran Canaria, teléfonos (928) 455970-455861-455950-455925-455948.
3. Las respuestas del Servicio Canario de Empleo serán vinculantes a todos los efectos, sin perjuicio de la posibilidad que recae en la Entidad beneficiaria, de recurrir la Resolución de reintegro que se pueda dictar, una vez llevada a cabo la justificación del expediente.
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