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BOC Nº 238. Jueves 27 de Noviembre de 2008 - 4746

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

4746 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de noviembre de 2008, relativa a notificación de la Resolución de 17 de julio de 2008, de este Centro Directivo, que resuelve el recurso de alzada nº 119/08 interpuesto por Dña. Mercedes Hernández Pérez, en representación de la entidad mercantil Promociones Nazaret, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Promociones Nazaret, S.L., la Resolución de 17 de julio de 2008 (libro nº 1, folio 1384/88, nº 550), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 119/08 (expediente nº 287/07), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 24, de fecha 28 de enero de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 119/08 interpuesto por Dña. Mercedes Hernández Pérez, en representación de la entidad mercantil Promociones Nazaret, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 119/08 interpuesto por Dña. Mercedes Hernández Pérez, en representación de la entidad mercantil Promociones Nazaret, S.L., con C.I.F. nº B-35100718, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamentos Mansión Nazaret", sito en Avenida Islas Canarias, 1, Costa Teguise, término municipal de Teguise, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 24, de fecha 28 de enero de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 287/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Apartamentos, constando de 60 unidades alojativas".

Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de veintinueve mil doscientos noventa y nueve (29.299) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "archive el expediente incoado en contra de Promociones Nazaret, S.L. por no ser responsable de la conducta infractora que se le imputa; por falta de motivación en la resolución; y/o, caducidad".

En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, la siguiente argumentación:

1. La entidad expedientada presentó en su momento solicitud de autorización para iniciar la actividad. Ha sido la Administración la que no ha resuelto expresamente la solicitud. La entidad, ahora recurrente, en consecuencia, ha actuado con la debida diligencia y ha sido, en todo caso, la Administración competente la que ha hecho dejación absoluta de sus funciones.

2. No se está de acuerdo con que la conducta que se imputa sea infractora, ni que se haya infringido norma alguna, ni que la conducta pueda ni deba calificarse como grave, ni con que se le imponga una sanción por el importe que se propone.

3. Se genera indefensión al no contener la resolución dictada la motivación concreta de la sanción impuesta y, por ende, la proporcionalidad de la misma.

4. Caducidad del procedimiento sancionador. El expediente no fue iniciado de oficio sino a instancia de Dña. Begoña San Miguel Martín que presentó su reclamación el 9 de noviembre de 2006, tal reclamación, acta y expediente devino en caducidad legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.-La posible caducidad del procedimiento, aducida por la entidad recurrente, constituye una alegación que como ha advertido el Tribunal Supremo (STS de 7 de noviembre de 2001), debe analizarse con carácter previo a las demás alegaciones que realice el interesado en defensa de su derecho habida cuenta que los restantes motivos parten de que dicha potestad se haya ejercitado en plazo legal.

Estima la entidad recurrente que se ha producido la caducidad del procedimiento al considerar como fecha de inicio del expediente sancionador la fecha de la reclamación formulada por Dña. Begoña San Miguel Martín. Considerando, expresamente, según aduce en defensa de su derecho y para enervar la eficacia de la Resolución sancionadora, que "el expediente no fue iniciado de oficio sino a instancia de Dña. Begoña San Miguel Martín, que presentó su reclamación, identificada con el número de registro 1256708, el 9 de noviembre de 2006". Al respecto ha de manifestarse que carece de fundamento jurídico este argumento toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo "los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por resolución de órgano competente, con motivo de alguna de las siguientes circunstancias: a) El levantamiento de acta de inspección, cuando se estime que existe infracción. b) Por iniciativa propia del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador cuando tenga conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos tipificados como infracción turística. c) En los casos de denuncias, reclamaciones y quejas que pongan en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción".

El artículo 4.1 del aludido Decreto 190/1996, de 1 de agosto, señala que "el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis meses, contando desde la notificación al interesado de la resolución de iniciación del mismo", mientras que el artículo 6.1 de la indicada disposición mantiene que "si no hubiese recaído resolución transcurridos los plazos previstos en el artículo 4 del presente Decreto, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", actualmente tras la modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dicha remisión debe entenderse referida al artículo 44.2 de la mentada Ley, disponiendo el apartado tercero del indicado artículo 6 que "el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la práctica de actuaciones que deban de figurar en el expediente de forma expresa, encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciado, la naturaleza del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y calificar la infracción, siempre que de ellas tenga conocimiento el interesado".

Dichos preceptos reglamentarios hay que ponerlos en relación con la nueva regulación de la caducidad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva regulación, el plazo máximo para resolver todo procedimiento sancionador será el que determine su normativa específica, si bien nunca podrá ser superior a seis meses -plazo que viene recogido en el artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto-, de forma que por el transcurso de dicho plazo sin resolver se producirá la caducidad, y consiguiente archivo, contándose el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación y no desde su notificación, al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 42.3.a).

La normativa común a todo procedimiento sancionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conlleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de caducidad, a una nueva interpretación de los preceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996, de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se cuenta desde la incoación ("dies a quo") o, en terminología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sus Sentencias de fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004, 7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de marzo de 2005, entre otras, así como por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas Sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria en Sentencia de 21 de octubre de 2004.

En razón de lo expuesto, procede desestimar la alegación realizada por la entidad recurrente relativa a la caducidad del procedimiento al no haberse excedido la Administración Turística competente a la hora de resolver y tramitar el procedimiento sancionador del plazo de los seis meses normativamente establecidos, entre la fecha de la Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística, que constituye el acuerdo de iniciación, adoptada el 24 de septiembre de 2007 y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora, 4 de marzo de 2008.

Tras esta previa consideración, y dado que a tenor de lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados", debe indicarse que de la documentación obrante en el expediente sancionador nº 287/07 se observa la existencia de un vicio en la Resolución de inicio, Propuestas de Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007 y 21 de enero de 2008 y Resolución sancionadora al concretar la norma sustantiva infringida toda vez que se aduce a los artículo 4 y 10 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, normativa que no es aplicable a efectos de fundamentar la responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada ya que del Acta de Inspección nº 21093, levantada con fecha 15 de diciembre de 2006, así como de la restante documentación obrante en el mentado expediente sancionador, se constata que el establecimiento consignado no es un establecimiento turístico alojativo hotelero sino extrahotelero, por tanto, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del aludido Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, queda fuera del ámbito de aplicación de la referida norma habida cuenta que con base a lo que prevé el artículo 1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, es esta última la normativa de aplicación a los apartamentos turísticos, modalidad alojativa que ostenta el establecimiento turístico consignado.

De manera que en la sustanciación del procedimiento sancionador al determinar la norma sustantiva infringida debió indicarse como tal no la normativa que figura a tal efecto en los distintos actos administrativos que conforman el procedimiento sancionador sino había que aducir, concretamente, a los artículo 8 y 12 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, que es realmente, dada la modalidad extrahotelera del establecimiento turístico consignado, la norma que debía servir de sustento jurídico para atribuir a la entidad expedientada responsabilidad administrativa por conculcación en materia de disciplina turística.

Por tanto, considerando que dicho defecto ha ocasionado, inevitablemente, a la entidad expedientada indefensión e inseguridad jurídica, ya que se imputa a ésta un hecho con base a una normativa que no le es de aplicación al especificarse como norma sustantiva infringida por la entidad expedientada un Decreto que no regula la ordenación de los establecimientos extrahoteleros y que no es aplicable al hecho infractor que se atribuye a la entidad expedientada. Produciendo, pues, a la entidad interesada confusión y una manifiesta inseguridad jurídica ya que sólo en la correspondiente fundamentación de la Propuesta de Resolución de 20 de noviembre de 2007, es cuando en la instrucción del procedimiento, se hace una mera referencia a la correcta normativa de aplicación, no obstante, en contradicción con dicho fundamento y de conformidad con el contenido de la Resolución de inicio en cuanto a la indicación de la norma sustantiva infringida se establece, erróneamente, en los actos administrativos del expediente sancionador nº 287/07 que el hecho imputado infringe lo preceptuado en los artículos 4 y 10 de Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, tal y como se consigna, expresamente, en la consideración jurídica sexta de la Resolución sancionadora.

El defecto existente en los mentados actos administrativos al concretar la norma sustantiva infringida constituye una vulneración de las garantías del procedimiento sancionador, concretamente, el derecho que asiste al presunto responsable a que se le notifique correctamente la infracción que el hecho imputado pueda constituir todo ello en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo, por tanto, determinante de la anulabilidad del acto administrativo a tenor de lo preceptuado en el artículo 63.1 del citado texto legal.

Por cuanto antecede, procede estimar el recurso de alzada y anular la Resolución sancionadora dejando sin efecto la sanción de multa impuesta.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 103/08-C, emitido con fecha 7 de julio de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 14 de julio de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 119/08, interpuesto por Dña. Mercedes Hernández Pérez, en representación de la entidad mercantil Promociones Nazaret, S.L., con C.I.F. nº B-35100718, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamentos Mansión Nazaret", sito en Avenida Islas Canarias, 1, Costa Teguise, término municipal de Teguise, y, anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 24, de fecha 28 de enero de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 287/07, que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de veintinueve mil doscientos noventa y nueve (29.299) euros.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

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