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No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan en el anexo del presente anuncio, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre) la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de 2008, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de: Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a los interesados relacionados en el anexo del presente anuncio la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de 2008, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de: Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte "a" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007 y que dice textualmente:
"Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de 3 de julio de 2008, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de: Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte "a" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.
Visto el expediente del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Infantil y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Orden de 16 de abril de 2007 de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
En la distribución por especialidades, 275 plazas correspondían a Educación Infantil.
Segundo.- Las citadas pruebas selectivas se fueron desarrollando de acuerdo con los trámites fijados en las bases de la convocatoria correspondiendo la calificación de las pruebas a Tribunales compuestos por miembros del propio Cuerpo de Maestros titulares de cada especialidad, de conformidad con las bases 6.1.1 y 6.14.b) de la citada convocatoria.
Tercero.- Igualmente, en virtud de la base 6.1.c) de la convocatoria, la Administración educativa nombró una Comisión de Selección por cada especialidad convocada, compuesta, según la base 6.6, por un número impar de los Presidentes de los Tribunales con las funciones que le otorga la base 6.12, entre otras, la de coordinar la actuación de los Tribunales de la especialidad.
Cuarto.- Las distintas Comisiones de Selección concluyeron su función con la elevación a la Dirección General de Personal de la propuesta de aspirantes seleccionados.
Quinto.- Así, en lo que respecta a la concreta especialidad de Educación Infantil, mediante Resolución de su Comisión de Selección de 13 de julio de 2007 se hizo pública la propuesta de aspirantes seleccionados por la totalidad de los treinta y cuatro Tribunales de esa especialidad, y por orden de puntuación global tras la superación de las fases de oposición y concurso; remitiendo posteriormente la citada Comisión a la Dirección General de Personal el oportuno expediente administrativo conformado.
Sexto.- Desde finales del mes de julio de 2007 han tenido entrada en la Dirección General de Personal múltiples recursos administrativos interpuestos por participantes en las citadas pruebas selectivas por la especialidad de Educación Infantil contra la fase de oposición, que denuncian supuestas irregularidades en los criterios de calificación aplicados.
Los recursos interpuestos son los siguientes, relacionados por recurrente y fecha de recurso:
Ver anexos - páginas 22986-22989
Las pretensiones de los recurrentes, entre otras, eran las siguientes:- La declaración de nulidad de la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y de la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas en 5 de julio de 2007.
- Nueva valoración de la fase de oposición, ajustándose a las bases de la convocatoria y a los criterios de calificación publicados en la misma.
- La inmediata paralización del procedimiento de la especialidad de Educación Infantil.
- La participación de los recurrentes en la fase del concurso, siempre que obtengan la nota requerida para pasar a dicha fase.
- La nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
- Dejar sin efecto los acuerdos y órdenes dadas a los Tribunales de Infantil en cuanto a la limitación del número de opositores.
- Establecer un nuevo plazo de presentación del concurso de méritos para los opositores afectados por el incumplimiento manifiesto de dicha Orden.
- Revisión de la fase de oposición por otro Tribunal designado al efecto.
- Declarar la nulidad del nombramiento de las 275 personas propuestas por la Comisión de Selección y que esas plazas sean cubiertas temporalmente por personal integrante en la lista de sustitución.
Séptimo.- Analizado por la Dirección General de Personal el expediente administrativo conformado por los Tribunales de Educación Infantil, especialmente el constituido por las actas y documentos de su Comisión de Selección (y, en concreto, el documento denominado "Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales de Infantil: calificaciones"), de su examen se ha constatado la determinación por ésta y la utilización por aquéllos de criterios contrarios a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, irregularidad que se puede extraer de la simple lectura somera del documento que, además de contener una limitación al número de aspirantes aprobables por tribunal en la primera prueba (15) y en la fase de oposición en su conjunto (9), recoge tramos de notas otorgables e instrucciones (con puntuaciones especificadas) para adaptar las notas artificialmente al alza o a la baja en caso de que no "cuadre" el resultado final con los límites máximos establecidos por la Comisión de Selección. En consecuencia, se acordó suspender mediante Resolución de 24 de agosto de 2007 (B.O.C. nº 176, de 3 de septiembre), exclusivamente en lo que respecta a la especialidad de Educación Infantil, los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros convocados mediante Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 16 de abril de 2007.
Octavo.- Por Resolución del Director General de Personal de fecha 1 de octubre de 2007 se acordó, según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP y PAC (B.O.E. nº 285, de 27 noviembre), en su redacción actual, acumular los recursos de alzada presentados contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007 de la especialidad de Educación Infantil.
Noveno.- El Director General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias emite Propuesta de Resolución de 1 octubre de 2007, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicada el 5 de julio de 2007.
Décimo.- Por Resolución del Director General de Personal, de fecha 1 de octubre de 2007, se acordó dar traslado a todos los interesados de los recursos de alzada presentados, del expediente administrativo en soporte CD -que contenía un extracto del expediente, estando completo en soporte papel en las Direcciones Territoriales de Educación y en las Oficinas Insulares de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes- y de la Propuesta de Resolución de los recursos de alzada interpuestos contra Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicada el 5 de julio de 2007. Asimismo, mediante la anterior Resolución se puso de manifiesto el expediente a los interesados.
Decimoprimero.- Mediante oficio del Director General de Personal de fecha 2 de noviembre de 2007 se procedió, de conformidad con el artículo 112 de la mencionada LRJAP y PAC, a notificar el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, remitiéndose a tal fin a los mismos un CD-Card con el siguiente contenido:
01 - Propuesta Resolución recursos.
02- Recursos.
03- Resoluciones Impugnadas.
04- Extracto del Expediente Administrativo.
Asimismo, mediante la citada notificación se dio a los interesados, en el seno del trámite de audiencia, un plazo máximo de quince días hábiles a contar a partir del día siguiente de la recepción de la notificación, para, en su caso, formular las alegaciones que estimasen precisas así como para aportar los documentos justificadores de las mismas.
Decimosegundo.- Por último, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de LRJAP y PAC, se publicó anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de diciembre de 2007, que acuerda la publicación y notificación de las siguientes Resoluciones y Propuesta de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias: Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se dispone la acumulación de los recursos interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros convocados por Orden de 16 de abril de 2007 (B.O.C. nº 83, de 26 de abril), y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicada el 5 de julio de 2007; Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se acuerda dar traslado a los interesados de la Propuesta de Resolución de los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007; y Propuesta de Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, de 1 de octubre de 2007, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las listas de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007 (B.O.C. nº 6, de 9 de enero).
Decimotercero.- Consecuencia de lo anterior, este centro directivo ha venido recibiendo multitud de alegaciones en relación con las Resoluciones y Propuesta emitidas por el Director General de Personal, que han sido objeto de estudio y cuyo análisis se realiza en los fundamentos de derecho siguientes.
Decimocuarto.- Solicitado preceptivo informe a la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad con fecha 23 de junio de 2008 tiene entrada en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canaria informe emitido por el citado Servicio Jurídico.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A) DE ORDEN ADJETIVO
Primero.- Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la base 9.3 de la convocatoria, en cuanto a la resolución de los recursos de alzada presentados.
El artículo 114 de la LRJAP y PAC establece que "Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1 cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos".
En los mismos términos el artículo 107 de la LRJAP y PAC dispone que "Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley."
La base 9.3 de la convocatoria recoge la "Publicación de las listas con la puntuación definitiva de la fase de concurso" en los siguientes términos: "Una vez estudiadas las alegaciones presentadas, en tiempo y forma, el presidente de la Comisión de Selección publicará en los tablones de anuncios de las sedes de actuación de los tribunales que la integran, la resolución por la que se eleva a definitiva la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de oposición. Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Director General de Personal, en el plazo de un mes, según lo que prevén los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción actual."
Segundo.- Es de aplicación lo previsto en la Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convoca procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril) emitida con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima de la citada Ley (B.O.E nº 53, de 2 de marzo).
B) DE ORDEN SUSTANTIVO
I
SOBRE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
La Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convoca procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril) regula, en sus bases 7 a 14, los diferentes pasos que conforman el procedimiento selectivo, desde el acto de presentación de los aspirantes hasta el nombramiento de los seleccionados como funcionarios de carrera.
Por su parte, las bases 6.1.c), 6.6, 6.10.3 y 6.12 de la convocatoria regulan la naturaleza, composición, actuación y funciones de las Comisiones de Selección, atribuyendo a las mismas, entre otras, las funciones de coordinar los Tribunales de su especialidad; determinar y homogeneizar los criterios de actuación de los mismos; y elaborar los criterios de calificación de cada una de las partes y ejercicios de la prueba a los que deberán ajustarse los Tribunales.
Finalmente y en lo que al desarrollo de la fase de oposición del procedimiento selectivo se refiere, es la base 8 de la convocatoria la que aborda una regulación detallada de la misma incluyendo todos los aspectos relativos al desarrollo y partes de la prueba, informe de la unidad didáctica, calificación de la fase de oposición y la publicación de las listas de aspirantes.
II
SOBRE EL CONTENIDO DE LA "GUÍA DE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR TRIBUNALES DE INFANTIL:
CALIFICACIONES" Y SU APLICACIÓN POR
LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN
Para poder concluir el carácter irregular de la mencionada guía se hace necesario realizar un análisis detallado de la misma en su conjunto, lo que se aborda a continuación. En este sentido, tres son los acuerdos adoptados por la Comisión de Selección de la especialidad de Infantil en fechas 8 y 15 de junio de 2007, los cuales se resumen a continuación.
En primer lugar, la Guía incluye un contundente mandato a los distintos tribunales sobre el número máximo de aprobados que debía haber por Tribunal (ratio) el 5 de julio de 2007, siendo para Gran Canaria y Tenerife de 8-9, para Fuerteventura y Lanzarote de 7 y para la La Palma de 6.
Asimismo, por la Comisión de Selección se estableció un corte inicial mediante el que se determinó que, de los 60-70 opositores de media por tribunal, solamente 15 como máximo estarían entre el 4.000 y el 10.000, siendo estos últimos, tal y como se recoge literalmente en la Guía, "los factibles a aprobar", incluyendo para ello un estudiado tramo de notas cuya finalidad, según recoge el referido acuerdo, era unificar los resultados entre todos los Tribunales de la Especialidad de Infantil.
En segundo lugar, la mencionada Guía aprobada por la Comisión de Selección recoge una tabla de resultados finales a cumplimentar por cada tribunal con la finalidad, y se transcribe literalmente, de "que aparezcan los especificados en la primera tabla del escrito como máximo aprobados en la oposición en cada tribunal según ratios ..."
En tercer y último lugar, con fecha 2 de julio de 2007 la Comisión de Selección acuerda un documento de ampliación de los acuerdos adoptados previamente para "proporcionar a los Presidentes de Comisiones de Coordinación de una "medida correctora" que permita a los Tribunales que manifiesten este problema de carácter crítico (À) [...] dando autoridad al Presidente de la Comisión de Coordinación [...] a autorizar un determinado número de plazas a ese tribunal de más ...
El problema de carácter crítico al que se refería la Comisión de Selección lo constituían los informes recibidos por parte de la Inspección de Educación en referencia a los interinos (informes que en la inmensa mayoría estaban entre los 7.500 y los 10.000) lo que, según la Comisión, "creaba un grave problema a la hora de las calificaciones finales É"
Es decir, tal y como se desprende del acuerdo de la Comisión, la medida a aplicar intentaba corregir un grave desfase a la hora de recibir los Informes de la Inspección de Educación, justificando la Comisión que tales informes podían alterar gravemente la lista final de aprobados con nota superior a 5.000. En cualquier caso, se trataba de una medida que afectaba, siempre según lo dispuesto por el acuerdo en cuestión, a aquellos opositores de acceso libre (no interinos) que tras la recepción de los informes de la Inspección de Educación se quedaban cerca del 5.000 pero no lo alcanzaban.
Finalmente, en cuanto a la aplicación de la "Guía de Procedimientos: Calificaciones" por los órganos de selección, es evidente la repercusión que la misma tuvo en los resultados finales del procedimiento de ingreso al Cuerpo de Maestros, especialidad de Educación Infantil, y ello debido al patente seguimiento de los mencionados acuerdos por los diferentes tribunales.
Así, el objetivo claro de la guía consensuada por la Comisión fue el de establecer un número máximo de aspirantes que pasaran a la fase de concurso, como así ocurrió pues habiéndose presentado un total de 1.926 aspirantes solamente 322 pasaron a la fase de concurso.
No cabe pues, a la vista de los resultados finales, poner en duda el seguimiento y aplicación que los órganos de selección hicieron de los criterios correctores. Basta con reiterar que, siendo el número de aspirantes que según la ratio establecida podían aprobar de 312, finalmente aprobaron 322, sólo 10 aspirantes más de los inicialmente acordados, y ello en una especialidad en la que participaron 1926 aspirantes.
III
SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL DE 1 DE OCTUBRE DE 2007
Primero.- Con fecha 1 de octubre de 2007 se emite Propuesta de Resolución de la Dirección General de Personal, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, y contra las lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicada el 5 de julio de 2007.
La citada propuesta disponía en su resuelvo primero en relación con la estimación de los recursos presentados contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas en 5 de julio de 2007 lo siguiente:
a) Anular los actos recurridos: la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y las Listas de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007, de la especialidad de Educación Infantil.
b) Anular la "Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales de Infantil: calificaciones", elaborada por la Comisión de Selección de Infantil.
c) Sustituir a los Tribunales, a la Comisión de Selección y a la Comisión de Coordinación, debiendo procederse a nuevos nombramientos de los Tribunales y de las Comisiones de Selección y Coordinación, en su caso.
d) Retrotraer el expediente a la fase de oposición, hasta el momento de la calificación de la parte "A" y de la parte "B".
e) Conservar la prueba de la parte "A" de la oposición y la prueba de la parte B.1), presentación de la programación didáctica; así como los informes emitidos por la Administración educativa correspondientes al ejercicio B.2), debiendo procederse de nuevo a la calificación de la parte "A", y a la exposición y defensa de la unidad didáctica, o en su caso, a la evaluación del informe de la administración educativa.
Segundo.- Tras la notificación individual y por Boletín Oficial de Canarias de la Propuesta de Resolución de 1 de octubre de 2007 del Director General de Personal, se han venido recibiendo en la Dirección General de Personal un gran número de alegaciones, que en el caso de los aspirantes no aprobados o aprobados sin plaza se resumen en las siguientes:
- Vulneración de las bases de la convocatoria y de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública con los consecuentes perjuicios producidos a los aspirantes por la aplicación de la normativa de forma incorrecta y/o ilegal.
- Revisión de pruebas de tal forma que desde la Consejería de Educación se garanticen los derechos de los afectados aplicándose de forma exacta, escrita y clara la legislación y las normas que rigen el proceso de selección de acuerdo con los criterios expuestos en las bases de la convocatoria.
- Que las instrucciones dadas a los miembros del tribunal sobre el número máximo que debían aprobar en cada tribunal, instrucciones dirigidas a realizar una criba en el número de aspirantes, han impedido la continuación de los opositores en el proceso de selección, con el consiguiente perjuicio añadido que ello ha llevado aparejado, pues la no superación de la fase de oposición les ha relegado e impedido mejorar su situación en las listas de interinos y sustitutos.
- Solicitud de que la corrección de los exámenes sea pública por personas diferentes a los que los han calificado previamente así como de que se proceda a la depuración de responsabilidades de los miembros de los tribunales.
- Solicitud de que el proceso se retrotraiga sólo hasta el momento de la valoración de la primera parte de la oposición.
- Se afirma por los interesados que no queda claro en el expediente qué repercusión tuvo en cada tribunal el seguimiento de los criterios fijados por la guía.
- En cuanto a los tribunales se afirma que lo que debería modificarse sería la composición de la Comisión de Selección y, en su caso si se creyese conveniente, que los integrantes de las mismas dejasen de formar parte de los correspondientes tribunales.
Tercero.- Asimismo han sido muchas las alegaciones presentadas en las que los interesados manifiesta conformidad con la Resolución de 24 de agosto de 2007 de la Dirección General de Personal y al mismo tiempo solicitan a este centro directivo que se proceda a revisar tanto las notas otorgadas a los aspirantes en el procedimiento selectivo como los exámenes desarrollados en el seno del citado procedimiento.
Cuarto.- Se han presentado también alegaciones por las que se solicita a esta administración tanto la inclusión como la exclusión como recurrentes de determinados interesados en el listado que figura en la Propuesta de Resolución del Director General de Personal de 1 de octubre de 2007, inclusiones y exclusiones que, una vez analizado cada expediente, se realizan mediante la presente resolución.
Quinto.- En relación a la fase de concurso del procedimiento selectivo de referencia se han presentado una serie de alegaciones que se han desestimado por no ser éste el objeto de los recursos que ahora se tratan de resolver. Asimismo se han presentado solicitudes de corrección de datos personales por parte de algún interesado/a, correcciones que, mediante la presente resolución, se han realizado.
Sexto.- Por último, de las alegaciones presentadas por los aspirantes que resultaron aprobados con plazas se extraen las siguientes conclusiones:
- Se alega de contrario que las reclamaciones presentadas frente a las listas de 5 de julio de los Tribunales Calificadores y los recursos de alzada presentados frente a la Resolución de 13 de julio de la Comisión de Selección no son susceptibles de acumulación al no concurrir los requisitos del artº. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y no ser las listas de 5 de julio susceptibles de recurso administrativo.
- Se alega de contrario que la Administración deberá declarar la inadmisión de todos los recursos que hayan sido presentados transcurrido el plazo de un mes desde la fecha en que se publicaron las Resoluciones cuya alzada se propone resolver.
- Se sostiene la adecuación al ordenamiento jurídico de la actuación de los órganos de selección y ello desde el entendimiento de que el establecimiento de un número máximo de aprobados por Tribunal y los tramos de nota entra dentro de las competencias de la comisión de selección al darse la circunstancia de que existían varios Tribunales.
- Se alega de contrario que los criterios establecidos por la Comisión de Selección y aplicados por los Tribunales Calificadores no son contrarios a las normas de aplicación ni vulneran las bases de la convocatoria y, aunque puedan defenderse otros criterios, respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en consecuencia, los recursos deben desestimarse y las resoluciones recurridas en alzada deben declararse ajustadas a Derecho.
- Se alega de contrario que, en todo caso, la interpretación equivocada de las normas por los tribunales no avala su sustitución y el nombramiento de nuevos Tribunales y de nuevas Comisiones de Selección y Coordinación ni tampoco el establecimiento de nuevos criterios de corrección. Por consiguiente, se solicita el mantenimiento de los tribunales y también los criterios de calificación de las pruebas por no haber quedado acreditado en el expediente la concurrencia de las causas que para modificar la composición de los Tribunales recoge la base 6.2 de la Orden de 16 de abril, de convocatoria, ni actuación irregular alguna por parte de los Tribunales, su nombramiento debe mantenerse.
- Se alega de contrario la nulidad de pleno derecho tanto de la Resolución de 24 de agosto de 2007 de la Dirección General de Personal como la Propuesta de Resolución de 1 de octubre de 2007 por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la Especialidad de Educación Infantil. Asimismo, se alega por los interesados que el procedimiento por el que la Administración ha optado, el de suspensión y retroacción de las actuaciones no es el adecuado, debiendo haber acudido la administración, para el caso de que los criterios correctores contenidos en la supuesta Guía de Procedimiento fueran radicalmente opuestos a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública, al procedimiento de revisión de oficio.
- Se afirma que la Propuesta de Resolución de la Comisión de Selección vincula a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que debe aceptar lo establecido en la misma y si bien, la administración entendiera que en el procedimiento de selección se incurrieron en irregularidades, el citado organismo debió acudir al procedimiento de revisión previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y no como erróneamente hizo acordando la medida cautelar de suspensión.
- Se afirma de contrario que, aún cuando numerosa jurisprudencia, tanto de Tribunales Superiores de Justicia como del propio Tribunal Constitucional, avalan de forma contundente el principio de la discrecionalidad técnica de los Tribunales calificadores en relación a aquellas cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración, y no puede ser sustituido en vía jurisdiccional; no debe obviarse, que la falta de motivación de la resolución impugnada no encuentra amparo legal en la llamada "discrecionalidad técnica" de los órganos de selección, por cuanto, la misma sólo alcanza a los actos que se desarrollan en el cometido de valoración de los citados órganos, no pudiendo extenderse, por tanto, a la resolución recurrida. Del mismo modo, tampoco puede ampararse la Administración para justificar la falta de fundamentación jurídica de la resolución impugnada en que la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva ha de realizarse de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen su convocatoria, por cuanto no estamos ante un acto que ponga fin al procedimiento selectivo en cuestión.
- Se afirma de contrario que la administración no puede volver a anular unos actos (las Resoluciones de 13 de julio y 5 de julio de 2007) que ya había anulado mediante Resolución de 24 de agosto de 2007 por la que se acordó retrotraer a la fase de oposición las actuaciones ya desarrolladas dejando pendiente de ulterior resolución únicamente la determinación de las "condiciones y el momento del procedimiento selectivo a partir del cual dichas actuaciones deberán nuevamente cursarse" y que se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
- Se afirma de contrario que la retracción del procedimiento debe dejar intactas la realización y calificación de las pruebas B.1) y B.2).
- Se afirma de contrario que la mencionada Guía de Calificación constituye un acto intraprocedimental e interno, por virtud del cual, la Comisión de Selección pretende marcar instrucciones o directrices a los Tribunales de Selección, tratándose por tanto, de un acto de trámite y de carácter no decisorio, ya que la decisión sobre la calificación quedó residenciada en cada uno de los 34 Tribunales de Selección, conforme se plasma en las Resoluciones de 5 de julio de 2007, limitándose, a posteriori, la Comisión de Selección -en cuanto a la fase de oposición- a compilar la totalidad de las calificaciones remitidas a la misma por los Tribunales y publicarlas a través de la Resolución de 13 de julio de 2007.
- Se afirma de contrario inexistencia, en el expediente, de prueba fehaciente acreditativa del seguimiento, por cada Tribunal, de los criterios de calificación adoptados por la Comisión de Selección y existencia de indicios racionales del no seguimiento de tales criterios, solicitando al mismo tiempo la circunscripción exclusiva del hipotético seguimiento de los criterios de la Comisión de Selección a la calificación de la prueba A, sin afectación, en ningún caso, a la realización y calificación de las pruebas B.1 y B.2.
IV
SOBRE LA ESTIMACIÓN PARCIAL
DE LOS RECURSOS DE ALZADA
Primero.- Visto el Fundamento de Derecho de Orden Sustantivo II sobre el contenido de la Guía y en la medida en que la evaluación de la fase de oposición se llevó a cabo aplicando unos criterios de calificación consistentes en la limitación del número máximo de opositores a aprobar por cada tribunal así como en la predeterminación de tramos que no sólo no estaban previstos en las bases de la convocatoria sino que son claramente contrarias a las mismas, procede concluir en la estimación parcial de los recursos de alzada interpuestos en orden a la anulación de la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la Especialidad de Educación Infantil.
Segundo.- En efecto, los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, puestos en relación con las bases de la convocatoria, llevan necesariamente a concluir el carácter irregular de la Guía acordada por la Comisión de Selección de la Especialidad de Infantil.
Así, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución Española los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, siendo el artículo 103.3 del mismo texto legal el que determina que por ley se regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
En relación a la convocatoria dos son las bases que guardan una conexión directa con las exigencias constitucionales antes mencionadas. Así, mientras la base 8.3 de la convocatoria regula concienzudamente los criterios de calificación de la fase de oposición del procedimiento selectivo, la base 15 de la mencionada convocatoria regula la promoción o inclusión en las listas del profesorado interino y sustituto de los aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, no resultaran seleccionados.
Teniendo en cuenta, por tanto, la normativa de aplicación, conformada tanto por la C.E. como por la propia convocatoria, es indudable que la aplicación, por los distintos tribunales, del baremo que se recogía en la guía de procedimiento ha supuesto por un lado, una absoluta vulneración de los ya mencionados principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y por otro lado una inadvertencia manifiesta y consecuente vulneración de la base 15 de la convocatoria relativa a la promoción o inclusión en listas de los aspirantes.
En definitiva, los criterios establecidos por la Comisión de Selección en la "Guía de Procedimientos a seguir tribunales de Infantil: Calificaciones" no estaban previstos en la convocatoria, donde las bases son la Ley de la misma y, en consecuencia, sólo lo en ellas establecido y publicado (precisamente en base al principio de publicidad) puede ser aplicado por los órganos de selección que deberán ajustarse plenamente a las mismas y garantizar su cumplimiento según establece el artículo 6.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición Transitoria Decimoséptima de la citada Ley al disponer que "Los órganos de selección actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria".
Así, si bien no cabe duda de las funciones de la Comisión de "coordinación de los tribunales" y "determinación de los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de los mismos, ello no implica bajo ningún concepto que pueda variar, alterar o "innovar" las bases de la convocatoria pública a la que deben ceñirse en todo momento en sus actuaciones por lo que, en consecuencia, debe procederse a dejar sin efecto la ya referida Guía de Procedimientos.
En este sentido resulta de aplicación al presente asunto la abundante jurisprudencia procedente del Tribunal Constitucional, resultando destacables al efecto sus sentencias de 14 de noviembre de 1991 y de 21 de febrero de 1992, del respectivo siguiente tenor literal parcial:
"... Siendo el instrumento de conocimiento que utilizan los Órganos Jurisdiccionales la técnica jurídica, su facultad de intervenir en las decisiones de las Comisiones o Tribunales calificadores es plena cuando hayan infringido o inaplicado normas en las que todos los elementos son reglados ...".
"... La disconformidad con el criterio sólo puede producirse cuando resulta manifiesta la arbitrariedad de la adjudicación efectuada, y, por tanto, evidentes el desconocimiento de los principios de igualdad y de mérito y capacidad para el acceso a las funciones públicas consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución ...".
En los mismos términos se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Sentencia de 13 de febrero de 2001 al señalar lo siguiente:
"Por tanto, la introducción de un cambio en las bases "a posteriori" y sin respetar el procedimiento legalmente establecido (É) supone una infracción de la legalidad vigente en la materia que conlleva la estimación del recurso interpuesto. Y ello porque sin perjuicio de la posibilidad de reconocerse al órgano de selección la facultad de adecuar las reglas rectoras de la oposición a las particulares circunstancias de ésta, pudiendo en consecuencia introducir unos particulares criterios de corrección que no contradigan o desvirtúen los ya contenidos en las bases y que constituyan un desarrollo lógico y coherente de aquéllas, a fin de adoptar al procedimiento selectivo de objetividad y racionalidad en las decisiones a adoptar, en el presente caso la decisión del tribunal calificador fue más allá, modificando el contenido de las bases en un aspecto esencial y previsto por las mismas. Ahora bien, dado que el tribunal se limitó a calificar a los aspirantes como aptos y no aptos, sin que se hiciese constar en modo alguno los tiempos que en concreto obtuvieron cada uno de los que superaron las pruebas, no puede efectuarse otro pronunciamiento que el de anular el acto administrativo impugnado É"
Asimismo conviene destacar la sentencia de 13 de diciembre de 2000, de nuestra Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Las Palmas), que concreta al respecto lo siguiente:
"... Decimosegundo.- Es muy reiterada la jurisprudencia en el sentido de que "la no impugnación de las bases de una convocatoria para el acceso a la función pública con la consiguiente participación en las correspondientes pruebas selectivas, determina que esas bases devengan firmes e inatacables, no pudiéndose impugnar posteriormente por quienes se aquietaron ante las mismas"; "las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones de Selección y a quienes participen en las mismas, así como también establecen que las convocatorias pueden ser recurridas, pero lógicamente dentro de los plazos legales previstos al efecto". Por otra parte, "aunque los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son ciertamente competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación de los órganos juzgadores de las oposiciones o concursos, en modo alguno pueden sustituir a éstos en lo que sus valoraciones tienen de apreciación técnica. Con sujeción a este condicionamiento jurídico ciertos aspectos técnicos de necesario análisis para el juicio de contraste y homologación, parece que, en principio, debe quedar reservado al juicio del Tribunal Técnico calificador, a salvo de que se evidencie un resultado manifiestamente arbitrario o una apreciación de los hechos a todas luces errónea". Finalmente, en materia de las circulares o instrucciones de servicio, la jurisprudencia, señala que "tales son en sentido propio, aquellas que no innovan propiamente el ordenamiento jurídico y que como manifestación de la jerarquía normativa se hallan dirigidas a órganos que se encuentran en relación jerárquica respecto de quien las imparte, a los que obliga sólo en función de la obediencia propia e inherente a tal relación de supremacía, por lo que no forman parte del ordenamiento jurídico, aunque puedan incidir en los intereses de los particulares al fijarse mediante ellas criterios de actuación a los titulares de los órganos subordinados, cuyos terceros particulares evidentemente pueden desconocer tales criterios mediante el ejercicio de los medios de impugnación que habilita el ordenamiento jurídico". Ello significa, que aun aceptando la existencia de tales instrucciones y, que fueran seguidas por los Tribunales de Valoración, resulta patente, que las oposiciones o concursos, se encuentran sometidos a sus bases que, "vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones de Selección y a quienes participen en las mismas", constituyendo la Ley del Concurso y, una vez terminada la calificación de los aspirantes las Comisiones de Selección hacen públicas la relación de aspirantes y el orden de puntuación, por lo que cualesquiera que sean los criterios seguidos y las instrucciones recibidas, los mismos no pueden vulnerar las bases y, si ello ocurriera, los perjudicados pueden acudir a los recursos legalmente establecidos, en tiempo y forma, so pena de devenir firmes y consentidos ...".
En los mismos términos se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en Sentencia de 13 de febrero de 2001 al señalar lo siguiente:
"Por tanto, la introducción de un cambio en las bases "a posteriori" y sin respetar el procedimiento legalmente establecido (É) supone una infracción de la legalidad vigente en la materia que conlleva la estimación del recurso interpuesto. Y ello porque sin perjuicio de la posibilidad de reconocerse al órgano de selección la facultad de adecuar las reglas rectoras de la oposición a las particulares circunstancias de ésta, pudiendo en consecuencia introducir unos particulares criterios de corrección que no contradigan o desvirtúen los ya contenidos en las bases y que constituyan un desarrollo lógico y coherente de aquéllas, a fin de adoptar al procedimiento selectivo de objetividad y racionalidad en las decisiones a adoptar, en el presente caso la decisión del tribunal calificador fue más allá, modificando el contenido de las bases en un aspecto esencial y previsto por las mismas. Ahora bien, dado que el tribunal se limitó a calificar a los aspirantes como aptos y no aptos, sin que se hiciese constar en modo alguno los tiempos que en concreto obtuvieron cada uno de los que superaron las pruebas, no puede efectuarse otro pronunciamiento que el de anular el acto administrativo impugnado É"
A la manifiesta vulneración antedicha debe unirse el hecho de que, en un claro atentado al principio de publicidad del proceso, a las bases, y al derecho a la defensa de la totalidad de los aspirantes, la Comisión elaboró determinados criterios legales de calificación, que fueron los únicos publicitados ante los aspirantes por los tribunales de acuerdo con la base 6.14.a) de la convocatoria enumeradora de sus funciones ("la lectura pública en el acto de presentación de aspirantes de los criterios de calificación de cada una de las partes y ejercicios de la prueba, elaborados por su comisión de Selección. Estos criterios deberán permanecer, desde ese momento, expuestos en los tablones de anuncios de sus sedes de actuación."), para simultáneamente "introducir" los controvertidos criterios correctores sin darle la oportuna publicidad en el acto de presentación.
Así la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja nº 501/1998, de 31 de julio establece:
"É la falta de los criterios de ponderación fijados con anterioridad a la evaluación de los méritos de los distintos aspirante a la plaza afectada constituye una irregularidad que proyecta sus efectos en una doble vertiente: 1) impide conocer a los candidatos la manera en que sus méritos van a ser valorados, lo que les ocasiona una evidente situación de indefensión al no permitirles comprobar si esa valoración es o no correcta y se atiene a los criterios y baremo específico que debían presidir la actuación de la Comisión de Contratación, no facilitando la impugnación de su resultado É
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, procede estimar el recurso contencioso-administrativo entablado, declarando la nulidad de las resoluciones recurridas, retrotrayendo el procedimiento administrativo al momento previo de la valoración de los méritos de los aspirantes a la plaza de profesor de Historia Contemporánea convocada para que, previamente a ello, la Comisión de Contratación establezca los criterios de ponderación de aquellos, que sean procedentes, y los haga públicos".
También por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha nº 13/2001, Sala de lo contencioso-administrativo, de 19 de febrero, se dispone:
"Esta sala considera lo siguiente: las instrucciones dadas a los aspirantes al inicio de la celebración de las pruebas deben considerarse vinculantes como actos propios del Tribunal calificador que condicionan la forma en que los aspirantes van a afrontar el examen que se les presenta, pudiendo éstos, legítimamente, confiar en que tales criterios se respetarán; otra cosa sería contraria al principio de actos propios, de buena fe y de confianza legítima (artículo 7.1 del Código Civil).
En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2003, que la sentencia apelada toma en consideración, debemos señalar que no consta en ningún modo que en las pruebas selectivas a que se refería se hubiera establecido la regla expresa de que cada pregunta valdría lo mismo que las demás. Además, hay que considerar que la sentencia se refería, como se deriva de su lectura, al momento final del procedimiento selectivo, donde el tribunal calificador se veía forzado inevitablemente por las bases a no declarar aprobados en los ejercicios más aspirantes que plazas convocadas. La sentencia de instancia afirma a este respecto que en cualquier caso la base 9.3, cuando establece que las comisiones de selección no podrán declarar aprobados a más aspirantes que plazas convocadas, debe entenderse en el sentido de que habilita a la comisión para ir adecuando el número de aprobados a las plazas existentes no sólo necesariamente al final del proceso selectivo, sino también a lo largo de los diversos ejercicios. Sin embargo, la diferencia del momento final al que se refería el Tribunal Supremo con momentos anteriores es que si se aplica el criterio antes del final se impide a los aspirantes la realización de parte de las pruebas; si se aplica al final, se ha podido ya demostrar íntegramente el principio de mérito y capacidad de cada cual. Esto no quiere decir que no puedan quedarse por el camino quienes se deban quedar; es un simple argumento a mayor abundamiento que pone de manifiesto que no puede sacrificarse el tenor de las bases (puestas en relación, en nuestro caso, con las instrucciones dadas a los examinados) a la voluntad de ir eliminando aspirantes en las fases in iniciales del proceso".
En conclusión, los tribunales, una vez conocen el criterio adoptado por la Comisión, debieron comunicarlo a los aspirantes de cada tribunal, cumpliendo así con las exigencias derivadas de los principios de predeterminación normativa, igualdad, publicidad y seguridad jurídica; todos los aspirantes debían haber conocido el contenido de aquel acuerdo antes de presentarse al ejercicio.
Finalmente y a modo de conclusión es importante traer a colación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7, del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 2006 que dispone:
"La sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida desestimó el recurso. En sus fundamentos, recuerda el criterio jurisprudencial uniforme de que las bases de la convocatoria de un concurso o pruebas selectivas constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y resolución de los mismos, de tal manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los participantes y a la Administración, así como a los Tribunales y Comisiones encargados de la valoración de los méritos, no pudiéndose modificar sino de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 30/1992 . Tal planteamiento tenía su reflejo normativo en el artículo 3 del Real Decreto 1.411/1968, de 27 de junio, que aprobó el Reglamento General de Ingreso en la Administración Pública, y se plasmó en el artículo 13.4 y 5 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, lo que supone que el procedimiento selectivo debe ajustarse a las previsiones contenidas en las bases.
A partir de aquí, dice que la base 6.1 atribuía al Tribunal Calificador único la facultad de elaborar los criterios de valoración y que la base 9.1, tras señalar como habría de puntuarse el primer ejercicio, le encomendaba la fijación de la puntuación mínima para superarlo en cada ámbito territorial. De ello deduce la Sala de la Audiencia Nacional que el proceder discutido se justifica en las facultades que las bases atribuyen al Tribunal Calificador y en "la obtención de un resultado justo y ponderado en el cómputo de los méritos y capacidad de los participantes". Además, dice la sentencia que "por tratarse de una fórmula proporcional no supone alteración del orden de los aprobados en cada ejercicio y que a todos los participantes se les valora por igual, por lo que no existe discriminación entre los mismos"É
Se argumenta que la sentencia de instancia ha vulnerado la Orden de convocatoria de las pruebas por haberse apartado la Administración de las bases que las regían sin modificarlas con arreglo a lo previsto por la Ley 30/1992. Explican las recurrentes, que el Tribunal Calificador Único, en contra de lo que dice la sentencia impugnada, fue más allá de lo que le autorizaba la base 9.1, excediéndose, por tanto, en su competencia para fijar la puntuación mínima en virtud de un informe de Transformación de los Puntos no publicado y desconocido por los aspirantes hasta después de la realización de las pruebas. Esa conversión, subraya, distorsionó y alteró las puntuaciones resultantes de la aplicación de la mencionada base con el resultado de verse excluidas de la relación de aprobados en la que deberían haber figurado.
ÉEl problema que plantea este recurso de casación ha sido resuelto ya por esta Sala y Sección en sus sentencias de 29 de junio (casación 6843/2001) y de 15 y 22 de diciembre (casación 1595/2000 y 1445/2000) todas de 2005 y dictadas en relación con este mismo proceso selectivo. En la primera de ellas decíamos: "El problema principal de esta casación es decidir si esa fórmula correctora que aplicó el Tribunal Calificador (...), fue discriminatoria y perjudicial para los recurrentes. Pues de haber sido así sería de apreciar la infracción del artículo 14 CE que es denunciada en el motivo de casación.
É Las anteriores consideraciones llevaron a esta Sala a estimar el recurso de casación y también el recurso contencioso-administrativo de los entonces recurrentes y a esa misma conclusión hemos de llegar aquí, con independencia de la validez de las preguntas 72 y 84 del primer ejercicio, que han sido cuestionados, porque en el motivo que se ha formulado contra la sentencia de la Audiencia Nacional subyace el mismo reproche, la desigualdad en el tratamiento dado a los distintos concursantes como consecuencia de la aplicación de una fórmula correctora no prevista en las bases de la convocatoria que distorsionó los resultados a los que conducía el sistema de puntuación previsto por aquéllas. La Administración no aplicó correctamente "antes al contrario, se salió de lo que preceptuaban" dichas bases, que como dice la sentencia, recordando lo que establecen las normas antes mencionadas eran la ley del concurso. Y al actuar de esa forma asignó a las recurrentes una calificación inferior a la que les correspondía, la cual estaba por encima del mínimo exigido para superar las pruebas. Se ha producido, pues, la infracción denunciada y eso comporta la estimación del recurso de casación con la consiguiente anulación de la sentencia".
Tercero.- La estimación parcial de los referidos recursos requiere que, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 30/1992, se proceda a la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Así, la ya referida Propuesta de 1 de octubre de este centro directivo determinaba la conservación de la prueba de la Parte "A" de la oposición, y la prueba de la parte "B.1)", presentación de la programación didáctica; así como los informes emitidos por la Administración Educativa correspondientes al ejercicio B.2), debido a que los mismos no quedaban afectados por el motivo de nulidad apreciado, ya que dicha nulidad sólo afectaba a la evaluación de tales ejercicios, debiendo procederse de nuevo a la calificación de la parte "A", y a la exposición, defensa y calificación de la programación y de la unidad didáctica, o en su caso, a la evaluación del informe de la Administración Educativa, no procediendo, por tanto, la estimación de las pretensiones de nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
Tal propuesta se ratifica ahora, con las variaciones que posteriormente se expondrán con respecto a los órganos de selección, una vez presentadas las alegaciones de los interesados, y ello porque la aplicación de los criterios correctores resulta evidente simplemente a la vista de los resultados finales del procedimiento selectivo, que son contundentemente concluyentes en cuanto a la aplicación de la Guía por los correspondientes órganos de selección. En efecto, la mencionada guía fue consensuada para su aplicación en la fase de oposición del procedimiento selectivo, afectando por tanto a la totalidad de las pruebas que integran la misma debiendo extraerse, por tanto, simplemente el resultado final de la citada fase para concluir la anulación de la resolución de 13 de julio de 2007.
Efectivamente, los Tribunales de Justicia vienen estableciendo la necesidad de conservar aquellas pruebas de los procedimientos selectivos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de mayo de 2006 señala que " en ningún caso procedería la petición inicial que el recurrente formula en su demanda, consistente en la declaración de nulidad de la totalidad de la prueba teórica-práctica correspondiente a la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, celebrada con fecha 30 de noviembre de 2002, ya que el principio de conservación de los actos y trámites administrativos, recogido en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite, o mejor dicho, exige, conservar la validez de las referidas pruebas, É"
En ese sentido, tal como se recoge en el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, también la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2007 dispone:
"É Así lo aconseja el principio de eficacia en la actuación de la Administración Pública (artículo 103.1 CE), que no tolera dilaciones o invalidaciones que no tengan una clara justificación. Así lo aconseja también el principio de equidad (artículo 3.2 del Código Civil), y hasta si se quiere el de justicia material del artículo 1 CE, con los que sería difícilmente compatible una solución interpretativa o de aplicación jurídica que impusiera a algunos de los participantes en el proceso selectivo tener que sufrir las gravísimas consecuencias que supone la anulación total por unas irregularidades a las que son ajenos, y tener que tolerarlo a pesar de existir remedios para subsanarlas sin necesidad de llegar a esa opción extrema de la total nulidad."
Cuarto.- Finalmente, una vez delimitado el momento al que se retrotrae el procedimiento selectivo, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Propuesta de Resolución de 1 octubre de 2007 de la Dirección General de Personal en relación a la sustitución de los órganos de selección (que determinaba la sustitución de los miembros de los Tribunales, Comisión de Selección y Comisiones de Coordinación con el consecuente nombramiento de nuevos órganos de Selección) y analizadas las alegaciones que se han venido recibiendo en este centro directivo en el seno del preceptivo trámite de audiencia regulado en la LRJPAC, se procede, a fin de modificar la propuesta inicialmente realizada por este centro directivo respecto a la sustitución de los órganos de selección, a realizar un análisis exhaustivo de la normativa que resulta de estricta aplicación en la materia, esto es, la orden de convocatoria.
Así, en relación con la modificación de los órganos selectivos, la base 6.2 de la convocatoria establece que "La composición de los tribunales sólo se podrá modificar de forma motivada, por causa legal o de fuerza mayor debidamente acreditada. Una vez hecha efectiva la sustitución, los nuevos miembros seguirán actuando durante el resto del procedimiento selectivo. Contra las resoluciones del presidente de cada tribunal adoptadas en materia de abstención y recusación no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra la Orden que ponga fin al procedimiento."
Dos son, por tanto, los únicos motivos conducentes a la modificación o sustitución de los órganos de selección, a saber,
- Causa Legal.
- Fuerza mayor debidamente acreditada.
En cuanto a las posible causas legales hay que reseñar que, tal y como se desprende de las alegaciones vertidas de contrario, las únicas causas legales que darían lugar a la sustitución de los miembros de los órganos de selección son, por un lado, el incumplimiento, originario o sobrevenido, de los requisitos subjetivos exigidos para ser nombrado miembro de Tribunal (pérdida de la condición de funcionario o la no ostentación de la condición de funcionario de carrera en activo perteneciente a Cuerpos de igual o superior clasificación-base 6.2- por ejemplo) y por otro lado, la concurrencia en el funcionario de alguna de las causas legales de abstención enumeradas en el artº. 28 de la LRJPAC y que se reproducen:
A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Por otro lado y respecto a la posible existencia de fuerza mayor no se ha acreditado la existencia de acontecimiento imprevisible, totalmente extraño a la voluntad de los actores (Administración, opositores) que estos no hubieren podido prever, o que previstos fuesen inevitables.
Vistas las alegaciones presentadas en relación con la modificación de los órganos de selección y en aplicación de la normativa antes expuesta esta administración, en el ejercicio de sus facultades, se apartar de la propuesta inicialmente realizada al no quedar acreditada la existencia de ni de causa legal ni de fuerza mayor que habilite tal sustitución.
En definitiva, se entiende que el mero hecho de proceder a la anulación de las resoluciones recurridas, no debe conducir necesariamente a la sustitución de los autores de las mismas. Así, la anulación de un acto administrativo y la consecuente retroacción de las actuaciones no faculta, por sí misma, a proceder a la sustitución del titular del órgano que hubiere cometido la actuación invalidada, al estar la sustitución de los mismos limitada taxativamente por la propia orden de convocatoria.
En este sentido es abundante la jurisprudencia que se pronuncia a favor de que los órganos emisores de actos posteriormente invalidados procedan a la reparación de los posibles vicios existentes, siendo la doctrina del Tribunal Constitucional la que establece que en caso de existir motivos determinantes de nulidad se puede exigir al Juez que cometió la infracción que repare los vicios determinantes de nulidad y que valore, después, la trascendencia de lo nuevamente actuado modificando incluso las apreciaciones que hubiere hecho anteriormente:
Sentencia Tribunal Constitucional nº 157/1993, de 6 mayo (RTC 1993\157): "Claro está que el juzgador cuya sentencia de condena fue anulada por vicios de procedimiento se formó y expuso ya una convicción sobre el fondo de la causa y en concreto, sobre la culpabilidad del acusado, pero se equivoca el Juez a que al pretender que tal convicción representa un impedimento insalvable frente a la imparcialidad constitucionalmente exigida al juzgador, y resulta a efectos de abstención y de recusación, parangonable a la que pudo formarse el instructor de una causa o a la que queda fijada en toda sentencia dictada, sin perjuicio de su recurribilidad, al término de un procedimiento irreprochable. La convicción expuesta en la sentencia que culmina un procedimiento viciado se formó defectuosamente y es, por ello, merecedora de reproche, de tal modo que el ordenamiento bien puede exigir al Juez que cometió la infracción procesal que repare, primero, los vicios determinantes de la nulidad y que pondere, después, la trascendencia de lo nuevamente actuado sobre la sentencia en su día dictada, modificando incluso, si preciso fuera, la apreciación expuesta entonces sobre la responsabilidad del acusado. Tal es el remedio, tradicional y general, que nuestro Derecho establece en estos casos [STC 245/1991 (RTC 1991\245), fundamento jurídico 6.º] y no cabe desconocer el interés institucional presente en esta técnica de la retroacción ante el propio órgano judicial que cometió la infracción, a quien, de este modo, se le impone una pública rectificación de lo actuado. Es claro, en todo caso, que ningún juzgador puede invocar una convicción defectuosamente fundada para eludir o soslayar su reparación."
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 245/1991, de 16 diciembre (RTC 1991\245): "Conforme al artº. 55.1.a) LOTC, la declaración de la nulidad de la decisión que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidas ha de realizar "con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos". En el proceso público con todas las garantías, para restablecer ese derecho la declaración de nulidad de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1990 y de las Sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de 1982, ha de venir acompañada de la retroacción de las actuaciones al momento de la celebración del juicio, para que éste se lleve a cabo de nuevo, con todas las garantías constitucionalmente exigibles."
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 13.1.i) del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (B.O.C nº 148 de 1 de agosto) y en la base 9.3 de la Orden de 16 de abril de 2007 de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes convocó procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros (B.O.C. nº 83, de 26 de abril),
R E S U E L V O:
Primero.- Inadmitir, por haber sido presentados fuera del plazo legalmente establecido, los recursos presentados contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas en 5 de julio de 2007, por:
egundo.- Estimar parcialmente los recursos relacionados en el antecedente de hecho sexto, presentados contra la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y contra la lista de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas en 5 de julio de 2007, acordando:2.1) Anular los actos recurridos: la Resolución de fecha 13 de julio de 2007 de la Comisión de Selección de la especialidad de Educación Infantil por la que se publican los siguientes listados: lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado, lista de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, lista de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación global ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros, y las Listas de calificaciones de la parte "A" de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007, de la especialidad de Educación Infantil.
2.2) Dejar sin efecto la "Guía de Procedimientos a seguir por los Tribunales de Infantil: calificaciones", elaborada por la Comisión de Selección de Infantil.
2.3) Retrotraer el procedimiento en los términos dispuestos en el FUNDAMENTO DE DERECHO DE ORDEN SUSTANTIVO IV, apartado tercero. Por tanto, retrotraer el procedimiento en los siguientes términos:
2.3.1.) Fase de oposición: conservar el desarrollo escrito del tema de la Parte "A" de la oposición, que habrá de ser nuevamente calificado. La programación didáctica de la parte "B.1." se conserva, aunque tendrá que ser nuevamente calificada. Los Informes de la Administración Educativa se conservan, pero tendrán que ser nuevamente valorados por los Tribunales. En cuanto a los aspirantes que no cuenten con el informe de la Administración educativa tendrán que preparar la exposición y, en su caso, defensa de una unidad didáctica que habrá de calificarse por los Tribunales.
Por tanto, esquematizadamente
Ver anexos - páginas 23003-23004
2.3.2.) Fase de concurso: a los aspirantes que superen la fase de oposición se les baremarán los méritos conforme a la convocatoria. No obstante, se conservarán las baremaciones ya realizadas de los aspirantes que ya fueron baremados.Tercero.- Desestimar las pretensiones de los recurrentes sobre la solicitud de nulidad de todo el proceso selectivo convocado mediante Orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la especialidad de Educación Infantil (B.O.C. nº 83, de 26 de abril).
Cuarto.- Desestimar las pretensiones deducidas por los recurrentes sobre la modificación de los miembros de los Tribunales en atención a lo dispuesto en el FUNDAMENTO DE DERECHO DE ORDEN SUSTANTIVO IV, apartado cuarto.
Quinto.- Desestimar las pretensiones de los recurrentes sobre la declaración de nulidad del nombramiento de las 275 personas propuestas por la Comisión de Selección.
Sexto.- Determinar que, mediante Resolución de la Dirección General de Personal se determinará el procedimiento, que con presencia de un fedatario público o funcionario con capacidad para certificar, garantice el anonimato de los aspirantes, en aplicación de la base 8.2 de la convocatoria y de lo previsto en el artículo 10.1.h) del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
Séptimo.- Notificar la presente resolución a todos los recurrentes e interesados, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución. Todo ello sin perjuicio de cualesquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2008.- La Directora General de Personal, María Teresa Covisa Rubia".
Segundo.- Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de octubre de 2008.- La Directora General de Personal (Orden de 22.10.08, el Viceconsejero de Educación y Universidades), Gonzalo Marrero Rodríguez.
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