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No habiéndose podido practicar la notificación de la Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. Omar Nakhil, contra la Resolución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se declara procedente el reintegro de la subvención que le fue concedida por Resolución de 19 de agosto de 2002, se procede, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar dicha resolución a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el que se inserta a continuación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de noviembre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.
"Orden de 17 de septiembre de 2008, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por D. Omar Nakhili, contra la Resolución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se declara procedente el reintegro de la subvención que le fue concedida por Resolución de 19 de agosto de 2002."
En relación con el recurso de reposición interpuesto por D. Omar Nakhili, con N.I.E. X-1504786B, contra la Resolución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se declara procedente el reintegro de la subvención que le fue concedida por Resolución de 19 de agosto de 2002, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero Pesca, se declara procedente el reintegro de la subvención concedida a D. Omar Nakhili, mediante Resolución de 19 de agosto de 2002, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se le concedió una subvención en concepto de prima global individual no renovable por importe de 58.311,82 euros, para un proyecto de inversión consistente en la instalación de una "Boutique del Pan", al amparo de lo dispuesto en la Orden de 7 de febrero de 2002, por la que se convocaron para dicho ejercicio ayudas y subvenciones con finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Europea para armadores y tripulantes de la flota pesquera que se vieron afectados por la no renovación del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, en los ámbitos de medidas socioeconómicas, paralización definitiva y modernización de buques pesqueros (B.O.C. nº 19, de 8.2.02).
Segundo.- La anterior Resolución fue notificada al interesado en fecha 17 de julio de 2007, presentando éste en fecha 16 de agosto de 2007 (RE. nº 1.039.440/44.322), recurso de reposición, en el que alega que debieron tenerse en cuenta las alegaciones formuladas en fecha 13 de marzo de 2006 en el expediente de reintegro parcial tramitado. Asimismo, alega en relación con la falta de la preceptiva licencia de apertura, que ante la imposibilidad de obtenerla en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución nº 25802, de 16 de noviembre de 2004, del mencionado Ayuntamiento, por la que se acordó la paralización de la actividad, con advertencia de clausura en caso de incumplimiento, así como que paralelamente ha trasladado la actividad comercial a otro municipio, concretamente a Santa Lucía, obteniendo los permisos y autorizaciones preceptivas para su ejercicio. Finaliza el recurrente su escrito solicitando la suspensión cautelar de la resolución recurrida argumentado los graves perjuicios que para él y su negocio constituye la ejecución inmediata de dicha resolución.
El mencionado recurso fue presentado sin firmar por el recurrente, motivo por el que se le requirió la subsanación de dicho defecto mediante oficio de fecha 6 de septiembre de 2007, que fue recibido personalmente por el interesado en fecha 22 de octubre de 2007 en las dependencias de la Viceconsejería de Pesca, al resultar devuelta por el Servicio de Correos la notificación inicialmente cursada. Con fecha 23 de octubre de 2007, el recurrente presentó el correspondiente escrito subsanando el defecto formal antes mencionado.
A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias para conocer y resolver el presente recurso corresponden a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y nº 12, de 14.1.99), en relación con los artículos 5.1 y 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170, de 31.12.97) y el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en relación, asimismo, con la Orden de 5 de abril de 2004, por la que se delega en el Viceconsejero de Pesca, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos de reintegro y sancionadores en materia de ayudas y subvenciones (B.O.C. nº 75, de 20.4.04).
Segunda.- El recurso de reposición interpuesto por D. Omar Nakhili, reúne los requisitos de forma que deben determinar su viabilidad y admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación, interposición dentro de plazo y actividad susceptible de impugnación.
Tercera.- En relación con la cuestión planteada en el presente recurso debe señalarse, a modo de antecedente, que como consecuencia de los resultados del control financiero realizado por la Intervención General sobre la subvención concedida al recurrente, y siguiendo las recomendaciones dadas por el citado órgano, se inició en fecha 10 de febrero de 2006, un primer procedimiento de reintegro parcial de la mencionada subvención, que finalizó mediante Resolución de 5 de marzo de 2007, por la que se declaró la caducidad del mismo al haberse superado el tiempo máximo de resolución establecido en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº 102, de 19.8.94). Posteriormente y por Resolución de 9 de mayo de 2007, se inició un nuevo procedimiento de reintegro de la totalidad de la subvención concedida, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la realización del control financiero, así como el hecho de que el interesado no hubiera aportado la preceptiva licencia de apertura. Dicha resolución fue notificada al interesado en fecha 14 de mayo de 2007, sin que conste que el mismo hiciera uso de su derecho a formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que a su derecho convinieran, dictándose en fecha 10 de julio de 2007, la resolución recurrida, y en cuya virtud se declaró procedente el reintegro de la subvención concedida al interesado.
Cuarta.- En este orden de cosas y en relación también con las alegaciones formuladas por el recurrente, debemos señalar que en el expediente se acredita que las inversiones efectivamente instaladas por el beneficiario difieren de las descritas en la documentación aportada como justificación de la subvención concedida, siendo además el coste de dichas inversiones inferior en 20.442,54 euros al coste justificado. Así, el control financiero realizado por la Intervención General sobre la subvención concedida al recurrente deja constancia de que las inversiones reflejadas en la factura nº 0105698, aportada por el beneficiario como justificación de la subvención, no fueron efectivamente realizadas, habiéndose admitido, en aplicación del principio de proporcionalidad, la subvencionabilidad de aquellas inversiones efectivamente realizadas que se corresponderían con las inversiones incluidas en la mencionada factura, resultando el coste real de las inversiones efectivamente instaladas inferior al coste justificado por el beneficiario por la aplicación de descuentos en facturas, diferencias en los precios de venta, marcas y modelos de las inversiones adquiridas. Asimismo, la mencionada factura nº 0105698, aportada como justificación, fue anulada y sustituida por otra serie de facturas, en las que se reflejan las inversiones efectivamente realizadas, habiendo sido expedidas dichas facturas con posterioridad al plazo de realización y justificación de la actividad (30.10.03).
Por otro lado, en lo que respecta a la licencia de apertura del establecimiento, del control financiero realizado se constata que por Resolución nº 3974, de 18 de febrero de 2005, del Concejal de Gobierno del Área de Planeamiento, Gestión Urbanística y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se acordó el precinto de la actividad por carecer de dicha licencia. En tal sentido, el informe de fiscalización emitido por la Intervención General en fecha 9 de mayo de 2006, señala que el mencionado precinto se produjo como consecuencia de no haber acatado el beneficiario la Resolución de la Alcaldía nº 25.802, que ordenaba la paralización voluntaria de la actividad debido a un gran número de deficiencias detectadas, a carecer de licencia municipal y a ser ilegalizable en su emplazamiento. En relación con dicha licencia debe tenerse en cuenta que el recurrente no obtuvo la preceptiva licencia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, procediendo al traslado de la actividad subvencionada a otro término municipal, incumplimiento su obligación de comunicar dicha circunstancia a esta Consejería, sin que tampoco acredite disponer de la preceptiva licencia de apertura otorgada por el Ayuntamiento de Santa Lucía, al que trasladó dicha actividad, ya que lo que el interesado aportó en su momento en el anterior expediente de reintegro parcial fue una licencia de instalación y no la preceptiva licencia de apertura.
Quinta.- En tal sentido, tanto la base 10ª.b) del anexo I de la Orden de 7 de febrero de 2002, como el punto 8 del resuelvo de la Resolución de 19 agosto de 2002, por la que se resolvió la convocatoria pública de referencia, establecen entre las obligaciones del beneficiario "el comunicar a esta Consejería las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda". De acuerdo con ello, los cambios realizados por el beneficiario en las inversiones suponen el incumplimiento por su parte de dicha obligación, por cuanto no comunicó las modificaciones introducidas en las inversiones subvencionadas, difiriendo las efectivamente instaladas de las justificadas, así como el importe de las mismas, no habiendo obtenido la preceptiva licencia de apertura, y habiendo trasladado, además, la actividad a otro término municipal, sin tampoco comunicar ninguna de estas circunstancias a la Consejería, siendo exigible dicha licencia, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 19 de agosto de 2002, donde establecía que "dada las peculiaridades de los proyectos presentados, la acreditación de la realización de la actividad o conducta en que consistan, requerirá la justificación de estar en posesión de las licencias y permisos necesarios para su realización ...", añadiendo la citada resolución que "los beneficiarios se comprometen a cumplir las condiciones y obligaciones que les impone la Orden de 7 de febrero de 2002 ..."
Sexta.- Lo anteriormente expuesto determina la concurrencia de las causas de reintegro previstas en los artículos 37.1 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 35.1 y 35.3 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Así, el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, recoge las causas de reintegro, señalando expresamente que "también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes casos: b) incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención; g); incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales; i) en los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención". En este mismo sentido el apartado 3 del artículo 37, de la citada Ley dispone que "igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente", estableciendo el apartado 3 del artículo 19 que "el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada".
En términos similares se manifiesta el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, disponiendo en su artículo 35.1 que "no será exigible el abono de la ayuda o subvención o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: c) el incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención", añadiendo en su apartado 3 que "no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes: a) cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión". Asimismo, el apartado 4 del mencionado artículo establece que "en todos los supuestos de reintegro previstos en este artículo, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos".
Séptima.- Por último, señalar que el recurrente solicita en su escrito de recurso la suspensión cautelar de la resolución recurrida argumentado los graves perjuicios que para él y su negocio constituye la ejecución inmediata de dicha resolución. En tal sentido, el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que "la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto". Este el supuesto que nos ocupa, ya que en el plazo antes citado no se resolvió expresamente sobre la solicitud de suspensión formulada por el recurrente, por lo que ha de entenderse otorgada dicha suspensión hasta la resolución del recurso de reposición interpuesto, entendiéndose, asimismo, suspendido el cómputo de intereses durante el tiempo transcurrido hasta la resolución del presente recurso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y preceptiva aplicación, así como el informe emitido por el Letrado Habilitado del Servicio Jurídico, y en uso de las competencias que tengo atribuidas
R E S U E L V O:
Primera.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Omar Nakhili, contra la Resolución de 10 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se declaró procedente el reintegro de la subvención concedida al recurrente, confirmando la misma, al concurrir las causas de reintegro previstas en los artículos 35.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el régimen general de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, y 37.1 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por cuanto las inversiones efectivamente instaladas por el beneficiario difieren de las descritas en la documentación aportada como justificación de la subvención concedida, siendo además el coste de dichas inversiones inferior en 20.442,54 euros al coste justificado, así como por cuanto no acredita disponer de la preceptiva licencia de apertura.
Segunda.- Notificar la presente Orden al interesado, significándole que contra la misma que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 2008.- La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, María del Pilar Merino Troncoso".
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