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BOC Nº 231. Martes 18 de Noviembre de 2008 - 4587

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4587 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 31 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, de la Resolución recaída en el expediente P 2364/08.

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2994, de fecha 7 de octubre de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2994, de fecha 7 de octubre de 2008, recaída en el procedimiento instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la Ordenación Territorial, de referencia P 2364/08, y cuyo texto es el siguiente:

ANTECEDENTES

I

Consta a esta Agencia documentos que a continuación se detallan, en virtud de los cuales D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, venden segregando de finca matriz de 13.338 m2, un trozo de terreno de 500 m2, en el lugar denominado El Salobre-Montaña Negra, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística) y en contra del régimen de unidad mínima de cultivo, fijada en 10.000 m2.

1.- Copia simple de escritura de compraventa de 3 de noviembre de 2005, otorgada ante la notaria, Dña. Blanca Fátima Varela Barja, en virtud de la cual, D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, vende a Teresa Salazar Salazar, casada en sociedad de gananciales con D. Francisco Sánchez Rodríguez, cuota indivisa del 3,75% de finca rústica, señalada o distinguida con el número dos, situada en Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. Tiene una cabida de una hectárea, treinta y tres áreas y treinta y ocho centiáreas, o sea trece mil trescientos treinta y ocho metros cuadrados.

2.- Copia simple de documento privado rubricado, Aclaración de escritura de compraventa, de 2 de noviembre de 2005 (se detecta error en fecha, que debió ser 3 de noviembre de 2005, lo que se deduce del tenor literal del mismo, puesto que hace referencia a la citada escritura otorgada en fecha posterior, el 3 de noviembre de 2005, y se dice literalmente, en escritura otorgada el día de hoy), por D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, de una parte, y Dña. Teresa Salazar Salazar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, de otra, de común acuerdo, convienen que la participación indivisa del 3,75% adquirida por Dña. Teresa Salazar Salazar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, en virtud de la citada escritura pública de 3 de noviembre de 2005, se concrete, independice e identifique en una parcela de quinientos (500) metros cuadrados situada según el plazo que se acompaña al referido documento, estando identificada como la parcela "A-2" de dicho plano.

II

Los citados documentos obran en expediente sustanciado en esta Agencia bajo referencia IU 440/2006 (referido a obras ilegales en los terrenos antes descritos), del que se traen al presente, junto con el denominado estudio topográfico de 20 de octubre de 2005, también obrante en el mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del TRLOTC y ENC, en relación con el artículo 19 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II

Los hechos relacionados en el primer antecedente de la presente resolución son presuntamente constitutivo de infracción tipificada y clasificada de muy grave en el artículo 207 del TRLOTC y ENC, en relación con el artículo 202.4.d), del mismo texto legal, en cuanto suponen parcelación, división de terrenos rústicos, en contra de la ordenación aplicable y régimen de unidad mínima de cultivo, sancionada en el citado artículo 207, con multa de 60.101,22 a 150.253,03 euros, por lo que se propone imponer una multa 105.000 euros, correspondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.

III

Resultan responsables de la presunta infracción, en calidad de promotora, D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, en atención a lo preceptuado en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.

IV

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 188.1 del TRLOTC y ENC, toda acción u omisión tipificada como infracción en el mismo, dará lugar a la adopción por las Administraciones Públicas competentes, no sólo de las medidas procedentes para la exigencia de la responsabilidad sancionadora, sino también, de las precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Reseñándose expresamente en el apartado 2 del citado artº. 188, que en ningún caso, podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.

Asimismo se dispone en el artº. 181 del TRLOTC y ENC, que en el caso de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevará a cabo, mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma que se determine reglamentariamente.

V

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 178.3 del TRLOTC y ENC; si al tiempo de formular la Propuesta de Resolución o de dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se hubiese obtenido la legalización de la edificación o resolución judicial firme suspensoria de la orden de demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una reducción del sesenta por ciento.

VI

El artículo 182 del citado TRLOTC y ENC, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, dispone que si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago. Asimismo preceptúa en su apartado 2 el citado precepto legal, que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

VII

La presunta infracción de parcelación ilegal que aquí nos aborda, se ha dado mediante la venta con segregación de finca matriz, de trozo de terreno, inferior a la unidad mínima de cultivo, fijada en 10.000 m2, formalizada como ya se ha dicho, entre D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, en calidad de vendedores y Dña. Teresa Salazar Salazar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, en calidad de compradores. Por lo que si bien la parcelación ilegal ha sido promovida por los vendedores (sin cuya voluntad nunca podría darse), siendo a éstos a quienes procede exigir la responsabilidad sancionadora que corresponda por la infracción que constituye tal parcelación ilegal, dado que en este expediente, se adoptarán, de acuerdo con los preceptos citados, no sólo las pertinentes medidas sancionadoras, sino también las oportunas medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, ordenando, en su caso, la reagrupación de parcelas mediante una reparcelación forzosa, evidentemente pueden verse afectados por la resolución que aquí se adopte, en lo que a tales medidas de restablecimiento se refiere, los mencionados compradores, por lo que ha de comunicársele la tramitación del presente expediente y darles en el mismo audiencia, para que en el plazo de quince días puedan formular las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes, en lo que a tales medidas de restablecimiento se refiere, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndoles que puede en el presente proceso, requerírseles, junto con los expedientados, para la reagrupación forzosa que en el presente caso exija el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la infracción que nos ocupa.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar expediente sancionador a D. Amado Viera García y Dña. Francisca Ojeda Herrera, como presuntos responsables en calidad de promotores de infracción consistente parcelación ilegal en suelo rústico, mediante venta de trozo de terreno rústico de 500 m2, de una finca matriz de 13.338 m2, situada en Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística) y en contra de la ordenación aplicable y del régimen de la unidad mínima de cultivo (10.000 m2), tipificada y clasificada de muy grave en el artº. 207 del TRLOTC y ENC, en relación con el artº. 202.4.d) del mismo texto legal, y sancionada en el citado artº. 207, con multa de 60.101,22 a 150.253,03 euros, por lo que se propone imponer una multa 105.000 euros, correspondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.

Manifestar al interesado lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de Audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente.

e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Ángela González Jiménez, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Comunicar a Dña. Teresa Salazar Salazar y D. Francisco Sánchez Rodríguez, la tramitación del presente proceso, y darle trámite de audiencia, para que en el plazo de quince días pueda formular las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes, en lo que a las medidas de restablecimiento se refiere, advirtiéndoles que en el presente proceso puede requerírseles junto con los expedientados, para la reagrupación forzosa que en el presente caso exija, en su caso, el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la infracción que nos ocupa.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, notifíquese a los interesados y dese traslado al Ayuntamiento correspondiente.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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