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BOC Nº 228. Jueves 13 de Noviembre de 2008 - 4523

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

4523 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de noviembre de 2008, que notifica la Resolución de este mismo Centro Directivo, resolutoria del recurso de alzada nº 138/08, interpuesto por D. Luis Guerrero López, en representación de la entidad mercantil Canary Islands Paradise, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Canary Islands Paradise, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Apartamento Club Bonanza, la Resolución de 9 de octubre de 2008 (libro nº 1, folio 1674/1679, nº 707), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 138/08 (expediente nº 149/07), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 81, de fecha 27 de marzo de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 138/08, interpuesto por D. Luis Guerrero López, en representación de la entidad mercantil Canary Islands Paradise, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 138/08, interpuesto por D. Luis Guerrero López, en representación de la entidad mercantil Canary Islands Paradise, S.L., con C.I.F. nº B-38.301.339, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Apartamento Club Bonanza", sito en calle Venezuela, 10, Playa de las Américas, término municipal de Adeje, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 81, de fecha 27 de marzo de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 149/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en:

"Incumplir las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre y 39/1997, de 20 de marzo, lo que se desprende del acta de inspección nº 10651, de 14 de diciembre de 2005."

Hecho que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de tres mil seiscientos (3.600) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "se declare la caducidad de la misma y del expediente con archivo de las actuaciones por caducidad. Subsidiariamente, la revocación de la misma, por no ser responsable esta empresa de la infracción perseguida, disponiendo, igualmente, el archivo del expediente. En defecto de lo anterior, se imponga a esta Sociedad la sanción mínima (1.502,54 euros), en consideración a las circunstancias concurrentes".

En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

1º) "Caducidad del procedimiento.

2º) Inexistencia de la infracción perseguida. Vulneración del Principio de responsabilidad (artº. 130 de la Ley 30/1992).

3º) Vulneración del principio de proporcionalidad".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- De conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artículos 137.4 y 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "... se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrá declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable" y" El Instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada". Asimismo en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, se regula que "Recibidas las alegaciones a que hace referencia el artículo 11.2 del presente Decreto o transcurrido el plazo para ello, el Instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" y "En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de las pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquellos, cuando sean improcedentes".

De la verificación de los actos que conforman el expediente sancionador nº 149/07 se comprueba que la sustanciación del procedimiento sancionador no se ajusta, en cuanto a la fase probatoria del mismo, a las determinaciones contenidas en los mencionados artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta que el Acuerdo de fecha 24 de enero de 2008, por el que se rechaza la práctica de la segunda de las pruebas propuestas, que consistía en "se recabe del Cabildo Insular de Tenerife, Certificado o Informe sobre la documentación en su día presentada por esta empresa, en relación con las medidas de seguridad y protección contra incendios, y sobre la situación actual, y plenamente legal, de este establecimiento en cuanto al cumplimiento de dichas medidas, con aportación, en su caso, del expediente que, al efecto se hubiese tramitado", y que se fundamenta en la innecesariedad de la citada prueba "toda vez que esta Instructora ya dispone de la información del Servicio Administrativo del Cabildo Insular de Tenerife sobre la situación actual del expediente de medidas y seguridad protección contra incendios del establecimiento Hotel Apartamento Club Bonanza", no resulta suficientemente motivado y ello, si tenemos en consideración que la Instructora del procedimiento sólo puede rechazar las pruebas propuestas por los interesados, mediante resolución motivada, cuando dichas pruebas sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

Del contenido del citado Acuerdo se desprende que la Instructora del procedimiento motivó la innecesariedad de la prueba, y por tanto el rechazo de la práctica de la misma, en la información de la que disponía, y que había sido obtenida mediante conversación telefónica con el Servicio Administrativo del Cabildo Insular de Tenerife. Dicha motivación resulta insuficiente, cuando, en todo caso, se debió, o bien rechazar la citada prueba basándose en que la propia documental presentada por la entidad mercantil expedientada junto a su escrito de alegaciones a la Resolución de iniciación de expediente sancionador, presentado con fecha 25 de octubre de 2007, y admitida por el citado Acuerdo, era suficiente para acreditar que en la fecha de infracción, esto es, el 14 de diciembre de 2005, aun cuando el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios se encontraba en un avanzado estado de tramitación, éste no había concluido, pues no se había obtenido el informe técnico de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, o bien, aceptar la de la práctica de la segunda de las pruebas propuestas, con el fin de comprobar, en la fecha de infracción, en qué situación se encontraba la tramitación del expediente de acreditación de las citadas medidas, de tal manera que se pudiera adecuar la calificación de la infracción, y en consecuencia, la cuantía de la sanción de multa, al grado de incumplimiento de la norma.

Para más abundamiento, se comprueba del contenido de la Propuesta de Resolución, de fecha 24 de enero de 2008, que la instructora del procedimiento fundamentó la existencia del hecho que se imputa a la entidad mercantil expedientada en la citada información, obtenida por teléfono, afirmando que "habiendo consultado al Servicio Administrativo del Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 23 de enero de 2008, sobre la situación actual del expediente en materia de seguridad y protección contra incendios del Hotel Apartamento Club Bonanza, se nos informa que el 21 de mayo de 2007, el Jefe de Servicio Administrativo de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife remitió oficio a la empresa Canary Islands Paradise, S.L., en la que se informaba del traslado del Proyecto sobre medidas de seguridad y protección contra incendios del Hotel Apartamento Club Bonanza al Instituto Canario de Seguridad Laboral. En el mismo oficio se significaba, que una vez finalizadas las obras de adaptación al proyecto debían aportar la documentación que se enumera en los anexos III y IV del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre. Así mismo nos informan desde el referido Servicio del Cabildo Insular que la empresa Canary Islands Paradise, S.L. no ha aportado ninguna otra documentación al citado expediente". Resultando que la citada información es, cuanto menos, incompleta y aparentemente contradictoria con los datos que figuran en el resto de documentos cuyas copias obran en el expediente sancionador nº 149/07, en concreto el documento presentado por la entidad mercantil expedientada junto a sus alegaciones a la Resolución de iniciación de expediente sancionador, y que consistía en solicitud de dictamen técnico de conformidad con entrada en el Cabildo Insular de Tenerife el día 4 de febrero de 2005, y documentación anexa; las alegaciones hechas a la Propuesta de Resolución por la mercantil expedientada y por último el informe, a petición del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Turismo, con el fin de aclarar determinados extremos, que tuvo entrada en esta Consejería con fecha 6 de agosto de 2008.

De los citados documentos se desprende, que la información con la que contó la Instructora del procedimiento resultó incompleta, toda vez que, de la documental aportada por la expedientada y del citado Informe del Cabildo de Tenerife, se comprueba, apartado 2º, que "con fecha 4 de febrero de 2005 se solicita el informe técnico de conformidad , adjuntando diversa documentación, la cual fue remitida al Instituto Canario de Seguridad Laboral, el siguiente 10 de febrero de 2005, emitiéndose el correspondiente informe por el citado Instituto con fecha 20 de febrero de 2006, en el que se constataba que en el momento de la visita aún se estaban ejecutando obras de adaptación, por lo que no se pudo emitir el informe solicitado, el cual hasta el momento sigue sin evacuarse". Documentación que hace referencia a "el certificado de final de obras de fecha 3 de febrero de 2005; el plan de emergencias programado y adaptado, de fecha 3 de febrero de 2005 y los certificados y documentos de las empresas instaladores", a demás de una larga lista de documentos que la mercantil expedientada dice haber presentado durante la tramitación del citado expediente de acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios y cuya lista figura en el escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución de 24 de enero de 2008.

Por otra parte resulta contradictoria la información obtenida del Servicio Administrativo del Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 23 de enero de 2008, en la que se afirmaba que en el citado oficio de fecha 21 de mayo de 2007, "se significaba, que una vez finalizadas las obras de adaptación al proyecto debían aportar la documentación que se enumera en los anexos III y IV del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre", de lo que se podría concluir que la mercantil expedientada en algún momento de la tramitación de su expediente de cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios, optó por acogerse al procedimiento regulado en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, lo que es del todo inexacto si contrastamos dicha conclusión, no sólo con las alegaciones de la mercantil expedientada, sino con el contenido del referido informe emitido por el Cabildo Insular de Tenerife, recibido con fecha 6 de agosto de 2008, cuando en su apartado 3º, dice que "por último la entidad mercantil expedientada no ha optado al Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos" .

En este sentido, dadas las alegaciones efectuadas por la entidad expedientada en defensa de su derecho y a fin de acreditar la certeza de lo esgrimido, disponiendo la Administración actuante de los elementos fácticos suficientes a fin de verificar las circunstancias concurrentes en el procedimiento en cuestión, se estima que la prueba propuesta, en plazo, por la entidad expedientada, relativa "a que se recabe del Cabildo Insular de Tenerife, Certificado o Informe sobre la documentación en su día presentada por esta empresa, en relación con las medidas de seguridad y protección contra incendios, y sobre la situación actual, y plenamente legal, de este establecimiento en cuanto al cumplimiento de dichas medidas, con aportación, en su caso, del expediente que, al efecto se hubiese tramitado", no era una prueba irrelevante para la decisión del procedimiento sancionador, sin que quepa considerar suficiente, a tales efectos, la información obtenida del Servicio Administrativo del Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 23 de enero de 2008, a través una conversación telefónica, por la Instructora del expediente sancionador nº 149/07, por no contener la misma todos los datos que podrían arrojar luz dadas las alegaciones realizadas por la entidad expedientada, y la documental obrante en el expediente, necesarios a la hora de la calificación de los hechos constitutivos de infracción que se le imputa, y por tanto, a la hora de ponderar la cuantía de la sanción de multa a imponer.

El defecto formal existente en la sustanciación del procedimiento anula el acto administrativo sancionador, habida cuenta que constituye una irregularidad determinante de indefensión material que quiebra el principio de contradicción y el derecho de defensa. Es doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la vulneración o infracción de normas procesales puede producir indefensión en sentido jurídico-constitucional, cuando con aquella vulneración o infracción se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos o se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado. La indefensión, según Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1986, fundamento jurídico 2º (RTC 1986/89), "consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso a los propios derechos, y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándole de su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Los contendientes, en posesión de igualdad, tienen que disponer de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimaren conveniente" (STC 48/1986-RTC 1986/48).

Igualmente, es doctrina del Tribunal Supremo la que determina que no todos los vicios o imperfecciones padecidas en la tramitación de un procedimiento administrativo, tienen entidad jurídica y trascendencia suficiente para amparar una pretensión de anulatoria por causa formal, dado que sólo los defectos muy graves que impidan al acto formal alcanzar su propia finalidad o que produzcan indefensión de los afectados podría lograr los efectos invalidatorios pretendidos.

En el presente caso, el citado defecto formal vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción ya aludido, situando a la entidad sancionada en un plano de desigualdad frente a la Administración a la hora de articular la debida defensa en el correspondiente expediente sancionador.

Por cuanto antecede, en virtud de lo establecido en el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que determina que "cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67", en relación con el artículo 63.2 del citado texto legal que dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Por tanto, en aras de subsanar la indefensión causada a la entidad expedientada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, resulta procedente estimar el recurso interpuesto, sin entrar en el fondo del mismo, y anular la Resolución sancionadora recurrida, ordenando retrotraer el expediente al momento en que fue solicitada la apertura del período de prueba (escrito de fecha 17 de octubre de 2007), conservando aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido dicho defecto de forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a tales efectos y toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos", se procede, por tanto, a subsanar los errores materiales existentes.

Se constata en la Resolución de inicio, Propuesta de Resolución del expediente sancionador, Propuesta de Resolución emitida por el Servicio de Inspección y Sanciones con fecha 29 de noviembre de 2007 y Resolución sancionadora, el mismo error material, ya que se consignó "... del Anexo al Decreto ..." en vez "... del Decreto ...".

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 126/08-C, emitido con fecha 25 de septiembre de 2008, por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 30 de septiembre de 2008, por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 138/08, interpuesto por D. Luis Guerrero López, en representación de la entidad mercantil Canary Islands Paradise, S.L., con C.I.F. nº B-38.301.339, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Apartamento Club Bonanza", sito en calle Venezuela, 10, Playa de las Américas, término municipal de Adeje, y anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 81, de fecha 27 de marzo de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 149/07, ordenando retrotraer el expediente sancionador 149/07 al momento en que fue solicitada la apertura del período de prueba (escrito de fecha 17 de octubre de 2007) y declarar la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido el defecto de forma, todo ello de conformidad con lo expuesto en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

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