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No habiéndose podido notificar a D. José David Dorta Rodríguez en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1303/07- U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José David Dorta Rodríguez la Resolución nº 2671, de fecha 8 de septiembre de 2008, recaída en el expediente de referencia 1303/07/-U que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, frente a D. José David Dorta Rodríguez por la ejecución de obras consistentes en "edificación de vivienda", careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Tijoco Bajo", en el término municipal de Adeje.
Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "Tijoco Bajo", en suelo clasificado como rústico, no categorizado como asentamiento rural ni asentamiento agrícola, en el término municipal de Adeje, se realizaron obras consistentes en "construcción de vivienda", promovidas por D. José David Dorta Rodríguez careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y sin la preceptiva licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 26 de febrero de 2004 se emite informe técnico, donde se valoran las obras objeto del expediente en una cantidad que asciende a cuarenta y siete mil setecientos setenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos (47.779,88 euros).
Tercero.- Con fecha 22 de marzo de 2006, la Agencia dictó la resolución nº 789, por la que se acordó incoar el oportuno procedimiento sancionador, declarándose su caducidad con fecha 23 de agosto de 2007 por resolución nº 2770 al haber transcurrido los plazos que para notificar y resolver señala la legislación vigente, ello sin perjuicio de cuantas otras medidas pudieran adoptarse de conformidad con la legislación vigente.
Cuarto.- Con fecha 25 de abril de 2008, se dictó la resolución nº 1246 por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador frente a D. José David Dorta Rodríguez, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción al Texto Refundido, calificada de grave en el artículo 202.3.b), y sancionada en el artículo 203.1.b), con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
Quinto.- Por la Instructora del expediente se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de sesenta y cuatro mil ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho céntimos (64.131,58 euros) a D. José David Dorta Rodríguez como responsable de una infracción al Texto Refundido, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en Suelo Rústico, así como ordenar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Sexto.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución, D. José David Dorta Rodríguez presenta escrito de alegaciones en el que sucintamente expone:
- Las alegaciones vertidas en el escrito dirigido contra el acuerdo de inicio del expediente sancionador no han sido debidamente contestadas por el instructor del expediente.
- No se ha requerido en el presente expediente la legalización de las obras ejecutadas.
- Incompetencia de la Agencia, lo que implicaría nulidad absoluta.
- La obra se encuentra ubicada en suelo urbano por lo que no es exigible la previa calificación territorial.
- Prescripción de la infracción. La vivienda consta de una sola planta, resultando diferenciable de la planta primera, que tiene un acceso independiente de la planta baja.
- Vulneración del artículo 24 de la CE, en relación con el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
- Vulneración del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la no admisión ni práctica de ninguna de las pruebas propuestas.
- Vulneración del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 131 de dicha Ley.
- Solicita que se declare la incompetencia por parte de la Agencia o bien se acuerde el archivo del expediente sancionador.
- En virtud de lo expuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, se solicita que se sirva declarar la apertura de período probatorio a los fines de que se remita oficio al Ayuntamiento de Adeje para que informe sobre: 1) si la vivienda se encuentra ubicada en suelo urbano y si es susceptible de legalización; 2) si por los mismos hechos se han iniciado expedientes sancionadores y de disciplina urbanística por la carencia de licencia de obra y la fecha de dichos expedientes; 3) si se ha recibido oficio de la Agencia para que inicie expediente sancionador y de reposición de la realidad física alterada sobre dicha vivienda.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- En cuanto a las alegaciones del interesado cabe señalar:
Examinado el escrito de alegaciones presentado por el interesado en relación con la Propuesta de Resolución de 29 de julio de 2008, se constata que no se aportan datos relevantes sobre los que no haya existido un pronunciamiento expreso por parte del instructor del procedimiento.
Partimos del hecho de que las obras en suelo rústico requieren la previa solicitud y obtención de calificación territorial y licencia municipal de obras, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
En relación con la ausencia de requerimiento por parte de la Administración para instar la legalización de las obras, se comparte el criterio seguido por la Instructora del procedimiento al considerar que, si bien es cierto que como regla general se deberá requerir al interesado para que en el plazo de tres meses inicie el pertinente procedimiento de legalización, no es menos cierto que numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo ha excepcionado dicho previo trámite cuando de modo manifiesto las obras resultan incompatibles con la ordenación urbanística del municipio. Tal es el caso que nos ocupa toda vez que, según los datos obrantes en el expediente, las obras se ubican el suelo no urbanizable.
El interesado afirma que las obras se encuentran ubicadas en suelo urbano, y como prueba de ello aporta un certificado municipal de fecha 22 de agosto de 2008, emitido a su vez en base a un informe de la Oficia Técnica Municipal, informe en el que, en cuanto a lo que aquí nos interesa, el técnico informante señala:
"Visto el plano de situación adjunto se aprecia que una parte (entorno al 50%) de la edificación existente y de la parcela donde se ubica, está en suelo clasificado como urbano según la modificación de las NN.SS. de Adeje y el resto en suelo rústico según las NN.SS. de Adeje."
La normativa en vigor para el municipio de Adeje son las Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 9 de junio de 1982, en las cuales el terreno en el que se ubican las obras se encuentra clasificado como suelo no urbanizable, por lo que cabe afirmar que las obras son ilegales de acuerdo con la normativa aplicable, y la existencia en tramitación de una modificación puntual de dichas normas no supone, al tiempo de dictar la presente resolución final, una posibilidad cierta y objetiva de legalización de las obras.
De cualquier manera, no parece lógico alegar indefensión ante la ausencia del referido requerimiento de legalización, dado que nada ha impedido al interesado, si lo hubiera estimado oportuno, iniciar dichos trámites de legalización.
En cuanto a la competencia de esta Agencia para la tramitación del presente procedimiento, se reitera lo expuesto en fase de propuesta, es decir, que para la ejecución de obras en suelo rústico es necesaria la obtención de calificación territorial, determinando la competencia de este Organismo la ausencia de dicho instrumento, y que, no es precisa subrogación alguna en la medida en que el artículo 190 del Texto Refundido, tanto en su redacción actual como en la anterior a la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de Modificación del Texto Refundido, señala que "cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la competencia corresponderá a esta última".
En otro orden de cosas, respecto a la posible prescripción de la infracción, cabe señalar que el Texto Refundido especifica, en relación con el cómputo del plazo de prescripción que éste se inicia con las obras totalmente terminadas, así, el artículo 201.1 in fine señala "cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras (...), el plazo de prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de la total terminación (...)".
Con fecha 16 de diciembre de 2003, momento el que se produce la denuncia que dio pie a la apertura de expediente administrativo por parte de esta Agencia, se detectó una edificación de una planta de altura en cuya cubierta se observaban unos "hierros en espera" por lo que en ese momento no se puede considerar como edificación finalizada conforme a las normas de la buena construcción. En la actualidad cuenta con dos plantas de altura, la planta alta en fase de ejecución.
Resulta insuficiente el certificado de prescripción emitido por D. Jesús Miguel Ferrero Oliva, Arquitecto Técnico, fechado el 22 de mayo de 2008, que aportó al expediente el interesado como medio de prueba. En primer lugar porque centra su informe en la planta baja, si bien reconoce que "(...) se trata de una edificación de dos plantas de altura, con la planta alta aún sin terminar de edificar (...)".
En segundo lugar, porque en ningún momento señala la fecha en la que entiende finalizadas las obras, único dato relevante a efectos de iniciar el cómputo del plazo de prescripción. Así, el técnico se limita únicamente a señalar que:
"(...) la edificación está totalmente terminada, en uso desde hace más de cuatro años (ver copia del Boletín de Instalación de Suministro Eléctrico adjunta y certificado de empadronamiento realizado por el Ayuntamiento de Adeje (...)"
No constituyen elementos probatorios suficientes ni el Boletín de Instalación de Suministro Eléctrico y ni el certificado de empadronamiento, habida cuenta de que en tales documentos no se realiza afirmación alguna referida a la fecha de la total terminación.
Igualmente se rechaza de plano el argumento esgrimido referente a una posible vulneración del artículo 24 de la CE, en relación con el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. El acuerdo de inicio del expediente sancionador cumple con el contenido mínimo que para su formalización establece el referido artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto:
"a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio."
Asimismo, por lo que respecta a las dificultades que para el interesado representa el desplazarse a las dependencias de la Agencia para tener acceso al expediente, señalar que, no concurre en ningún caso una situación de indefensión, toda vez que el principio de acceso permanente al expediente se ve plenamente garantizado al poder solicitar y obtener, en cualquier momento del procedimiento, copia de los documentos obrantes en el mismo.
Se alega además la falta de motivación para la imposición de una sanción en el grado que se contiene en la Propuesta de Resolución. No parece razonable invocar el principio de buena fe o de ausencia de intención de causar daño alguno cuando es notoria la necesidad de obtener autorización de la Administración competente para ejecutar este tipo de obras.
En el caso que nos ocupa, por la Instructora del procedimiento no se aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias agravantes ni atenuantes contenidas en los artículos 197 a 199 del Texto Refundido, por lo que necesariamente, la multa debía mantenerse dentro de la mitad inferior de la escala correspondiente [de 6.010,13 a 150.253,03 euros, artículo 203.1.b) del Texto Refundido]. Sí se tuvo en cuenta el valor de las obras en base al criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, proponiendo finalmente la imposición de una multa de 64.131,58 euros, sanción que, atendiendo a las características de la construcción levantada, se considera conforme a Derecho.
Finalmente, en relación con la solicitud de apertura de período probatorio al entender que no se justifica debidamente en la Propuesta de Resolución la no admisión de las pruebas propuestas, cabe señalar que se considera innecesaria y prescindible la prueba propuesta, cuando el conjunto de pruebas acumuladas por la Administración durante la instrucción del expediente hace posible afirmar que la resolución se ha dictado en virtud de pruebas concluyentes. Así, el interesado solicita se remita oficio al Ayuntamiento de Adeje para que informe sobre:
1) Si la vivienda se encuentra ubicada en suelo urbano y si es susceptible de legalización: como ya se señaló con anterioridad, conforme a las Normas Subsidiarias para el municipio de Adeje, las obras se ubican el suelo no urbanizable.
2) Si por los mismos hechos se han iniciado expedientes sancionadores y de disciplina urbanística por la carencia de licencia de obra y la fecha de dichos expedientes: resulta del todo irrelevante para la tramitación del presente procedimiento el que por parte del Ayuntamiento de Adeje se hubieran podido iniciar expedientes sancionadores en relación con los hechos aquí enjuiciados, dado que no ha existido duplicidad de sanciones y que esta Agencia ostenta la competencia directa para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Texto Refundido.
3) Si se ha recibido oficio de la Agencia para que inicie expediente sancionador y de reposición de la realidad física alterada sobre dicha vivienda: en relación con lo anterior cabe señalar que constan debidamente incorporados en el expediente de referencia, sucesiva y ordenadamente, todos los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y demás diligencias realizadas a lo largo del procedimiento, en cumplimiento de los establecido en el artículo 3.4 del Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
III.- Los hechos denunciados, que han sido probados y no desvirtuados por prueba alguna en contrario, son constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, al carecer las obras de los preceptivos títulos legitimantes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Texto Refundido, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de sesenta y cuatro mil ciento treinta y un euros con cincuenta y ocho céntimos (64.131,58 euros) a D. José David Dorta Rodríguez, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Texto Refundido (modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo).
Tercero.- La reposición de la realidad física alterada a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, implicará una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, todo ello de conformidad con el artículo 182 del Texto Refundido (modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo).
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Adeje.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remita la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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