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BOC Nº 217. Miércoles 29 de Octubre de 2008 - 4195

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4195 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 14 de octubre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. José Gerardo García Trujillo, interesado en el expediente nº 1171/05-U.

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No habiéndose podido notificar a D. José Gerardo García Trujillo en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1171/05-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Gerardo García Trujillo la Orden nº 208, de fecha 24 de julio de 2008, recaída en el expediente con referencia 1171/05-U, y que dice textualmente:

"Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 957.

Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. José Gerardo García Trujillo, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 957, de fecha 10 de abril de 2006, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

1º) D. José Gerardo García Trujillo, cónyuge de Dña. Ruth Bonnet Cano, en el lugar denominado "El Tranquillo", en el término municipal de Candelaria, en la isla de Tenerife, ha venido realizando obras de acondicionamiento de terreno para preparación de finca, muros de contención, cerramiento y construcción de tres casetas, en Suelo clasificado como Rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 3904, de fecha 21 de noviembre de 2005, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de veinticinco mil setecientos treinta (25.730,00) euros, y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.

3º) Contra la Resolución de 10 de abril de 2006, notificada el 18 de abril de 2006, el interesado interpuso recurso de alzada con fecha 17 de mayo de 2006 ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que expone los siguientes argumentos:

- Que a finales del año 2000 ejecutó obras en la parcela de vallado y muro de cerramiento y edificación de tres casetas, habiéndose otorgado licencia para el vallado.

- Que las obras fueron terminadas totalmente, tanto interior como exteriormente a principio del año 2001.

- Que fue solicitada la declaración de prescripción de la infracción urbanística.

- Que las pruebas solicitadas no fueron practicadas.

- Que se debe aclarar el dato confuso sobre la alusión a dos edificaciones y no a tres.

- Que nuevamente acredita la antigüedad de las dos viviendas con nuevos documentos oficiales.

- Que no se ha tenido en cuenta ni valorado todos los documentos aportados, así como que la Administración ha incurrido en una infracción al no estimar procedente la prescripción de la infracción urbanística ni la caducidad de la acción de restablecimiento.

- Que sean tenidas en cuenta las alegaciones y documentación aportadas, estimándose el recurso de alzada interpuesto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segunda.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, cabe señalar:

- Que ya fue reiterado en el procedimiento sancionador que las obras ejecutadas no tienen cobertura formal, pues la autorización obtenida era para un vallado con determinada tipología que no fue respetada al ejecutarse sin ajustarse a la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento.

- Que consta en el expediente denuncia, de 21 de enero de 2004, efectuada por Agentes adscritos a esta Agencia, en donde se constata que la obra estaba sin terminar, ejecutando remates exteriores en el perímetro de la propiedad, por lo que no se puede estar a lo afirmado por el interesado respecto a la fecha de terminación de obra.

- Que de la documentación obrante en el expediente se desprende, como se ha reiterado a lo largo de toda la tramitación del procedimiento, que las obras no podían estar terminadas, al menos, en abril de 2001, como se significa en el Decreto de prescripción de infracción emitido por el Ayuntamiento, la obra en esa fecha estaba inacabada, así consta en la mencionada denuncia de 21 de enero de 2004, así como informe de 28 de abril de 2006, que concluye que las volumetrías de las obras se concluyeron entre marzo y diciembre de 2002. Por tanto, si bien una ortofoto puede servir de herramienta para constatar la existencia de una construcción, no se puede con ella corroborar que la misma esté totalmente terminada; recordar que la Ley señala que la obra debe estar terminada totalmente para que se desplieguen los efectos jurídicos requeridos por el recurrente (artículos 180 y 202.1, segundo párrafo del TRLoTENC).

- Que como fue señalado en la Resolución ahora recurrida, las pruebas propuestas por el denunciado no se practicaron por innecesarias (en virtud del artº. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -Ley 30/1992-), pues de la documentación existente en el expediente se desprendían todos los extremos solicitados. Si bien y dado que el administrado insiste en este hecho, recordarle que es él quien debe probar los hechos requeridos, pues no hay que olvidar que la carga de la prueba no la soporta la Administración, como ha establecido numerosa jurisprudencia, ya que es el recurrente el que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad al ejecutar las obras referenciadas, y teniendo en cuenta el principio de la buena fe, plenamente operante en el campo procesal, artº. 11.1 LOPJ, ello impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventajas de dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad. Por tanto, es más que evidente que en ningún momento se ha vulnerado el derecho de defensa. De la misma manera no es cierta la manifestación de la desaparición del expediente de uno de los documentos aportados, y señalado como prueba 6B.

- Que la tramitación del procedimiento sancionador lo fue por la existencia de unas obras sin títulos administrativos habilitantes, consistentes en el acondicionamiento de terreno para preparación de finca, muros de contención, cerramiento y construcción de tres casetas, tramitándose el procedimiento por la totalidad de las obras acometidas en la finca. Si bien el hecho de que tanto la denuncia como el informe técnico, sólo se refiera a dos construcciones, ello no es óbice, para tramitar un procedimiento por la totalidad de las obras existentes ejecutadas sin la pertinente cobertura formal. Señalando respecto a la veracidad de los fotogramas reseñados (referentes a las fotografías aéreas), asimismo se significa que un nuevo informe de nuestra oficina, emitido por técnico competente, de 7 de agosto de 2006, corrobora el informe de 28 de abril de 2006, concluyendo que las obras de construcción de dos edificaciones se ejecutaron, en virtud de las fotografías aéreas (que sólo muestran las volumetrías, y no la terminación total de obra), entre marzo y diciembre de 2002, si a ello se le une la denuncia de los Agentes de 21 de enero de 2004, es evidente que en abril de 2001 las obras no podían estar terminadas.

- Que la certificación catastral no es más que un documento oficial, tendente a la connotación de la existencia de un bien inmueble, con independencia de que el mismo se presente con un grado de ejecución del 100%, o lo que es lo mismo, que la construcción esté total y completamente terminada.

- En cuanto a que no se cree que no hayan sido ni valorado ni tenido en cuenta los documentos aportados por el interesado, esto no es cierto puesto que tras valorarlos, se entendió que no demostraban ni la prescripción de la infracción ni caducidad de la acción de restablecimiento, pues de la documentación obrante en el expediente se desprende que cuando se incoó el procedimiento sancionador no había trascurrido dos años de la total terminación de las obras.

- Que de lo ya señalado, así como de lo significado a lo largo de la tramitación de todo el procedimiento sancionador, se estima que han sido tenidas en cuenta toda la documentación y alegaciones realizadas por el denunciado, de tal manera que no se entiende que se haya desvirtuado el hecho cierto cual es la ejecución de unas obras sin cobertura formal, lo que originó la incoación de un procedimiento sancionador por haber cometido una infracción al TRLoTENC. Y viendo que no ha operado la prescripción de dicha infracción ni la caducidad de la acción de restablecimiento, no se ha desvirtuado el citado hecho, siendo tenido por ello como cierto.

Tercera.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.

Vistas la Ley 30/1992, el TRLoTENC y en especial, el artículo 20.1 in fine del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N. que establece que las Propuestas de Resolución de los recursos de alzada deberán ser informados por el Consejo.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de alzada, interpuesto por D. José Gerardo García Trujillo, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 957, de fecha 10 de abril de 2006, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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