Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 203. Jueves 9 de Octubre de 2008 - 3931

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3931 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Vega Falcón de la Resolución de 16 de septiembre de 2008, recaída en el expediente de I.U. 475/99.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Vega Falcón de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2751, de fecha 16 de septiembre de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Vega Falcón la Resolución nº 2751, de fecha 16 de septiembre de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.U. 475/99, y cuyo texto es el siguiente:

Examinados los datos obrantes en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, las actuaciones administrativas realizadas, los informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado Lomo de La Palma, del término municipal de Valleseco, en suelo clasificado como Rústico, se han ejecutado obras de construcción de una edificación destinada a garaje, promovidas por D. Juan Vega Falcón, sin contar con la preceptiva Calificación Territorial ni Licencia Urbanística, exigidas en los artículos 27 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Por Resolución nº 2038, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 25 de junio de 2008, notificada el día 4 de julio de 2008, se inició el procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la realización de las obras descritas en el fundamento primero de la presente.

Tercero.- El día 21 de julio de 2008, el interesado, D. Juan Vega Falcón, presentó en el registro de entrada de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, un escrito de alegaciones, argumentando, en síntesis lo siguiente:

- Que en 1996 comenzó las obras de acondicionamiento de una edificación destinada a garaje, siendo denunciada el 3 de mayo de 1999, solicitando Calificación Territorial para su legalización, la cual fue denegada por Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria el día 3 de agosto del año 2000.

- Que no existe identidad en las obras denunciadas, dado que las obras denunciadas en el año 1999, lo fueron por la realización de una edificación destinada a garaje y no la ejecución de un vallado. Además estas obras de vallado datan del año 2003 y son de nueva ejecución, no teniendo relación alguna con la obra inicialmente denunciada (construcción de garaje) y no siendo un elemento de este tipo constructivo.

- Que la Administración sólo podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, mientras los actos y usos estén en curso de ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras o el cese en el uso. Esta parte no entiende que con fecha 3 de agosto del año 2000, se deniega la Calificación Territorial, resultando en principio ilegalizable esta actuación, se espera hasta el 26 de junio de 2008, a fin de incoar este procedimiento, cuando ya han transcurrido 7 años y 10 meses. Por todo ello, cabe entender que entre la incoación del expediente de restauración del orden jurídico perturbado y la finalización de las obras, ha superado con creces el período de 4 años, entendiéndose prescrita esta potestad sancionadora.

- Que por aplicación del principio de menor demolición las consecuencias de las determinaciones críticas sólo deben adoptarse una vez ponderadas todas las soluciones posibles en ejecución de sentencia y teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad. Además el principio de menor demolición abona la tesis, de que la propia finalidad del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, como modalidad de expediente de disciplina urbanística, independiente del procedimiento sancionador, cuyo objetivo, no es sin más, la demolición de toda la obra que se realice sin licencia, sino la resolución que proceda, que podrá ser de demolición o de encaje en la legalidad urbanística de las obras, siendo la demolición tan sólo un último remedio.

- Que a pesar de los contundentes términos en los que está redactado el artículo 188.2 del TRLOT y ENC, según el cual en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, en la mayoría de las ocasiones las Administraciones Públicas en las que reside la competencia no la ejercen, lo que da lugar a que a dicha situación le sea aplicable el régimen de fuera de ordenación.

- Que con la aprobación de la Ley 4/2006, y la entrada de la nueva Disposición Transitoria Duodécima del TRLOTENC, se puede suspender la ejecutoriedad de las órdenes de demolición, en la medida que cumple con todos los requisitos.

Solicita que se tenga por presentado este pliego junto con los documentos que se acompañan, y se declare la prescripción del procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada y la nulidad de pleno derecho del expediente, pues se lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, artículo 62.1 y 62.2 de la Ley 4/1999 y que además se proceda al archivo de las actuaciones.

Cuarto.- Además constan en el expediente los siguientes documentos:

- Resolución nº 598, de 26 de octubre de 1999, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se ordena la suspensión de las obras y se requiere al afectado para que en un plazo de tres meses inste la legalización.

- Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de 3 de agosto de 2000, por el que se le deniega la Calificación Territorial, para la legalización de un garaje de 36,00 m2 de superficie por 3,10 m de altura, en una parcela de 400 m2 de uso residencial, situada en Barranco Madrelagua, 161, en el término municipal de Valleseco, a solicitud de D. Juan B. Vega Falcón.

- Diligencia de precinto, de fecha 10 de mayo de 2001, donde se procedió al mismo, por no encontrarse la obra terminada.

- Revisión de precinto efectuada el 7 de mayo de 2003, por personal técnico adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se constata que realizada la inspección de las obras objeto de este expediente, se comprueba que las obras precintadas no han modificado su estado edificatorio respecto del que reflejan las fotografías que se adjuntan a la diligencia del precinto.

- Informe técnico emitido el 16 de noviembre de 2004, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se constata que el lugar denominado Madrelagua, 161, Lomo de la Palma, donde se ubican las obras y actuaciones en el citado planeamiento municipal, está definido como Suelo Rústico de Protección Forestal y de Cumbres.

- Informe técnico emitido el 14 de abril de 2005, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se constata que realizada la inspección de revisión del precinto, ordenada en la Resolución nº 598, de 26 de octubre de 1999, se pudo comprobar que las obras presentaban las siguientes modificaciones con respecto a las fotos realizadas en la fecha de la anterior revisión de precinto, el 9 de mayo de 2003: "se ha pintado la puerta del garaje y paredes laterales y la instalación de una valla metálica sobre la cubierta del garaje".

- Informe técnico emitido el 11 de septiembre de 2008, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se constata que consultado a la oficina técnica del Ayuntamiento de Valleseco, nos comunican que el Plan General de Ordenación de dicho municipio se encuentra a punto de ser aprobado definitivamente y el suelo en el que se emplaza la edificación que nos ocupa, está clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección Natural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente, de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En relación con las alegaciones manifestadas por el afectado, se debe considerar que:

1.- No procede apreciar la manifestación reseñada por el recurrente, acerca de que no existe identidad de las obras denunciadas en la medida que mantiene que se trata de obras de edificación destinada a garaje y no de la ejecución de vallado, dado que si bien la denuncia se efectuó por la construcción de una edificación destinada a garaje, la misma se mantiene en la Resolución nº 2038, de 25 de junio de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la que se inicia el procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada, por la construcción de una edificación destinada a garaje en su conjunto incluyendo la instalación de una valla metálica sobre la cubierta del garaje. Además, la incorporación del vallado a la actuación denunciada es fruto del acta de inspección de agentes de Medio Ambiente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, efectuada el 14 de abril de 2005, donde se constata que se había incumplido la orden del precinto de fecha 9 de mayo de 2003, en la medida que se había procedido a pintar la puerta del garaje y paredes laterales, así como la instalación de una valla metálica sobre la cubierta del garaje.

2.- En relación a que las obras de vallado datan del año 2003, y son de nueva de ejecución, no teniendo relación alguna con la obra inicialmente denunciada, se debe precisar que conformidad con lo preceptuado en los artículos 27 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, toda obra de construcción, edificación e implantación de toda clase de nueva planta y la ampliación de las mismas, requiere de los preceptivos títulos habilitantes (Calificación Territorial y Licencia Urbanística). En el presente caso que nos ocupa, no sólo las citadas obras fueron realizadas sin los correspondientes títulos, sino que además mediante Resolución nº 598, de 26 de octubre de 1999, dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se le requirió al afectado para que un plazo de tres meses instara la legalización. Como consecuencia de la misma, mediante Decreto del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, se le denegó la Calificación Territorial, para la legalización de un garaje de 36,00 m2 de superficie por 3,10 m de altura, en una parcela de 400 m2 de uso residencial, situada en el Barranco, Madrelagua, 161, en el término municipal de Valleseco, a solicitud de D. Juan Vega Falcón. De lo expuesto se deduce que se trata de una construcción de una edificación destinada a garaje, incluyendo la realización con posterioridad, de la instalación del vallado, que fue llevada a cabo no sólo sin los correspondientes títulos habilitantes, sino que además estos mismos fueron expresamente denegados y el vallado se realizó conociendo el carácter ilegalizable de las obras.

3.- No procede apreciar la prescripción para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, regulada en el artículo 180.1 del TRLOTC que dispone "que el plazo para el cumplimiento de la obligación de restablecer, sólo podrá ordenar válidamente las medidas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, mientras los actos y usos estén dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras o el cese en el uso", en la medida que entre los documentos obrantes en el informe técnico emitido el 14 de abril de 2005, por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se pudo comprobar en la inspección de revisión de precinto, que las citadas obras presentaban las siguientes modificaciones con respecto a las fotos realizadas en la fecha de la anterior revisión de precinto, de 9 de mayo de 2003: el pintado de la puerta de garaje y paredes laterales y la instalación de una valla metálica sobre la cubierta del garaje. De lo expuesto, se deduce que no sólo incumplió la orden de suspensión, sino que al continuar con las obras de referencia, no ha transcurrido el plazo de los 4 años que tiene la Administración para ejercer la potestad del ejercicio de protección de la legalidad del orden jurídico perturbado.

4.- Tampoco procede la manifestación reseñada por el recurrente, acerca de que en el presente expediente, es de aplicación el principio de menor demolición y que la propia finalidad del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado y la restauración procederá cuando instada la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado en el régimen jurídico.

5.- No procede la apreciación vertida por el recurrente, acerca de que le es de aplicación el régimen de fuera de ordenación, en la medida que no concurren los presupuestos del artículo 44 del TRLOTC y no cabe entender de aplicación el régimen equiparable a la de fuera de ordenación, porque es actuación ilegal y no ha caducado la acción de restablecimiento que en el presente procedimiento se ordena.

6.- En lo que respecta a la suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición, por aplicación de la Disposición Transitoria Duodécima del TRLOTENC, la misma no procede, en la medida que la actuación denunciada no es una vivienda. Además, mediante informe técnico emitido el 11 de septiembre de 2008, se constató "que consultado a la oficina técnica del Ayuntamiento de Valleseco, nos comunican que el Plan General de Ordenación de dicho municipio se encuentra a punto de ser aprobado definitivamente y el suelo en el que se emplaza la edificación que nos ocupa, está clasificado y categorizado como suelo rústico de Protección Natural", por lo que tampoco es de aplicación el apartado 6º de dicha disposición dado que el instrumento de planeamiento inicialmente no incluye la edificación en suelo urbano o en rústico con la categoría de asentamiento rural o agrícola. Siguiendo en la misma línea, la valoración de los supuestos previstos en dicha disposición es independiente al procedimiento que nos ocupa, por lo que no procede en el presente momento procedimental, sin perjuicio de su valoración oportuna con posterioridad.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás legislación concordante.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la construcción de una edificación destinada a garaje, en el lugar denominado Lomo de la Palma, del término municipal de Valleseco, en suelo clasificado como Rústico, sin la cobertura formal de las preceptivas autorizaciones administrativas (Calificación Territorial y Licencia Urbanística), mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado originario anterior a la comisión de la infracción, a través de su retirada, con cargo a D. Juan Vega Falcón.

Segundo.- Requerir a D. Juan Vega Falcón, para que en el plazo de un mes presente ante la APMUN el correspondiente proyecto de demolición y reposición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de lo acordado, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Juan Vega Falcón, al Ayuntamiento de Valleseco y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

© Gobierno de Canarias