Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 200. Lunes 6 de Octubre de 2008 - 3877

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3877 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de septiembre de 2008, que notifica Resolución que inadmite el recurso extraordinario de revisión nº 120/08 interpuesto por D. Mohamed El Morabit, en su propio nombre.

Descargar en formato pdf

Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Mohamed El Morabit, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sultán, la Resolución de 30 de junio de 2008 (Libro nº 1, folio 1240, nº 481), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se declara la inadmisión del recurso extraordinario de revisión nº 120/08 formulado contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, en virtud de la cual se desestimó el recurso de alzada nº 032/08 y se confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567, de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 278/07.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.-El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se inadmite el recurso extraordinario de revisión nº 120/08 interpuesto por D. Mohamed El Morabit, en su propio nombre.

Visto el recurso extraordinario de revisión nº 120/08 formulado por D. Mohamed El Morabit, en su propio nombre, con N.I.E. X00694265X, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sultán, sito en calle General Primo de Rivera, 9-11, bajo, Corralejo, término municipal de La Oliva, contra Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, en virtud de la cual se desestimó el recurso de alzada nº 032/08 y se confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567, de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 278/07 que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de tres mil cinco (3.005) euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 14 de marzo de 2008 se dictó Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo nº 182 que desestimó el recurso de alzada nº 032/08 promovido por D. Mohamed El Morabit, en su propio nombre, con N.I.E. X00694265X, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sultán y se confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567, de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 278/07. El referido expediente sancionador se inició con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante".

Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de tres mil cinco (3.005) euros.

Segundo.- Contra la mencionada Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo ha sido interpuesto recurso extraordinario de revisión solicitando que "deje sin efecto la Resolución nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, por la que se resuelve denegar el recurso de alzada interpuesto en el expediente sancionador nº 278/07, procediéndose a declarar la caducidad del expediente sancionador, o subsidiariamente a declarar su sobreseimiento y archivo, y en último caso a rebajar la cuantía de la sanción a su cuantía mínima de 1.502,54 euros".

En defensa de su derecho el recurrente pretende amparar el recurso extraordinario de revisión en "el artículo 118.1 circunstancia 1ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre", a tal efecto esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

1.- Muestra su disconformidad con la Resolución, ahora recurrida, al estimar que es el resultado de una serie de errores.

2.- De la documental existente en el expediente de referencia se observa que se ha producido la caducidad del mismo al considerar como fechas de inicio del expediente sancionador las respectivas fechas de la denuncia formulada por la Guardia Civil del Puesto de Corralejo, y del levantamiento del Acta de Inspección nº 20946.

3.- Otro de los errores que se deducen de la documentación obrante en el expediente, es que como ya se ha reiterado en los escritos presentados anteriormente, el ahora recurrente es un simple arrendatario de negocio relativo a restaurante "El Sultán", siendo a la arrendadora Dña. Josefina Santana Brito a quien le corresponde solicitar la licencia para ejercitar la actividad de restaurante. Ante tal alegación la Administración actuante, a fin de salvar su mala actuación, manifiesta en la Resolución nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, por la que desestima el recurso de alzada, en el fundamento de derecho tercero, que existe un error material ya que en las Propuestas de Resolución de fechas 8 de noviembre y 20 de diciembre de 2007 y en la Resolución sancionadora donde dice "... titular del establecimiento ..." debe decir "titular de la explotación del establecimiento ...".

Sin embargo, este error nos se trata de un error material sino de un error de fondo fundamental pues el decir una cosa u otra cambiaría el sentido de la resolución. En consecuencia, se debe proceder a dictar resolución por la cual se establezca el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador pues no se ha cometido ninguna infracción administrativa.

4.- Se vuelve a reiterar la falta de proporcionalidad de la sanción establecida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso extraordinario de revisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo determinado en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo.

Segundo.- El recurso de revisión previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de carácter extraordinario, es un remedio excepcional frente a actos firmes en vía administrativa, que sólo procede en los supuestos previstos en el citado artículo 118 y en base a motivos rigurosamente tasados, de los que se deriva necesariamente la inviabilidad de que, con ocasión de la interposición del mismo, se susciten cuestiones propias de los recursos de carácter ordinario. No es, pues, una nueva vía o instancia para discutir o revisar las cuestiones que pudieron ser examinadas debidamente con todos los elementos que en el momento de dictarse la resolución ya se conocían o podían conocerse.

Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que, únicamente, puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente. Así la Jurisprudencia ha mantenido, reiteradamente, la imposibilidad "de imprimir a la norma unas directrices más amplias" y "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión". En este sentido el recurrente en el escrito de recurso extraordinario de revisión formulado aduce a tal efecto a la causa 1ª del artículo 118.1 de la mentada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es, "que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente". No obstante, de las alegaciones esgrimidas en defensa de su derecho, no se aporta elemento de juicio suficiente que sirva de apoyo para fundar la concurrencia de la circunstancia en la que el recurrente pretende justificar la procedencia del recurso extraordinario de revisión toda vez que el recurrente se limita a reiterar alegaciones que se efectuaron en el escrito de recurso de alzada y que en la Resolución, ahora recurrida, fueron desvirtuadas con los elementos de hecho y fundamentos de derecho aducidos en el referido acto administrativo.

Por cuanto antecede, debe indicarse que de la documentación obrante en el expediente del que trae causa el acto recurrido se comprueba que el recurso extraordinario de revisión formulado por el interesado carece manifiestamente de fundamento. No puede considerarse que al dictar el acto recurrido se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente (artículo 118.1.1ª) de la referida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), entendiendo por error de hecho, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, "aquellos que versen sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, debiendo poseer las notas de ser evidente, indiscutible y manifiesto. Estando, pues, excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse.

Los presuntos errores referidos por el expedientado relativos a la caducidad del expediente sancionador, la falta de responsabilidad administrativa imputable al expedientado al ser un simple arrendatario del negocio siendo a la arrendadora Dña. Josefina Santana Brito a quien le corresponde solicitar la licencia para ejercitar la actividad de restaurante y la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, no se producen, en momento alguno, al emitir la Resolución, ahora impugnada, ya que de la documental obrante en el correspondiente expediente administrativo se comprueba que es conforme a Derecho el pronunciamiento contenido en la Resolución, ahora recurrida, tal y como se hizo constar en Dictamen HAB.I.TUR.026/08-C emitido con fecha 10 de marzo de 2008 por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Por tanto, no se advierte de los propios documentos incorporados al expediente error alguno en la apreciación de los hechos que han dado lugar la Resolución impugnada, sin que se acredite por el recurrente la existencia de dicha causa. No pudiendo considerar como tal la discrepancia mantenida por el recurrente que, dado el contenido de las alegaciones realizadas para enervar la eficacia de la Resolución de la Secretaría General Técnica nº 182, de 14 de marzo de 2008, no prueba la concurrencia de la premisa inexcusable de un error de hecho, que ha de ser manifiesto, resultante de los propios documentos incorporados al expediente. En el presente caso el recurrente se limita a mostrar su disconformidad con los sustentos jurídicos aducidos en el fundamento de derecho cuarto de la Resolución de la Secretaría General Técnica nº 182, de 14 de marzo de 2008, y que motivan fundadamente la misma, desvirtuando puntualmente las alegaciones realizadas por el recurrente referidas a cuestiones, estrictamente jurídicas, que reitera ahora nuevamente al plantear, como ya hizo durante la instrucción del procedimiento sancionador y en vía del recurso de alzada, la caducidad del expediente sancionador, la falta de responsabilidad administrativa imputable al expedientado al ser un simple arrendatario del negocio siendo a la arrendadora Dña. Josefina Santana Brito a quien le corresponde solicitar la licencia para ejercitar la actividad de restaurante y la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta.

Por otra parte, y en cuanto, a lo manifestado por el recurrente referido a la corrección del error material que se produce en el fundamento de derecho tercero de la mentada Resolución de la Secretaría General Técnica nº 182, de 14 de marzo de 2008, al haber subsanado un mero error de transcripción que se produjo en las Propuestas de Resolución de fechas 8 de noviembre y 20 de diciembre de 2007 y en la Resolución sancionadora, debe manifestarse que se trata de un simple error material y no de fondo como mantiene injustificadamente el recurrente. Sobre esta cuestión ha de señalarse que la rectificación de errores constituye una vía legal dirigida a subsanar, de manera directa, eficaz y sin sujeción a procedimiento alguno, meras equivocaciones que afecten a los elementos accidentales del acto administrativo con la finalidad de que un simple error material, de hecho, o puramente aritmético, errores, en definitiva, sin ninguna trascendencia, produzcan efectos desorbitados como supondría su depuración a través de la larga formalidad de los procedimientos de revisión.

Ahora bien, la posibilidad de subsanar este tipo de equivocaciones no debe proyectarse más allá de los objetivos fijados para la naturaleza de esta institución, debiendo limitarse a supuestos en que el acto sea revelador de un error evidente y manifiesto por sí mismo, sin afectar a su supervivencia. Y a este respecto, la jurisprudencia se ha encargado de elaborar una doctrina sobre los requisitos configuradores de este remedio al alcance de la Administración, como son el que se trate de simples equivocaciones formales que se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente las datos del expediente administrativo, que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones o calificaciones jurídicas o que implique un juicio valorativo, que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto, que no genere la anulación o revocación de éste en cuanto creador de derechos subjetivos, que no tenga por objeto la interpretación de su significado o contenido, y que se aplique con un hondo carácter restrictivo. La correcta utilización del mecanismo legal rectificatorio, según Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, tiene por objeto un simple error material, evidente, indiscutible y manifiesto, independientemente de toda opinión o criterio.

Por cuanto antecede, toda vez que el error de transcripción cometido en los referidos actos administrativos se trata de una simple equivocación formal que se aprecia teniendo en cuenta exclusivamente las datos del expediente sancionador nº 278/07, y que resulta patente y claro sin necesidad de acudir a interpretaciones o calificaciones jurídicas o que implique un juicio valorativo, se procedió al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que dispone que " las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos", a la correspondiente rectificación. En consecuencia, el actuar de la Administración es ajustado a Derecho.

De todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el principio de interpretación estricta, derivado de la naturaleza especialísima del recurso extraordinario de revisión, que exige un enjuiciamiento inspirado en criterios rigurosos de aplicación, con un análisis mesurado de los antecedentes fácticos y de las normas legales que hacen viable dicho recurso, dado que al ser el aludido recurso de naturaleza extraordinaria y excepcional y suponer una desviación de los principios generales que informan todos los recursos en general en cuanto a la intangibilidad de la cosa juzgada, el mismo sólo es admisible cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el artículo 118.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por tanto, y con base a los considerandos precedentes así como de conformidad con lo dictaminado anteriormente en asunto similar por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico (Dictamen HAB.I.TUR. 018/08 de 3 de marzo de 2008), por no concurrir ninguna de las causas de fundamentación del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 118.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede declarar la inadmisión del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 89.4 del citado texto legal.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 091/08-C emitido con fecha 23 de junio de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 27 de junio de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Visto los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Declarar la inadmisión del recurso extraordinario de revisión nº 120/08 formulado por D. Mohamed El Morabit, en su propio nombre, con N.I.E. X00694265X, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sultán, sito en calle General Primo de Rivera, 9-11, bajo, Corralejo, término municipal de La Oliva, contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo nº 182, de fecha 14 de marzo de 2008, en virtud de la cual se desestimó el recurso de alzada nº 032/08, y se confirmó la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 567, de fecha 27 de diciembre de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 278/07 que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de tres mil cinco (3.005) euros, fundando el acuerdo de inadmisión en las razones aducidas en el Fundamento de Derecho Segundo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

© Gobierno de Canarias