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BOC Nº 199. Viernes 3 de Octubre de 2008 - 3848

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3848 - ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación de la Resolución de 30 de abril de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007.

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Providencia de 18 de septiembre de 2008 del Jefe de Servicio de Transportes de la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 30 de abril de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. José Luis Morales Morales, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 10 de diciembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 16 de mayo de 2007, 9,30, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula GR-9642-AS y el semirremolque matrícula CS-00946-R, del que es titular D. José Luis Morales Morales y Transportes Carol Morales, S.L., respectivamente, por circular con un camión desde Santa Cruz hasta Icod, transportando atados de hierro (12 bultos), faltando datos esenciales en documento de control conforme a la Orden de FOM 23/03 y faltan datos empresa cargadora y nombre del destinatario. Carta de porte fotografiada y diligenciada.

Resultando: que el día 15 de noviembre de 2007 se publicó la Resolución de iniciación sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 229.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 18 de diciembre de 2007 que venía a sancionar con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.19 LOTT y artº. 198.19 ROTT; O.FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2) y en base al artículo artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) ROTT.

Resultando: que el día 21 de febrero de 2008 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40925-O-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 38.

Resultando: que con fecha 29 de abril de 2008, D. José Luis Morales Morales interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que los hechos denunciados fueron faltar datos esenciales en el documento de control, mientras que la infracción administrativa consistía en la carencia de la documentación de control, con lo que se está vulnerando el principio de tipicidad.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.1º de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente" siendo necesario, para que sea admisible el recurso de revisión que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que ya consta en el expediente correspondiente, características que concurren en el supuesto analizado.

Considerando: el principio de tipicidad es recogido en el capítulo I del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como configurador de la potestad administrativa sancionadora, en virtud del cual, la calificación de la infracción no es facultad discrecional de la Administración, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas, que exige, como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente en este caso, así el artículo 129 de la citada norma procedimental establece que "sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley ... las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica."

Considerando: habida cuenta que, del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula GR-9642-AS y el semirremolque matrícula CS-00946-R circulaba transportando atados de hierro (12 bultos) con un documento de control en el que faltaban datos esenciales, concretamente, los datos de la empresa cargadora y el nombre del destinatario, tal como se constata claramente en el boletín de denuncia que motivó la incoación del citado expediente sancionador. No obstante, como objeto de cada una de las resoluciones que lo integran consta, como hecho infractor, "la carencia de la documentación en que debe materializarse los contratos de transporte de mercancías celebrados con transportistas u operadores", siendo el régimen jurídico de responsabilidad administrativa correspondiente a tal hecho distinto del referido al hecho denunciado, dado que, tal como se desprende del artículo único de la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, la responsabilidad por el carecer de dicho documentación corresponde tanto al transportista como al cargador; mientras que la responsabilidad por la omisión de elementos en el documento de control, corresponde al cargador, como principal obligado a confeccionar el mismo.

En consecuencia, en evitación de cualquier menoscabo del principio de tipicidad antes referido; procede atender las alegaciones del recurrente, en relación a que concurren en el presente supuesto causas de inimputabilidad que determinan que, no existiendo prueba fehaciente en la comisión de la infracción denunciada, y siendo doctrina sentada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que la carga de la prueba corresponde, como regla general a la Administración; siendo, asimismo de aplicación al Derecho Administrativo Sancionador el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, procede revocar la Resolución recurrida.

Procede estimar las argumentaciones del recurrente, previa revocación de la resolución sancionadora impugnada.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. José Luis Morales Morales dejando sin efecto la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 13 de septiembre de 2007.

Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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