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Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40016-P-2007.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 21 de febrero de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40016-P-2007.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Domingo García Felipe, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de septiembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 16 de enero de 2007, 12,20, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra agente de la policía local del Ayuntamiento de La Laguna se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-6499-BY, del que es titular D. Domingo García Felipe por cargar pasaje fuera del término municipal.
Resultando: que el día 28 de junio de 2007 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40016-P-2007.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de septiembre de 2007 que venía a sancionar a D. Domingo García Felipe con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.21 LOTT y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT y en base al artículo artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha 19 de septiembre de 2007.
Resultando: que con fecha 29 de octubre de 2007, D. Domingo García Felipe interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada, concretamente, que solicitaban que constaran en el expediente una serie de pruebas cuales eran la identificación exacta del agente que formuló la denuncia, entendiendo como su nombre, apellidos y contrastar su firma legal con la del boletín de denuncia. Estos extremos eran importantes para esa parte, en el sentido de comprobar que la persona que confeccionó el boletín de denuncia, poseía la autoridad oportuna para realizarla. Sin querer entrar en más puntos ahora, lo expuesto en este párrafo se entendía como algo previo a las alegaciones definitivas que se pretendían formular. No tuvo respuesta alguna. Que en la resolución del Director Insular de Transportes se decía que se presentaran las alegaciones que se estimaran oportunas y que el órgano resolutorio del expediente será el citado Director Insular de Transportes, ÀPor qué resuelve ahora el expediente el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad?, entiende que ya, de entrada, el acto administrativo es nulo por haber sido objeto de modificación y que a esa parte no se le haya comunicado. Menos mal que en alzada puede dirigirse a la Presidencia. Asimismo, quiere señalar que en la resolución recurrida, el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad no se argumentan claramente por qué no se llevan a cabo las oportunas pruebas propuestas por esa parte, se dan por inalterados los hechos constitutivos de la denuncia, y se confirma la sanción inicialmente propuesta. Que si primeramente el Director Insular de Transportes en su resolución incoando el expediente nombra a un instructor y su sustituto, Àno debería ser ese instructor el que propusiera lo que corresponda y su confirmación posterior por el órgano competente para resolver? En este caso, el señor Pedro Campos Albarrán, como Jefe de Servicio comunica lo que dicta el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, pero no se sabe que ha pasado con el instructor inicialmente nombrado al efecto. En definitiva, nada clara la actuación de la Administración en todo este procedimiento sancionador.
Considerando: que el recurso de alzada ha sido presentado fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 115.1 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece el plazo de un mes. Ya que notificada la resolución sancionadora dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 19 de septiembre de 2007, según consta en acuse de recibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto en fecha 29 de octubre de 2007, transcurriendo en exceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia firme e inimpugnable la resolución recurrida.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo García Felipe por interposición fuera del plazo legalmente previsto, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 7 de septiembre de 2007, que determinó la imposición de una sanción de mil uno (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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