Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 199. Viernes 3 de Octubre de 2008 - 3844

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3844 - ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, relativo a notificación del Decreto de 8 de mayo de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40728-O-2006.

Descargar en formato pdf

Providencia de 18 de septiembre de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40728-O-2006.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 8 de mayo de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40728-O-2006.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Ángel Manuel Rocío Izquierdo, en nombre y representación de la entidad mercantil Conytran Tenerife, S.L., de interposición de recurso extraordinario de revisión contra el Decreto de la Presidencia 17 de mayo de 2007 por el que se inadmitió el recurso de alzada interpuesto por la misma entidad mercantil contra la Resolución dictada por el Director Insular de Transportes el 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 29 de marzo de 2006, 11,35, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula 4072-CRK y el semirremolque matrícula A-2405-R, del que es titular Franco Tony Peet Siniscalchy por circular transportando 37.000 kg de escombros, desde La Gallega hasta Ofra, realizando un transporte público de mercancías en vehículo pesado, careciendo la persona que contrata el transporte de la autorización de operador de transporte. Según carta de porte nº 13218, Conytran contrata con Garcilén. Se diligencia carta de porte.

Resultando: que el día 20 de noviembre de 2006 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40728-O-2006.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Director Insular de Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 3 de enero de 2007 que venía a sancionar a Conytran Tenerife, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00 euros, y clausura de local por un período de seis meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.1.9 LOTT; artículos 47 y 119 LOTT; artículos 41 y 161 ROTT y artº.1 O.M. de 21 de julio de 2000 (B.O.E. de 3.8) y en base al artículo artº. 143.1.i) y 143.2 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada resolución en fecha 18 de enero de 2007.

Resultando: que con fecha 21 de febrero de 2007, la entidad mercantil Conytran Tenerife, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.

Resultando: con fecha 18 de junio de 2007 se notificó a la entidad mercantil interesada la comunicación del Decreto de la Presidencia de fecha 17 de mayo de 2007 por el que se inadmitió el recurso de alzada interpuesto por la misma entidad mercantil contra la Resolución dictada por el Director Insular de Transportes el 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia.

Resultando: que con fecha 15 de febrero de 2008, D. Ángel Manuel Rocío Izquierdo, en nombre y representación de Conytran Tenerife, S.L., interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que, citando los artículos 47 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 119. El agente denuncia un hecho probado en el momento de la detención ya que afirma "careciendo persona que contrata el transporte de la autorización de operador de transporte". Cuando reconoce que el conductor aporta carta de porte diligenciada y que no poseen, ya que no ha sido aportada por el órgano sancionador como único medio de prueba. Que el vehículo sometido a inspección y denunciado no es propiedad de la entidad mercantil recurrente, ésta tiene como actividad principal el transporte de mercancías por carretera y además el comercio de materiales de construcción, excavaciones y demoliciones. Por lo que existe relación comercial con otros transportistas, pero, en ningún momento, realizan actividades de operador. Que entienden que el conductor en el momento de la detención realizaba un trabajo para otra empresa y elaboró una carta de porte con sus datos; el motivo podría ser confusión por parte del conductor que no sabía cual era el documento que debía aportar, o, por el contrario, que ante la duda de no mostrar al agente de inspección ningún documento pensó que sería mejor mostrar éste. Ya que en el boletín de denuncia, el agente, identificando a Conytran Tenerife como cargador y luego anexado operador; podría también ser un error al rellenar este boletín, en el modelo de su carta de porte para nuestros conductores y vehículos, no existe el apartado operador o agencia de transporte (se adjunta copia modelo carta de porte de la empresa Conytran Tfe.). Solicitan que se requiera al titular del vehículo matrícula -4072-CRK la carta de porte diligenciada. Además, como recoge el artículo 119, se permiten actividades de mediación en concepto de colaboración. Por lo que sería esta la línea primera a entender que se ha realizado, y no la conclusión y juicio que emite el agente. Que no puede deducirse de los hechos, tal y como verdaderamente sucedieron, no es posible una imputación en la forma pretendida por la resolución, ni por tanto, son constitutivos de la infracción imputada, ya que ello supondría un ejercicio incorrecto de las potestades administrativas en materia sancionadora y así se acredita con los siguientes fundamentos de derecho. Que la resolución impugnada no tiene validez jurídica por cuanto que el expediente seguido para imponer la sanción se han infringido los principios que gobiernan la potestad sancionadora: el principio de tipicidad: por cuanto que los hechos realizados por el supuesto infractor no están caracterizados expresamente por la norma jurídica como constitutivas de infracción administrativa, por lo que el órgano sancionador ha realizado una interpretación amplia contraria a los criterios aplicables, citando los artículos 25.1 de la Constitución Española y 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Que la sanción es contraria al principio de proporcionalidad, ya que no guarda una proporción adecuada con las circunstancias subjetivas concurrentes, considerándose a la hora de graduar la sanción los siguientes criterios: - la existencia de intencionalidad o reiteración; - la naturaleza de los perjuicios causados, y - la reincidencia por omisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme. Ya que quien ha cometido la infracción ha sido un conductor de otra empresa ajena a la sancionada, que el agente no ha demostrado la titularidad de las mercancías en su denuncia, ha indicado únicamente origen, destino, tipo de mercancías y un supuesto contrato entre Conytran y Garcilén (siendo la primera la cargadora según describe el agente y el destinatario la segunda entidad) que no ha sido aportado al expediente. Se infringe, igualmente, el principio de responsabilidad, ya que la empresa transportista que aportó una carta de porte incorrecta no ha sido requerida para aclarar la vinculación o el contrato de servicios. Que el conductor ha cometido un error en el documento que debía aportar al agente, que la empresa titular del vehículo infractor ha reconocido en declaración aportada en recursos anteriores la vinculación comercial que existe entre ambas empresas; aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de un breve informe económico de la situación de la entidad mercantil interesada y el modelo tributario nº 201, de declaración del impuesto sobre sociedades del año 2006 de la entidad mercantil recurrente.

Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", circunstancia esta última que no se encuentra en el escrito de interposición del recurso presentado, sin que se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error en la resolución recurrida (artículo 118.1.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), ni pueda considerarse que al dictar el acto recurrido se ha incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente (artículo 118.1.1º de la referida ley), dado que, para que sea admisible el recurso de revisión es necesario que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos, no respondan a la realidad, y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que ya conste en el expediente correspondiente, características que no se aprecian en el presente caso, y, en consecuencia, no dándose tampoco, por razones obvias, las causas tercera y cuarta del artículo 118, procede declarar la inadmisión del recurso de revisión interpuesto por Conytran Tenerife, S.L., por no concurrir ninguna de las causas de fundamentación que para el citado recurso se establecen en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Ángel Manuel Rocío Izquierdo, en nombre y representación de la entidad mercantil Conytran Tenerife, S.L. por no fundamentarse en alguna de las causas legalmente previstas, confirmando el Decreto de la Presidencia 17 de mayo de 2007 por el que se inadmitió el recurso de alzada interpuesto por la misma entidad mercantil contra la Resolución dictada por el Director Insular de Transportes el 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia, que determinó la imposición de una sanción de cuatro mil seiscientos uno (4.601,00) euros, y la clausura del local por un período de seis meses, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

© Gobierno de Canarias