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BOC Nº 198. Jueves 2 de Octubre de 2008 - 3825

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Lanzarote

3825 - ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

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Providencia de 11 de septiembre de 2008, del Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad es el órgano competente para resolver este recurso en virtud de las competencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución del Sr. Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, que se adoptó en base a lo dispuesto en artº. 105.19 y artº. 89 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº. 198.19 y artº. 222 del Real Decreto 1.211/1990, de 28.9 (modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10). Artº. 3 Orden FOM/3398/2002, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera (B.O.E. de 9.1.03).

Procede desestimar el recurso interpuesto, y confirmar la sanción impuesta; en base a lo que sigue:

En cuanto la vulneración del principio de legalidad (artº. 25.1 CE y artº. 127 Ley 30/1992, modificado por la Ley 4/1999) decir que tal principio atiende a que el ejercicio de la potestad sancionadora ha de corresponder a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida legal o reglamentariamente, sin que exista expresa prohibición de delegación en órganos distintos. En materia de transporte terrestre, viene regulada en el artº. 146 L.O.T.T. (modificado por la Ley 29/2003, de 8.10) y artº. 204.1 del R.O.T.T., lo que se ha seguido escrupulosamente en el presente procedimiento. El principio de legalidad en materia sancionadora del artº. 127 de la Ley 30/1992 hace referencia a la necesidad de Ley que atribuya potestad sancionadora a una determinada Administración y al cumplimiento de la legalidad. De esta forma este artículo exige que la potestad sancionadora sea ejercida de conformidad al procedimiento previsto y de acuerdo con lo establecido en la Ley. (Artículo 127. Principio de legalidad: "1. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (Apartado modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre). 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3. Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes están vinculados a ellas por una relación contractual").

En cuanto a la caducidad alegada decir que el presente expediente sancionador se abre por infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Ley 16/1987, 30 de julio -modificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre-) y su Reglamento (Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre). Desde la modificación parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: el plazo máximo de tramitación y resolución del expediente sancionador es de un año desde la iniciación del procedimiento, tal y como establece el artículo 146.2, párrafo 3º "... El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se ajustará a las normas específicas que reglamentariamente se establezcan, y en lo no previsto por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento ..."). Transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la Administración. Iniciado/notificado el procedimiento sancionador en fecha 6 de septiembre de 2007, la resolución recaída y ahora recurrida se notifica al interesado el 18 de junio de 2008 mediante publicación tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, como en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ante la imposibilidad de notificación al interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por lo que no se puede mantener un plazo de caducidad. El artº. 145 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, que modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres dice que: las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán, de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año. Por tanto la infracción objeto de este expediente no se encontraría tampoco prescrita en el momento de la incoación del mismo, respetándose los plazos legalmente establecidos: la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento sancionador en materia de transportes originados como consecuencia de una denuncia de los miembros de los servicios de Inspección de esta Corporación se inicia a partir de la iniciación del procedimiento, momento que se concreta en la fecha de dictado -no de notificación- del acuerdo de iniciación del procedimiento o incoación del expediente (incoación del expediente en fecha 24 de agosto de 2007 y notificada el 6 de septiembre de 2007), es decir, formalmente hasta el posterior dictado del acuerdo de iniciación por el órgano competente. Debiendo incluso destacar que la infracción fue detectada por los servicios de inspección el 18 de julio de 2007; no pudiendo hablarse incluso en este supuesto de prescripción habiéndose dictado incluso en este supuesto dentro de plazo la resolución recurrida.

El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, fruto de las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento (procedimiento sancionador establecido en los artículos 138 a 146 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8.10); en nuestro caso el de un año fijado por una norma con rango de ley. Este artículo 42.2 impone también un límite de carácter formal cuando expresa que este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Que es el supuesto que opera desde la entrada en vigor de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, que modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres el 29 de octubre de 2003.

Si bien se pueden recurrir las resoluciones y los actos de trámite, que pongan fin a la vía administrativa, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley. No existiendo en el expediente ningún vicio para proceder a la anulación de la resolución impugnación, ya que lo manifestado por el recurrente no desvirtúa las actuaciones practicadas: no se señalan los motivos de nulidad o anulabilidad en que se funda la impugnación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 en su artº. 117 ni siquiera otros preceptos que hubieren sido también violados en la misma ley, o en otra disposición, en su interpretación o aplicación. En ocasiones la Administración comete errores al dictar los actos administrativos lo que, dependiendo del alcance de estos errores, puede ocasionar su nulidad y por tanto su falta de validez, o su anulabilidad. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando: lesionan los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos; Son dictados por un órgano administrativo incompetente o se dictan prescindiendo del procedimiento establecido legalmente; Los que tienen un contenido imposible, son constitutivos de una infracción penal o se dictan como consecuencia de ésta; Los actos expresos o presuntos (silencio administrativo) contrarios al ordenamiento jurídico y conceden facultades o derechos cuando no se dan los esenciales para su concesión. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas cuando: sean contrarias a la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior; Regulen materias que sólo pueden ser desarrolladas por una Ley; Las que establezcan la retroactividad de disposiciones que sancionen, no sean favorables o restrinjan los derechos de los ciudadanos. Es doctrina consagrada que la presunción de veracidad de las actas de la autoridad destruye la presunción de inocencia una vez ratificadas cumplidamente por los denunciantes que presenciaron los hechos ante la autoridad que ejerce la potestad sancionadora (STS de 13 de diciembre de 1988). No se observa que "se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ni tampoco una lesión de cualquiera de los "derechos susceptibles de amparo constitucional"; ciertamente, no se aprecia indefensión alguna, puesto que en la se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. No se produce indefensión alguna, pues en ningún momento se han restringido los derechos de defensa del responsable ni ninguna otra de las garantías que le asisten en el contexto del procedimiento sancionador. Ciertamente no se produce indefensión por el mero hecho de que el instructor haya adquirido la convicción de que la infracción llego a producirse, convicción esta que se ha formado ante la presunción de veracidad de que gozan las actas de la autoridad, especialmente cuando han sido ratificadas, como se ha hecho en el presente caso. Dicha presunción de veracidad es "iuirs tantum", esto es, admite prueba en contrario, pero sin que como tal pueda admitirse la simple afirmación en contrario del interesado, insuficiente para destruir la fuerza probatoria de dichas actas, tal y como lo ha sostenido una reiterada jurisprudencia (STS 3ª 2ª de 1 de junio de 1989; también SSTS 4ª de 15 de diciembre de 1987 y 5ª de 28 de enero de 1988).

En la resolución recurrida se dio cumplimiento al principio de proporcionalidad al ser la primera vez que se cometen los hechos, ajustando la calificación a la naturaleza, ocasión y circunstancias de la infracción efectivamente cometida. A pesar de ello se velará porque la entidad expedientada cumplía con la normativa vigente. Atendiendo al principio de proporcionalidad (las sanciones pecuniarias deberán graduarse, dentro de los límites legalmente establecidos para las infracciones leves, graves y muy graves, en relación con la existencia de repercusión social de la infracción, intencionalidad, daño causado y reiteración), se han tenido en cuenta los criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación de la infracción pecuniaria inicialmente impuesta y dejando sin efecto la accesoria de clausura de local.

En cuanto a unificar los dos expediente en uno -hecho que es incierto que se haya solicitado con anterioridad- se ha aplicado por esta Administración lo dispuesto en el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10): tendrán la consideración de infracciones independientes las que se cometan en relación con distintas expediciones, aún cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes preceptos.

No es cierto lo alegado de contrario en cuanto a la falta de garantías en el ejercicio de la potestad sancionadora, por cuanto en la Resolución de incoación notificada al expedientado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993, relativo a la separación entre la fase instructora y la sancionadora, se nombra Instructor a D. Pedro Fraile Bonafonte, Jefe del Servicio de Transportes del Excmo. Cabildo de Lanzarote, quien podrá ser recusado por los motivos establecidos en el artº. 28.2 de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 de la misma norma legal. Y como Órgano competente para incoar y resolver este expediente sancionador es el Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad es el órgano competente en virtud de las competencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre). La competencia para incoar y resolver el presente procedimiento viene dada por el artº. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre; no pudiendo hablarse de vulneración de los principios de procedimiento sancionador.

En cuanto a la recusación del Instructor el recurrente no lo ha hecho porque no ha querido en cuanto fue notificado de su derecho a hacerlo el 6 de septiembre de 2007 y mediante incoación donde se señala expresamente que: "Segundo: nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pedro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recusación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Secretario del mismo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de Quintana."

En lo referente al principio de presunción de inocencia invocado, no puede tenerse en cuenta dado que de lo instruido en el procedimiento sancionador se han comprobado los hechos denunciados. Los hechos tratados no son un mero indicio o probabilidad, sino que revisten la entidad suficiente para desvirtuar el citado principio de presunción de inocencia. En este sentido, se ha pronunciado la Audiencia Nacional en Sentencia de 8 de octubre de 2003 al declarar que:"En el fondo el argumento, por lo tanto de la entidad sería que si el sancionado da una justificación hipotética de su actuación y esta no se puede verificar, debe operar el principio de presunción de inocencia, sin que pueda ser sancionado. Ahora bien tal forma de razonar es errónea. En efecto lo que garantiza el principio de presunción de inocencia, al que se refiere el artículo 137 de la Ley 30/1992, es que no puede imponerse sanción alguna en razón de la culpabilidad del imputado si no existe actividad probatoria de cargo que, en la apreciación de los órganos o autoridades llamadas a resolver, no destruya dicha presunción" -ATC 1041/1986, de 3 de diciembre-; pero en ningún caso significa que existiendo una prueba de cargo suficiente obtenida en base a medios probatorios lícitos, el sancionado esté exento de toda actividad probatoria tendente a justificar su conducta. En este sentido, la STS 25 de 26 de julio de 1988, sostiene que: "frente a las pruebas no solo indiciarias, sino también de cargo ..., el interesado en su momento no llevó a cabo la imprescindible contraprueba, incidiendo en el error tantas veces observado por este Tribunal, de entender que este principio presuntivo supone, sin más, una inversión de la carga de la prueba," En el mismo sentido, la STS (2ª) 25 de 31 de marzo de 1999, sostiene que existiendo prueba lícita y de cargo suficiente, debe entenderse que no existe vulneración del principio de presunción de inocencia, al no ofrecerse la oportuna "contraprueba o explicación racional y convincente del acusado." La prueba practicada se ha efectuado correctamente, pues ciertamente existen pruebas de las que se deriva la responsabilidad de la entidad imputada y éstas han sido obtenidas de forma lícita. En este sentido conviene indicar que la STC 212/1990 razona que "la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador, garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria, sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad". Añadiendo que el principio de presunción de inocencia sólo se vulnera cuando "no ha existido prueba o cuando la apreciación judicial de la misma es arbitraria o carente de conexión lógica con el contenido de las pruebas sobre las que se realiza". En aplicación de la doctrina expuesta hay que rechazar la vulneración del principio de presunción de inocencia.

Reiterar que de conformidad a lo dispuesto en el artº. 3.c) de la Orden FOM/3398/2002, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera (B.O.E. de 9.1.03): formulada la reclamación por el usuario, el titular del servicio o actividad le entregará los ejemplares de la hoja correspondiente destinados al reclamante y, en el plazo de treinta días, remitirá al órgano que diligenció el libro de reclamaciones el ejemplar de dicha hoja a él destinado, en unión del informe o las alegaciones que estime conveniente realizar sobre los hechos relatados por el reclamante, con la indicación de si acepta o rechaza la reclamación. Y de conformidad a lo dispuesto en el artº. 222, párrafo cuarto del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre: las personas que realicen los servicios y actividades previstos en este reglamento deberán cumplimentar y conservar en su domicilio empresarial, durante el plazo que se establezca a los efectos previstos en el artículo 19, la documentación de carácter administrativo o estadístico que, en su caso, se establezca.

Las actas de infracción poseen presunción de veracidad de los hechos en ellos reflejados y valor probatorio al tener los funcionarios actuarios carácter de autoridad pública, pero no presunción de certeza de la culpabilidad del denunciado, correspondiéndole a éste probar su inocencia, siendo el órgano instructor y sancionador el que, una vez valoradas las pruebas existentes y aportadas al expediente, el que estimará o no su culpabilidad. Dichas actas tienen mayor vinculación para el órgano competente, que está obligado a motivar la no iniciación del expediente sancionador, en aplicación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto 1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias y la presunción de veracidad de su contenido es un asunto doctrinalmente controvertido, el T.C. ha concluido con la exigencia de una valoración de las pruebas en cuanto a la certeza de la culpabilidad, por una parte, y la imposición de la carga probatoria al acusador, por otra. De lo practicado hasta el día de hoy se deduce que el expedientado no procedió a comunicar la reclamación nº 2412 a la Inspección de Transporte siendo la responsabilidad por los hechos denunciados única y exclusivamente del titular de la concesión del vehículo denunciado matrícula 4206-BPH único obligado a velar y cumplir con la L.O.T.T. y su Reglamento, de conformidad al artº. 138.1 de la LOTT y artículos 193.a) y 195 del ROTT.

A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia queda acreditado que el recurrente llevó a cabo los siguientes hechos probados no dar cuenta de la reclamación nº 2412, a la Administración, siendo titular de una autorización de transporte público discrecional de viajeros en vehículo autotaxi.

El pago de dicha multa se habrá de realizar mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga constar el número de expediente y titular al que corresponde. Los plazos de ingreso en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos que coincidan con un sábado se trasladarán al primer día hábil siguiente.

Dentro de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos en los términos de los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el período voluntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber presentado en tiempo y forma el correspondiente recurso o reclamación, se procederá a la exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así como de los intereses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formular recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30261/I/2007; POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Morales Grimón, Julio César; N.I.F./C.I.F.: 45531058M; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 4206-BPH; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia del acta de infracción nº 30271/2007, formulada por el Inspector Jefe de Transportes D. Antonio Manchado Peñate e Inspectora: Dña. Elena María González Betancort, de fecha 17 de agosto de 2007, en relación con la reclamación nº 2412, con entrada en este servicio el 18 de julio de 2007 formulada por un usuario el día 17 de agosto de 2006 (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en: no dar cuenta de la reclamación nº 2412, a la Administración, siendo titular de una autorización de transporte público discrecional de viajeros en vehículo autotaxi; PRECEPTOS INFRINGIDOS: 105.19 y artº. 89 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº. 198.19 y artº. 222 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10). Artº. 3 O.FOM 3398/02, de 20 de diciembre (B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos un (401) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.d) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y Artº. 201.1.d) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la califica de grave.

Arrecife, a 11 de septiembre de 2008.- El Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Bermúdez Benasco.

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