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La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07), establece las circunstancias que impiden la adopción, en aras de procurar que las adopciones tengan lugar únicamente cuando existen las garantías mínimas suficientes.
Así en su artículo 4 señala que no se tramitarán solicitudes de adopción de menores nacionales de otro país o con residencia habitual en otro Estado cuando, entre otros casos, en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción y las prácticas y trámites de la adopción en el mismo no respeten el interés del menor o no cumplan los principios éticos y jurídicos internacionales contemplados en la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección de derechos del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.
La normativa autonómica canaria reguladora de la adopción, del Decreto 137/2007, de 24 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos previos a la constitución de la adopción y el Registro de Adopción (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), ya contemplaba la posibilidad de suspender temporalmente la tramitación de expedientes de adopción internacional en un determinado país cuando se produjeran modificaciones en la legislación de aquél o en los criterios aplicados en materia de adopción internacional que afectaran de manera sustancial al contenido o condiciones de ésta, al contenido o ejercicio de los derechos de los menores, a las garantías del proceso o a la actividad de mediación, así como por concurrir cualquier otra circunstancia grave que así lo aconsejara.
Ambos textos normativos conciben la adopción internacional, al igual que la adopción nacional, como una institución de protección del menor, un instrumento de integración familiar de la infancia desprotegida, atendiendo siempre al principio del interés superior de los menores, el cual prevalecerá sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir en los procesos de adopción internacional.
La información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la Dirección General de las Familias y de la Infancia respecto al desarrollo de los procedimientos de adopción internacional en países tales como Haití, Kazajstán y República Democrática del Congo, pone de manifiesto la quiebra de los principios inspiradores de los acuerdos internacionales citados y la ausencia de garantías en la tramitación de las adopciones en dichos países, lo cual aconseja suspender la tramitación de adopciones futuras hasta que no exista un marco jurídico adecuado en aquellos países que garanticen suficientemente que la adopción se ajusta no sólo a los principios que la regulan en nuestro país sino a las disposiciones internacionales que rigen la materia.
Vistas las normas citadas y demás preceptos de aplicación general, en uso de las facultades atribuidas por la Disposición Final Tercera del Decreto 137/2007, de 24 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos previos a la constitución de la adopción y el Registro de Adopción,
R E S U E L V O:
Primero.- Suspender temporalmente la admisión y tramitación de las solicitudes de adopción internacional en Haití, Kazajstán y República Democrática del Congo, hasta que se efectúen los necesarios cambios legislativos e institucionales que ofrezcan las garantías necesarias para que la adopción se constituya en dicho país respetando los derechos de los menores y la normativa internacional relativa a la materia.
Segundo.- La tramitación de solicitudes de adopción internacional que a la fecha de publicación de la presente resolución hayan sido enviadas al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para su remisión al país o haya sido entregada a los solicitantes la documentación obrante en el expediente para su legalización y traducción, en su caso, o para continuar su tramitación ante el país, continuarán tramitándose por la vía elegida por el solicitante, salvo que éste manifieste su voluntad de dirigir la solicitud de adopción internacional hacia otro país.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que los interesados estimen conveniente interponer.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de 2008.- La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.
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