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Visto los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Thais Alicia Pravia de Villanova, en representación de la entidad mercantil ArtaÕS3, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tasca La Radio, la Resolución de 5 de junio de 2008 (libro nº 1, folio 814/820, nº 196), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 065/08 (expediente nº 279/06), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso de alzada nº 065/08 interpuesto por Dña. Thais Alicia Pravia de Villanova en representación de la entidad mercantil ArtaÕS3, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 065/08 interpuesto por Dña. Thais Alicia Pravia de Villanova, en representación de la entidad mercantil ArtaÕS3, S.L., con C.I.F. B-38.805.453, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tasca La Radio, sito en calle Doctor Guigou, bajo izquierda, 36, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 279/06, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "No haber comunicado a la Administración turística competente el cambio de titularidad a favor de ArtaÕS3, S.L., que explota turísticamente el establecimiento consignado".
Hecho que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil doscientos (1.200) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se declare la nulidad de la Resolución de fecha 9 de abril de 2007 y se proceda al archivo del expediente sancionador.
En defensa de sus derechos e intereses, la entidad expedientada aduce que no son ciertos los hechos expuestos en el antecedente cuarto de la Resolución sancionadora, ahora impugnada, pues desde que se tuvo conocimiento de la infracción cometida se iniciaron los trámites administrativos pertinentes solicitando el cambio de titularidad ante el Cabildo Insular de Tenerife en fecha 10 de julio de 2006, encontrándose aún pendiente de resolución
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
Con carácter general tanto en la Resolución de iniciación del expediente sancionador, como en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, donde dice "É del anexo al Decreto 84/2004 ..." y "Bar La Radio", debe figurar "... Decreto 84/2004" y "... Restaurante Tasca La Radio".
Asimismo, en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, al hacer referencia al titular del establecimiento debe consignarse como titular de la explotación turística del establecimiento.
Cuarto.- Procede entrar en el fondo del recurso a los efectos de determinar si el acto administrativo sancionador, que ahora se impugna, es conforme a Derecho.
Ninguna de las alegaciones vertidas por la parte interesada en su escrito de interposición de recurso, ni ninguno de los documentos aportados como medio de prueba, llegan a desvirtuar la infracción a la normativa turística que se le imputa. A raíz del acta por infracción a la Ley, extendida por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 3 de diciembre de 2005, por incumplimiento de la normativa reglamentaria sobre hojas de reclamaciones, al no disponer de ellas en el local, la Inspección de Turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se persona en el establecimiento denominado Restaurante Tasca La Radio, extendiéndose el Acta de Inspección nº 11.011, de fecha 20 de mayo de 2006. Documento en el que por parte del inspector de turismo actuante se hace constar lo siguiente: "requerido al compareciente para que presente autorización turística para ejercer la actividad de restaurante, Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones, y lista oficial de precios, no presenta ninguno de los documentos solicitados, desconociendo si la empresa los posee o no, pero que en el restaurante no están. Por lo expuesto no tiene el cartel de las Hojas de Reclamaciones ni la lista oficial de precios ... . Se comprueba por la documentación aportada que el restaurante ejerce la actividad desde el primer trimestre de 2005".
Con posterioridad al levantamiento del Acta de Inspección de fecha 20 de mayo de 2006, por la entidad expedientada se presenta escrito en el Registro de la Consejería de Turismo con fecha 28 de julio de 2006, adjuntando copia de solicitud de cambio de titularidad con entrada en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife el 10 de julio de 2006.
La entidad, sin haber comunicado cambio de titularidad alguno, explota turísticamente el establecimiento de referencia, hecho que resulta probado por la Administración, que ejerce la carga de la prueba, a través de la referida Acta de Inspección, y que la titular expedientada no niega sino que lo reconoce durante la tramitación del expediente sancionador, mediante la propia documental que aporta antes de la incoación del expediente sancionador, así como, mediante consulta efectuada por la Administración sancionadora en el Registro de Actividades a través del sistema informático turístico, denominado TURIDATA, que se define como aquél sistema informatizado de gestión integrada de la información en materia turística que abarca toda las áreas funcionales de la Consejería competente en materia de turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Consulta que se hace constar en el informe de recurso de alzada que emite el órgano sancionador con fecha 2 de abril de 2008. Hecho infractor imputado a la entidad expedientada que resulta asimismo probado del informe emitido por el Cabildo Insular de Tenerife a fecha 24 de abril de 2008, a tenor de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual "A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes ... que se juzguen necesarios para resolver ...".
De conformidad con el citado informe resulta, en relación con el establecimiento de referencia, que: "... con fecha 10 de julio de 2006, la empresa ArtaÕS3, S.L., solicita un cambio de titularidad que es autorizado el día 11 de junio de 2007, situación que permanece invariable en la actualidad". Informe que prueba que a fecha de levantamiento del Acta de Inspección, 20 de mayo de 2006, la titular expedientada no había solicitado ni obtenido el cambio de titularidad de la explotación del inmueble, petición que efectúa el 10 de julio de 2006, y que obtiene el 11 de junio de 2007, es decir, con posterioridad a la tramitación del correspondiente expediente sancionador que culmina por medio de Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de fecha 9 de abril de 2007.
Todo cambio de titularidad, que puede recaer en persona física o jurídica, en la explotación de un establecimiento turístico debe ser comunicado a la Administración turística competente toda vez que es una forma de conocer qué empresas públicas o personas físicas desarrollan su actividad relacionada con el turismo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, y como tal, responsables de los derechos y deberes que la normativa turística canaria les impone en aras a actuar, en la prestación de los bienes y servicios turísticos que oferten, dentro del marco normativo exigible y como garantía también de calidad en la prestación de dichos bienes y servicios a los usuarios turísticos. De ahí que el dato de la titularidad de la explotación de un establecimiento turístico sea uno de los que deben figurar en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, regulado en el Decreto territorial 75/2005, de 17 de mayo, que es considerado como el soporte de la información sobre el sector turístico en Canarias. Es por ello que en la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, se establece que todo cambio de titularidad en la explotación de establecimientos turísticos deberá ser comunicado preceptivamente a la Administración turística canaria (artº. 2), que en el caso de los establecimientos turísticos dedicados a la actividad de bares, cafés, salas de fiestas, pubs y similares, el adquirente es quien debe presentar instancia comunicando el cambio de titularidad con la conformidad, en su caso, del transmisor y, en todo caso, acompañada de la documentación a la que hace referencia el artículo precedente, salvo lo que se refiere a los anuncios (artº. 6.2), siendo tales documentos: a) El Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones del anterior titular, b) Listas de Precios, por triplicado ejemplar, firmadas por el nuevo titular (artº. 5).
En razón de lo expuesto, se verifica que a fecha de levantamiento del Acta de Inspección, el 20 de mayo de 2006, la entidad ArtaÕS3, S.L., explotaba turísticamente un establecimiento abierto al público sin haber comunicado y obtenido dicho cambio de titularidad de la Administración turística competente, cosa que hace el 10 de julio de 2006, y obtiene el 11 de junio de 2007, una vez finalizado el expediente sancionador.
En razón de lo expuesto, existe una responsabilidad administrativa de la entidad mercantil titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 279/06, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.c) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Responsable de una infracción administrativa a la normativa turística tipificada como grave en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, pero que ya desde la Resolución de inicio del expediente sancionador resultó calificada de leve al amparo de lo establecido en el artículo 77.7 del mencionado texto normativo, habiendo sido fijada la cuantía de la respectiva sanción de multa con atención a la debida adecuación a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, sin que en momento alguno, pueda considerarse vulnerado el principio de proporcionalidad habida cuenta la calificación de las infracciones y las circunstancias concurrentes que fueron valoradas: naturaleza de la infracción y las características de la actividad de que se trata.
Sin perjuicio de lo indicado, visto el informe de recurso de alzada que emite el órgano sancionador, con fecha 2 de abril de 2008, se acuerda estimar en parte el recurso y modificar la Resolución recurrida en el sentido de reducir la sanción impuesta a la cuantía de 750 euros, dado que la entidad instó el cambio de titularidad el día 10 de julio de 2006 ante el Cabildo Insular de Tenerife, siendo el mismo autorizado el 11 de junio de 2007.
En razón de lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de alzada promovido contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 279/06, y modificar dicha Resolución en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción de multa a 750 euros.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 067/08-C emitido con fecha 15 de mayo de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 19 de mayo de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada nº 065/08 interpuesto por Dña. Thais Alicia Pravia de Villanova, en representación de la entidad mercantil ArtaÕS3, S.L., con C.I.F. B- 38.805.453, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tasca La Radio, sito en calle Doctor Guigou, bajo izquierda, 36, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y modificar la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 279/06, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil doscientos (1.200) euros, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción de multa a setecientos cincuenta (750) euros.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en lo que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributoss
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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