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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Marcelino Sánchez Vicente, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2248, de fecha 15 de julio de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Marcelino Sánchez Vicente, la Resolución nº 2248, de fecha 15 de julio de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.U. 256/00, y cuyo texto es el siguiente:
Examinado el expediente sancionador de referencia, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra D. Marcelino Sánchez Vicente y atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES
I
Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 254, de fecha 30 de enero de 2008, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a D. Marcelino Sánchez Vicente, en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de setenta y dos mil (72.000) euros.
Dicha resolución fue debidamente notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 27 de febrero de 2008.
II
Con fecha 20 de mayo de 2008, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición a la expedientada de una sanción de treinta mil (30.000) euros, por la comisión de la referida infracción; 2.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido al estado anterior a la comisión de la infracción de las obras de rehabilitación y ampliación de edificación preexistente. 3.- Ordenar la adopción de la medida de reposición, mediante la demolición de las citadas obras, y a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente el correspondiente Proyecto, con las advertencias legales oportunas.
Dicha Propuesta de Resolución, consta igualmente notificada, mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de junio de 2008.
III
Contra la referida Propuesta de Resolución, no se ha presentado alegaciones.
HECHOS PROBADOS
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:
1.- Se han realizado obras de rehabilitación y ampliación de edificación preexistente, sita en el lugar denominado Las Monjas, del término municipal de Telde, en suelo calificado como suelo rústico de protección agraria, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directo, a título de promotor, a D. Marcelino Sánchez Vicente en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.
3.- El 20 de octubre de 2004, se emitió informe técnico por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, donde se constató que realizada visita de inspección en la zona señalada, se ha constatado la existencia de obras de rehabilitación de una vivienda unifamiliar aislada. Consultadas las fotografías aéreas de la zona, se aprecia que entre los años 1996 y 1998 ha habido una pequeña ampliación (unos 18 m2) de la superficie construida. Asimismo, la rehabilitación denunciada en su día consistió en una renovación de los paramentos exteriores, enfoscados, y en la renovación de la carpintería exterior.
4.- El 17 de octubre de 2007, se emitió informe técnico por personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, cuya transcripción literal es la siguiente:
"Las obras denunciadas consisten en la rehabilitación de la edificación existente y su ampliación, como figura en el expediente, la rehabilitación no supuso aumento de volumen de la edificación existente, siendo consideradas como obras de mantenimiento.
En cuanto a la ampliación, consiste en la realización de un cuerpo edificatorio de dos plantas adosado en el lateral de la edificación citada anteriormente, estando sin terminar, siendo la superficie de cada planta de 81,85 m2 y de 163,70 m2 la superficie total construida.
Se adjuntan:
· Plano de Cartografía del año 1996 donde figura la planta de la edificación existente.
· Plano de Cartografía del año 2004 en la que se ve la planta de la edificación ampliada.
· Fotos aéreas de 2004 y 2006 en las que se aprecia la evolución de la finca donde se ubica la actuación denunciada.
La valoración total estimada de las actuaciones denunciadas asciende a la cantidad de sesenta mil ciento ochenta y siete euros con ochenta y tres céntimos (60.187,83 euros).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada como grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.
El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
III
Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- Como atenuantes, y siguiendo un criterio flexible en su aplicación, se aprecia de oficio las circunstancias previstas en el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados"; por cuanto no ha quedado probado.
- Como circunstancias mixtas, se aprecia como atenuante, la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del mencionado Texto Refundido, en cuanto del expediente, no se aprecia que exista un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias y teniendo en cuenta la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio de proporcionalidad, que debe ser tenido en cuenta para la determinación de la cuantía de la multa sancionadora, es ajustado imponer a D. Marcelino Sánchez Vicente una sanción por cuantía de treinta mil (30.000) euros.
IV
Teniendo en cuenta que ha habido una modificación normativa introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y que no procede acordar la imposición de multas coercitivas para que el expedientado inste la legalización de las obras consistentes en la rehabilitación y ampliación de edificación preexistente, procede adaptar el presente procedimiento a la nueva redacción dada al artículo 179, por la referida Ley 4/2006, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 188.2 en relación con el citado artículo 179, y considerando que en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, por lo que corresponde ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, mediante la demolición de las citadas obras (de rehabilitación y ampliación de edificación preexistente), y, a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que en el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
V
El artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en su apartado 1, dispone que "si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por si mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación".
Asimismo, y de conformidad con el apartado 2 del citado artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, modificado mediante la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se advierte al interesado que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. Marcelino Sánchez Vicente una multa de treinta mil (30.000) euros, como responsable directo, en calidad de promotor, de una infracción administrativa consistente en la realización de obras de rehabilitación y ampliación de edificación preexistente, sitas en el lugar denominado Las Monjas, del término municipal de Telde, en suelo clasificado en el momento de ejecución como suelo rústico, sin la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística para su ejecución.
Segundo.- Ordenar la adopción de la medida de reposición mediante la demolición de las citadas obras (rehabilitación y ampliación de edificación preexistente), y, a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
Tercero.- Notificar la presente Resolución al infractor y demás interesados.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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