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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Marcos Macías Sánchez, de la Resolución de incoación, de fecha 27 de mayo de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Marcos Macías Sánchez, la Resolución de incoación, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 27 de mayo de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 2215/05 y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"R E S U E L V O:
Primero.- Incoar expediente sancionador a D. Marcos Macías Sánchez, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción contra la ordenación territorial, consistente en la ejecución de obras de nueva planta, que consiste por un lado, en construcción de una perrera con bloques de hormigón y base hormigonada (4 m x 2,5 m) y por otro, edificación en bloques de hormigón y piedra, con base hormigonada y techo de uralita (8 m x 2,5 m), ambas actualmente demolidas; depósito de materiales de construcción; nivelación de terreno para bancal de cultivo y vertido de tierras modificando el perfil natural del terreno; apertura de pistas hormigonada y colocación de bloques en la zona rodada de vehículos; colocación de container junto a depósito de materiales (de aprox. 6 m x 2 m); instalación de tres postes para iluminación del lugar, actualmente no fueron observados; instalación de postes para cadena; acopio de troncos sobre el vertido de tierras, en el lugar denominado Montaña Las Palmas junto a la calle Brezo, 1, en el término municipal de Telde (Gran Canaria), en suelo rústico de protección paisajística, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a), en relación con el apartado 3.b), del mismo, del TRLOTC y ENC, y sancionada en el artículo 203.1.c) del citado texto legal con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros, por lo que se propone imponer una multa de trescientos setenta y cinco mil (375.000) euros, correspondiente a su grado medio, sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.
Manifestar a los interesados lo siguiente:
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
d) El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda planta, Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente.
e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.
f) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo, el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. Alicia Santana Sosa y a Dña. Ángela María González Jiménez, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, y notifíquese a los interesados."
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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