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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio para la notificación de la Resolución recaída en el recurso extraordinario de revisión interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por carretera, con fecha 28 de abril de 2008.
Rf.: procedimiento sancionador nº 100175-O-2007.
Por medio del presente anuncio se le hace saber que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 19 de mayo de 2008, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso presentado, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso extraordinario de revisión con fecha 28 de abril de 2008, contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador referenciado, dictada por el Consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes con fecha 8 de agosto de 2007, y notificada con fecha 7 de noviembre de 2007, por la cual se resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia regulado en el artº. 137 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el derecho a una Resolución motivada, el principio de presunción de inocencia y solicita la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b), 118, 119 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo, así como su fundamentación en las circunstancias para su interposición, son procedentes las siguientes consideraciones:
1. Se ha de decir como premisa fáctica precisa para la resolución del presente recurso que el recurrente interpuso recurso de reposición tras habérsele notificado la resolución sancionadora, con fecha 11 de abril de 2008, según acuse de recibo que consta en el presente expediente.
2. En el presente caso ninguna de las causas reguladas taxativamente en el artº. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP y PAC), se alega por el recurrente para justificar la estimación del recurso de revisión, ni los argumentos utilizados pueden encajarse en algunos de los supuestos que se establecen en el mentado artículo 118 como causas impugnativas por este especialísimo recurso entablado, siendo evidente por lo que el recurrente busca es una nueva posibilidad impugnativa, utilizando argumentos de carácter ordinario, olvidando o desconociendo la consideración de remedio extraordinario con que está concebida esta vía de impugnación.
Resulta evidente que tales argumentos plantean en todo caso errores de derecho, y por tanto no tienen encaje en ninguno de los supuestos regulados en el mentado artº. 118 como causas impugnativas de este recurso de carácter extraordinario, pues constituyen basamentos de índole ordinaria que debieron ser planteados en todo caso en una revisión del mismo carácter, esto es, en un recurso de reposición que interpuso y le fue desestimado.
Asimismo, si el recurrente consideraba que la resolución sancionadora no se ajustaba al ordenamiento jurídico, debió impugnarla ante la jurisdicción contenciosa, en lugar de interponer el especialísimo recurso de revisión.
En lo que se refiere a la solicitud formulada por el recurrente de la suspensión de la ejecución de la sanción recurrida en base al artº. 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, resulta improcedente en cuanto no concurren ninguna de las circunstancias del apartado 2 del citado artículo, toda vez que:
a) La causa de nulidad de pleno derecho del artº. 62 de la LRJPAC alegada, no aparece argumentada ya que en el supuesto de haberse producido indefensión al interesado, no constituye nulidad del acto administrativo, sino en su caso, podrá determinar su anulabilidad (artº. 63.3 de la LRJAP-PAC).
b) Que la administración es solvente por su propia naturaleza. Por lo que siempre podrá el recurrente reintegrarse del importe de la sanción con los intereses correspondientes.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,
ACUERDA:
No admitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Antonio Santana Hernández, con fecha 28 de abril de 2008, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100175-O-2007, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes que impuso la sanción de 3.366,00 euros.
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
Lo que traslado a Vd., señalándole que el acta de la sesión en la que se contiene dicho Acuerdo se encuentra pendiente de aprobación en la siguiente sesión del Consejo de Gobierno Insular, y, por tanto, el Acuerdo se le notifica con la reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta (artº. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre).
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.
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