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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En virtud de lo acordado por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº Uno de esta ciudad de Santa Cruz de La Palma, en Resolución de fecha 31 de mayo de 2007, dictada en el procedimiento de juicio ordinario nº 76/06, seguido a instancia de D. Gilberto Santos Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Cristina Concepción Barranco, y dirigido por D. Indalecio Pérez García, contra D. Siegfried Novotny y Dña. Ernestina Novotny, sobre acción declarativa de dominio y otras, y en razón al paradero desconocido de dichos demandados, por medio de la presente se notifica a los mismos la sentencia recaída en las actuaciones referenciadas, que es del tenor literal siguiente:
SENTENCIA
En Santa Cruz de La Palma, a 31 de mayo de 2007.
Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de esta ciudad y su partido, los presentes autos de juicio ordinario nº 76/06, seguidos a instancia de la Procuradora Dña. Cristina Concepción Barranco, en nombre y representación de D. Gilberto Santos Díaz, bajo la dirección legal de D. Indalecio Pérez García, contra D. Siegfried Novotny y Dña. Ernestine Novotny, en situación procesal de rebeldía, versando el juicio sobre acción declarativa de dominio.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por la Procuradora Dña. Cristina Concepción Barranco, en nombre y representación de D. Gilberto Santos Díaz, se interpuso demanda de juicio ordinario que turnada correspondió a este Juzgado, contra D. Siegfried Novotny y Dña. Ernestine Novotny, en la que se alegaban los siguientes hechos: 1.- Que la parte actora es dueña de la finca descrita en el hecho primero de la demanda, adquirida por compra a D. Siegfried Novotny mediante contrato privado de fecha 20 de mayo de 1986; 2.- Que en fecha 6 de junio de 1996, la parte actora vendió la misma a D. José Luis Lorenzo Guillén, y en fecha 30 de diciembre de 1997 ambas partes rescindieron este contrato de compraventa; 3.- Que la finca en cuestión se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de D. Siegfried y Ernestine Novotny.
Tras la alegación de los precedentes hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente se solicitó por la parte actora que se declare el pleno dominio del actor sobre la finca litigiosa y se ordene la rectificación de la inscripción que aparece en el Registro de la Propiedad de esta ciudad inscribiendo el pleno dominio a favor del actor con imposición de costas a los demandados.
Segundo.- Siendo competente este Juzgado para el conocimiento de la demanda planteada por auto de fecha 22 de marzo de 2007, se admitió a trámite la misma, con traslado a la parte demandada mediante edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y el Boletín Oficial de la Provincia, emplazándola para que la contestara en el plazo de veinte días hábiles, computado desde el siguiente al emplazamiento, con apercibimiento de que de no comparecer dentro de plazo se le declararía en situación de rebeldía procesal.
Tercero.- Por providencia de 4 de mayo de 2007 se declaró la situación de rebeldía procesal de los demandados señalándose día para la audiencia previa.
Llegado el día y hora señalado para la audiencia previa, 31 de mayo de 2007, compareció en forma la parte actora ratificándose en los pedimentos de la demanda e interesó la práctica de prueba, proponiendo únicamente prueba documental por reproducida, por lo que de acuerdo con el artº. 429.8 quedaron los autos conclusos para sentencia.
Cuarto.- En la tramitación del presente juicio se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Los presentes autos de juicio ordinario tienen su origen en la demanda interpuesta por D. Gilberto Santos Díaz, quienes pretenden que se declare su condición de titular dominical de la finca descrita en el hecho primero de la demanda y se proceda a la rectificación del Registro.
Segundo.- En el proceso civil rigen, entre otros, el principio de "aportación de parte" y el de "valoración de la prueba" que suponen que corresponde a las partes aportar al proceso los hechos que sirven de fundamento a sus respectivas pretensiones, así como su prueba, utilizando para ello los medios probatorios establecidos en la Ley, mientras que es tarea del órgano jurisdiccional la valoración del resultado de las pruebas practicadas a instancia de las partes en el proceso, para determinar la existencia, inexistencia, verdad o falsedad de aquellos hechos y en base a ello estimar o no las respectivas pretensiones para, en definitiva, aplicar las oportunas consecuencias jurídicas, en base al principio "iura novit curia".
Como consecuencia de lo anterior el artículo 217 de la LEC establece que:
1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
Pues bien, en el presente caso corresponde a la parte actora la prueba de la concurrencia de los requisitos para la prosperabilidad de la acción declarativa ejercitada. A este respecto debe recordarse que conforme al artículo 348 del Código Civil las acciones que el precepto transcrito otorga al propietario como fundamental defensa de su derecho, comprende en ella tanto la reivindicatoria como la declarativa de dominio, cuya finalidad no es la recuperación de la cosa detentada por un tercero sino obtener la declaración de que el demandante es propietario de la cosa acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo atribuye.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de una cosa para reivindicarla".
En el presente caso aunque el derecho del actor no resulta discutido por ninguna persona, el sólo hecho de encontrarse inscrita la finca a favor de terceras personas implica la puesta en duda del mismo, y más teniendo en cuenta el artº. 38 de la Ley Hipotecaria y el artº. 1, párrafo tercero, de la citada. Y tal circunstancia puede ser solventada a través de este juicio declarativo aun cuando en nuestro ordenamiento registral establece otros procedimientos específicos para conseguir la coincidencia entre el Registro y la realidad extrarregistral, como es el expediente de dominio.
Es necesario determinar si concurren los presupuestos del artº. 348 del Código Civil, a saber, título suficiente de dominio y la identidad de la cosa sobre la que se acciona con la recogida en el título. Tras examinar la prueba practicada consistente en documental, el actor no ha justificado su derecho, no ha presentado título de dominio. Manifiesta en la demanda que adquirió la finca mediante contrato privado de compraventa con los demandados, en fecha 20 de mayo de 1986, sin que conste en los autos dicho documento, que podía haberlo aportado perfectamente, únicamente aporta el contrato de compraventa de 1996 con D. José Luis Lorenzo Guillén y su rescisión posterior, en el cual se hace referencia a un contrato privado, pero con esta mera referencia no acredita el actor su dominio, su derecho de propiedad sobre la finca objeto de litis, por lo que no puede prosperar la pretensión de la parte actora al no venir acreditar su título de dominio, y todo ello a los efectos de evitar cualquier fraude y salvaguardar los derechos de todos, incluso de los demandados, independientemente de que hayan sido declarados en rebeldía, ya que la rebeldía no implica allanarse a las pretensiones del actor.
Si bien no es imprescindible que dicho título consista en un instrumento público o documento privado, puesto que el derecho del actor puede justificarse por cualquiera de los medios probatorios admitidos por nuestra legislación e incluso a través de la posesión continuada durante el plazo y con las condiciones establecidas en los artículos 1941, 1959 y 1963 del mencionado Código, para la prescripción extraordinaria del dominio y derechos reales sobre esa clase de bienes -SS de 3 de febrero y de 24 de junio de 1966 y de 5 de octubre de 1967-, es decir, en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante más de treinta años, sin necesidad del título ni de buena fe, requisitos que tampoco concurren en el presente caso.
Tercero.- Por aplicación de lo dispuesto en el artº. 394 de la L.E.C. las costas procesales deben imponerse a la parte actora.
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.
FALLO
Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Cristina Concepción Barranco, en nombre y representación de D. Gilberto Santos Díaz, contra D. Siegfried Novotny y Dña. Ernestine Novotny, en situación procesal de rebeldía:
1.- Debo absolver a los demandados de la pretensión deducida de contrario.
2.- Debo condenar en costas a la parte actora.
Así por esta mi sentencia contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, juzgando definitivamente en la instancia la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a D. Siegfried Novotny y Dña. Ernestina Novotny, extiendo y firmo la presente en Santa Cruz de La Palma, a 5 de julio de 2007.- El/la Secretario.
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