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BOC Nº 120. Martes 17 de Junio de 2008 - 2382

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

2382 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de mayo de 2008, sobre notificación de Propuesta de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporten cuantas alegaciones estimen convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 21 de febrero de 2008 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador nº 34/08, notificada mediante acuse de recibo seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Quigarsan, S.L.

ESTABLECIMIENTO: Bar J.C. Murphy.

DIRECCIÓN: calle Santo Domingo, 2, Santa Cruz de Tenerife-38001.

Nº EXPEDIENTE: 34/08.

C.I.F.: B38801411.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por Gustavo Cándido Domínguez Hernández y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 12952, de fecha 30 de agosto de 2007, formulándose los siguientes

HECHOS: primero: ofrecer al público productos tales como queso de cabra francés con miel, solomillo con salsa de setas, brochetas de langostinos con piña, caramelos de queso con confitura, ensalada de tomates aliñados con módena y pan tomaca con tomates confitados, sin haberlos notificado previamente a la Administración turística competente, lo que se desprende del contenido del Acta de Inspección nº 12952.

Segundo: no tener expuestas al público las listas oficiales de precios en la forma exigida reglamentariamente.

Tercero: no haber remitido a la Consejería de Turismo la copia color azul de la Hoja de Reclamación nº 35206-T, según consta en el acta de inspección nº 12952.

FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 30 de agosto de 2007.

Hecho segundo: 30 de agosto de 2007.

Hecho tercero: 9 de abril de 2007.

ALEGACIONES: el expedientado en escrito de fecha 14 de marzo de 2008 recibido en esta Consejería con fecha 14 de marzo de 2008 y número de registro 345173, en síntesis alega lo siguiente: respondiendo al expediente sancionador con expediente nº 34/08 del libro nº 1, folio 1043/1047, nº 367, me dispongo a explicar las razones por las que desconozco los motivos de la infracción impuesta puesto que el Pub J.C. Murphy, sito en la calle Santo Domingo, 2, jamás ha podido servir ningún alimento de ningún tipo pues carece de cocina o instalaciones para poder almacenar o distribuir comida además de carecer también de los permisos pertinentes para poder efectuar estos acometidos, siendo totalmente demostrable justificar este hecho simplemente con observar las dimensiones e instalaciones de dicho local. El posible motivo que pudiera relacionarme con dicha denuncia es el restaurante vecino a mi local el cual los fines de semana presenta una tabla de alimentos a las puertas de su restaurante que linda con las sillas y mesas que dispone la terraza de mi local, la cual en muy contadas ocasiones y por expresa insistencia de los clientes suministra comida a estas mesas siendo yo totalmente ajeno al servicio que presta, tanto en manipulación de alimentos como en cobro, etc.

Siendo de mi responsabilidad tratar de llevar acabo mi actividad de la manera más correcta y legal posible, decidí después de la inspección realizada en el mes de marzo de 2007 no volver a permitir bajo ningún concepto que los clientes puedan comer cualquier tipo de alimento en las mesas de la terraza que regento siendo tremendamente complicado lidiar con aquellos que increpan diciendo que no tenemos el derecho a impedirles comer en las mesas.

Mi intención es ponerme en contacto con el personal responsable para que compruebe que existe un restaurante a las puertas de mi negocio que cumple con todas las normas exigidas para poder suministrar comida y que a mí en ocasiones me cuesta muchísimo no permitir que mis clientes pidan de comer y les sirvan en las mesas de la terraza de mi local.

Confirmo de nuevo que jamás ha podido salir ningún alimento del local J.C. Murphy para los clientes y que en lo que me responsabiliza cumplo con todas las normas y regulaciones para realizar la actividad de pub-bar, disponiendo de lista de precios, Hojas de Reclamaciones, licencias de apertura y tasas e impuestos municipales al día.

Espero se pongan en contacto conmigo para cualquier consulta o visita para facilitarles de la mejor y más rápida manera posible toda la documentación para acreditar mi inocencia.

FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados se expone lo siguiente:

Con respecto al primer hecho infractor, como no queda plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado y, por tanto ante la negación de los hechos por la entidad recurrente y la falta de una prueba irrefutable de responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada, debe garantizarse el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia, el cual tras la Constitución (artº. 24 C.E.), deja de ser un mero principio informador del derecho sancionador para convertirse en un derecho fundamental de inmediata aplicación, que vincula a todos los poderes públicos, incluso en el ámbito de sanciones administrativas, y así aparece consagrado en el artículo 137.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé que "Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, dejando sin efecto la sanción de multa impuesta inicialmente", por lo que queda excluido del ámbito de responsabilidad administrativa.

En cuanto al segundo y tercer hecho infractor se estima su responsabilidad administrativa, en cuanto las alegaciones no han sido suficientemente acreditadas y según consta en el acta de inspección y en relación con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, establece que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Dado que las listas oficiales de precios, cuya exigencia responde a la función que tiene de proporcionar a los usuarios el conocimiento de los productos y precios que ofrece el establecimiento y la consiguiente seguridad, no estaban expuestas reglamentariamente en el momento de la inspección, debe prevalecer la constatación del Inspector actuante en este caso.

Asimismo, y sobre el tercero de los hechos infractores, el no tramitar la copia azul de la reclamación, es negarle al usuario turístico un derecho [artículo 15.2.d) de la Ley 7/1995] y precisamente la Ley citada y el Decreto 168/1996 han sido legislados para proteger al usuario ante las deficiencias en la prestación de las actividades o servicios turísticos o en el disfrute y utilización de establecimientos o bienes de esta naturaleza, proporcionando los cauces e instrumentos precisos para hacer llegar al conocimiento de la Administración las anomalías indicadas a los efectos de promover las medidas oportunas para su corrección, y/o, en su caso represión y sanción.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta en el segundo y tercer hecho infractor, la circunstancia de la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído resolución firme, por lo que se aminoran las cuantías de las sanciones iniciales.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: primero: no tener expuestas al público las listas oficiales de precios en la forma exigida reglamentariamente.

Segundo: no haber remitido a la Consejería de Turismo la copia color azul de la Hoja de Reclamación nº 35206-T, según consta en el acta de inspección nº 12952.

FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 30 de agosto de 2007.

Hecho segundo: 9 de abril de 2007.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho primero: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho segundo: Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, en su artº. 11.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES: hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es competente para su resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Quigarsan, S.L., con C.I.F. B38801411, titular del establecimiento denominado Bar J.C. Murphy, la sanción de doscientos veinticinco (225,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: noventa (90,00) euros, hecho segundo: ciento treinta y cinco (135,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente propuesta, como trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de abril de 2008.- La Instructora, Isabel Fernández-Trujillo Junquera.

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