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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Elías Pérez Rodríguez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Cuyagua, la Resolución de 8 de mayo de 2008 (Libro nº 1, Folio 598-601, nº 138), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se declaró la prescripción de las infracciones, ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 289/06.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se declara la prescripción de las infracciones, ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 289/06.
Visto el recurso de alzada nº 064/08, interpuesto por D. Elías Pérez Rodríguez, en su propio nombre, con D.N.I. nº 43.774.734-F, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Cuyagua, sito en Avenida Los Majuelos, Urbanización Gavisa, local 7, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 692, de fecha 10 de mayo de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 289/06, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de tres infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"1.- No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.
2.- Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
3.- Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección."
Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantía de ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor primero, ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor segundo y ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor tercero.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "se proceda a anular las sanciones recogidas en el expediente".
En defensa de su derecho el recurrente esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:
1.- Se reitera en los escritos presentados durante la sustanciación del procedimiento sancionador.
2.- El titular, ahora recurrente, bajo ningún concepto ha intentado vulnerar la buena fe. En los trámites de solicitud la empresa ha respondido a todos los requerimientos realizados, cumpliéndolos en plazo y aportando la documentación requerida para ello. Si ha existido demora en la obtención es por causa de la propia Administración y su lentitud.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento hayan sido o no alegadas por los interesados", en consecuencia, hay que manifestar, que de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado se comprueba que se ha producido un error al consignar en la Resolución de inicio y en la Propuesta de Resolución como fecha de infracción el 25 de octubre de 2006 y ello toda vez que en la Resolución sancionadora, ahora recurrida, en su consideración jurídica quinta se indica, expresamente, que "debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del Acta de Inspección nº 10310, de fecha 27 de septiembre de 2005". Acta de la que trae causa el expediente sancionador tramitado y de cuyo contenido se constata con fecha 27 de septiembre de 2005 la comisión por el titular de la explotación turística del establecimiento consignado de los tres hechos infractores que se le imputan referidos en el antecedente de hecho primero de la presente Resolución. Por tanto, el 27 de septiembre de 2005 es la fecha de infracción de los respectivos hechos infractores que han motivado la tramitación del expediente sancionador nº 289/06.
La determinación correcta de la fecha de infracción constituye elemento esencial ya que la Administración, únicamente, puede perseguir el ilícito administrativo en tanto en cuanto la infracción no esté prescrita y en este expediente sancionador nº 289/06 dada la fecha de infracción, 27 de septiembre de 2005, se comprueba que las infracciones que se imputan han prescrito y ello toda vez que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan". En este mismo sentido, y según dispone el artículo 5 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo "La prescripción de infracciones y sanciones se producirá, se computará y, en su caso, se interrumpirá, en la forma y plazos previstos en el artículo 74 de la Ley 7/1995, de 6 de abril".
Por cuanto antecede, habida cuenta que los tres hechos infractores imputados fueron, respectivamente, calificados en el expediente sancionador tramitado como leves, en consecuencia, y a tenor de lo regulado en el artículo 74.1.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias "las infracciones turísticas leves prescriben al año", comenzando a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, con base a lo estipulado en el artículo 74.3.a) del citado texto normativo "desde el día de la comisión de la misma". Asimismo el citado artículo 74 en su apartado 4.a) prevé que la prescripción de las infracciones se interrumpe con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Por tanto, de la verificación de los actos administrativos que conforman el expediente sancionador nº 289/06 se comprueba que el referenciado plazo prescriptivo ha transcurrido entre la fecha de infracción, 27 de septiembre de 2005, y la fecha de notificación de iniciación del expediente sancionador, 19 de diciembre de 2006, según consta acreditado en el expediente sancionador nº 289/06.
Por cuanto, antecede, procede declarar la prescripción de dichas infracciones, ordenando el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador 289/06.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestión de Derecho, la prescripción de la infracción, ya resuelta en anteriores recursos (Dictamen nº 20/05-C, de fecha 4 de febrero de 2005, emitido por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico) de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 5 de mayo de 2008, por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Declarar la prescripción de las infracciones, ordenando, en consecuencia, el archivo de las actuaciones recaídas en el expediente sancionador nº 289/06, que determinó la imposición de sanción de multas en cuantía de ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor primero, ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor segundo y ciento treinta y cinco (135) euros por el hecho infractor tercero a D. Elías Pérez Rodríguez, con D.N.I. nº 43774734-F, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Cuyagua, sito en Avenida Los Majuelos, Urbanización Gavisa, local 7, término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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