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BOC Nº 110. Miércoles 4 de Junio de 2008 - 2230

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2230 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de mayo de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Gustav Adolf Knapp y Construcciones y Servicios Bolívar Tenerife, S.L., interesados en el expediente nº 1266/04-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Gustav Adolf Knapp y Construcciones y Servicios Bolívar Tenerife, S.L. en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1266/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Gustav Adolf Knapp y Construcciones y Servicios Bolívar Tenerife, S.L. la Resolución nº 1034, de fecha 10 de abril de 2008, recaída en el expediente con referencia 1266/04-U, y que dice textualmente:

"Resuelve recurso contra Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por la que se impone multa y se acuerda demolición.

Examinado el recurso interpuesto por D. Gustav Adolf Knapp, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1481, de fecha 5 de junio de 2006, vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) D. Gustav Adolf Knapp y Construcciones y Servicios Bolívar, S.L. en el lugar denominado Las Cuevecitas, en el término municipal de Candelaria, en la isla de Tenerife, vienen realizando obras consistentes en la ampliación de una edificación consistente en 195 m2 de vivienda, semisótano de 52 m2 (posiblemente dedicado a garaje) así como la construcción de un muro de contención de tierras ejecutado con bloque y rigidizado con estructura de hormigón armado de 140 m2 de superficie, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 1481, de fecha 5 de junio de 2006, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de setenta y dos mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos (72.121,45 euros), y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.

3º) Contra la citada Resolución nº 1481, de fecha 5 de junio de 2006, D. Gustav Adolf Knapp interpuso recurso, en el que expone sucintamente los siguientes argumentos:

- Falta de concreción de los hechos imputados.

Que los hechos por los que se incoa el presente procedimiento no son los mismos que por los que se suspenden las obras por Resolución de 28 de enero de 2005, consistentes en terminación de vivienda y colocación de teja en edificación existente y desmonte de 400 m2.

Así entiende que la imputación de una infracción por ampliación de edificación en 195 m2, no determina las obras objeto de infracción, lo cual es suficiente para determinar la nulidad del procedimiento además de producir indefensión al recurrente. Reconoce la realización de un cuarto de aperos de unos 41,06 m2, un almacén de unos 57,32 m2 un porche y una entrada a un inmueble de 42,88 + 11,47 m2 y un muro, pero dichas obras se han realizado sobre un inmueble preexistente desde 1996 tal y como acredita con fotografía aérea de Grafcan, la cual tiene una edificación de 150,53 m2 más un cuarto de aperos de 23,06 m2 en el que se han realizado ciertos acondicionamientos como la instalación de nuevo techado debido a que parte del inmueble tenía el techo derruido.

- Sobre la necesidad de fijar hechos y la repercusión de infracción para calificar la gravedad de la misma.

Que la ausencia de tal análisis e interpretación restrictiva del acto imputado, de su naturaleza y alcance para ver si el mismo es o no subsumible en el tipo de infracción leve prevista en el artº. 202.3.b) del TRLOTENC significa una incardinación del mismo que incurre en error de interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria y de la tipicidad de las infracciones recogidas principalmente en el artº. 25 de la C.E., pudiendo ser determinante de la nulidad de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el artº. 62.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

- Sobre la graduación de la sanción propuesta.

Que debe procederse a la reducción de la sanción propuesta de conformidad con el principio de proporcionalidad del procedimiento administrativo sancionador, ya que no existe reincidencia en los hechos que se le imputan. Entiende que cabría la reducción de la sanción impuesta por aplicación del artículo 198 del TRLOTENC por cuanto el recurrente nunca ha tenido intención de cometer ninguna infracción administrativa y en todo caso sin que por ello haya producido daño alguno a los intereses públicos. Una vez informado de la ilicitud inmediatamente procedo a parar las obras e instando del Ayuntamiento de Candelaria la legalización de las mismas tal y como acredita mediante el certificado expedido por el Ayuntamiento de fecha 7 de julio de 2006 y que acompaña como documento nº 3.

- Sobre la demolición de obras.

Que procede la suspensión de la demolición de las obras por cuanto así lo establece el artículo 179 del TRLOTENC, encontrándose en el presente momento en trámites de legalización ante el Ayuntamiento de Candelaria las obras consistentes en realización de muros, movimientos de tierras, legalización de reformas de vivienda antigua y legalización de zonas nuevas de la vivienda tal y como acredita mediante certificado emitido por la propia Corporación Local en fecha 7 de julio de 2006 y que aporta al presente recurso. Ello unido a que la demolición de obras en nuestro Ordenamiento Jurídico es una medida excepcional, la demolición de las citadas obras le ocasionarían daños de difícil o imposible reparación en lo personal por una serie de circunstancias que expone en el citado escrito de impugnación. Asimismo la vivienda no se encuentra localizada en ningún ámbito en que se hallen valores naturales de protección ambiental, Espacio Natural Protegido ni en zona de dominio público.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- El recurso interpuesto por el interesado se resuelve como recurso de reposición, en virtud de la modificación operada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y que entró en vigor el pasado 31 de mayo de 2006, que suprimió el apartado 2 del artº. 190 del referido texto legal, en relación con lo establecido en el artº. 20.2 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbanos y Natural.

Tercero.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, se ha de establecer lo siguiente:

En lo referente a la falta de concreción de los hechos imputados, alegado de contrario se ha de decir que en modo alguno puede entenderse válido el citado argumento por cuanto se han detallado las obras que en ese momento se estarían ejecutando por el recurrente independientemente de que en la orden de suspensión figurasen detalladas otras obras que son más generales y que vienen a englobarse dentro de las que se relatan en la Resolución de incoación del procedimiento sancionador del que trae causa este recurso.

No obstante lo anterior las obras que se refieren en la Resolución de incoación son las que se describen en el informe técnico de fecha 21 de octubre de 2005 y que obra en el expediente. Sentado lo anterior no ha lugar a admitir la alegación de indefensión causada por falta de concreción de hechos.

Relativo a la segunda de las alegaciones efectuadas por el recurrente se ha de establecer que no hay duda alguna acerca de la calificación de los hechos que vienen tipificados en el artº. 202.2.b) del TRLOTENC al carecer las obras realizadas de las autorizaciones preceptivas, hecho que ha quedado debidamente acreditado en el expediente y por la propia parte promotora de las obras que ha procedido a solicitar la legalización de las mismas.

Sentado lo anterior decae por su propio peso la citada alegación.

En cuanto a la graduación de la multa se ha aplicado lo establecido en el artículo 196.1 del TRLOTENC que establece la imposición de la mitad de la escala al no existir atenuantes ni agravantes, no pudiendo entenderse las referidas de adverso como atenuantes al no venir las mismas tipificadas en el TRLOTENC.

Por último y en cuanto a la aplicación al presente supuesto de lo establecido en el artículo 179.2 del TRLOTENC se ha de decir que para que opere la misma el citado artículo establece que dicha legalización se ha de haber instado con anterioridad a la Propuesta de Resolución sin haber recaído resolución en el mismo. Así tal y como se hace constar en el certificado presentado por el recurrente, la Secretaria del Ayuntamiento refiere que la solicitud para legalización presentada por el interesado tiene fecha de 6 de julio de 2006, esto es, con posterioridad a lo preceptuado por la ley.

Consiguientemente no cabe la suspensión de la ejecutoriedad de la orden de demolición.

A mayor abundamiento consta informe del Servicio Técnico de fecha 11 de enero de 2008 en el que expresamente se establece que "Analizado el Plan General de Ordenación Urbana, publicado en el Boletín Oficial de Canarias de 10 de mayo de 2007, se comprueba que las obras denunciadas en este expediente se encuentran situadas en Suelo Rústico de Protección Agraria".

Sentado lo anterior, tampoco sería de aplicación lo preceptuado en el artº. 179.2 del TRLOTENC en el presente caso ya que el apartado 1º del citado artículo 179 del TRLOTENC dispone que se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la infracción, incluida la demolición, no sólo en los supuestos en que instada la legalización, ésta haya sido denegada [artº. 179.1.b)] sino también cuando las obras se ubiquen en suelo rústico y siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma [artº. 179.1.a)] y cuando de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [artº. 179.1.c)]. Y la actuación objeto del presente procedimiento no sólo carece de la necesaria calificación territorial, sino que resulta jurídicamente inviable que la obtenga, de acuerdo con las determinaciones actualmente vigentes de la ordenación ambiental, territorial y urbanística, al ser incompatible, lo realizado con tales determinaciones, ya que la referida vivienda está situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola por lo que vulnera el artículo 66.7.a) del TRLOTENC, que exige que las viviendas de nueva planta en suelo rústico necesariamente se sitúen en terrenos calificados expresamente por el planeamiento de aplicación como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.

Por tanto, incluso aunque no haya sido emitida la denegación expresa de la calificación territorial, procede el ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las referidas obras, al ser éstas actualmente manifiesta e indudablemente ilegalizables.

Cuarto.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.

Vistos la Ley 30/1992; el TRLoTENC y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190 del citado TRLoTENC, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso potestativo de reposición, interpuesto por D. Gustav Adolf Knapp, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1481, de fecha 5 de junio de 2006, confirmando todos los extremos de la misma por ser ajustada a derecho.

Segundo.- Notificar al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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