Estás en:
Mediante Sentencia de fecha 19 de mayo de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, en el recurso de casación nº 9767/2003, dimanante del Procedimiento Ordinario nº 1057/1998, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Primera, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, a instancia de Dña. Inmaculada Lorenzo Benítez, se declaró la casación de la Sentencia de fecha 16 de julio de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Primera, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, ordenando la retroacción de las actuaciones administrativas hasta el momento anterior a dictarse las resoluciones impugnadas, con objeto de que éstas se dicten nuevamente expresando detalladamente la motivación para otorgar o denegar cursos, en aplicación de los criterios y baremos establecidos en la convocatoria.
Por Resolución nº 07-35/0032, de 2 de octubre de 2007, de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (SCE), se procedió a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2006, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante Auto de fecha 18 de diciembre de 2007, acordó lo siguiente:
1.- El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 19 de mayo de 2006, dispuso la estimación del recurso interpuesto por la recurrente, estimándolo parcialmente ordenando la retroacción de las actuaciones administrativas hasta el momento anterior a dictarse las resoluciones impugnadas con objeto de que éstas se motiven debidamente.
2.- El Tribunal Supremo, al estimar el recurso de casación y acordar la retroacción de las actuaciones, implícitamente está declarando su no conformidad a derecho, así como la anulación de la Orden impugnada.
3.- Por tanto, el Auto considera que se debe dictar nuevo acto administrativo en el que se motive debidamente expresando los criterios y baremos que se han aplicado conforme con la convocatoria, Resolución que deberá notificarse a Dña. Inmaculada Lorenzo Benítez y otros posibles interesados, con indicación de los recursos que contra ella proceden.
La base general 6ª, apartado tres, de la Orden de 10 de julio de 1996, por la que se aprueban las bases generales a que habrán de someterse las convocatorias públicas para la aprobación de determinadas medidas de actuación dirigidas a la Formación Profesional Ocupacional y para la concesión de las correspondientes subvenciones (B.O.C. nº 85, de 15.7.96), dispone lo siguiente:
"Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y el de subsanación de defectos, en su caso, se realizarán, separadamente para cada medida, las siguientes actuaciones:
La Comisión prevista en el artículo 15.3 del Decreto 70/1996, estudiará las solicitudes, determinando las que cumplan los requisitos exigidos (...).
Terminada dicha fase del procedimiento, la Comisión Técnica, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la finalización del previsto para la subsanación, elaborará una relación provisional motivada de las solicitudes, en la que consten, con la debida separación, las seleccionadas y las no seleccionadas, y una Propuesta de Resolución de aprobación de las medidas de actuación y concesión de subvenciones respecto de las primeras, y de desestimación de las segundas (...)."
Por otra parte, el artículo 15.3 del Decreto 70/1996, de 18 de abril, por el que se regulan las medidas de actuación dirigidas a la formación profesional ocupacional en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las bases para el acceso y mantenimiento de la condición de Centro Colaborador (B.O.C nº 55, de 6.5.96), recoge textualmente lo siguiente:
"Artículo 15.- Procedimiento para la aprobación de las distintas modalidades de medidas de actuación dirigidas a la formación profesional ocupacional, así como para la concesión de las subvenciones dirigidas a financiar sus respectivos costes (...).
3. La tramitación de los expedientes corresponderá al Instituto Canario de Formación y Empleo, en el que se constituirá una Comisión Técnica que procederá al estudio, comprobación y selección de las solicitudes que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los miembros de dicha Comisión serán nombrados por el Director del Instituto Canario de Formación y Empleo y estará presidida por el mismo o persona en quien delegue. El Instituto podrá girar visita de inspección para comprobar in situ cuantos datos y hechos estime oportunos (...)."
Mediante Resolución nº 1.338, de 3 de septiembre de 1997, del Director del extinto Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM), actual SCE, se nombraron a los miembros de la citada Comisión Técnica, siendo los mismos los que a continuación se relacionan:
a Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, previa petición del SCE, emite informe con fecha 28 de abril de 2008, sobre quién debe componer la Comisión Técnica prevista en el mencionado artículo 15.3 del Decreto 70/1996, de 18 de abril, fundamentándose, en síntesis en lo siguiente:1.- La nueva valoración deberá ser realizada por el mismo órgano técnico que realizó la Resolución de asignación anulada por Sentencia, dado que la declaración judicial que afecta a la convocatoria y que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en nada afectó a la regularidad de la composición de la Comisión de Valoración, sin que en ningún momento los pronunciamientos judiciales hayan requerido la constitución de una nueva Comisión Técnica. No obstante, a la hora de volver a reunir aquella Comisión deberá valorarse si ha sobrevenido en alguno de sus miembros alguna causa de abstención de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99) (LRJAP).
2.- Si algún miembro de la Comisión en su momento designado -que no sea el Presidente ni su Secretario- no pudiera formar parte del órgano colegiado por concurrir alguna circunstancia justificada (entre las que debe incluirse la posible concurrencia sobrevenida de causa de abstención), se constituirá el órgano colegiado aun sin su presencia, siempre que estén presentes su Presidente y Secretario.
3.- Si la imposibilidad para formar parte de la Comisión de Valoración afecta al Presidente o a la Secretaria en su momento designados -considerando que no es causa bastante a efectos de justificar la ausencia el hecho de no venir prestando servicios en el SCE- la LRJAP ofrece las normas para salvar aquellas ausencias. Así, respecto del Presidente será sustituido por el Vocal de mayor jerarquía o antigüedad o edad, por este orden, en tanto que la figura del Secretario corresponderá al miembro del órgano colegiado designado por acuerdo de sus miembros.
A la vista de lo expuesto, procede determinar la composición de los miembros de la Comisión Técnica prevista en el artículo 15.3 del Decreto 70/1996, de 18 de abril, que, siguiendo el criterio establecido en el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de fecha 28 de abril de 2008, deberá ser la misma que la nombrada mediante la Resolución nº 1.338, de 3 de septiembre de 1997, del Director del extinto ICFEM. Por tanto, la Comisión Técnica, estará compuesta por los siguientes miembros:
n virtud de lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas a esta Dirección en el artículo 9 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),R E S U E L V O:
Primero.- Determinar la composición de la Comisión Técnica prevista en la base general 6ª, apartado tres, de la Orden de 10 de julio de 1996, por la que se aprueban las bases generales a que habrán de someterse las convocatorias públicas para la aprobación de determinadas medidas de actuación dirigidas a la formación profesional ocupacional y para la concesión de las correspondientes subvenciones, en relación con el artículo 15.3 del Decreto 70/1996, de 18 de abril, por el que se regulan las medidas de actuación dirigidas a la formación profesional ocupacional en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las bases para el acceso y mantenimiento de la condición de Centro Colaborador, siendo sus miembros los que a continuación detallamos:
egundo.- Notificar esta Resolución a los miembros de la Comisión Técnica y publicarla en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos oportunos.Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.
© Gobierno de Canarias