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BOC Nº 095. Martes 13 de Mayo de 2008 - 1892

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

1892 - Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 14 de abril de 2008, del Director, relativo a notificación de la Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Mendoza Cabrera y D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, en nombre y representación de la empresa Idesplan, S.L.L., contra la Resolución de 26 de abril de 2006.- Expte. administrativo 27/2001 I+E (Expediente EGE: 04-35/01477).

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Mendoza Cabrera y D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, en nombre y representación de la empresa "Idesplan, S.L.L.", expediente administrativo 27/2001 I+E (expediente EGE: 04-35/01477), contra la Resolución de la Directora del Servicio Canario de Empleo nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fechas 18 de enero de 2008 y 22 de enero de 2008, fue intentada la mencionada notificación del tenor literal:

Orden por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Mendoza Cabrera y D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, en nombre y representación de la empresa Idesplan, S.L.L., contra la Resolución de la Directora del Servicio Canario de Empleo nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Mendoza Cabrera, con N.I.F. 43643952A y D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, con N.I.F. 43.644571R, en nombre y representación de la empresa Idesplan, S.L.L., con C.I.F. nº B-35651272 y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Fernando Guanarteme, 16, local 2, 35007-Las Palmas de Gran Canaria, el día 5 de junio de 2006, con registro de entrada general nº 611.683 e interno nº 31.765, contra la Resolución nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, relativa al expediente: 27/2001 I+E (expediente EGE: 04-35/01477)-Integración con carácter indefinido de socios trabajadores desempleados, dentro del programa para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E. En aplicación de la normativa vigente resulta

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución nº 1725, de 13 de septiembre de 2001, del Director de Instituto Canario de Formación de Empleo, dictada por delegación de su Presidente, se concedió a la entidad Idesplan, S.L.L. una subvención por importe de tres millones doscientas mil (3.200.000) pesetas, equivalentes a diecinueve mil doscientos treinta dos euros con cuarenta céntimos (19.232,40 euros), por la integración con carácter indefinido de cuatro socios trabajadores desempleados, en los términos que se señalan en la Resolución de concesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 2ª del Título III (artículos 21 a 25) de la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E (B.O.E. de 31.7.99).

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la integración con carácter indefinido de cuatro socios trabajadores desempleados. Tanto el artículo 25.b) de la Orden de 15 de julio de 1999, como la propia Resolución de concesión, establecen la obligación del beneficiario de la subvención de mantener el nivel de plantilla de trabajadores contratados indefinidamente durante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el cese de trabajadores fijos, salvo en los supuestos de fuerza mayor, la empresa antes de transcurrido el plazo de un mes está obligada a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.1 de la citada Orden de 15 de julio de 1999, en relación con los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03) y el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procedió, mediante Acuerdo del Director del Servicio Canario de Empleo, de fecha 7 de abril de 2005, notificado el día 13 de abril de 2005, a iniciar procedimiento de reintegro de la subvención concedida, por no cumplirse con los requisitos de justificación establecidos en la normativa aplicable en los términos consignados en el propio Acuerdo, concediéndose al interesado un plazo de quince días para comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tuviera por convenientes. Con fecha 28 de abril de 2005 y registro de entrada nº 330.828/17.878 el interesado presentó alegaciones sobre las que pretende hacer valer su derecho.

Cuarto.- Mediante Resolución nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, se puso fin al procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida, resolviendo declarar justificada parcialmente la subvención concedida por importe de 15.665,79 euros y declarando procedente el reintegro parcial por importe de 3.566,61 euros por el principal, más 732,55 euros de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (26.9.01) hasta la fecha en que se acordó la procedencia del reintegro, calculados aplicando el tipo de interés legal a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones y en los términos señalados en la Orden de 10 de junio de 2004, sobre liquidación de intereses de demora en el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de 13.7.04).

Los motivos señalados en dicha resolución para exigir el reintegro parcial de la subvención concedida son los siguientes:

1. El socio trabajador Antonio Manuel Pérez Ojeda, cuya integración con carácter indefinido se produjo el día 1 de junio de 2001, causó baja en la empresa el día 31 de diciembre de 2002. De acuerdo con escrito presentado por la empresa el día 20 de enero de 2003, dicho socio trabajador fue sustituido por Andrés Mendoza Cabrera. Sin embargo, dicha sustitución no es válida por cuanto, por una parte, incumple el requisito establecido en el artículo 21.1.e) de la Orden de 15 de julio de 1999 de ser desempleado, ya que consultada vida laboral de este último, se detecta que el mismo figura de alta como autónomo desde el día 1 de marzo de 1999. Por otra parte, incumple el requisito señalado en el artículo 25.b) de la citada Orden de que se integración en la empresa se produzca dentro del mes siguiente a la baja del trabajador subvencionado, por cuanto ya el día 27 de junio de 2001, fecha en que la empresa solicitó la subvención, este señor aparece como representante de la empresa.

2. La socia trabajadora Marta Dolores Naranjo Sánchez, cuya integración con carácter indefinido se produjo el día 1 de abril de 2001, causó baja en la empresa el día 5 de octubre de 2001, siendo sustituida por Margarita Fons Carbonell. Si bien, de acuerdo con la vida laboral de la trabajadora, ésta causó alta en la empresa el día 3 de octubre de 2001, fecha anterior a la baja de la trabajadora inicial y, por lo tanto, en principio no puede considerarse como sustitución, por cuanto fue contratada antes de producirse la baja de la trabajadora inicial, sin embargo, se admite dicha sustitución por cuanto la compraventa de participaciones se produjo el mismo día de la baja de Marta Dolores Naranjo Sánchez, o sea, el día 5 de octubre de 2001, considerando, por tanto, la fecha de integración en la empresa de la trabajadora sustituta el día 6 de octubre de 2001. Por su parte, la socia trabajadora Margarita Fons Carbonell causó baja en la empresa el día 30 de septiembre de 2002, siendo sustituida por la socia trabajadora Zulima Trujillo Muñoz el día 29 de octubre de 2002, habiéndose producido la compraventa de participaciones sociales el día 4 de octubre de 2002, todo ello dentro del plazo del mes siguiente a la baja de la trabajadora anterior. Asimismo, Zulima Trujillo Muñoz causó baja en la empresa el día 9 de junio de 2003. De acuerdo con lo señalado por la empresa, dicha trabajadora fue sustituida el día 9 de julio de 2003 por el trabajador Adrián Marrero Perdomo. Sin embargo, no se produjo compraventa de participaciones sociales entre Zulima Trujillo Muñoz y Adrián Marrero Perdomo, por lo que no hubo sustitución por otro "socio" trabajador, como exige el artículo 25.b), ya que dicho trabajador no alcanzó nunca la condición de socio. Por lo tanto, dicha sustitución no se produjo. Por último, la empresa aporta documentación y escrituras de compraventa de participaciones sociales entre Zulima Trujillo Muñoz y Margarita de la Cruz Betancor, de fecha 6 de agosto de 2003. Margarita de la Cruz Betancor fue dada de alta en la empresa el día 20 de agosto de 2003, dos meses y once días después de la baja de Zulima Trujillo Muñoz, esto es, fuera del plazo de un mes establecido en el artículo 25.b) de la Orden reguladora.

Quinto.- Con fecha 5 de junio de 2006 y registro de entrada nº 611.683/34.765, el interesado interpuso recurso de alzada contra la Resolución nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la entidad Idesplan, S.L.L., en el que, en síntesis, realiza las siguientes alegaciones:

- El Servicio Canario de Empleo, al amparo de lo establecido en los artículos 21 a 25 de la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas ... para el fomento de los proyectos y empresas calificadas como I+E y, en particular, lo establecido en su artículo 25.b) "Mantener el nivel de plantilla de los trabajadores contratados indefinidamente y de los socios trabajadores, ... durante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el cese de trabajadores fijos o socios trabajadores, salvo en los supuestos de fuerza mayor, la empresa, antes de transcurrido el plazo de un mes está obligada a sustituirlos al menos por la misma jornada sin que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención. Con ello, el Servicio Canario de Empleo fundamenta la improcedencia de la sustitución del puesto de trabajo de la socia trabajadora Dña. Zulima Trujillo Muñoz cuya baja tuvo lugar el 9 de junio de 2003, siendo sustituida por el trabajador con contrato indefinido D. Adrián Marrero Perdomo el 9 de julio de 2003, sin que llegase a producirse la adquisición por parte del mismo de la condición de socio de la clase laboral de la empresa, puesto que el mismo, acto seguido, el 31 de julio de 2003 causó baja en la empresa por no reunir los requisitos exigidos para el puesto de trabajo a mantener; para ocupar su puesto y, siempre bajo la filosofía y naturaleza de la Orden de 15 de julio de 1999 de mantener el puesto de trabajo generado por la empresa, se contrata para el mismo a la trabajadora Dña. Margarita de la Cruz Betancor, la cual adquiere la condición de socia trabajadora con fecha 6 de agosto de 2003, reflejándose en dichas escrituras y actas de la sociedad la circunstancia de fuerza mayor o imposibilidad material y formal de que el trabajador D. Adrián Marrero Perdomo adquiera la condición de socio y, si al mismo tiempo se le imponga la condición de socio de la clase laboral de dicha entidad, obligándosele a suscribir notarialmente esta condición y simultáneamente transmitir sus participaciones, por lo que simultáneamente en la escritura de compraventa de participaciones sociales y acta de junta general otorgadas con fecha 6 de agosto de 2003 se reflejan las circunstancias por las que D. Adrián Marrero Perdomo no ostenta la condición de socio trabajador, puesto que se realiza una transmisión directa de participaciones sociales de Dña. Zulima Trujillo Muñoz a Dña. Margarita de la Cruz Betancor.

Por lo tanto, no debemos desviarnos de la verdadera naturaleza de la Orden de 15 de julio de 1999, que de forma expresa en su artículo primero establece: "La presente Orden tiene por objeto promover la generación de empleo en el entorno local mediante la concesión de É", si el objeto es la generación de empleo y, con respecto del empleo generado, tal y como preceptúa el artículo 25.b), la obligación de la empresa se extiende al mantenimiento objetivo de dicho nivel de plantilla, operando por imperativo legal en el plazo máximo de un mes las sustituciones que procedan, salvo que concurran supuestos de fuerza mayor que amparen y/o justifiquen la imposibilidad de producirse la misma en el plazo exigido, concluimos que la sustitución o, lo que es lo mismo y, realmente importante, esto es, el mantenimiento y consolidación del puesto de trabajo generado, desde que causó baja la socia trabajadora con contrato indefinido Dña. Zulima Trujillo Muñoz ha estado debidamente cubierto, primero por D. Adrián Marrero Perdomo y seguidamente por Dña. Margarita de la Cruz Betancor y que, en ningún momento, como queda acreditado documentalmente -Escrituras y Actas de la Sociedad incorporadas a la misma- ha habido intención por parte de la empresa de vulnerar la legalidad vigente.

- El socio trabajador D. Antonio Manuel Pérez Ojeda, cuya integración con carácter indefinido se produjo el día 1 de junio de 2001, causó baja en la empresa el día 31 de diciembre de 2002. En fecha 20 de diciembre de 2002, D. Antonio Manuel Pérez Ojeda vende sus participaciones de la clase laboral a D. Andrés Mendoza Cabrera, según consta en escritura otorgada con fecha 20 de diciembre de 2002 y número de protocolo 3871. El nuevo socio D. Andrés Mendoza Cabrera desde ese momento se incorpora a la entidad Idesplan, S.L.L. ejerciendo las mismas funciones y en las mismas condiciones de contratación, esto es, con contrato indefinido, que se encontraba el anterior socio D. Antonio Manuel Pérez Ojeda. D. Andrés Mendoza Cabrera con anterioridad a adquirir las acciones de clase laboral era titular de un número de acciones de clase capitalista, por lo que ostentaba la función de administrador de la entidad junto con D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, es por este hecho por lo que D. Andrés Mendoza está encuadrado dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cuando adquiere las participaciones de tipo laboral. Puesto que no es coherente ni factible causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para volver a darse de alta cuando adquiere la condición de socio trabajador, puesto que el plazo entre la baja o el alta para que sea admitida por la Seguridad Social tiene que estar comprendida en un plazo superior al mes y si se cumple esta condición no es factible el hecho de sustituir un trabajador por otro en el plazo de un mes como establece la Ley.

Recordemos que jurídicamente la adquisición de la condición de socio de la clase laboral se produce por la adquisición de las participaciones sociales de dicha cualidad en la entidad calificada como sociedad limitada laboral y que, al mismo tiempo, se le impone a dicho adquirente de la cualidad de socio titular de capital de la clase laboral, la obligación de prestar sus servicios en la misma, bien amparado en el régimen general de la seguridad social de trabajadores por cuenta ajena o bien al amparo del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social y que la relación laboral con la entidad lo sea con carácter indefinido. Únicamente es para el supuesto de integración del socio trabajador y para la solicitud inicial la subvención para lo que se exige en el artículo 21 de la Orden de 15 de julio de 1999 la condición de desempleado. En el caso de referencia el socio que adquiere la condición de socio de la clase laboral no se integra en la misma para solicitar la subvención, sino que cambia su condición de socio de la clase general por socio de la clase laboral.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Es competente para conocer el presente recurso el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, según establece el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03).

Segundo.- Tanto el artículo 25.b) de la Orden de 15 de julio de 1999, como la propia Resolución de concesión, establecen la obligación del beneficiario de la subvención de mantener el nivel de plantilla de los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales durante al menos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca el cese de socios trabajadores, salvo en los supuesto de fuerza mayor, la empresa antes de transcurrido el plazo de un mes está obligada a sustituirlos al menos por la misma jornada, sin que dicha contratación dé lugar a una nueva subvención.

Pues bien, la normativa es clara al establecer que la sustitución de un socio trabajador que cause baja debe realizarse antes de transcurrido el plazo de un mes. En este sentido, la trabajadora Dña. Zulima Trujillo Muñoz causó baja el 9 de junio de 2003 y D. Adrián Marrero Perdomo (inicialmente contratado para sustituirla) fue contratado el día 9 de julio de 2003 una vez transcurrido dicho mes. Además, este trabajador no compró las participaciones sociales de Dña. Zulima Trujillo Muñoz, por lo que no puede considerarse sustituto. Entonces, la empresa señala que la sustituta de la anterior es Dña. Margarita de la Cruz Betancor, contratada dos meses y once días después de la baja de Dña. Zulima Trujillo Muñoz, siendo las escrituras de compraventa de participaciones sociales de fecha 6 de agosto de 2003. El interesado señala existe una circunstancia de fuerza mayor o imposibilidad material y formal de adquirir la condición de socio de D. Adrián Marrero Perdomo, ya que había causado baja por no superar los requisitos y no contar con las capacidades exigidas para el desempeño de dicho puesto. Pues bien, si fue contratado el último día del plazo establecido en la normativa, el último día para realizar la compraventa de participaciones sociales y convertirse en socio trabajador era ese mismo día, no existiendo tiempo material para comprobar que no contaba con las capacidades exigidas para el desempeño del puesto.

En todo caso, la única causa eximente de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable es la fuerza mayor, entendiéndose por tal la establecida en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que debe constatarse por la autoridad laboral, previo expediente tramitado al efecto. Es evidente que no nos encontramos ante esa circunstancia.

En segundo lugar, el interesado justifica la sustitución de D. Antonio Manuel Pérez Ojeda por D. Andrés Mendoza Cabrera en que éste era socio capitalista encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y al sustituirlo se incorporó a la empresa ejerciendo las mismas funciones y en las mismas condiciones de contratación, esto es, con contrato indefinido, que se encontraba el anterior, y que no se dio de baja en la Seguridad Social por que entre la baja en el Régimen Especial y el Alta como socio trabajador debe transcurrir más de un mes, con lo que no cumpliría con el plazo establecido en la normativa. Pues bien, teniendo en cuenta que lo que se subvenciona en la integración con carácter indefinido de socios trabajadores desempleados, la sustitución deberá hacerse con un socio trabajador que reúna todos los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, incluido que sea desempleado y mantener esa situación de nivel de plantilla y de características de la misma durante al menos tres años, con objeto de no subvertir lo establecido en la norma. En definitiva, D. Andrés Mendoza Cabrera está dado de alta como autónomo desde 1999, por lo que no era desempleado cuando compró las participaciones sociales y fue contratado por la empresa. En todo caso, tampoco hubiese sido válido que hubiese causado baja en la empresa para volver a ser contratado por la misma, puesto que la finalidad de la subvención es la de generar empleo, no pudiendo considerarse como tal la destrucción de un empleo para volver a crear el mismo.

Por todo lo expuesto, la Resolución nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la entidad Idesplan, S.L.L. y que es objeto del presente recurso es conforme a derecho.

Vistos los antecedentes mencionados, los artículos 114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Mendoza Cabrera y D. Juan Ramón Mendoza Cabrera, en nombre y representación de la entidad Idesplan, S.L.L. contra la Resolución nº 06-35/0988, de 26 de abril de 2006, de la Directora del Servicio Canario de Empleo relativa al expediente 27/2001 I+E (04-35/01477)-Subvención por incorporación de socios (I+E).

Segundo.- Establecer la obligación de reintegrar parcialmente la subvención concedida en los términos establecidos en la Resolución 06-35/0988 recurrida, por importe de tres mil quinientos sesenta y seis euros con sesenta y un céntimos (3.566,61 euros) por el principal, más setecientos treinta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos (735,47 euros), en concepto de intereses legales de demora, devengados desde la fecha de pago de la subvención (13.7.00), hasta la fecha en que se dictó la resolución recurrida, calculados aplicando el tipo de interés legal a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones y en los términos señalados en la Orden de 10 de junio de 2004, sobre liquidación de intereses de demora en el reintegro de subvenciones (B.O.C. nº 134, de 13.7.04), de acuerdo con los datos señalados en la resolución recurrida.

Tercero.- El reintegro, que deberá ser notificado al Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el plazo máximo de los quince días siguientes a la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6 de la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria derivada de los reintegros, y realizarse en la cuanta corriente del Servicio Canario de Empleo que a continuación se indica:

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. C.C.C. 2052 8130 24 3510002204.

La no satisfacción de la deuda en período voluntario motivará la apertura del procedimiento recaudatorio por la vía de apremio. La deuda en descubierto se incrementará con el recargo de apremio, intereses de demora y costas que en cada caso sean exigibles.

Cuarto.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda por turno de reparto, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge M. Rodríguez Díaz.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de abril de 2008.- El Director, Alberto Génova Galván.

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