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BOC Nº 057. Miércoles 19 de Marzo de 2008 - 1078

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Fuerteventura

1078 - ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 3 de marzo de 2008, que desestima el recurso de reposición presentado por la entidad mercantil Ttes. y Servicios Valdeleva, S.L., en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transporte por carretera.

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Por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Mario Cabrera González, ha sido adoptada en fecha 3 de marzo de 2008, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE

RECURSO DE REPOSICIÓN

Intentada la notificación, sin que la misma se haya podido practicar, al titular del vehículo que se relaciona y siendo preciso notificarle la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador incoado con motivo de la infracción a la normativa del transporte por carretera, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes relativos a transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones de fecha 3 de marzo de 2008, es por lo que se resuelve:

1.- Notificar al titular del vehículo que se cita en la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción a la legislación de transporte por carretera y que literalmente dice:

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Visto el recurso de reposición formulado por la entidad mercantil Ttes. y Servicios Valdeleva, S.L., B35656156, de fecha 5 de abril de 2007, con entrada en esta Institución el día 18 de abril de 2007 y R.E. nº 8673, contra la resolución de la Consejera Delegada de fecha 27 de febrero de 2007 recaída en el expediente sancionador nº GC/200532/O/2006.

Vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 15 de enero de 2008, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 27 de febrero de 2007 fue dictada resolución de la Consejera Delegada recaída en el expediente sancionador nº GC/200532/O/2006, que vino a sancionar a la entidad mercantil Ttes. y Servicios Valdeleva, S.L., como titular del vehículo matrícula AV-8336-D, por "realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la M.M.A. superior al 15%", dando lugar a la sanción de 3.301,00 euros.

Segundo.- El recurso de reposición interpuesto alega, en resumen que, existe disconformidad con la forma en que se realizó el pesaje que resulta inadecuado dado que no se garantiza la veracidad del pesaje. Que el mismo fue efectuado por medio de una báscula móvil dotada de dos células montadas sobre una esterilla sobre la que se posan únicamente los dos neumáticos que son objetos del pesaje, quedando de este modo descompensado el vehículo y con ello la carga al no emplear esterillas de compensación para los otros ejes. El resultado así obtenido está viciado puesto que a la descompensación propia del terreno se le une la producida en el vehículo cuya carga se ve desplazada.

Que las circunstancias derivadas de la propia carga transportada la hacen de difícil cuantificación, no sólo por la forma en que se realiza la misma sino por sus especiales características, difíciles de controlar. En el lugar donde se efectuó la carga no existía ni báscula ni ningún otro medio técnico que permitiese al operario que realizaba la carga controlar peso.

Que solicita a la Administración le remita las pruebas en las que se basa la denuncia, aportándose aprobación CEE de modelo, verificación CEE por unidad y verificación periódica.

La actuación de la Administración no ordenando las diligencias pertinentes para la averiguación de la verdad, les ocasiona grave indefensión y somete a una sanción injusta e infundada.

Que se respete el principio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Presidente es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- El recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social establece que "contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en la Ley reguladora de las haciendas locales".

En efecto, a la vista del recurso de reposición presentado por el interesado, los hechos no han sido desvirtuados.

La báscula móvil utilizada para el pesaje cuenta con las correspondientes certificaciones que fueron remitidas al ciudadano junto al acuerdo de incoación del expediente, asimismo y en relación al manejo de la báscula móvil, resulta constatado que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, están habilitados y capacitados para la realización de pesajes en básculas móviles, siendo la Academia de Tráfico de Mérida, la que expide los correspondientes títulos de especialistas en seguridad vial y transportes con la que cuenta el agente denunciante, estando los planes de estudios homologados y reconocidos por todas las instituciones estatales. El manejo, uso y utilización de aparatos especiales (entre los que se encuentran las básculas móviles), es una de las asignaturas impartidas en el citado centro y superadas por los agentes.

No basta para la exculpación frente a un comportamiento típicamente antijurídico, la invocación de la ausencia de culpa o dolo. La infracción denunciada constituye la vulneración de normas, que no dejan de estar vigentes por la peculiar situación en la que se encuentre el sujeto y por tanto no permite afirmar que la acción del mismo sea conforme a derecho en ningún caso.

En cuanto a la remisión de los documentos solicitados, ya el día 29 de noviembre de 2006 le fue notificado el acuerdo de incoación del expediente, junto con una copia del boletín de denuncia, tique de báscula y certificaciones de la báscula móvil utilizada en el pesaje. En el citado acuerdo de incoación del expediente se le da el plazo de 15 días para comparecer en el mismo y manifestar lo que en su derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que intente valerse, sin que conste en el mismo pliego de descargo interpuesto por el interesado, siendo resuelto el expediente en los términos y plazos establecidos a tales efectos por la normativa vigente.

La finalidad de los recursos administrativos no es otra que la de lograr la revisión, por motivos de legalidad de un acto administrativo determinado, no procediendo la remisión de documentos que comportan el expediente, sin perjuicio del derecho recogido en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Según lo expuesto, en el expediente de referencia se han respetado las garantías procedimentales exigidas por la ley en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin que en ningún momento del mismo se haya producido indefensión al administrado.

De la literalidad de los hechos recogidos en la denuncia, se desprende que el vehículo circulaba con un exceso de peso del 16,11% (lo que supone un exceso superior al 15%, sobre el PMA del vehículo), adjuntándose por parte del agente denunciante el ticket de pesaje de la báscula en la que se efectuó el mismo. En el acuerdo de incoación y posterior resolución se señaló como infringido el artículo 140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, que dispone que se considerará infracción muy grave el exceso sobre la masa autorizada del vehículo sobre el 15%, siempre que se trate de vehículos de más de 20 toneladas (20.000 kilogramos) habiéndose respetado el principio de tipicidad.

Se ha señalado como precepto infractor el artículo 143.1.h), que dispone la multa de 3.301 a 4.600 euros para las infracciones previstas en el artículo 140.19, situación que se tuvo en cuenta a la hora de determinar la sanción impuesta, habiéndose respetado en todo caso el principio de proporcionalidad invocado, habiéndose impuesto la sanción en su grado mínimo.

En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución de la Consejera Delegada de fecha 27 de febrero de 2007, recaída en el expediente sancionador nº GC/200532/O/2006, por infracción de carácter, "realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la M.M.A. superior al 15%", que determinó la imposición de una sanción de 3.301,00 euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación

R E S U E L V E:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición formulado por la entidad mercantil Ttes. y Servicios Valdeleva, S.L. y confirmar la resolución de la Consejera Delegada de fecha 27 de febrero de 2007, recaída en el expediente sancionador nº GC/200532/O/2006, por "realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la M.M.A. superior al 15%", que determinó la imposición de una sanción de 3.301,00 euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Segundo.- Del presente Decreto se dará traslado al interesado y a la Tesorería de la Corporación, a los efectos oportunos.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente del Banco Santander 0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente antes referenciado y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de los siguientes plazos: si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con los recargos e intereses de demora correspondientes. El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de la notificación de la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria en su nueva redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o aquel en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

2.- Remitir al Ayuntamiento de la población citada la presente resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Puerto del Rosario, a 3 de marzo de 2008.- El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, Mario Cabrera González.

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